Coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress en nuestra
ciudad, la comisaria Kroes anota un nuevo tanto en su haber al conseguir luz
verde a la Directiva que prohíbe los abusos aplicados en las tarifas de roaming
en el territorio de la UE. Aunque cueste creer, durante todos estos años la práctica
de las compañías de telefonía ha distorsionado la unidad del mercado interior. Con
todo, la empresa Vodafone se ha destacado por su beligerancia en protestar ante la nueva normativa,
asegurando que tendrá un coste en forma de destrucción de empleo. Lo ha hecho
su CEO, el Sr. Coala, mediante escrito a Kroes, quien responde abanderando su
defensa del consumidor: “si los consumidores pierden el miedo a utilizar sus
tablets o smartphones cuando viajen por Europa, todos los operadores acabarán
beneficiándose de ello”.
Esta actitud ha causado cierta inquietud en el sector de las
telecomunicaciones, que viene asumiendo grandes costes en inversión. Así lo han
expresado los pesos pesados reunidos en Barcelona, que temen por su descenso en
la facturación, llegando a pedir una moratoria en la nueva ley europea, en
pleno auge de las inversiones en infraestructuras para los móviles de cuarta generación.
Ahora bien, es cierto que la UE viene siendo la única región del mundo en que las telecomunicaciones están sufriendo en los últimos tres años una reducción de ingresos, al
tiempo que la Comisión europea presiona al mercado para extender el uso de la
banda ancha, habiéndose fijado la meta de que todos los consumidores europeos
puedan acceder a una velocidad mínima de 30 megabytes/seg. para el año 2020.
El conflicto de intereses está servido. Por un lado, la Comisión legítimamente
vela por la consecución de un mercado único en telefonía, que implique una reducción
de los costes para el usuario que se mueva por todo el territorio comunitario,
ya que objetivamente las tarifas de roaming imponen un “coste” y una penalización directa sobre la libre circulación. Un
estudio de la organización de consumidores BEUC revela que el 75 % de los
viajeros limitan el uso de su teléfono al viajar fuera de su territorio
nacional debido al sobreprecio. Por otro lado, las empresas de telefonía se
enfrentan a un escenario de pérdida de ingresos simultaneado con la exigencia
de mejorar su oferta infraestructural.
El Parlamento europeo se ha expresado esta semana a favor de los recortes a las
tarifas de roaming a partir de junio de 2012, si bien se inicia un proceso de negociación
con todos los gobiernos nacionales, que debería traducirse en la votación definitiva de la ley en abril. Ahora bien, la batalla no ha hecho más que
empezar y es lamentable que a la
complejidad de la negociación institucional -por la indeseable multiplicidad de
actores-, se sume un sector industrial que no se ha caracterizado nunca por
posicionarse del lado de los consumidores.
El argumento de la destrucción de empleo no responde más que a la vieja
táctica del chantaje aplicada por los grandes lobbies empresariales para recibir
el beneplácito a su situación, no de dominio, sino de abuso y distorsión en el mercado, buscando la connivencia
y justificación del poder político. Esta práctica parece haber enfurecido
especialmente a la comisaria Kroes, que lamenta la poca voluntad por normalizar
unas tarifas que son objetivamente exorbitantes, y que descubren la artificial
diferencia que se establece entre los precios domésticos y los comunitarios,
sin mediar justificación técnica para ello.
A todas luces, el sector ignora dos premisas: el mercado consiste
precisamente en eso, en adaptarse a las demandas de mejora continua, en ofrecer
mejor servicio y en reducir costes para el consumidor. Por tanto, las empresas
de telefonía deben buscar sus incentivos para innovar en nuevos servicios y
ofertas, y no en marcar un sobreprecio abusivo sobre un servicio existente. Ergo, no es admisible escudarse en que las medidas estructurales mermarán su capacidad
competitiva. Precisamente ha sido un sector ultraprotegido e intervenido por
los poderes políticos estatales durante muchos años. Se equivocan por tanto
pretendiendo infligir un coste sobre el consumidor, con la abusiva práctica
tarifaria que han venido aplicando, pero yerran de un modo mucho más obvio al
pretender hacerlo al amparo de las instituciones europeas.
