jueves, 20 de diciembre de 2012

Cómo mejorar la estabilidad del euro en 2013





La Eurozona es la única unión monetaria moderna que ha combinado una política monetaria centralizada con una responsabilidad económica y política descentralizada. En su concepción sólo se establecía una horquilla de variación en las políticas presupuestarias nacionales, algo que se han saltado todos olímpicamente, porque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue incapaz en sí mismo de asegurar la gobernabilidad de la zona euro. La crisis ya está archiexplicada aquí desde muchas vertientes, pero recojo el guante del consenso en que las soluciones pasan por cuatro fases, siendo el destino final la unión política, previa unión bancaria, fiscal y económica.
Obsérvese que la unidad política prescribe legitimidad democrática. En esta tesitura, el 28 de noviembre de 2012, la Comisión presenta un borrador para reformar la Unión Económica y Monetaria, que incluye un presupuesto europeo con transferencias entre Estados, coordinación de políticas fiscales y laborales, así como emisión de Eurobonos. Para ello se reconoce que serían precisas dos reformas del Tratado, la primera de ellas en los próximos cinco años.
En el borrador se indica claramente que la Eurozona debe integrarse a mayor velocidad que el resto de la UE.
La hoja de ruta que fija la Comisión marca el objetivo de la unión bancaria en los próximos 18 meses, y define un instrumento de convergencia a 5 años, consistente en un presupuesto separado para la Eurozona, dotado de impuestos propios. A corto plazo habría que reformar el Tratado para que los Estados puedan mutualizar su deuda mediante Eurobonos y crear un fondo de redención para los Estados con una elevada deuda pública. A largo plazo, se constituiría un gran presupuesto centralizado con mecanismos estabilizadores. En las actuales negociaciones del Marco Financiero Plurianual, se ha decidido incluir un instrumento, en el presupuesto de la UE, con recursos para el ajuste y requilibrio de las economías de la Eurozona. Todo ello de momento no va más allá del tintero.
Uno de los elementos que sí se ha concretado es el de la unión bancaria. Se ha acordado un supervisor, aunque algo exiguo, pues sólo podrá actuar sobre los bancos sistémicos, ergo aproximadamente 200 de los 6000 que hay en la Eurozona, claramente insuficiente en el caso alemán, aunque en España se estima que afecta a casi el 90 % de las entidades.
La idea es buena. La moneda requiere que el sistema bancario también sea uno. Es decir, el dinero que emite el Eurosistema es único, pero representa solo una fracción del dinero, ya que el resto lo emiten los bancos comerciales, de modo que si el crédito y los depósitos del sistema bancario están fragmentados en líneas nacionales, también lo está el dinero, lo que se traduce en costes de financiación distintos.
Esto hace que las decisiones en política monetaria no se transmitan de forma uniforme en toda la Eurozona. Para corregirlo, se podría volver a la situación previa, en la que los gobiernos nacionales serían responsables de salvaguardar su propio sistema bancario, algo que hoy parece inviable debido a los altos niveles de deuda pública de los gobiernos, y también debido a que las reacciones del mercado son difíciles de prever.
Por ello, la alternativa más segura es que el sistema bancario sea respaldado a nivel de la UE. El enlace entre los bancos nacionales y su gobierno se sustituiría por un único enlace entre el sistema bancario de la Eurozona y las instituciones de la UE.  
Ahora bien, al plan de supervisión bancaria que se ha aprobado y que funcionará plenamente desde enero de 2013, le falta un plan de resolución común, para la rápida toma de decisiones, y, no menos importante, un fondo de garantía común.
Existirá, claro está, un paraguas común bajo el Mecanismo de Supervisión Único en Frankfurt, pero dependiendo de los datos que faciliten los supervisores nacionales. Es decir, déjenme albergar serias dudas sobre su eficacia y operatividad, cuando los gobernadores de los bancos centrales nacionales han permitido la supervivencia de bancos zombies durante años de precrisis y en plena crisis financiera.
El supervisor común no es lo que debiera ser, y es que para lo fuera, y tuviera plenos poderes, es decir capacidad de absorber shocks al estilo de la FED y capaz de derrumbar los bancos no viables, para ello debería encontrar su encaje en el restrictivo Tratado de Lisboa, un tratado en que se cuidó muy mucho, en exceso, la idea de la subsidiariedad y los poderes de los parlamentos nacionales.
En paralelo, se nos plantea la necesidad de una unión fiscal en la zona euro, también relacionada con el hecho de combatir la actual fragmentación de la deuda en líneas estatales. De hecho, hablamos de un seguro de depósitos común, o la emisión común de deuda, que implica de facto una unión fiscal. Esto nos lo dijeron ya los Cuatro Presidentes en su manifiesto de junio de 2012 (Barroso, Van Rompuy, Dragui y Juncker).
Vamos al elemento político. Debido a la gran cesión de soberanía que todo esto supone, sería preciso asegurar la naturaleza democrática del proceso, entendiendo que el intergubernamentalismo dominante hasta ahora perjudica la rendición de cuentas.
La legitimidad en la UEM debería basarse en que la rendición de cuentas se aplica al nivel de gobierno que es responsable de tomar las decisiones (gobernanza multinivel). Institucionalmente, la Comisión ha mantenido el papel de liderazgo en la preservación del mercado interior, así como en las regulaciones financieras, siempre limitada por los Tratados, que contemplan que algunas normas sólo sean aplicables en la Eurozona. La Comisión también tiene un papel relevante en el desarrollo de los paquetes legislativos Six-Pack, Two-Pack y el Mecanismo de Supervisión Única. Pero es que la legitimidad que se ofrece a escala europea es indirecta, y muy judicializada, pues viene en gran parte de la mano del Tribunal de Justicia, al que se establece como árbitro para el cumplimiento del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza.
Dado que las nuevas medidas apuntan a una mayor supervisión central, la rendición de cuentas debería quedar al amparo del Parlamento Europeo, único órgano dotado de legitimidad institucional a nivel de la UE. Si hasta ahora diputados bávaros tienen capacidad de voto en el PE cuando legisla sobre derechos de pesca en el Mediterráneo, por qué habría de ser distinto en otras materias. El Parlamento debe ser el horno donde se cuezan los consensos, a la vista de todos los ciudadanos.
Y justamente por eso, por la trascendencia de la Eurocámara, como organismo llamado a abanderar la representatividad ciudadana, debemos plantearnos hasta qué punto debe aplicarse el principio de subsidiariedad, de modo que los Parlamentos nacionales puedan ejercer el debido control sobre las decisiones paneuropeas.
Para ello, las elecciones de 2014 deberían plantearse en términos de reforma política, y articular un marco en que el partido ganador tuviera capacidad para implementar una agenda propia a escala de la Unión.
En estos meses no veremos ninguno de estos avances de carácter político, más allá del acordado refuerzo del BCE, al que sí veremos en su máximo apogeo, en la hercúlea tarea de recopilar masas de información dantescas y ofrecer respuestas políticas concretas y precisas, a partir de un juicio de valor sobre ese volumen de datos del eurosistema. La decisión última sería retirar la licencia a la entidad bancaria que incumpliera los requisitos de viabilidad, es decir, dejar caer a los bancos, si bien se espera en el efecto disuasorio de las salvaguardas previas. Todo ello en el marco del Mecanismo Único de Resolución, que de momento no será operativo, al ser su diseño todavía embrionario. A medio camino están las sanciones, para las que el BCE sí dispone de potestad, al menos para tomar las decisiones finales, siempre partiendo de los datos que le proporcione el supervisor nacional, conviene no olvidarlo, y por tanto mantener todas las cautelas sobre la eficacia de estos mecanismos.

En cuanto al mercado, el programa de OMT (transacciones monetarias directas) hará que el BCE pueda comprar deuda a corto plazo, previa solicitud del Estado que lo precise vía MEDE. Ello de estabilidad y se ha visto una reducción de la prima de riesgo y el interés de los bonos, claramente en este otoño en el caso de España, ya que los inversores se han mostrado favorables a creer en la posición del gobierno español, de no pedir el rescate.

Por tanto, en 2013 veremos más de lo mismo, con un mercado más relajado, o tal vez más preocupado del abismo fiscal estadounidense.

En la Eurozona seguimos con un sistema político en que la consolidación fiscal es y será central. Cabe tener en mente que el BCE se fundamenta en esa ortodoxia, es decir que el sistema no puede construirse sobre deudas y déficits insostenibles desde el punto de vista financiero, eso ya lo dejó bien claro Maastricht al imponer su corsé. Es la conocida doctrina Merkel, que seguirá imperando, y que se prevé seguirá tras su previsible triunfo en las elecciones alemanas en otoño de 2013. Merkel, y con ella, el BCE, sostienen que la inflación es un enemigo, pero que tampoco es una herramienta política en sí, mientras que el aumento de la competitividad sí es un objetivo político. Es en este marco, que los Estados miembros deben seguir superando los efectos contractivos a corto plazo de la política fiscal. Eso y que los mercados se lo crean. El debate federal sigue su curso y entrará en plena efervescencia en 2014. Así lo anuncia Barroso, que ha puesto la F en el centro de sus últimos discursos, y de quien, por cierto, no sabemos si se presentará a la reelección al frente de la Comisión, tras las euroelecciones que tendrán lugar dentro de año y medio, pero antes... la unión bancaria debe demostrar su eficacia, primer paso para la unión política profunda, la auténtica hoja de ruta federal.