domingo, 22 de abril de 2012

De Francia a la reforma política en Europa



Diversos analistas se aventuran a vaticinar que, ante una victoria de los socialistas en Francia, la presión de los mercados se trasladará a la economía francesa, disminuyendo el grado de presión sobre España. Bien es cierto que, más allá de esta intencionada "maldad", no es descartable que la alternancia de poder en el Elíseo se traduzca en un cambio fehaciente para Europa. Eso, dando por buena la hipótesis de que la declaración de intenciones en campaña se traduzca en hechos. Si podemos dar por cierta la suposición de que Hollande le va a arrebatar el poder a Sarkozy dentro de quince días, presupondremos también que su anunciada idea de Europa no sea una mera verdad filosófica, vacía de contenido.

Sarkozy no sólo no ha sido capaz de “refundar el capitalismo”, sino que ni tan solo ha dado la batalla por un gobierno económico para la eurozona, a todas luces menguado en exceso ante una Merkel enrocada. La traducción de este predominio merkeliano ha sido y es el bloqueo de todas las propuestas francesas encaminadas a dar protagonismo al BCE, al que Alemania tiene sometido a una especie de cadena perpetua, siguiendo la doctrina de la estabilidad, cuya eficacia está todavía lejos de demostrarse.

La solidaridad en la austeridad es prescriptiva y deseable, pero el grado de confianza del gobierno de Merkel en el resto de Gobiernos deja mucho que desear y fomenta el recelo político y, por ende, la inseguridad, también en los agentes del mercado. 

El eje franco-alemán ha dirigido más que nunca los destinos políticos de la eurozona en estos tres años, ante una ausencia creciente de empatía con la ciudadanía. A Sarkozy debemos recriminarle el uso de la crisis económica española en campaña, rozando lo ofensivo; del mismo modo que podemos afearle a Merkel su obstinación en la doctrina de la deuda, asfixiando a los Gobiernos periféricos, sin olvidar que desde un prisma español puede criticarse objetivamente su mutismo ante el agravio de YPF. Aunque no debe pasar desapercibido que el más grave error político sea la amenaza ya evidente de ese levantamiento de fronteras que pone en peligro la libre circulación y presagia el desmoronamiento de Schengen.

En un momento clave, el de la refundación de la Europa política, llega la hora de admitir que ni Merkel ni Sarkozy han conseguido estar a la altura de las circunstancias, no sólo porque han sido incapaces de apostar por un gobierno económico comme il faut (la reedición del Pacto de Estabilidad no convence ni a propios ni a extraños), sino porque se han convertido en el peor lastre para la Unión Europea, al liderar la perpetuación en atrofia en el proceso de integración fiscal y económica en el continente.

viernes, 20 de abril de 2012

Cuando el problema no es la deuda pública


Durante estas dos últimas semanas hemos observado la virulencia de las dificultades de España en el mercado de deuda. Por si fuera poco, el Gobierno ha solicitado la ayuda del BCE para que el fondo de rescate comunitario inyecte dinero en la maltrecha banca española (especialmente las cajas de ahorros regionales, afectadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria). La posición alemana choca frontalmente con la española, al aferrarse Merkel a la doctrina de estabilidad del BCE, reflejada también en la limitación a conceder créditos que impone el Tratado de Lisboa en su artículo 123.

Es preciso incidir en que el problema español no es tanto el déficit público -puesto que las cuentas están razonablemente saneadas y el endeudamiento no es de los más altos de la Eurozona-, sino que el indicador más preocupante y diferenciador de España es el elevado índice de paro, y también los activos inmobiliarios tóxicos que inundan los balances de algunos bancos.

Por si fuera poco, en la Eurozona el sistema bancario está descentralizado pero interconectado y la hoja de balances del sistema bancario (TARGET) presenta desigualdades que han llevado a algunos expertos a pedir una restructuración de la banca. La asimetría se manifiesta en que hay Estados que tienen mayores necesidades para cubrir las necesidades financieras de sus bancos. Además, esto genera que la dificultad añadida de que no todos los países pueden refinanciar su deuda al mismo tipo de interés, síntoma evidente de la ausencia de unión fiscal en la unión monetaria.

La causa de dichas asimetrías no son sólo las tensiones del mercado. De hecho, antes de 2007, las desviaciones eran mínimas, y los flujos transfronterizos se compensaban mediante transferencias. El cambio empezó en 2008, y ello fue debido a problemas del mercado financiero, al cambiar las prácticas bancarias y la capacidad de refinanciación de los bancos por el pánico a las quiebras. Los inversores siguieron con la tendencia a llevar sus capitales a los países con menos presión.

Esa natural inclinación a buscar lugares seguros para invertir es la que pone de manifiesto hasta qué punto es crucial la credibilidad política de la Eurozona. De hecho, esas asimetrías entre los sistemas bancarios de centro y periferia en el euro deberían poder solucionarse de forma permanente, por ejemplo transfiriendo activos a los bancos más estables con compensaciones a valor de mercado, algo que es bastante difícil con los mecanismos tan escasos de que dispone el BCE. Por lo demás, la operación de refinanciación a largo plazo que lanzó el BCE (LTRO) sí ha aliviado la situación financiera de los bancos pero no es definitiva y sigue dependiendo demasiado de cómo se comporten los Estados y de la capacidad de desapalancamiento (necesidad evidente en el caso de la banca española). Precisamente esa implicación de los Estados en el sector bancario sumada a la necesidad de desapalancamiento de la banca española es la que lleva al Ejecutivo a pedir la recapitalización de la banca mediante inyecciones del BCE, algo que en buena lógica debería ser posible en una unión monetaria.

Aunque estemos constreñidos –voluntariamente- por el Tratado de Estabilidad Fiscal (firmado en el Consejo de diciembre de 2011, que fue firmado por todos excepto por el Reino Unido y la Rep. Checa y que Irlanda someterá a referéndum el próximo 31 de mayo), es preciso recordar que tanto el FEEF como el Mecanismo Europeo de Estabilidad permitirían en teoría contribuir a recapitalizar la banca en cualquier país de la Eurozona, si bien el mecanismo prevé que el rescate se realice desde los gobiernos nacionales, dejando el criterio a decisión del Consejo.

Dicha prerrogativa tiene que ver con la resistencia a ceder soberanía, en una tónica marcadamente intergubernamental. Ahora bien, tiene un reverso, y es que el que algunos llaman fracaso de la unión monetaria, sólo puede traducirse en una huida hacia adelante, brindada por la oportunidad de oro de la federalización.

Como respuesta sólo cabe, tal vez, dar al BCE la capacidad para actuar como agente federal, así como de las instituciones e instrumentos previstos en la Eurozona. Hasta el punto de que así lo interpreta también el FMI, que a través de su presidenta Lagarde se ha situado junto al Gobierno de España defendiendo que los instrumentos de estabilidad sí intervengan para inyectar liquidez a la banca española.

Esta línea de intervención común es la defendida por el presidente de la Comisión, Barroso, además de por inversores, como el nombrado George Soros, quien viene insistiendo en que la clave es la apuesta inequívoca por una unidad política de respaldo al euro. Ese respaldo quedaría perfectamente validado mediante la emisión de deuda compartida, es decir, eurobonos. Dicho de otro modo, la credibilidad que los mercados demandan no llegará hasta que el euro se convierta en una comunidad de solidaridad y deje de ser meramente una comunidad de responsabilidades y controles recíprocos, como lo es actualmente, sustentado apenas en la rigidez del mandato de estabilidad que no aporta nada nuevo ni refuerza de por sí el sistema de gobernanza económica.

martes, 17 de abril de 2012

El caso YPF y la impotencia de la UE ante una flagrante ilegalidad argentina

Tras un día y medio de declaraciones improvisadas y juicios de intención, llega el momento de ver va más allá de lo obvio. Que Bruselas ponga de relieve lo evidente no basta, ergo considerar ilegal la expropiación o exigir una compensación adecuada, no va más allá de la retórica al uso. Casos así prescriben opciones jurídicas más que diplomáticas. Que la Unión Europea sea adalid de la defensa de los Derechos Humanos y que lleve a gala la inclusión de la Carta de Derechos en su acervo comunitario exige la misma contundencia a la hora de defender a las empresas e intereses europeos que obran legalmente en territorio no comunitario. Existen ciertas previsiones en el acervo comunitario sobre las inversiones internacionales, pero no prevén acciones inmediatas y objetivas, como veremos. El ultraje a la petrolera española Repsol pone de relieve, una vez más, la incapacidad institucional de la UE, dejando en la impunidad acciones delictivas, en este caso del Estado argentino.

La empresa española (no olvidemos, por lo demás, la ristra de empresas españolas con intereses en Argentina, que van desde Endesa y Gas Natural a El Corte Inglés pasando por Santillana) obtuvo el respaldo inmediato del Ejecutivo de Rajoy, que ha venido manifestando su tono de amenaza a través de distintos Ministros (Soria y Margallo) y el Secretario de Estado para la UE (Méndez Vigo).

Un clásico recurso como Estado miembro de la Unión serían las medidas de retorsión (España se reserva la opción de exigírselas a Bruselas) que restringirían las importaciones argentinas en toda la UE. Independientemente de la acción oficial, Repsol ha anunciado que presentará una demanda ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial y que reclamará a Argentina 8.000 millones de €) por su participación en YPF.

Tras la ofensiva hay mayores consecuencias políticas y económicas. Ashton y Barroso ya se han mostrado contundentes, pero no han podido echar mano de la doctrina para anunciar medidas. Veamos qué acciones se han tomado y qué posible margen existe en la legislación comunitaria, aunque antes pongamos en antecedentes lo sucedido.

Y es que por si ya fueran pocos los problemas de la eurozona, esta semana estamos viviendo el mayor ultraje a una empresa europea en los últimos tiempos. Dicho ultraje es, además, perpetrado por un gobierno al que hace 13 años la petrolera española Repsol compró (por 13.000 millones de euros) YPF, con el respaldo del Gobierno argentino, en tiempos malos para el país andino. En 2008, en contexto económico más favorable, Repsol, a petición de Néstor Kirchner, facilitó la entrada en YPF del grupo local Petersen, que dispone del 25,5%  de YPF. Ayer, la presidenta Fernández Kirchner decretó la expropiación del 51% del capital de YPF, pasando a ser controlada por el Estado y procediendo a la expulsión humillante e inmediata de los directivos de la compañía de la sede argentina.

¿Cuál sería la clave de este intempestivo cambio de posición del Gobierno argentino? Una de las interpretaciones es el supuesto hallazgo de un nuevo y enorme yacimiento de petróleo y gas en Vaca Muerta, hasta el punto de que se ha comparado con el “presal” brasileño. Lo que no tiene precedentes es que el Ejecutivo se haya saltado el marco regulatorio para asaltar a una empresa privada. La expropiación se sitúa fuera de  la legalidad y viola las exigencias de igualdad de trato.

Por ello, es muy pertinente preguntarse de qué herramientas dispone una empresa para defender a sus accionistas y a sus (en este caso 43.000) empleados, en el marco del comercio internacional.

El Gobierno español viene denunciando desde la semana pasada la hostilidad y ha amenazado con medidas, aunque aún inconcretas, mientras los inversores internacionales alteran su percepción y, probablemente, su voluntad de invertir en aquel país, ante un escenario de inseguridad jurídica.

Sorprende, no obstante, la debilidad hasta el momento de la reacción del Ejecutivo comunitario y de las instituciones de la UE. Precisamente estas extremas situaciones en la escena internacional son las que permiten visibilizar la fuerza de un bloque como la UE, dando carta de naturaleza a la integración política.

La apelación a la buena voluntad o la negociación diplomática son claramente insuficientes, ya que claro está que el Gobierno argentino descartó toda posibilidad de acuerdo mutuo.

A nivel comunitario, la primera y misérrima actuación fue un comunicado de la delegación de la Comisión Europea en Buenos Aires instando a restaurar las relaciones con España, al que precedió una nota donde la Comisión manifestaba su indudable apoyo a España en la disputa de ésta con Argentina, pero insistiendo sobre todo en el respeto a los acuerdos empresariales firmados con Estados miembros, remitiendo por tanto al pacto entre empresa y Estado. Bastante escaso, sobre todo porque a estas alturas, por ejemplo, la UE debería haber declarado la ruptura total de relaciones con Argentina.

Una vez verificado que inicialmente se optó por escurrir el bulto desde Bruselas, donde se insistió en remitir a los acuerdos en el marco de la bilateralidad (BIT), cabe decir que ese marco sí permite a las empresas recurrir al arbitrio internacional. No es osado pensar que Bruselas sí apuntaba el camino a la petrolera española, evadiendo toda implicación política más comprometedora. Sin embargo, España exigía que Bruselas estuviera a la altura, y parece que a pesar de que los acuerdos se firman entre Estados, las acciones hostiles se están traduciendo en respuestas políticas en las últimas horas.

Por lo pronto, la Comisión y el SEAE de Ashton ya han confirmado la cancelación de la Comisión Mixta UE-Argentina que tendría lugar pasado mañana en Buenos Aires. Todo ello al margen de los mecanismos de que disponga España, como por ejemplo los que contempla el acuerdo de cooperación comercial firmado en 1991 entre la UE y Argentina, toda vez que en el marco de la OMC no hay opción alguna, ya que no prevé instrumentos para proteger las inversiones, por inverosímil que pueda parecer.

En esta línea, ha de reconocerse que a lo largo del día de hoy, la Comisión, y el “decepcionado” presidente Barroso, se han comprometido a buscar instrumentos legales para actuar contra el Gobierno argentino, mientras el Parlamento Europeo, institución de la que cabria esperar mayor compromiso, no ha ido más allá de plantear la posible inclusión del debate en los plenos de esta semana, a instancias del grupo del PPE. Veremos.  

Con todo, la respuesta institucional y política de la UE no parece convincente en demasía, siendo cierto que el Tratado de Lisboa (dic. 2009) otorga competencias a la UE para proteger las inversiones realizadas por Estados miembros en terceros países, a pesar de que no prevé instrumento legal alguno para conflictos comerciales con países de fuera del territorio comunitario.

No obstante, en mi opinión, deberían explorarse las posibilidades dentro de la ambigua “capacidad y el derecho de proteger las inversiones comunitarias en países terceros". Posiblemente dicha provisión permite un mayor desarrollo y la creación de antecedentes en el ámbito de las relaciones comerciales de miembros de la UE con terceros. La, hasta ahora dominante, insistencia discursiva en pedir rectificaciones para no dañar a las inversiones europeas en Argentina parece que no causa efecto en Kirchner.

Ello indica que el camino a seguir debería ser exprimir el marco del Tratado, aun siendo ambiguo, concretando medidas de presión específicas y objetivas.

Esta piedra en el camino con la que hoy tropieza una empresa española, podría ser precursora de muchas otras, y debería estimular a los Estados a ceder prerrogativas a las instituciones europeas en las negociaciones de los tratados, para dotar de mayor capacidad de maniobra a la UE en la defensa de los intereses de los Estados miembros. El incidente es un ejemplo más de cuán caduco está el bilateralismo y de cómo, con mayor frecuencia, el mutuo acuerdo deja de ser eficaz en las relaciones internacionales en un contexto multipolar. Circunstancia que revela lo mucho que queda por recorrer en el ámbito de la integración política y la relevancia global de Europa, además de evidenciar lo muy beneficiosa que sería una UE de carácter federal con poderes otorgados como actor con una única voz.