jueves, 1 de marzo de 2012

El recelo de las empresas de telecomunicaciones ante una victoria del consumidor europeo


Coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress en nuestra ciudad, la comisaria Kroes anota un nuevo tanto en su haber al conseguir luz verde a la Directiva que prohíbe los abusos aplicados en las tarifas de roaming en el territorio de la UE. Aunque cueste creer, durante todos estos años la práctica de las compañías de telefonía ha distorsionado la unidad del mercado interior. Con todo, la empresa Vodafone se ha destacado por su beligerancia en protestar ante la nueva normativa, asegurando que tendrá un coste en forma de destrucción de empleo. Lo ha hecho su CEO, el Sr. Coala, mediante escrito a Kroes, quien responde abanderando su defensa del consumidor: “si los consumidores pierden el miedo a utilizar sus tablets o smartphones cuando viajen por Europa, todos los operadores acabarán beneficiándose de ello”.

Esta actitud ha causado cierta inquietud en el sector de las telecomunicaciones, que viene asumiendo grandes costes en inversión. Así lo han expresado los pesos pesados reunidos en Barcelona, que temen por su descenso en la facturación, llegando a pedir una moratoria en la nueva ley europea, en pleno auge de las inversiones en infraestructuras para los móviles de cuarta generación.

Ahora bien, es cierto que la UE viene siendo la única región del mundo en que las telecomunicaciones están sufriendo en los últimos tres años una reducción de ingresos, al tiempo que la Comisión europea presiona al mercado para extender el uso de la banda ancha, habiéndose fijado la meta de que todos los consumidores europeos puedan acceder a una velocidad mínima de 30 megabytes/seg. para el año 2020.

El conflicto de intereses está servido. Por un lado, la Comisión legítimamente vela por la consecución de un mercado único en telefonía, que implique una reducción de los costes para el usuario que se mueva por todo el territorio comunitario, ya que objetivamente las tarifas de roaming imponen un “coste” y una penalización directa sobre la libre circulación. Un estudio de la organización de consumidores BEUC revela que el 75 % de los viajeros limitan el uso de su teléfono al viajar fuera de su territorio nacional debido al sobreprecio. Por otro lado, las empresas de telefonía se enfrentan a un escenario de pérdida de ingresos simultaneado con la exigencia de mejorar su oferta infraestructural.

El Parlamento europeo se ha expresado esta semana a favor de los recortes a las tarifas de roaming a partir de junio de 2012, si bien se inicia un proceso de negociación con todos los gobiernos nacionales, que debería traducirse en la votación definitiva de la ley en abril. Ahora bien, la batalla no ha hecho más que empezar y es lamentable que a la complejidad de la negociación institucional -por la indeseable multiplicidad de actores-, se sume un sector industrial que no se ha caracterizado nunca por posicionarse del lado de los consumidores.

El argumento de la destrucción de empleo no responde más que a la vieja táctica del chantaje aplicada por los grandes lobbies empresariales para recibir el beneplácito a su situación, no de dominio, sino de abuso y distorsión en el mercado, buscando la connivencia y justificación del poder político. Esta práctica parece haber enfurecido especialmente a la comisaria Kroes, que lamenta la poca voluntad por normalizar unas tarifas que son objetivamente exorbitantes, y que descubren la artificial diferencia que se establece entre los precios domésticos y los comunitarios, sin mediar justificación técnica para ello.

A todas luces, el sector ignora dos premisas: el mercado consiste precisamente en eso, en adaptarse a las demandas de mejora continua, en ofrecer mejor servicio y en reducir costes para el consumidor. Por tanto, las empresas de telefonía deben buscar sus incentivos para innovar en nuevos servicios y ofertas, y no en marcar un sobreprecio abusivo sobre un servicio existente. Ergo, no es admisible escudarse en que las medidas estructurales mermarán su capacidad competitiva. Precisamente ha sido un sector ultraprotegido e intervenido por los poderes políticos estatales durante muchos años. Se equivocan por tanto pretendiendo infligir un coste sobre el consumidor, con la abusiva práctica tarifaria que han venido aplicando, pero yerran de un modo mucho más obvio al pretender hacerlo al amparo de las instituciones europeas.