jueves, 6 de junio de 2013

Europa no debe ser patrimonio de sus elites

De forma paulatina, aunque discontinua, el debate europeo transita más a menudo por los territorios  del federalismo político. Se reconoce abiertamente cierto federalismo fiscal, a través de la unión bancaria, y se empieza a fracturar el sistema establecido de la tecnocracia, en el escenario de la crisis más duradera que ha vivido la UE.

Ciertamente el contexto ha desempeñado un papel esencial al presionar a los líderes. No sólo Alemania ha aceptado, con reticencias, los distintos mecanismos de rescate, sino que incluso la canciller Merkel ha hablado abiertamente de la unión política, en no pocas ocasiones. Cabría, también, situar en su justa medida la ambigüedad merkeliana, en tanto en cuanto el Tribunal constitucional alemán de Karlsruhe considera que el Parlamento Europeo no tiene suficiente legitimidad democrática para adoptar leyes con impacto sobre los presupuestos nacionales, viniendo a decir que el presupuesto alemán, sin previa aprobación del Bundestag, no se va a tocar desde Bruselas. Sin embargo, se están tocando (y mucho) los presupuestos nacionales de prácticamente todos los Estados miembros, no sólo de los oficialmente intervenidos. Así lo marca el Semestre europeo y las directrices macroeconómicas que vigila la Comisión, aunque con sonadas excepciones, y con una cierta asimetría que amenaza con romper la equidad del sistema.



En nombre de la legitimidad democrática se hacen propuestas orientadas hacia el escenario de "menos Europa". No es casual que las voces euroescépticas inviten a dotar de mayor poder a los parlamentos nacionales. Recordemos que el Tratado de Lisboa estableció un mecanismo de tarjeta amarilla, que preveía el debate en los parlamentos de los Estados sobre legislación comunitaria. Se ha interpretado este mecanismo como una mejora democrática, pero permitan que lo pongamos en duda.



La Comisión defiende un sistema en que los representantes de los parlamentos de los Estados miembros alcancen acuerdos con los representantes del Parlamento Europeo en materia financiera, sobre todo con el fin de desbloquear el proceso presupuestario. Algo muy distinto y totalmente contraproducente es, como piden incluso miembros del gobierno británico, dotar de un sistema de tarjeta roja para bloquear de forma unilateral todo tipo de leyes y decisiones tomadas en el ámbito de la UE. Dicho mecanismo permitiría que de facto toda la legislación europea pudiera quedar invalidada en cada uno de los Estados miembros, y de forma unilateral. 




Este retroceso dista mucho de ser lo que la ciudadanía europea demanda, ya que situaría a Europa en la era del Estado-nación, incrementando la incertidumbre reinante sobre el núcleo del proyecto. La demanda ciudadana apunta más bien a una estrategia europea de sostenibilidad conjunta, pero con control democrático directo sobre las instituciones supranacionales. 


Las contradicciones políticas se han aceptado tácitamente, no sin un gran malestar ciudadano, que apunta tanto a los propios gobiernos como al funcionalismo bruselense, entendido como el órgano supervisor que impone sin control democracia una serie de rigideces sobre la administración pública. 



En esta tesitura, incluso en el mundo académico esa visión funcionalista pierde fuelle, a favor del discurso federal, que siempre ha tenido adeptos en la escena política, como el propio Schuman o  Delors, si bien éste creía más bien en una confederación de Estados-nación. Actualmente, las voces federalistas en la UE conciben la federación como el sistema idóneo de reparto de poder, con el fin de simplificar el proceso decisorio, pero sobre todo de dar legitimidad y transparencia al sistema político europeo.

Es de reconocer que existen ya numerosos instrumentos federales, evidentísimos en la unión monetaria y el BCE, y menos evidentes en el Mecanismo Europeo de Estabilidad y los otros mecanismos de gobernanza económica, como el Six-Pack, el Two-Pack y el Pacto fiscal europeo. Se trata de instrumentos federales, pero que presentan carencias desde el punto de vista democrático y decisorio. 



En este sentido, el federalismo forma parte de la cultura política y jurídica de la actual Unión Europea, si bien el concepto de la “Europa política” se refiere al ideal federalista y a la plena superación de las soberanías nacionales, y esto todavía choca con algunos Estados-nación que desean consolidar su presencia política de una forma diferenciada (no sólo el Reino Unido, sino también Francia), dificultando la plena realización de esa unión política. 

Podemos reconocer cierto consenso únicamente en el ámbito del gobierno económico, donde la "europeización" se deja ver en forma de austeridad pura y dura, evidenciando cruelmente los problemas de legitimidad democrática y mostrando el riesgo de fractura en la UE, fractura ideológica y también territorial. 



La urgencia que impone la crisis económica, y en particular la crisis del euro, ha servido para justificar la toma de decisiones rápidas y, a menudo, opacas. Las medidas se han explicado en el contexto de una transición hacia el pleno gobierno económico europeo, dotado de supervisión macroeconómica, pero no se observan instrumentos de solidaridad. La velocidad de la crisis, la sociedad de riesgo de la que habla Ulrich Beck está dejando una factura muy alta en la sociedad europea. Este coste y  la percepción de que la UE es dirigida por las elites políticas, pueden resultar altamente dañinos.