martes, 31 de enero de 2012

Europa, entre castigos e indefiniciones


Enero. Lunes. Huelga en Bélgica. Del Foro Mundial en Davos al Consejo en Bruselas. 

Desde hace tres años, Europa ya no se debate entre los dos clásicos principios contrapuestos de libertad y seguridad, sino que trata de mantener a flote su moneda y la extraña relación de ésta con el mercado. Los sucesivos intentos políticos no atajan la falta endémica de incentivos, sin convencer ni a los propios gobiernos. Menos a los inversores y a los ciudadanos. La doctrina dominante en el acuerdo es el castigo, no el incentivo. Ayer otro Consejo más, para insistir en los términos fijados el nueve de diciembre, aunque oficialmente ya con la salida de Chequia, que opta por subirse al barco del Reino Unido, quedando fuera de este acuerdo.

El pacto institucional no aporta gran novedad y aspira a dar respuesta política a las inquietudes mostradas por los inversores. No se nos puede escapar, no obstante, que el “fiscal compact” se ha bautizado con un engañoso nombre, pues es definido por sus propios artífices como un cortafuegos (el famoso bazuka), que nada tiene que ver con una unión fiscal, ni de jure ni de facto.

La situación sigue así: el contribuyente europeo paga la factura vía impuestos de la irresponsabilidad política en la gestión del dinero público. Gobiernos que dejan la caja vacía y el Estado en ruina económica y moral. El endeudamiento excesivo ya estaba penalizado, para ello existían los criterios de Maastricht desde antes de fundar el euro. Empezaron Francia y Alemania incumpliendo el límite de déficit. Ha habido demasiada transigencia y ¿qué nos hace pensar que en el futuro no se va a transigir de nuevo?

La situación doméstica siempre puede ser la excusa para un gobierno desesperado. Se ha asumido, sin entrar en mayor análisis, que la crisis del euro está directamente relacionada con la deuda soberana y por ende con el incumplimiento de objetivos macroeconómicos.
Datos objetivos al margen, el pacto fiscal estaba en la agenda alemana. El nuevo pacto firmado ayer constituye el Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM), que entrará en vigor un año antes de lo previsto, en julio de 2012, con un capital base disponible para salir al rescate en caso de crisis soberanas. Existe un debate sobre cuál debe ser el importe de ese ESM, que actualmente está situado en 700.000 millones de euros, en paralelo al FEEF, que todavía tiene una capacidad de crédito de 440.000 millones.

La paradoja es que ambos mecanismos están concebidos para no ser utilizados nunca. Consciente de la asimetría congénita de las economías europeas, el “fiscal compact” está llamado a estructurar la UE, ergo a dar carta de naturaleza a un mantra: el euro no se romperá. No en vano Merkel inauguró el foro de Davos este fin de semana destacando la solidaridad entre Estados miembros, que se traduce en que unos son austeros, mientras otros producen y otros reciben turistas. El discurso de Merkel fue coronado con un debate abierto entre los ministros de Economía de Alemania, Francia y España, junto con el comisario Rehn.

Los mencionados ministros insistían en Davos y ayer en Bruselas en la importancia del acuerdo institucional y en la relevancia que adquiere la gobernanza económica en la Unión. Además de la retórica sobre la solidaridad de los ministros y jefes de Gobierno, el tratado va destinado a dar credibilidad a la recapitalización de los bancos europeos y poner fin a la incertidumbre sobra las finanzas griegas, algo que se espera baste para que las economías emergentes y el FMI sigan apostando por la divisa europea.

Algunos nos preguntamos dónde queda el método comunitario tras un pacto en que el Parlamento europeo (cámara representante de los 500 millones de ciudadanos de la UE) queda relegado a la categoría de invitado oyente, mientras la Comisión se limita a supervisar la aplicación del Derecho derivado, es decir el Six Pack, paquete legislativo desnaturalizado en la práctica tras el nuevo acuerdo, y que aspira no sólo a garantizar el equilibrio presupuestario de las naciones, sino a superar el método abierto de coordinación y dibujar una gobernanza económica real.


Ante la crítica que surge por sí misma, Merkel se apresura a definir a la Comisión como Ejecutivo y al Consejo como segunda cámara, donde se representan los intereses de los Estados, protegidos a su vez por el Tribunal de Justicia Europeo. Y lo hace sin mencionar al BCE, el gran invitado ausente en esta fiesta.
Curiosamente, el a priori euroescéptico gobierno del Reino Unido ha sido el más partidario de dotar al BCE de capacidad para inyectar dinero en la eurozona, viéndolo como instrumento idóneo para asegurar la estabilidad de la moneda, y así dotar de capacidad de demanda al mercado interior donde los británicos se desenvuelven con cierto éxito.

En cierta forma, Cameron coge el guante de un Sarkozy que siempre fue partidario de los eurobonos y anda ahora en horas bajas, aquejado de una crisis interna de magnitud no calibrada.

Gran sentido común aporta el díscolo premier británico cuando asegura que para esto no hacía falta añadir nueva legislación al acervo comunitario. Alemania no lo ve así, y la doctrina Merkel del “crimen y castigo” se ha impuesto con obstinación. Todas las medidas tomadas en términos de gobernanza económica en la UE hasta el día de hoy se fundamentan en el criterio del castigo y la penalización.
El compromiso de austeridad ha infligido un coste sobre ciudadanos de Irlanda, Grecia, Portugal, ralentizando la economía y no penalizando a algunos de los probables causantes de la crisis de deuda: los gobiernos irresponsables.

Esta revisión del tratado no mejorará la competitividad, ni evitará que haya disparidad de criterios fiscales, ni impedirá que los Gobiernos rescaten a sus entidades bancarias con dinero del contribuyente nacional, a pesar de que los bancos operen en otros Estados miembros, contaminando sus balances con lo desconocido. No es de extrañar que el nuevo documento en forma de Tratado no haya convencido a nadie.
Y aunque el pacto está destinado a animar a los mercados a que confíen en la Eurozona, hay que advertir que sin crecimiento no cesará el miedo de los inversores.

Algo de razón van dando los hechos a los que acusan a Europa de perderse en definiciones, sin ofrecer valor. La Unión Europea impone restricciones, exige, y no ofrece utilidad alguna, no hay compensación por el esfuerzo. El ciudadano no establece condiciones en la relación y a toda velocidad va perdiendo el monopolio de la defensa de sus propios intereses.

martes, 24 de enero de 2012

Hungría y el liberticidio se topan con la Unión Europea


La semana pasada asistimos a uno de esos momentos en los que las instituciones europeas dan carta de naturaleza a la defensa de la libertad de los ciudadanos. Libertad que siempre debe estar por encima de la voluntad de los gobiernos. Fue en la sede de Estrasburgo, el Primer Ministro húngaro, Viktor Orbán, quien (en un acto sin precedentes) se autoinvitó a intervenir en la Eurocámara, en un intento desesperado de legitimación nacional e internacional, al esperar recibir el apoyo institucional europeo. Erró el tiro, pues recibió un fuerte correctivo, ante unos diputados alarmados por el grado de autoritarismo que emana del nuevo texto constitucional adoptado por el Ejecutivo de Hungría. El correctivo de los europarlamentarios no impide que la Comisión haya sido más dura, si cabe, en un informe en el que exige al gobierno húngaro que modifique las disposiciones constitucionales que atentan contra el Derecho de la Unión Europea.
Es paradójico que una democracia reciente, sucesora del socialismo totalitario, apruebe una Constitución liberticida. Así ha ocurrido en Hungría este 2012, para mayor escarnio país perteneciente a la Unión Europea y con antigua tradición revolucionaria (por ejemplo, contra la URSS en 1956, lo que llevó a un “ablandamiento” del régimen soviético). Con buena intención, el primer texto constitucional de la joven democracia fue concebido para superar las deficiencias de la primera constitución postcomunista, un proceso que se ha producido en todos los Estados miembros ex soviéticos. Por ello, no sorprende que los textos fundacionales de las nuevas democracias se encaminen en la buena dirección, ergo la protección de los derechos de propiedad, la libertad económica, la separación de poderes o la transparencia en el ejercicio del gobierno. Hasta aquí lo que sería un texto constitucional de garantías mínimas. 

El problema es que la constitución propuesta por el gobierno húngaro pretende también incorporar al gobierno en más ámbitos, redefiniendo la naturaleza de algunos derechos, que deberían ser más privados que públicos. Por ejemplo, se da de forma expresa al gobierno la capacidad de regular el acceso a la vivienda, el trabajo, la educación. Y para ello, se justifica la intervención del gobierno en la actividad económica privada, siempre que sea conforme al ambiguo concepto de los “objetivos de la comunidad”. Una frase de este estilo daría manga ancha a posibles futuros gobiernos que desearan intervenir sobre actores privados o el mercado.

La Comisión ha destacado que el texto atenta contra el Tratado de Lisboa (art. 258) en relación con la jurisdicción del TJUE, y que en virtud de ello, podría imponer una multa a Hungría por amenazar a la libertad y la democracia en sentido amplio, tal como recogen los tratados fundacionales. Ese acto implicaría el recurso al artículo 7 del Tratado, al que hasta ahora jamás se ha recurrido para castigar a un Estado miembro, que se considera un último recurso, y que se lanzaría mediante un proceso iniciado en el Consejo de Ministros con el apoyo de un tercio de los Estados.
El afán intervencionista de la Constitución húngara se corona con la mención expresa de poderes de control al Parlamento y al Ejecutivo, mientras que el Tribunal Constitucional quedaría relegado a aspectos relacionados con el derecho a la vida, la dignidad humana, la protección de datos y la libertad de pensamiento. De este modo, el derecho de propiedad -y al uso libre de la propiedad- quedaría amenazado, al no estar expresamente garantizado.
El Primer Ministro, Orbán, además, ha hecho gala de ciertas tendencias autoritarias. Hace más de un año que hubo una encendida polémica en la Red contra Orbán, promovida por periodistas y defensores de la libertad de prensa. En aquel momento no participé con entusiasmo en el debate, porque ese de interpretar una ley ajena es espinoso asunto, máxime no siendo jurista. Pero hay datos reveladores. Freedom House pone en alerta a Hungría en cuanto a credenciales democráticas. Por citar algunos, se ha dotado al gobierno de la capacidad de imponer grandes multas sobre los medios, se ha ampliado el ámbito de expresiones ilegales, se ha creado un órgano gubernamental para controlar a la prensa y cerrar medios, a discreción del gobierno. Además, un informe de la Organización Europea para la Seguridad y la Cooperación lleva alertando de la amenaza contra la prensa libre y asegura que el texto constitucional atenta contra la libertad de expresión
Entre la sociedad civil húngara se están produciendo encomiables movilizaciones, mientras no deja de ser revelador que una de las cuestiones que más ha llamado la atención de la Comisión es la amenaza a la independencia del banco central húngaro, motivo que llevó al FMI a cortar de cuajo la ayuda financiera a Hungría durante el pasado mes de diciembre. Tal vez este elemento haya sido el detonante de la reacción comunitaria, algo que nos hace sospechar la declaración del “súpercomisario” económico, Rehn, quien anunció que la Comisión tomará medidas urgentes contra Hungría por su déficit excesivo, además de retirarle la ayuda financiera que actualmente recibe de la UE. A día de hoy, el gobierno húngaro sigue resistiendo.
Hungría se enfrenta a la amenaza de multas o a la acción del Tribunal Europeo, si no rectifica en el plazo de un mes. Se esperan de la Unión Europea y sus instituciones mucho más que gestos en sede parlamentaria o en informes de la Comisión. Esperamos contundencia en la exigencia de que los Estados miembros garanticen la no intromisión en la vida privada de los ciudadanos europeos y aseguren el respeto a la totalidad de los derechos individuales, baluarte de la prosperidad y de la Europa de ciudadanos libres en la que creemos. Gracias a la Unión Europea, la libertad siempre debe prevalecer sobre la soberanía nacional.

domingo, 15 de enero de 2012

De la "desglobalización" a la "federalización"




Hace poco más de un mes del Consejo de diciembre donde se acordó la revisión del tratado (el bautizado como "fiscal compact") y ya vamos por el cuarto borrador. Es decir, el pacto inicial a 26 (todos menos Reino Unido) se ha traducido en una infernal negociación con algunos Estados en perenne indefinición (como Chequia), mientras los británicos se muestran favorables a dar mayor capacidad a la Comisión. Ya advertí sobre la batalla interinstitucional que se avecinaba, pero todo ello se nos antoja ya claramente superfluo.

El pacto fiscal que, con más o menos restricciones (en el tercer borrador se aceptaba una desviación de hasta el 1% del PIB sobre las limitaciones de déficit del 3% en caso de grave necesidad de actuación anticiclíca), entrará en vigor en el primer trimestre de 2012 y si algo es seguro es que introducirá reglas constitucionales para contener la deuda. Veremos hasta qué punto esta reforma está alejada del necesario federalismo fiscal.
Este tratado no mejora el desarrollo del mercado interior, pues apenas se centra en la disciplina fiscal y la coordinación económica, conceptos bastante vagos. La austeridad no es una herramienta adecuada. Sin duda, contener la deuda por ley es un freno más, pero no se puede evitar por ley la quiebra, ni siquiera la de un Estado soberano. No se trata de convencer a los mercados, sino de ser realista. Si miramos el caso estadounidense, veremos por ejemplo que, paradójicamente, dentro de los Estados Unidos, los estados son soberanos en cuanto a su deuda y voluntariamente, no por imposición federal, aunque desde el siglo XIX estos estados optaron mayoritariamente (seguramente por una presión electoral más reacia a los impuestos) por un presupuesto equilibrado.
En la eurozona, la contención de deuda viene dada por imposición supranacional, y ante los temores que esto pudiera generar (resistencias de los gobiernos nacionales, también desde el punto de vista del desgaste electoral y de los costes en prestaciones o económicos sobre la población), se contempla que los Estados preserven cierta capacidad contracíclica para la estabilización macroeconómica. Es decir, se impone austeridad, pero con excepciones. No hace falta si quiera promulgar ley para hacer la trampa. Directamente y sin disimulo.

La clave es entender que la regla del presupuesto equilibrado en los Estados Unidos ha funcionado porque el gobierno federal tenía muchos poderes fiscales y capacidad anticíclica. La contención no es tan dura, por tanto, y la Reserva Federal actúa sobre los distintos territorios. El BCE carece de dicho poder, y no sólo eso, en la eurozona se ha producido un fenómeno incontrolado e incoherente en cuanto a las entidades financieras.

Es decir, se vienen produciendo numerosos rescates bancarios por parte de los gobiernos (incluida Alemania), que se vienen realizando a nivel nacional, a pesar de que los bancos tengan actividad transnacional. Es decir, el gobierno alemán rescata con impuestos del ciudadano alemán a un banco que sí tiene sede en Alemania, pero que tiene actividades en otros Estados miembros. Esto no lo puede asumir el contribuyente ni parece el funcionamiento más adecuado a una unión monetaria. Creo que esta situación tan extendida de rescates cruzados en la eurozona requiere una regulación bancaria única, así como un tesoro único que permita esa intervención pública sobre ciertas entidades bancarias o la reestructuracion del sistema bancario en la eurozona.

Nunca lograremos pasar página de ese recurrente mantra de que el euro desaparecerá y la Unión Europea se fragmentará, convocando nuevas reuniones del Consejo. Debe existir un gobierno federal como único acreedor de la moneda única, a medio plazo, una fiscalidad supranacional, y a corto plazo los, ya tantas veces evocados, eurobonos.

Ante un contexto cambiante e inestable, cuando algunas voces alertan de los peligros de la "desglobalización" (que precisamente empieza por las propias entidades bancarias), y de la tendencia a la "renacionalización" económica (la fuerte crisis de confianza se ha traducido en que los bancos desconfían de los datos y de las solvencias más allá de sus fronteras y tienden a concentrarse en clientes nacionales), es urgente que la eurozona no navegue en aguas turbulentas, siguiendo en ese terreno de nadie de la indefinición.

Aunque parezca estar amenazado, el proceso de globalización no tiene freno, la división internacional del trabajo jamás retrocederá, sino más bien se reinventará espontáneamente, pero nadie va a levantar nuevas fronteras (al menos no duraderas), a pesar de que esa es una de las grandes amenazas que lleva inherente la crisis. El temor a la inseguridad empuja a los gobiernos a sentir tentaciones como construir fronteras de todo tipo, físicas, mentales, económicas... Todas ellas arbitrarias e injustas, altamente perjudiciales para los intereses del ciudadano.

Uno de los rasgos identitarios de la moneda es precisamente su valor confianza, su valor como depósito a futuro. La moneda única no tiene vida propia, ni siquiera voz, pero los que con sus acciones la dotan de valor (los inversores) piden a gritos que se refuerce su capacidad política, dotándose de instituciones federales plenamente responsables que respalden al euro, que es lo único que hará recuperar la confianza a los inversores y permitirá oferecer seguridad a los ciudadanos europeos. Un tratado de carácter intergubernamental limitando el endeudamiento no deja de ser más de lo mismo.