viernes, 14 de febrero de 2014

La UE llega a la madurez política




Hoy leemos la noticia de que el Parlamento Europeo ha mostrado su dedo acusador contra la troika, a la que señalan como causante del desempleo y el malestar social en la periferia de la zona euro. Interesante intento, que no tendrá consecuencias políticas reales. 
Estas declaraciones revelan que la eurocámara debe ser mucho más que una institución con "derecho al pataleo"... Durante estos días, de intenso ajetreo y deliberado aislamiento, un colega me ha pedido que comparta en su página web una reflexión sobre la reforma de los tratados de la UE. Su petición requería que me ciñera a un artículo de especial relevancia. De inmediato pensé en el ámbito fiscal, el de los recursos, que tan esencial es para el futuro y la viabilidad de la Unión. En ello estoy. 





Bien es cierto que se me vinieron a la cabeza algunas reflexiones generales y sencillas sobre la importancia de la reforma del Tratado, un asunto que no es meramente técnico, o legal, sino que tiene una trascendencia democrática profunda. Así que en un momento, un sucesión de ideas simples se me vinieron a la cabeza. He decidido compartirlas en mi blog.





Aquí están, simples, pero sí con la vocación de despertar en el lector una cierta conciencia sobre la necesidad y relevancia del Parlamento Europeo. Muy adecuado, a apenas tres meses del próximo encuentro electora, nuestra cita en las urnas con Europa, no lo olviden.



Aires de reforma política en la UE
La Unión Europea se enfrenta a un nuevo momento crucial en su devenir histórico. Muchas voces demandan “más Europa”, y ello implica, en todos los casos, una reforma del actual Tratado. No es sólo una la vieja demanda de los federalistas, sino que la propia canciller Merkel destaca la necesidad de una reforma que permita una mayor centralización política en la UE, relacionándola con la viabilidad del euro.

En este contexto es muy pertinente que la sociedad civil se sume al debate, participando activamente en las propuestas para el desarrollo de la ley fundamental que nos rige a todos los ciudadanos europeos. Emulando el espíritu de las convenciones constitucionales, esa transformación política exige la presencia de un foro de debate.

Quisiera ofrecer mi pequeña y primera aportación a ese impulso reformista, sugiriendo algunas propuestas para la reforma del Tratado de Lisboa.

El papel del Parlamento Europeo
En primer lugar, sería preciso dotar de mayor poder decisorio al Parlamento Europeo (PE), dado que es la única institución legitimadora del proceso de integración. Si bien esta institución era la más débil en el momento fundacional, hoy actúa desde una nueva perspectiva, y tiene un papel reconocido en el proceso legislativo. Su esencia democrática y la presencia del sufragio universal en su configuración justifican su aumento competencial. Lamentablemente, la codecisión es el procedimiento ordinario en la UE, y, aunque muchos vean en esto un logro, ello no impide que la UE siga cayendo en la tentación intergubernamental. Lo es en su funcionamiento básico, aunque de una forma cambiante en su toma de decisiones. 

Actualmente se produce una contradicción entre la necesidad perentoria de capacidad económica y las limitaciones que establecen, no sólo los tratados, sino los gobiernos. La tensión constante de la integración vive ahora un momento decisivo en el proceso federal, y ello se debe a la crisis del euro. Este aspecto marca una diferencia clave con respecto a las anteriores elecciones europeas.

Por si fuera poco, en los ámbitos fiscal y social, que son el núcleo de las políticas públicas, el Parlamento Europeo desempeña un papel meramente consultivo. Esta carencia adquiere un matiz mucho más preocupante cuando descubrimos que el presupuesto de la UE se articula a través de un Marco Financiero Plurianual, que se concreta en unos fondos prácticamente irrelevantes (algo más del 1% de la RNB promedio de la UE).
El Parlamento Europeo, por tanto, no incide en la política real, no participa en la movilización de recursos públicos, y no puede intervenir en la corrección de los distintos impactos asimétricos que se producen en la Unión Europea, debidos a la respuesta a la crisis del euro, por ejemplo.

Sin duda, estas deficiencias explican en gran medida la desafección ciudadana hacia la UE, y serían causa directa de la baja intención de voto en las próximas elecciones al Parlamento Europeo.
Esa apatía evidencia que los europeos no somos conscientes del desafío político que tenemos en nuestras manos, ni de que precisamente, ese descontento puede encontrar un cauce adecuado a través del Parlamento Europeo, en el sentido de que la cámara parlamentaria europea no tiene parangón en ningún lugar del mundo, al situarse en una posición de privilegio para superar la dinámica de los Estados-nación imperante en el Consejo.

Es clave, por tanto, que si se plantea una reforma del Tratado, ésta se sustancie en que el Parlamento Europeo deje de ser una institución menor, - y en algunos casos incluso meramente consultiva -, dependiendo en realidad de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, o de su jurisprudencia, para poder avalar sus posiciones.

En este contexto, creo que el artículo 289 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) debe ser unos de los primeros en reformarse, ya que establece que la consulta es un procedimiento legislativo para que el PE dictamine sobre una propuesta de la Comisión, antes de que el Consejo la adopte, mientras el Consejo no está obligado a seguir el dictamen del Parlamento (aunque gracias a la jurisprudencia del Tribunal, es necesario el dictamen favorable del PE para poder adoptar una decisión).

Tal como está redactado el artículo, el Parlamento se convierte en una especie “de piedra en el zapato” algo incómoda para el Consejo, pero que en caso alguno implica una capacidad real de determinar la acción política por sí mismo. De hecho, el desarrollo en el art. 294 de lo que establece el TFUE permite varias lecturas de los proyectos de ley, y la constitución de un Comité de Conciliación, si fuera necesario, para la adopción de las leyes, aunque en la práctica se ha visto que esto es muy infrecuente. Se suelen producir acuerdos entre las tres instituciones (Comisión, Consejo y Parlamento), y con una transparencia manifiestamente mejorable, de cara a la opinión pública.

El papel de los parlamentos nacionales
El desarrollo de la crisis del euro ha revelado la magnitud del déficit democrático, al haberse producido una transferencia de soberanía a la Comisión, como supervisor de los presupuestos anuales de los Estados miembros. Dicha transferencia se realiza en virtud del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG), conocido como Pacto fiscal europeo, y siguiendo, o en beneficio de, los criterios que ya marcaba el fallido Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, siguiendo la ortodoxia monetaria, y que deja prácticamente al margen a la eurocámara. 

Ello presenta un problema de legitimidad notable, que solo podría compensarse mediante la presencia activa de una institución legitimadora; como hemos dicho, el Parlamento Europeo, lo cual exige un reparto de soberanía y el reconocimiento del papel de la eurocámara en el balance de poder de la Unión. Es decir, no se pueden transferir competencias, sin el control democrático debido.

En previsión de este problema, en el Tratado de Lisboa se tomó la decisión (errónea, a mi juicio) de reforzar el papel de los parlamentos nacionales en el sistema de la UE, en virtud del principio de subsidiariedad.

El Tratado de Maastricht fue el primero en abordar el encaje de los parlamentos nacionales en la UE, y lo hacía reconociendo el derecho de estas cámaras a recibir información. Pero es el TFUE, en el Protocolo, y en varios artículos, como el art. 69, el que recoge las disposiciones sobre el derecho a oposición de las cámaras estatales. En la práctica, esto actúa como freno legislativo y ha impedido que el Parlamento Europeo desempeñe un rol pleno como cámara de representantes, ejerciendo un control sobre las instituciones que tienen la iniciativa legislativa, sobre los decisores políticos, que son el Consejo y la Comisión. 

En este sentido, es contraproducente que todos y cada uno de los 28 parlamentos nacionales intervenga en el proceso político comunitario, dado que los parlamentos suelen actuar al dictado, o cuanto menos en sintonía, con sus gobiernos, que ya tienen voz en el Consejo. El parlamento nacional es un aliado de los gobiernos respectivos.

El argumento que sostiene el refuerzo del papel de los parlamentos nacionales es que éstos no podrían desarrollar las funciones que establecen las propias constituciones nacionales, ya que ven limitadas sus atribuciones, debido a la intervención comunitaria. En ese sentido, la reforma debe apuntar a un refuerzo del papel del Parlamento Europeo, como única vía para dotar de legitimidad a las acciones legislativas. Veremos, en reflexiones posteriores, que la subsidiariedad (relacionada con las preferencias locales/regionales) forma parte del ámbito regional, y debería recaer en la competencia del Comité de las Regiones, en un marco de autonomía financiera de las regiones europea y con un presupuesto federal europeo... En la UE debe comprenderse que el camino de la subsidiariedad es el del federalismo fiscal, pero ese debate no "toca" en la reflexión de hoy.

Fin a la etapa de los consensos
El planteamiento crucial ahora es definir las funciones del Parlamento Europeo, maduro para afrontar una nueva etapa. Ello abriría el camino a la creación de listas transnacionales. En estas fechas preelectorales se echa de menos un programa electoral paneuropeo, un programa que nos explique qué va a hacer nuestro eurodiputado, y qué UE tiene en su mente. Probablemente para alcanzar ese objetivo, tenemos que traer el debate en clave europea a la palestra, centrándonos en lo esencial, que no son las disputas políticas nacionales, el politiqueo en la peor de sus acepciones, que tanto desilusiona al ciudadano de a pie. 

En el ámbito del Parlamento Europeo se suelen producir, históricamente, grandes consensos entre partidos mayoritarios, lo cual ha sido muy útil en los momentos claves de la integración (como el previo al Tratado de Maastricht) para arrastrar a las grandes mayorías ideológicas hacia el proyecto de unidad política de la UE, pero que puede ser contraproducente en una Unión Europea que ya ha alcanzado la madurez política


El consenso desdibuja el debate y debilita la labor de los eurodiputados, les resta visibilidad. El juego de consensos y la difuminación ideológica deben ser cosa del pasado. En esta etapa tan crucial de la integración, una vez superada la peor faceta de la crisis del euro, una imagen de consenso transmite opacidad y empobrece las posibilidades institucionales. Por no hablar de la falta de espíritu crítico, tan propia de los regímenes totalitarios. Europa es plural y su Parlamento debe reflejarlo.


Sabemos que la UE tiene que volver a reformarse, para sobrevivir como proyecto común. Si no hay un rendimiento visible para el ciudadano, no solo en forma de valores, sino en un crecimiento económico más equitativo para todos los europeos (con todo lo que ello implica de compromiso político), la propia UE puede verse amenazada en su propia esencia. 


En estos momentos, hay cierta amenaza eurófoba, pero mayoritariamente, la ciudadanía europea quiere seguir formando parte de la UE, así que, sabiendo que cuentan con la generosidad del ciudadano, no es mucho pedir que se reforme para que el Parlamento Europeo decida y ponga orden en esta casa común. No obstante, si pedimos a los líderes de la UE que no nos hagan perder la fe en ella, participemos nosotros, legitimando a la única institución que votamos. Pero exijamos a nuestros representantes que den la batalla, y establezcan un programa para la UE, concreto, definido, contrastado. No esperen a que llegue el momento de votar para hacerlo.