domingo, 25 de marzo de 2012

Momentos de nuestra historia

Buen día este para reivindicar que la Unión Europea no se nutre del status quo. Hoy, más allá de las discrepancias manifiestas y del recelo inadvertido, la tozuda realidad es que, sin haberse disipado el ímpetu integrador, se cumplen ya 55 años de la firma del Tratado de Roma, por el que se fundaban la Comunidad Económica Europea -germen de la actual Unión Europea-, la CECA y la Euratom. Todos los tratados se han basado en modificaciones de las provisiones de aquel primer documento legal, que establecía una cooperación económica sin precedentes en la historia, reflejo de la ambición política de amplio espectro de derribar las fronteras entre los europeos.

En Roma, la firma del Tratado culminó once años de negociación tras el fin de la II Guerra Mundial, y materializó el desideratum expresado por Schuman en su declaración de 1950. El texto de Roma abría y fusionaba irreversiblemente los mercados del acero y el carbón, además de recoger políticas comunes y una tendencia a la armonización legislativa en áreas como la agricultura, sin obviar medidas más controvertidas y políticamente espinosas, como la prohibición de los monopolios. Estos pactos entre los Seis fundadores: Francia, Alemania, Benelux e Italia, marcaban una apuesta realista y gradual por la integración de distintos sectores económicos. Fue un momento decisivo que rompió con la propensión al cierre de fronteras comerciales y empresariales que se había impuesto en Europa desde 1929. Entretanto, los británicos se resistieron a formar parte de la nueva unión aduanera (no se integrarían hasta 1973), insistiendo en mantener la soberanía sobre los aranceles, a pesar de que en 1946 Sir Winston Churchill hubiera abogado por unos Estados Unidos de Europa.

La posición británica revela aquello que en ocasiones no es tan visible a los ojos del cronista, y es que los Tratados supusieron un enorme, prolongado y complejo reto diplomático. El artífice intelectual de todo aquello fue Jean Monnet, el primer gran federalista europeo que diseñó el modelo supranacional de integración, desde una óptica funcionalista y que se concretó en las cuatro instituciones que siguen siendo el eje del sistema político europeo, se sustentan sobre la democracia representativa, y ejercitan una soberanía, ya exclusiva, ya compartida, con los Estados: la Comisión, el Consejo, el Parlamento y el Tribunal.

A pesar de la tendencia de los críticos con el proyecto de integración europea a enfatizar la artificialidad de estas instituciones, el exceso de aparato político, e incluso la poca transparencia o legitimidad en la toma de decisiones democráticas, hoy es incontrovertible que la apuesta por integrar políticamente a las naciones europeas fue todo un acierto, vista la capacidad de suma de un concepto político que ha transitado de Seis a Veintisiete -y pronto Veintiocho- naciones en medio siglo.

Los Tratados de Roma (y los sucesivos tratados), más que un símbolo, son la constatación y el reflejo de la voluntad de establecer una estrecha colaboración entre naciones. Representaron el germen de la plena libertad de circulación entre los europeos, que no quedaría consagrada hasta el Acta Única Europea en 1987 (30 años después del momento fundacional), libertad que con el tiempo se iría extendiendo por el continente, sin vuelta atrás, amparada además por el acuerdo de Schengen desde 1985.

Nadie podía presuponer entonces que en 2012 la libre circulación sería tristemente moneda de cambio en la contienda política, y volvería a ponerse en cuestión. Los europeos seguimos teniendo por delante el reto de unir y cohesionar el viejo continente. Hoy con más amenazas, pero también con más capacidad institucional. Con más exigencias, pero con menos conformismo. Audentes fortuna iuvat.

jueves, 1 de marzo de 2012

El recelo de las empresas de telecomunicaciones ante una victoria del consumidor europeo


Coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress en nuestra ciudad, la comisaria Kroes anota un nuevo tanto en su haber al conseguir luz verde a la Directiva que prohíbe los abusos aplicados en las tarifas de roaming en el territorio de la UE. Aunque cueste creer, durante todos estos años la práctica de las compañías de telefonía ha distorsionado la unidad del mercado interior. Con todo, la empresa Vodafone se ha destacado por su beligerancia en protestar ante la nueva normativa, asegurando que tendrá un coste en forma de destrucción de empleo. Lo ha hecho su CEO, el Sr. Coala, mediante escrito a Kroes, quien responde abanderando su defensa del consumidor: “si los consumidores pierden el miedo a utilizar sus tablets o smartphones cuando viajen por Europa, todos los operadores acabarán beneficiándose de ello”.

Esta actitud ha causado cierta inquietud en el sector de las telecomunicaciones, que viene asumiendo grandes costes en inversión. Así lo han expresado los pesos pesados reunidos en Barcelona, que temen por su descenso en la facturación, llegando a pedir una moratoria en la nueva ley europea, en pleno auge de las inversiones en infraestructuras para los móviles de cuarta generación.

Ahora bien, es cierto que la UE viene siendo la única región del mundo en que las telecomunicaciones están sufriendo en los últimos tres años una reducción de ingresos, al tiempo que la Comisión europea presiona al mercado para extender el uso de la banda ancha, habiéndose fijado la meta de que todos los consumidores europeos puedan acceder a una velocidad mínima de 30 megabytes/seg. para el año 2020.

El conflicto de intereses está servido. Por un lado, la Comisión legítimamente vela por la consecución de un mercado único en telefonía, que implique una reducción de los costes para el usuario que se mueva por todo el territorio comunitario, ya que objetivamente las tarifas de roaming imponen un “coste” y una penalización directa sobre la libre circulación. Un estudio de la organización de consumidores BEUC revela que el 75 % de los viajeros limitan el uso de su teléfono al viajar fuera de su territorio nacional debido al sobreprecio. Por otro lado, las empresas de telefonía se enfrentan a un escenario de pérdida de ingresos simultaneado con la exigencia de mejorar su oferta infraestructural.

El Parlamento europeo se ha expresado esta semana a favor de los recortes a las tarifas de roaming a partir de junio de 2012, si bien se inicia un proceso de negociación con todos los gobiernos nacionales, que debería traducirse en la votación definitiva de la ley en abril. Ahora bien, la batalla no ha hecho más que empezar y es lamentable que a la complejidad de la negociación institucional -por la indeseable multiplicidad de actores-, se sume un sector industrial que no se ha caracterizado nunca por posicionarse del lado de los consumidores.

El argumento de la destrucción de empleo no responde más que a la vieja táctica del chantaje aplicada por los grandes lobbies empresariales para recibir el beneplácito a su situación, no de dominio, sino de abuso y distorsión en el mercado, buscando la connivencia y justificación del poder político. Esta práctica parece haber enfurecido especialmente a la comisaria Kroes, que lamenta la poca voluntad por normalizar unas tarifas que son objetivamente exorbitantes, y que descubren la artificial diferencia que se establece entre los precios domésticos y los comunitarios, sin mediar justificación técnica para ello.

A todas luces, el sector ignora dos premisas: el mercado consiste precisamente en eso, en adaptarse a las demandas de mejora continua, en ofrecer mejor servicio y en reducir costes para el consumidor. Por tanto, las empresas de telefonía deben buscar sus incentivos para innovar en nuevos servicios y ofertas, y no en marcar un sobreprecio abusivo sobre un servicio existente. Ergo, no es admisible escudarse en que las medidas estructurales mermarán su capacidad competitiva. Precisamente ha sido un sector ultraprotegido e intervenido por los poderes políticos estatales durante muchos años. Se equivocan por tanto pretendiendo infligir un coste sobre el consumidor, con la abusiva práctica tarifaria que han venido aplicando, pero yerran de un modo mucho más obvio al pretender hacerlo al amparo de las instituciones europeas.