martes, 17 de abril de 2012

El caso YPF y la impotencia de la UE ante una flagrante ilegalidad argentina

Tras un día y medio de declaraciones improvisadas y juicios de intención, llega el momento de ver va más allá de lo obvio. Que Bruselas ponga de relieve lo evidente no basta, ergo considerar ilegal la expropiación o exigir una compensación adecuada, no va más allá de la retórica al uso. Casos así prescriben opciones jurídicas más que diplomáticas. Que la Unión Europea sea adalid de la defensa de los Derechos Humanos y que lleve a gala la inclusión de la Carta de Derechos en su acervo comunitario exige la misma contundencia a la hora de defender a las empresas e intereses europeos que obran legalmente en territorio no comunitario. Existen ciertas previsiones en el acervo comunitario sobre las inversiones internacionales, pero no prevén acciones inmediatas y objetivas, como veremos. El ultraje a la petrolera española Repsol pone de relieve, una vez más, la incapacidad institucional de la UE, dejando en la impunidad acciones delictivas, en este caso del Estado argentino.

La empresa española (no olvidemos, por lo demás, la ristra de empresas españolas con intereses en Argentina, que van desde Endesa y Gas Natural a El Corte Inglés pasando por Santillana) obtuvo el respaldo inmediato del Ejecutivo de Rajoy, que ha venido manifestando su tono de amenaza a través de distintos Ministros (Soria y Margallo) y el Secretario de Estado para la UE (Méndez Vigo).

Un clásico recurso como Estado miembro de la Unión serían las medidas de retorsión (España se reserva la opción de exigírselas a Bruselas) que restringirían las importaciones argentinas en toda la UE. Independientemente de la acción oficial, Repsol ha anunciado que presentará una demanda ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial y que reclamará a Argentina 8.000 millones de €) por su participación en YPF.

Tras la ofensiva hay mayores consecuencias políticas y económicas. Ashton y Barroso ya se han mostrado contundentes, pero no han podido echar mano de la doctrina para anunciar medidas. Veamos qué acciones se han tomado y qué posible margen existe en la legislación comunitaria, aunque antes pongamos en antecedentes lo sucedido.

Y es que por si ya fueran pocos los problemas de la eurozona, esta semana estamos viviendo el mayor ultraje a una empresa europea en los últimos tiempos. Dicho ultraje es, además, perpetrado por un gobierno al que hace 13 años la petrolera española Repsol compró (por 13.000 millones de euros) YPF, con el respaldo del Gobierno argentino, en tiempos malos para el país andino. En 2008, en contexto económico más favorable, Repsol, a petición de Néstor Kirchner, facilitó la entrada en YPF del grupo local Petersen, que dispone del 25,5%  de YPF. Ayer, la presidenta Fernández Kirchner decretó la expropiación del 51% del capital de YPF, pasando a ser controlada por el Estado y procediendo a la expulsión humillante e inmediata de los directivos de la compañía de la sede argentina.

¿Cuál sería la clave de este intempestivo cambio de posición del Gobierno argentino? Una de las interpretaciones es el supuesto hallazgo de un nuevo y enorme yacimiento de petróleo y gas en Vaca Muerta, hasta el punto de que se ha comparado con el “presal” brasileño. Lo que no tiene precedentes es que el Ejecutivo se haya saltado el marco regulatorio para asaltar a una empresa privada. La expropiación se sitúa fuera de  la legalidad y viola las exigencias de igualdad de trato.

Por ello, es muy pertinente preguntarse de qué herramientas dispone una empresa para defender a sus accionistas y a sus (en este caso 43.000) empleados, en el marco del comercio internacional.

El Gobierno español viene denunciando desde la semana pasada la hostilidad y ha amenazado con medidas, aunque aún inconcretas, mientras los inversores internacionales alteran su percepción y, probablemente, su voluntad de invertir en aquel país, ante un escenario de inseguridad jurídica.

Sorprende, no obstante, la debilidad hasta el momento de la reacción del Ejecutivo comunitario y de las instituciones de la UE. Precisamente estas extremas situaciones en la escena internacional son las que permiten visibilizar la fuerza de un bloque como la UE, dando carta de naturaleza a la integración política.

La apelación a la buena voluntad o la negociación diplomática son claramente insuficientes, ya que claro está que el Gobierno argentino descartó toda posibilidad de acuerdo mutuo.

A nivel comunitario, la primera y misérrima actuación fue un comunicado de la delegación de la Comisión Europea en Buenos Aires instando a restaurar las relaciones con España, al que precedió una nota donde la Comisión manifestaba su indudable apoyo a España en la disputa de ésta con Argentina, pero insistiendo sobre todo en el respeto a los acuerdos empresariales firmados con Estados miembros, remitiendo por tanto al pacto entre empresa y Estado. Bastante escaso, sobre todo porque a estas alturas, por ejemplo, la UE debería haber declarado la ruptura total de relaciones con Argentina.

Una vez verificado que inicialmente se optó por escurrir el bulto desde Bruselas, donde se insistió en remitir a los acuerdos en el marco de la bilateralidad (BIT), cabe decir que ese marco sí permite a las empresas recurrir al arbitrio internacional. No es osado pensar que Bruselas sí apuntaba el camino a la petrolera española, evadiendo toda implicación política más comprometedora. Sin embargo, España exigía que Bruselas estuviera a la altura, y parece que a pesar de que los acuerdos se firman entre Estados, las acciones hostiles se están traduciendo en respuestas políticas en las últimas horas.

Por lo pronto, la Comisión y el SEAE de Ashton ya han confirmado la cancelación de la Comisión Mixta UE-Argentina que tendría lugar pasado mañana en Buenos Aires. Todo ello al margen de los mecanismos de que disponga España, como por ejemplo los que contempla el acuerdo de cooperación comercial firmado en 1991 entre la UE y Argentina, toda vez que en el marco de la OMC no hay opción alguna, ya que no prevé instrumentos para proteger las inversiones, por inverosímil que pueda parecer.

En esta línea, ha de reconocerse que a lo largo del día de hoy, la Comisión, y el “decepcionado” presidente Barroso, se han comprometido a buscar instrumentos legales para actuar contra el Gobierno argentino, mientras el Parlamento Europeo, institución de la que cabria esperar mayor compromiso, no ha ido más allá de plantear la posible inclusión del debate en los plenos de esta semana, a instancias del grupo del PPE. Veremos.  

Con todo, la respuesta institucional y política de la UE no parece convincente en demasía, siendo cierto que el Tratado de Lisboa (dic. 2009) otorga competencias a la UE para proteger las inversiones realizadas por Estados miembros en terceros países, a pesar de que no prevé instrumento legal alguno para conflictos comerciales con países de fuera del territorio comunitario.

No obstante, en mi opinión, deberían explorarse las posibilidades dentro de la ambigua “capacidad y el derecho de proteger las inversiones comunitarias en países terceros". Posiblemente dicha provisión permite un mayor desarrollo y la creación de antecedentes en el ámbito de las relaciones comerciales de miembros de la UE con terceros. La, hasta ahora dominante, insistencia discursiva en pedir rectificaciones para no dañar a las inversiones europeas en Argentina parece que no causa efecto en Kirchner.

Ello indica que el camino a seguir debería ser exprimir el marco del Tratado, aun siendo ambiguo, concretando medidas de presión específicas y objetivas.

Esta piedra en el camino con la que hoy tropieza una empresa española, podría ser precursora de muchas otras, y debería estimular a los Estados a ceder prerrogativas a las instituciones europeas en las negociaciones de los tratados, para dotar de mayor capacidad de maniobra a la UE en la defensa de los intereses de los Estados miembros. El incidente es un ejemplo más de cuán caduco está el bilateralismo y de cómo, con mayor frecuencia, el mutuo acuerdo deja de ser eficaz en las relaciones internacionales en un contexto multipolar. Circunstancia que revela lo mucho que queda por recorrer en el ámbito de la integración política y la relevancia global de Europa, además de evidenciar lo muy beneficiosa que sería una UE de carácter federal con poderes otorgados como actor con una única voz.