jueves, 14 de noviembre de 2013

La Unión Bancaria como gran logro político


Este fin de semana se celebra en Alemania el Congreso de los Federalistas europeos, en un contexto de cambio político, ante las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en apenas seis meses. De esas elecciones saldrá también el nuevo presidente de la Comisión, nada más y nada menos que el Ejecutivo europeo, carácter que cada vez se transmite de forma más confusa a la opinión pública.

Lo más relevante es que los mecanismos e instrumentos que se han empezado a implementar para superar la eurocrisis y asegurar la viabilidad del euro, están en riesgo de quedarse a medio camino, de no mediar el impulso y la voluntad política necesarios.

El relato de la reforma institucional implementada hasta ahora nos deja con los mecanismos de rescate, básicamente un Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que tiene fecha de caducidad. Reconociendo el mérito de los mecanismos que se han puesto en marcha, y el alivio de la periferia ante la presión de los mercados, la falta de compromiso con la segunda fase de la Unión Bancaria revela que la Unión Europea no tiene suficiente capacidad para generar instrumentos supranacionales de carácter federal, dependiendo demasiado de la voluntad política de algunos Estados miembros, especialmente de Alemania y Francia.

En esta línea, me parece muy remarcable la reflexión del presidente de la FondationSchuman, quien estos días reivindicaba una Europa de geometría variable, esa vieja expresión acuñada en los ochenta que ha sido muy útil a la causa integradora. Lo fue en los años previos a la firma de Maastricht, que dio carta de naturaleza a la ciudadanía europea y fue embrión de la UE, entendida hoy ya como el gran desafío político común.

Proyectos como la Unión Bancaria no admiten medias tintas, por ello sería mucho más adecuado contar con un mecanismo totalmente supranacional y colectivo, formado por los Estados miembros que estén dispuestos a ello (del mismo modo que once Estados han aceptado ya imponer el Impuesto sobre Transacciones Financieras). 

Una Unión Bancaria creíble y con capacidad de resolución de entidades, dotada de un esquema de garantía de depósitos común, generaría credibilidad y sería muy bien vista por los agentes económicos, sumando apoyos para la causa. De hecho, esta es la idea del mecanismo de cooperación reforzada, que permite que un grupo de países vayan más allá en su compromiso político y en la cesión de soberanía. 

El éxito del experimento crea un efecto bandwagon entre el resto de gobiernos, generando una dinámica integradora. En este caso, la flexibilidad es un principio que se puede utilizar en un sentido ascendente para fomentar la integración.  

Hasta ahora, sólo se ha aprobado la legislación para crear el Mecanismo Único Supervisión. La Comisión ya ha diseñado el Mecanismo Único de Resolución, pero no cuenta con el apoyo de todos los Estados miembros, ni siquiera de Alemania.

El problema es el mismo que diagnosticábamos, el nacionalismo bancario, es decir el vínculo entre bancos nacionales y cuentas públicas, sumado a que los Estados no desean renunciar a su soberanía presupuestaria, y tampoco desean renunciar a asumir las funciones de reestructuración y resolución de los bancos.

Añadamos a ello que la Comisión se revestiría de un gran poder, quedando fuera del ámbito de la unanimidad en el Consejo. Con todo, hay jurisprudencia para amparar el poder de la Comisión, especialmente como garante de la unidad del mercado interior, en virtud  en los tratados de la UE. También la cooperación reforzada se recoge en los tratados desde 1997. 

Cabe preguntarse por qué apenas no se ha utilizado este mecanismo en sus casi veinte años de historia. Cuando cada vez más voces relevantes lo reivindican públicamente, es un buen momento para pedir a los gobiernos que den un paso más. La Unión Bancaria es un objetivo político de primera magnitud que está al alcance de todos, que tiene amparo legal y que únicamente depende de la voluntad de los gobiernos nacionales. A por ello deben ir si no quieren desgastar más la imagen de las instituciones europeas, que a ojos de la ciudadanía aparecen como títeres de los gobiernos o, en el peor de los casos, como ilegítimas.