viernes, 25 de noviembre de 2011

Por una tercera Convención europea


La narrativa europea y el fin de la identidad nacional

Europa es la región del mundo que ha sido capaz de reconciliar con más éxito el triunfo del capitalismo con el triunfo de la democracia, en un mundo en que básicamente la división del trabajo no es la que era. El paraguas de la UE nos ha impedido hasta la fecha soslayar los riesgos de la interconexión global, a la que debemos interpretar hoy más como oportunidad que como amenaza. Desde 1945, existe la percepción generalizada de que los Estados europeos han superado, en distinto grado, el concepto de identidad nacional resultante del Tratado de Westphalia. La complejidad que conlleva una crisis económica como la que atravesamos queda patente en la incongruencia que se produce entre acción política y decisiones económicas. Cuando las decisiones políticas tienen costes económicos para ciudadanos (y también para sus territorios o Estados) surge un problema de legitimidad en cuanto al causante de las consecuencias de esas decisiones.


Dentro de la Unión Europea rigen todavía distintos sistemas legales, el derecho europeo tiene primacía, pero el derecho nacional es el marco de actuación dominante en el contrato social entre ciudadanía y gobierno. Podemos decir que existe un contrato delegado con las instituciones europeas, a través de los propios gobiernos estatales representados en el Consejo, y a través del Parlamento europeo, llamado a ser la verdadera cuna de la legitimidad y voz de la nueva identidad europea.

Para ello, el eje debe recaer en la legitimidad política, es decir en el sistema político, entendido como una estructura de toma de decisiones que se perciba como justa en favor del interés general. La transparencia es una de las claves, y en este sentido las reuniones del Consejo son cada vez más abiertas y accesibles, también la visibilidad que establecen los códigos de conducta de los europarlamentarios, sometidos al escrutinio público, y por tanto maniatados a la hora de presionar en favor de legislar para ciertos grupos de interés. Hemos de ir hacia una narrativa europea, y esto no se logrará sin transparencia, y sin una mayor implicación directa de la ciudadanía.

Somos muchos los que creemos todavía en la capacidad de la esfera pública,
pero sin entrar en la profundidad del debate normativo que plantea Habermas, hay un debate ciudadano que surge de la inquietud y el temor a un futuro tan inmanejable como impredecible. Y es preciso mediar distancia para ver qué está ocurriendo y por qué.

Todas las opciones que se vienen planteando en los últimos meses para asegurar la continuidad de la Eurozona implican, en mayor o menor grado, una reforma de carácter constitucional que pasa por un refuerzo de la integración e implican un incremento de la legitimidad.

Institucionalmente, el protagonismo adquirido por la Comisión, mediante su propuesta de supervisión de los presupuestos estatales, junto con la creación de los Eurobonos, ponen también de relieve cuestiones de legitimidad democrática. Paradójicamente, el Tratado de Lisboa buscaba consolidar esa legitimidad dando más protagonismo a los Parlamentos nacionales, como órganos supervisores de la legislación europea, el movimiento inverso al que se propone ahora en aras de la gobernanza económica (la Comisión pretende supervisar los presupuestos nacionales antes de su aprobación), pero tal vez ni un movimiento ni otro logren contribuir a la clarificación de responsabilidades que requiere la cesión de soberanía hacia el centro que implica la reforma para una gestión más adecuada de los bienes comunes europeos.

Una Convención por el futuro de Europa. En búsqueda de legitimidad y mayor calidad democrática

La legitimidad es un principio no asegurado en la Unión Europea, a pesar de que es un ingrediente útil para la gobernanza y que podría promoverse mediante la identificación del sentimiento común europeo. En este sentido, la experiencia de la Convención es muy válida, ya que permite abrir un gran debate reuniendo legitimidades complementarias, es decir, representantes de Parlamentos nacionales o regionales, ciudadanos, gobiernos y organismos supranacionales.

En Europa ya se han producido dos convenciones de este tipo: la primera, en 1999, previa a la redacción de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y la segunda,  en 2002, para la elaboración de una Constitución europea. A pesar de que dicho Tratado Constitucional resultara fallido por el voto negativo de holandeses y franceses, tuvo el mérito de fraguar un compromiso permanente entre actores e instituciones en cuestiones sujetas a un alto grado de dificultad en su gestión, poniendo de relieve el interés general europeo. Por fortuna, todo el trabajo desarrollado en esa Convención no cayó en saco roto, pues gran parte de ese acervo se incluyó en la redacción del Tratado de Lisboa.

No obstante, es innegable que desde esa último Convención ha habido un cambio de contexto trascendental, y es que el euro se ha situado en el núcleo de la construcción europea, hasta el punto de venir condicionando en los últimos dos años el vertiginoso desarrollo de las políticas comunitarias en materia económica, encaminadas a consolidar la convergencia económica, asegurar la disciplina presupuestaria, pero, sobre todo, dotar al gobierno de la UE de capacidad de supervisión y ejecución.
Admitiendo que el Tratado limita las prerrogativas de las instituciones que nos interesan más a efectos de legitimidad (es decir el Parlamento y la Comisión, en tanto ejecutivo), los avances en esta línea apenas se ha concretado en el refuerzo de Van Rompuy como presidente del Consejo y de las reuniones del Eurogrupo y en la creación de la figura de un súper Comisario, responsable de la supervisión de todas las políticas económicas de la Eurozona, una figura, por cierto, más que interesante porque apela, en principio, al imperativo de la eficacia económica, dejando pendiente la cuestión de la legitimidad democrática. Es decir, instrumenta la capacidad de supervisar una unión presupuestaria, aunque carecería de la capacidad para asegurar un mecanismo de solidaridad que impida el hundimiento de uno o más Estados (en este sentido, sería preciso incluir la figura de los Eurobonos, emitidos por el BCE, como garantía del riesgo compartido).

Ahora que se plantea claramente una reforma de los Tratados, anunciada ya ayer por Francia y Alemania (apuntaladas por Italia, a través de Monti) a fin de facilitar los mecanismos de rescate en el seno de la Eurozona y asegurar la supervisión mutua, la cuestión de la legitimidad puede adquirir una posición de mucha relevancia en el debate, teniendo presente que -como ya dije- se plantean nuevas opciones que nos encaminan hacia dos velocidades de integración, ya que existe claramente una dicotomía entre la Europa a 27 y la Eurozona a 17.

El distinto grado de integración de la Eurozona -si bien refuerza la gobernanza económica-, deja en la práctica en desventaja a este grupo de 17 Estados, ya que carecen de un Parlamento o de un Consejo con capacidad de iniciativa a nivel de los 17, más allá de las reuniones del Eurogrupo.

En este contexto altamente cambiante, y ante una fuerte presión de un mercado muy globalizado, no tiene por qué atemorizar plantearse establecer vías de integración diferenciada, contemplando incluso la posibilidad de desbloquear los avances constitucionales mediante la introducción de la mayoría cualificada en el Consejo para la reforma de los Tratados, soslayando así la capacidad de veto de algunos Estados miembros, algunos claramente reacios a una mayor integración, entendida ya sin eufemismos como una federalización (en este caso, Reino Unido y Rep. Checa).

Por todo ello, y cuando la integración todavía no se percibe del mismo modo en todo el territorio europeo, debido a las narrativas nacionales, creo que el debate se despista si se centra en el problema de las velocidades de integración o en las soberanías difusas, dejándose de priorizar la necesidad de establecer cómo profundizar la integración. Los Estados deben dar un paso más para crear un sistema político común, fraguado más en objetivos compartidos que en supervisiones y recelos. Para ello es muy pertinente proponer una tercera Convención, con la participación de todos y centrada en definir, de una vez por todas, el futuro político de la Unión Europea.

jueves, 24 de noviembre de 2011

Por qué los mercados insisten en atacar al euro

Esta es la noticia dominante en las últimas veiniticuatro horas. Desde ayer los mercados están penalizando a Alemania, disminuyendo la adquisición de sus bonos públicos, que ofrecen menos rentabilidad que los bonos de otros Estados periféricos. No es coincidencia que esa reacción defensiva de los mercados coincida con el anuncio de la Comisión de su proyecto de Eurobonos y la inmediata negativa alemana al plan. Es pertinente valorar algunos elementos claves para entender estas reacciones.

La situación de incertidumbre del euro no se debe tanto a la ferocidad indiscriminada de los mercados financieros, sino a las propias características existenciales de la Eurozona, que la sitúan muy lejos de lo deseable en una unión monetaria. Puede molestar, pero no sorprender, que el euro siga padeciendo un fuerte asedio de los mercados financieros desde 2009, a pesar de que no está en peor situación económica que los Estados Unidos, siendo incluso el global de la deuda privada inferior. La causa debe hallarse, por tanto, en la diferencia abismal entre las dos uniones monetarias.

Estados Unidos es una federación centralizada con una Reserva Federal flexible, mientras que la Eurozona sería una confederación muy descentralizada con un Banco Central Europeo muy rígido. Es decir, en la Eurozona existe una total descentralización económica y presupuestaria, a diferencia de la fuerte centralización económica de los Estados Unidos, en que el déficit, la emisión de deuda, el fondo de garantías bancario o las transferencias interregionales (políticas redistributivas) están totalmente centralizados en el gobierno federal.

La única institución centralizada de la que se ha dotado el euro es el BCE, política y doctrinalmente limitado por el único mandato de la contención de precios, siendo por tanto más adverso a la inflación que la Reserva Federal. Ese conservadurismo del BCE impide que haya actuado como prestamista en última instancia para los gobiernos de los Estados miembros, no yendo, hasta la fecha, más allá de algunos moderados programas de adquisiciones de bonos de los Estados.

La figura de los Eurobonos adquiere, por tanto, una importancia crucial, pues consolida la interconexión entre las economías de la Eurozona, donde no tiene sentido que algunos Estados estén pagando mucho más cara la compra de su deuda que otros, dependiendo demasiado de su posición económica interna, pero sobre todo de la confianza en sus entidades bancarias y en la solvencia futura de las cuentas públicas, algo que no ocurre con los estados de la federación estadounidense.

La causa de la inseguridad de los mercados es la desconfianza en la solvencia de bancos y gobiernos, que causa un efecto amplificador, cuando se constata que la única medida política que se está tomando es la de la contención presupuestaria. Aun admitiendo que ha habido mala gestión pública en muchos Estados periféricos, no es suficiente apostar por la disciplina presupuestaria, cuando los mercados siguen en volatilidad extrema sobre los bonos estatales.
El Libro Verde sobre los Bonos de Estabilidad (bautizados así para entrar en la línea doctrinal alemana), va acompañado de la iniciativa legislativa para aumentar el control de la Comisión sobre los presupuestos nacionales, asegurando (bajo sanción) el cumplimiento de los criterios de Maastricht. Ambas iniciativas sientan las bases de un gobierno federalizado en la Eurozona. Mientras Alemania siga creyendo que la crisis no es institucional, no dará los pasos hacia una unión en la que se pongan en común recursos financieros y fiscalidad. Probablemente es el momento de que Alemania comprenda que la Eurozona trata de mutualización de riesgos y políticas comunes, y no tanto de supervisión recíproca. No es aceptable que el coste de financiación de la deuda pública dentro de la Eurozona continúe siendo tan dispar, y esa es la causa de que los inversores no sepan a qué atenerse. Ellos también esperan soluciones políticas.

lunes, 21 de noviembre de 2011

Larga vida al euro, sin romanticismos

I. Futuro del euro
Tiene la osadía Krugman (en su columna de ayer en NY Times) de acusar a los decisores de la Eurozona de tecnócratas aburridos y románticos. Contradictio in terminis al margen, incide en la vaga noción de que los creadores del euro infravaloraron el factor humano. En el trasfondo de su crítica, el cuestionamiento sobre la austeridad impuesta tecnocráticamente, obviando intencionadamente que desde el Tratado de Maastricht en 1992 se establecieron unos límites claros al endeudamiento, no como fin político en sí (lo que podría inferirse de la interpretación de Krugman), sino como paso previo a una armonización económica. Algunos yerran el tiro al culpar a la austeridad de la crisis, porque su ausencia fue precisamente el desencadenante de la crisis de la Eurozona -entiéndase, el endeudamiento excesivo y el encarecimiento de la deuda soberana-, al borde del colapso de no ser por las discretas intervenciones del BCE y la articulación del FEEF en 2010, mientras se espera del BCE algo más que aferrarse al mandato de la contención inflacionaria.

Ahora viene la autocrítica. El mecanismo de rescate y el BCE han resultado hasta hoy poco convincentes, cuando el desempleo alcanza el 9% de media en la Eurozona. Sin olvidar la dolorosa imagen de la asimetría: los PIIGS se llevan la peor parte alcanzando cifras mareantes en torno al 20%. Mientras la periferia mediterránea afronta una etapa de duros ajustes, en el Este surgen nuevos candidatos a unirse a la moneda única, en concreto Letonia y Lituania, pequeños Estados que reciben inversiones alemanas tal como lo hicieron los mediterráneos en la prometedora etapa de la cohesión en la década de 1980.

El hecho de que nuevos Estados quieran entrar en la Eurozona es sintomático de que el euro no es tan mal negocio como algunos nos quieren dar a entender. No se puede culpar alegremente al euro de la austeridad, de la caída de gobiernos en la Unión o del resurgimiento de ciertos partidos populistas o nacionalistas extremos, como ocurrió en Holanda y Finlandia (más anécdota que categoría desde mi punto de vista).

Mas no nos llevemos a engaño, las restricciones del momento y las dudas existenciales no significan que alguien esté dispuesto a regresar a las viejas divisas, y a los episodios inflacionarios o escenarios de devaluación. Tampoco se contemplan modelos de reinicio, quiebra e incluso renovación constitucional, como ha ocurrido en Islandia, pequeño país no extrapolable a los países mediterráneos. Con la que ha caído, nadie se atreve a apostar por la desmembración de la Eurozona, porque nadie cree en los beneficios de la autonomía económica de los Estados miembros.

Probablemente fuera del euro, muchos Estados no podrían acceder al crédito, quedando en un debilitado escenario de aislamiento y sin financiación, con las entidades bancarias en el ojo del huracán, porque en el fondo se sabe que el contribuyente europeo está rescatando a los bancos, y esa parecería ser la justificación de que, no sólo Merkel, sino el contribuyente alemán en su caso, acabara aceptando la creación de los Eurobonos. A falta de concretar su diseño, y de superar la resistencia alemana, sólo esa figura puede hoy por hoy calmar a los mercados y restaurar la confianza en el euro, y también la recuperación del BCE como institución financiera autónoma y políticamente capacitada.

Para ello, debe destruirse el instalado mantra de que Alemania paga la factura del endeudamiento del Sur. Urge superar este escollo (labor encomendada por el destino a Merkel, aunque deba pagar, o no, un precio electoral a futuro) y articular el Eurobono, aunque para ello deberá existir un acuerdo sobre su diseño. Me explico.

El Eurobono sería eficaz sólo si implicara que se dejan de emitir bonos nacionales, de manera que se emitirían bonos en principio garantizados por los 17 Estados miembros de la Eurozona. Entendamos que esto se aplicaría para los bonos del Estado ya existentes en cada país, que se convertirían a Eurobonos, y también para los nuevos bonos que se crearían, que (¡atención!) estarían limitados, precisamente porque entre los inconvenientes que indica el Informe que emitió la Comisión la semana pasada está el del riesgo moral, en el sentido de que el Eurobono podría llevar a la tentación de que algunos Estados miembros relajaran su disciplina presupuestaria.

De ahí la necesidad de una reforma del Tratado de Lisboa (que prohíbe los rescates entre Estados miembros) que asegure el mandato de la disciplina, estableciendo techos de gasto y endeudamiento. Una posible alternativa es que los Estados tengan que regresar a los bonos nacionales cuando superen ciertos límites de deuda pública. Esta opción podría evitar la reforma del Tratado, en el sentido de que los gobiernos serían responsables últimos de la emisión de bonos en determinadas situaciones.

Ahora bien, es obvio que esta posibilidad debilitaría la credibilidad del Eurobono y se percibiría como un parche más. Es decir, facilitaría la creación rápida del Eurobono, pero no sería la solución definitiva que, a nuestro juicio, el euro necesita, ya que los mercados no acaban de percibir con claridad el compromiso común, y como prueba el fracaso de las expectaciones que creó en su momento la ampliación del FEEF hasta el billón de euros, en el último Consejo de octubre, que no se ha traducido en la obtención real de esos recursos en el mercado, no se sabe si por desconfianza de los mercados en los propios avaladores del fondo, incluidas Francia y Alemania.

Precisamente esa desconfianza, que amenaza al corazón de sus intereses y al de sus entidades bancarias, es la que llevará a ese eje franco-alemán a dar el paso definitivo a favor del Eurobono (en cualquiera de las variaciones comentadas supra), el único mecanismo para dar coherencia a la apuesta de ambos Estados por la unión monetaria, y en cierta forma el compromiso con la superación de sus problemas de solvencia, cuando no puede ocultarse la afectación de la propia deuda nacional de estos dos países. Nada de romanticismos. Por coherencia y realismo, el euro sobrevivirá, y, de su mano, llegará la unión política. 

II. Hacia la Europa federal
Sólo superada la amenaza sobre el euro, cobrará protagonismo el debate nuclear sobre el federalismo europeo, que incluso llega desde el CDU, partido al que pertenece Merkel. Subrayaba Hegel, en su teoría del Estado, que el carácter autoafirmativo de la soberanía y la justificación de las particularidades históricas creaban la comunidad política, significando que la esfera de la sociedad civil se trasladaba al Estado. Hoy, en Europa, el Estado-nación se desdibuja, y el ciudadano europeo, si lo interpretamos en sentido lockeano, se encuentra con la necesidad de maximizar sus intereses, pero con el dilema de que esos intereses se han convertido en intereses particulares comunes, es decir, la esfera de lo común trasciende lo nacional y se establece en una esfera europea. Esos intereses se definen hoy en otro ámbito de soberanía, y no tienen otra vía de realización que la autoafirmación, en este caso de Europa hacia fuera, en su relación con el mundo exterior, pero también de Europa hacia sus ciudadanos. Sólo es justificación interna mantendría la cohesión y la justificación de la autoridad de las esferas de poder. Ello procede de la legitimación de los decisores, de la acreditación de ese poder soberano para imponer leyes. La voluntad general del ciudadano europeo, una vez superado el Estado-nación, que reuncia gradualmente a su soberanía (y el Eurobono es perfecto símbolo de ello), sólo puede establecerse en un proceso deliberativo respaldado por instituciones representativas de carácter federal. En 2012 será momento de afrontar una nueva etapa, ya más política que netamente económica, en la comunidad de destino que, nos espera, al final del proceso de integración, mal que le pese a Krugman.

miércoles, 16 de noviembre de 2011

La ciudadanía europea ante los enemigos del euro

En estas últimas semanas venimos leyendo una serie de reflexiones sobre la necesidad de controlar los ataques contra el euro, algo que la Comisión concretó en distintos comunicados de prensa refiriéndose a los “enemigos del euro” (sic), al tiempo que se sucedían continuos debates a puerta cerrada y la troika (BCE, FMI y Comisión) intervenía de forma evidente sobre Italia y Grecia, donde ya se ha consumado la transición de gobiernos democráticamente electos a gobiernos tecnocráticos (Monti y Papademos) sometidos a las reglas que impone la eurozona.

Todo ello ha sido caldo de cultivo para las suspicacias de los analistas, exacerbando la preocupación de los que se ven alejados de las decisiones que se toman a nivel continental. En cierta forma, el deseo de establecer un mayor control democrático en la eurozona suena a excusa para cuestionar la autoridad moral del rigor presupuestario.

Y cierto es que cabe cuestionarse si es legítimo que estos gobiernos tecnocráticos tomen medidas con fuertes costes para las sociedades, cuando estas sociedades no se pronunciaron sobre los mismos. Debe decirse que legítimos sí son, pues en caso alguno se ha atentado contra los procedimientos legalmente previstos, constitucionalmente o en los Tratados, firmados y ratificados por los Gobiernos y Parlamentos nacionales. Otra cuestión, y no baladí, es si los ciudadanos aceptarán las decisiones políticas de esas figuras tecnocráticas.

En el ámbito estrictamente comunitario, dejamos constancia de la llamativa relevancia del aspecto informal de los acuerdos en el eje franco-alemán, aunque cabe destacar el peso que adquiere el triángulo institucional propio del método comunitario, cuando el comisario Rehn se convierte en el gran supervisor de los gobiernos nacionales, algo que deja a los Estados miembros totalmente fuera de los posibles cálculos utilitaristas de los típicos intereses nacionales.

Estamos, por tanto, ante el dilema de la toma de decisiones multilaterales con dudosa transparencia, pero que tienen por objetivo reducir el riesgo del conjunto, aunque perjudiquen (temporalmente o no) a algunos miembros, y por tanto debe reconocerse que estos cambios gubernamentales en Grecia e Italia son un botón de muestra, van mucho más allá de la intención de contrarrestar o combatir la volatilidad de los mercados.

Siempre se dijo que una de las grandes ventajas que el método comunitario ofrecía a los Estados era la vertiente tecnocrática y la neutralidad de los órganos europeos a la hora de sintetizar intereses nacionales o sectoriales. Del mismo modo, la centralización en Bruselas evita que el programa legislativo quede sujeto a los procesos electorales nacionales. En España estamos en pleno proceso electoral y por tanto la intervención queda en puntos suspensivos… Lo que vemos en nuestros países vecinos del Mediterráneo supone por primera vez la escenificación de un cambio de agenda impuesto por mandato supranacional, cambio que podría llegar a ser desfavorable, en algunas circunstancias, a los intereses propios de los Estados.

La crítica de la opinión pública todavía no se hace demasiado evidente, lo que augura un voto de confianza en el espíritu funcionalista imperante. Con todo, seguimos viendo en los mercados extrema volatilidad, por lo que Alemania (como venía yo intuyendo) acabará rindiéndose a la evidencia de que el BCE no puede permanecer incólume, y cederá a la creación de los Eurobonos. Es cuestión de semanas. Ambos elementos son señal de que la Unión Europea recoge el testigo constitucional, si no de forma, sí de fondo. Los gobiernos de la eurozona se europeízan hasta el punto de perder toda soberanía sobre sus decisiones económicas. La fuerza de los hechos deja en evidencia que los rigores del mandato del BCE no eran soportables sin mutualización. Si ha habido enemigos del euro, bienaventurados ellos que nos han dejado ver nuestros errores.

[Fuente ilustración: Bloomberg]

miércoles, 9 de noviembre de 2011

More Europe: First Steps


As a member of the platform More Europe, and being one of the authors of the "Statement More Europe" I'm very proud to announce that the document has been succesfully spread accross the continent and has been gaining adepts during all the day, via twitter (hashtag #moreurope), via facebook and obviously gaining support in our blog More Europe. Back in 1989, on November 9th  the Berlin Wall was demolished. The tear-down of the Wall was a symbol of increasing freedom, but also the starting point for the real union of the European peoples.  As you will notice, in the Statement we do not refer to the federal idea (not even the federalization of the European Union) despite we give for granted that Europe is currently under a federal process, and most of us are convinced federalists. We certainly discussed the federal idea, though we finally decided to remain politically independent or neutral, in order to reach wider support from the audience and most European citizens, as well as political actors.

I honestly hope this Statement will make people aware of the increasing importance of the EU in our lives. I also believe it can be a good turning-point for political actors to move and bring European institutions closer to the citizens. Please feel free to join us and spread it.

Statement "More Europe". English version

**Find HERE our Statement in other European languages.

Given the dramatic social situation in many Member States caused by the economical crisis and the anti-European voices predicting the breakup of the Economic and Monetary Union, the undersigned ask for More Europe.

We consider it is necessary to move to a greater European integration in order to address the current situation of social and economic crisis affecting Europe and for this reason we will join our forces as European citizens. To achieve our goal we claim that:

1) The Schengen area of free movement is the result of the political and social work of a generation knowing the devastating consequences of World War II.The Schengen area guarantees equality, security, communication, cooperation and, to sum up, freedom between European citizens. This statement supports the defense of the EU area as a whole. Any exception on this means unequal rights among European citizens and residents.

2) The symbols and the flag of the EU are not just objects. Otherwise they represent our values as a community, which are fundamental to the progress and democracy of the European society.

3) We encourage public authorities to implement a common subject on European Union in all European educational systems. The subject will include EU history, its operation and its significance in the national and international society today.

4) We consider it is urgent to establish a fiscal and social harmonization. Having in account the voices rising daily in the international arena by questioning the strength of an unprecedented monetary union in human history, we believe the more similar the economic instruments and social benefits in the eurozone are, the more reinforce the welfare state will be.

5) We believe it is very important to increase the participation of citizens in the European decision-making process. With that aim we suggest the direct election of the European Commission’s President through the creation of supranational European Parliament electoral slates.

6) We believe it is essential to set only one seat for the European Parliament, either in Brussels or Strasbourg, in order to reduce costs and duplication of duties. We believe that this austerity measure will bring the institutions closer to citizens. If Brussels is chosen as the only headquarters, we suggest that Strasbourg remains as a symbol of the creation of the EU and become a peace and common history museum.

7) We propose the creation of a European Electoral Act to regulate European Parliament elections. This measure will prevent European Parliament elections campaigns to develop in national key. It would also help citizens to learn about the work of their representatives in the European Parliament, it will foster public debate and participation among citizens, and promote the visibility and understanding of policies that are decided and implemented at a European level.
The platform More Europe calls citizens to support and join the defense of agreater European integration. We appeal citizens to join forces and contribute tobuild a bottom-up project, which will allow all of us to feel a greater identification with the common project of the European Union. This is necessary to preserve the current unity of our continent, that has historically been fragmented, and that is currently possible thanks to the process of European integration and the institutional design created by all of us.

domingo, 6 de noviembre de 2011

¿Hacia dos Europas dentro de la Unión?

Uno de los debates que causó furor entre los observadores de la integración europea en la década de 1980 fue el de la geometría variable, a tenor de la tensión y asimetría entre núcleo y periferia en la entonces llamada Comunidad Europea. La vieja retórica cobra fuerza estos días, aunque de facto ya existen dos niveles de integración entre los 27 de la UE y los 17 de la Eurozona. Además, esta semana, el incidente político provocado por el amago del gobierno griego de convocar un referéndum sobre las medidas de austeridad a cambio del rescate de la Eurozona, ha puesto de relieve la cuestión legal en torno a la relación entre moneda única y pertenencia a la UE. En este sentido, portavoces de la Comisión se apresuraron a asegurar que de acuerdo con la norma que rige la Eurozona sería imposible abandonarla sin dejar de pertenecer a la Unión.

Detecto aquí un vacío legal en el Tratado. Tanto es así que, en 2009, en plena crisis financiera y por lo que pudiera pasar, el Banco Central Europeo realizó un informe, que concluyó que en principio sería imposible que un Estado miembro abandonara la moneda única.

Cierto es que no existe provisión alguna en el Tratado que contemple la expulsión de un Estado miembro. Ello sea posiblemente debido a cómo se ha forjado acumulativamente el acervo comunitario, sin contemplar posibles retrocesos.

Con todo, existe cierta posibilidad interpretando los artículos 3 y 7.2 del Tratado, y también el art. 6.1 que, en el caso de incumplimiento de los principios mencionados en el mismo por parte de los Estados, permitirían al Consejo la suspensión temporal de algunos derechos de esos Estados miembros, como por ejemplo el derecho a voto en las decisiones del Consejo.

En un escenario de incertidumbre que nos aboca claramente hacia un gobierno económico compartido, cuanto menos por los 17, es pertinente preguntarse si sería adecuado introducir la posibilidad de salida o expulsión de un Estado miembro en los Tratados. Tengamos presente que en el caso de que un Estado quiera abandonar la Eurozona o incluso la Unión Europea, sí puede hacerlo voluntariamente (en este último caso, de acuerdo con lo establecido en el TFUE, art. 50). En cuanto a la Eurozona, la autoridad concernida sería el BCE, que en este caso tampoco tiene capacidad otorgada para impedir la salida de un Estado que quiera abandonar la moneda única.

Por otro lado, no es descartable que los 17 se vean forzados a caminar hacia esa plena integración económica (fiscal), mientras que los otros Estados de la Unión, esencialmente el Reino Unido, pero también otros como Suecia, Polonia o Chequia, se vean desplazados en su capacidad de incidir sobre las decisiones colectivas. La cuestión, nada baladí, es que una mayor integración de los 17, se mire como se mire, no se contempla en el Tratado.

Cabe decir –en descargo del eje franco-alemán, de quien tanto recela el gobierno británico- que Merkel y Sarkozy han defendido siempre una toma de decisiones a nivel de los 27 en todos los casos posibles. Incluso se defiende una modificación del Tratado decidida y ratificada por los 27. Así se hizo ya para las particularidades que requiere la herramienta del Fondo de rescate (FEEF), aunque se contempla un reforma de gran calado que ofrezca una solución estable más permanente, una vez caduque su formato actual, que no olvidemos será en 2013.

Técnicamente sí es posible realizar un Tratado paralelo, es decir un acuerdo intergubernamental que regule la integración política entre los Estados firmantes, por ejemplo, entre los de la Eurozona. Sin embargo, un acuerdo a nivel de Eurozona, que contemple un mayor grado de integración de sus políticas económicas, es percibido como una amenaza para el proyecto de construcción de la UE como lo hemos conocido en estos 54 años de historia. Sobre todo para algunos Estados miembros con economías importantes e intereses interconectados, que no desean perder capacidad de influir en las decisiones centrales.

No olvidemos la batalla institucional. En caso de que se firmara un Tratado para regular las políticas de los miembros de la Eurozona, cabe preguntarse en qué lugar quedaría la Comisión europea que, hoy por hoy, actúa como principal actor de las propuestas legislativas, además de supervisor e incluso implementador de las Directivas comunitarias.

¿Sería la Comisión también el Ejecutivo en esa Eurozona regida por un Tratado distinto al de la Unión Europea? No olvidemos que la Comisión es un gobierno formado por comisarios procedentes de los 27 Estados, aunque tenga un perfil tecnocrático.

Se supone, además, que ese Tratado no se sumaría al acervo comunitario, pero sentaría las bases para una integración progresiva de otros Estados. De esta manera, el actual Tratado de Lisboa seguiría en vigor para el resto de Estados, por ejemplo regiría en toda la Unión su art. 126, que impide el exceso de déficit. Aunque esto me lleva a preguntarme ¿sería aplicable para la Eurozona el art. 125, que es el que prohíbe de forma expresa los rescates entre Estados miembros?

Y, bien mirado, ¿hasta qué punto no se ha transgredido ya ese artículo 125 con el FEEF? Probablemente hay muchas fórmulas para neutralizar el articulado de los tratados, y no digo que no sean legítimas, porque fíjense que incluso las cooperaciones reforzadas (mayores niveles de integración entre los Estados que lo deseen, introducidas en el acervo desde el Tratado de Ámsterdam) se considera que no alteran el funcionamiento y la unidad del mercado interior, cuando en la práctica es difícil discernir hasta qué punto se puede distorsionar la competencia de un tercero cuando hay una cooperación reforzada entre dos Estados.

Esas disquisiciones son, sin duda, tarea del Tribunal. Y, ahora que también está en boga el debate sobre la participación civil y la legitimidad democrática, parece que las decisiones a golpe de sentencia no son la forma adecuada para descolgar el sambenito de “gobierno de las elites” que parte de la ciudadanía atribuye a las decisiones europeas.

En principio, el mecanismo de redacción de los Tratados de la UE tiene mejor acogida desde el punto de vista de la legitimidad, porque se sustenta sobre las convenciones, conferencias intergubernamentales con representantes de todos los Estados, y además se someten a aprobación de los parlamentos nacionales. Ahora bien, el procedimiento suele prolongarse varios años y, en algunos casos, con riesgo de fracaso, como ocurrió con el Tratado Constitucional que se sometió a votación en 2005, con el No holandés y francés.

El temor a un Tratado fracasado existe, del mismo modo que el recelo a dos grados de integración distintos, por lo que desde las instituciones se estudia hasta dónde se podría llegar sin alterar el marco legal del que disponemos. Ya hemos explicado aquí que los Eurobonos son una opción a estudiar por el Banco Central Europeo, del mismo modo que lo son las sanciones que puede aplicar la Comisión a los Estados miembros que se separen de los objetivos establecidos para seguir en la Eurozona. De hecho, el art. 136 da margen de actuación a la Comisión para perseguir y llevar al Tribunal a aquellos Estados de la Eurozona que incumplan las medidas de rigor presupuestario.

Y a pesar de ese protagonismo aparente que la Comisión debe tener, y también el Parlamento como codecisor (siempre en virtud del Tratado) la realidad es que en términos de Eurozona las decisiones de gran calado las toman los Estados miembros en el Consejo, y esencialmente Francia y Alemania.

Aunque la semana pasada, Barroso haya nombrado a Rehn como supervisor de las medidas tomadas a nivel de los Estados en términos macroeconómicos, las líneas maestras las trazan los políticos nacionales en el Consejo y a puerta cerrada, lo que no deja de ser sintomático de la marginalidad en que quedan las instituciones europeas supranacionales. ¿Es esto un síntoma de déficit democrático? Buena pregunta, porque para los euroescépticos (que son los que más protestan por la supuesta ausencia de legitimidad democrática) el Parlamento europeo y la Comisión representan la amenaza “federal”. Otra paradoja más.

Y finalmente, ¿sería legítima democráticamente esa Europa de dos velocidades? ¿Bastaría un Tratado para legitimarla? Probablemente, y en vista de la precariedad democrática que atravesamos (baja participación en elecciones europeas, descontento ciudadano, escepticismo…) sólo los resultados visibles podrían legitimarla, y también la posibilidad de que el resto de Estados miembros se sumaran. No en vano, el euro fue concebido como moneda común a la que accederían todos los Estados miembros por vía de un proceso catching-up.

Lejos estamos de esa situación, pero una Eurozona con éxito, que consiga recuperar la senda de la creación de empleo, la competitividad y, sobre todo, asegurar el estado del bienestar tan amenazado en estos tiempos, es la mayor garantía de la perdurabilidad de la Unión, que no debemos dar por garantizada.

La competitividad, el empleo, la conquista del futuro, esos retos que los Estados ya no pueden alcanzar aisladamente, configuran el claro interés común de todos los ciudadanos europeos. Si la reforma del Tratado, si las dos velocidades de integración, si la geometría variable, son caminos transitorios hacia una Europa más próspera, transitemos por ellos, sin perder el horizonte de que Europa no es un fin en sí misma, es la institucionalización de unos acuerdos que nos obligan y comprometen a todos, pero que también nos garantizan más oportunidades.

sábado, 5 de noviembre de 2011

Dos anónimos en la capital de Europa

Ocurre en el 60 de Rue Wirtz, bajo un techo de cristal. Olor a moqueta y murmullo asfixiante. Son las once de la mañana. Lo intuyo de reojo. Me observa. Transmite la nostalgia de una mirada a la que yo resultara conocida. Se aleja de la masa arremolinada en torno a la cafetera. Sostiene un café en la mano izquierda. De pronto, cohibida por el escrutinio de sus ojos, pienso en el momento del regreso a Barcelona. Esquivo las promesas de gozo. Siempre. Ojos azules. Aquí y allí. Imagino sus ojos en todas las edades. Sus ojos de niño. Los de mi niña. Excusas para no pensar en besos que imaginariamente se tejen con un hilo de oro invisible. Lo miro con reparos cuando él me da la espalda, hipnotizada por ese dulce pelo lacio color miel con destellos plateados. Mi independencia, el viaje en sí, el contexto se hace incómodo por momentos. Al segundo, veo su brazo extendido frente a mi mano derecha y apenas reacciono a su saludo en inglés, no bruselense, más bien germánico, algo engolado. Dejo constancia de mi aplomo, a pesar de que en el fondo mi corazón se despereza. La mariposa de mi solapa salta del broche al estómago. Y ambos, la mariposa y el corazón insisten en golpearme con firmeza. Todo lo importante. Lo precoz. Lo inesperado. Te percibes codiciando lo espléndido, egoístamente. El aire parece estar repleto de olores agradables. Transitas por un mundo de emociones. Sientes el fuego en el invierno. El cansancio se esfuma. El suplicio de las reuniones eternas, informes, directivas, las pocas horas de sueño, las esperas en la terminal... De cómo una misma es testigo del raciocinio entrando en disputa con la pasión. La mesurada y correcta ve cómo los recuerdos amargos se funden en silencio. Las posibilidades de un extraño y reconocerse al segundo preguntándose cómo el destino fraguó ese escondite: el 60 de Rue Wirtz. Justamente allí. Ironías. En el aleph europeo, en la gris y burocrática Bruselas.

jueves, 3 de noviembre de 2011

El problema de Grecia y la legitimidad democrática

Me atrevo a afirmar que si la Unión Económica y Monetaria estuviera dotada de un correcto fundamento democrático, no se habría producido este sobresalto que ha provocado el gobierno griego con su propuesta. Aunque esta afirmación sólo sería válida si no pecara del simplismo de obviar la persistencia del peligro nacionalista, evidenciada de modo sangrante con esta salida de tono. El peligro no se contenta con gestos, ambiciona más. No nos inquieta per se un supuestamente revigorizado orgullo nacional griego. Lo alarmante es que se aprecia ahora con meridiana claridad la magnitud del riesgo moral. El frágil castillo de naipes incluye a los griegos, ergo una posible salida de Grecia del euro no sólo implicaría su quiebra soberana, sino que a la par los mercados recibirían un claro mensaje. Si unos caen, ¿por qué no otros? No sería descartable una posible réplica en otros Estados periféricos que, en este trance, y desde hace un par de años, están recibiendo valiosísimas ayudas por parte de unos mercados que, ¡alabado sea el Señor!, todavía tienen fe en su solvencia futura.

Grecia es caso aparte. Lo sabemos. No es sólo el país más pobre de la eurozona, sino que sus carencias administrativas, sus nebulosas políticas públicas y sus incapacidades competitivas son endémicas. El coctel de esas deficiencias, gobiernos despilfarradores, evasión fiscal y una creciente miseria, sumados a las imposiciones de la autoridad monetaria europea, ponen contra las cuerdas justamente la ya cuestionada autoridad del presidente Papandreou.

No sé si es casual que se trate de un gobierno socialista, pero se han tendido una trampa al solitario. La trampa es que abandera la necesidad de legitimar democráticamente las decisiones, cuando la realidad es que se va a poner a los griegos en el brete de responder a una pregunta de carácter técnico (no olvidemos que se trata de una decisión sobre política monetaria), sin todos los elementos de juicio sobre causas y consecuencias, en un asunto que ni a expertos y sesudos economistas es capaz de poner de acuerdo.

Si en la durísima última cumbre de octubre se consiguió el gran resultado de dotar a la herramienta del FEEF de casi el triple de lo dispuesto inicialmente (1 billón de €) esperando obtener dinero de las potencias emergentes, el FMI o el propio BCE, al tiempo que se le “perdona” a Grecia la mitad de su deuda, lo predecible era que todo el mundo entendiera que aquí hay una mancomunidad en el riesgo, y no sólo (aunque especialmente) para evitar el naufragio de la periférica Grecia, que ha tenido ya muchas ocasiones para saltar del barco del euro.

Retomando la trampa. Del mismo modo vimos al parlamento de Eslovaquia a mediados de octubre jugar en clave de política nacional con el voto negativo de la oposición socialista (en primera ronda) a esa ampliación del paquete de rescate, con el único fin de erosionar al gobierno en el poder -al evidenciar su debilidad parlamentaria-, vemos en Papandreou un gesto desesperado, al depositar en manos de su impotente y humanamente rabioso pueblo una señal que enjuague su pusilanimidad y disimule sus vergüenzas. Es lo que tienen los gobiernos débiles.


[Inciso, y dicho sea de paso, a gobierno griego y demás. A estas alturas no espero pedagogía política, pero es más necesaria que nunca. La generosidad se puede enseñar. También la cultura del esfuerzo y la superación. Ambas, recetas necesarias para mantener a flote el euro. Fin del inciso.]


Comprensible en todo este desaguisado sólo lo es la desorientación ciudadana, que en función de cómo se levante o de cómo apriete el hambre podría llegar a dar la más peregrina de las interpretaciones a las ya nada veladas amenazas de Merkel y Sarkozy (que gastaba humor de perros anoche en la rueda de prensa, en chocante contraste con su habitual estado de ánimo) ayer en Cannes. “O nos toman o nos dejan” advierten. Parece razonable semejante ultimátum despechado tras tanto cortejo, lisonja y dádiva entregado al más feo de la sala, sin recibir una sola mirada cómplice a cambio.

El referéndum será pronto o no será, pero ya han arrojado la piedra. Grecia debe responder a la pregunta existencial sobre su continuidad en la eurozona. Haya consulta o no, su destino está lejos de la prosperidad económica, sumida como está en una espiral de huelgas, descenso en la recaudación de impuestos y una desesperación que sólo el tiempo podrá sanar. Seguir en el euro supone sacrificios; abandonarlo es echarse en brazos del dracma, la devaluación y el inflacionario que se concreta en pobreza.

Aquí también conocemos y sufrimos en carne propia la sensación de la crisis, que se infiltra amenazante de la epidermis a la dermis. El examen de conciencia se efectúa en la almohada, una vez aparcadas las preocupaciones diarias y con la mente despejada. Imagino que no debe ser fácil resolver cuestiones existenciales de tal calado, cuando ambas alternativas (dentro o fuera) conllevan restricciones. Es obvio que no hay debate posible, por mucho que oposición y gobierno se tiren los trastos en la cámara baja griega, sin ofrecer alternativas viables, ni unos ni otros. Por ello, dar la voz al ciudadano, en un pretendido gesto democrático, no forjará un consenso social ni les librará de las penurias que acarrea tanto el Sí como el No.

Si una lección aprende Europa de este episodio es que estos sobresaltos no son más que la somatización de nuestra incapacidad institucional para gestionar una unión monetaria, que no alcanzará la estabilidad a fuerza de cumbres con bálsamos temporales, cuando no con el viejo sistema del palo y la zanahoria, que nada tiene que ver con un compromiso institucional visible. Se requiere un paso más, probablemente en forma de un mandato constitucional con separación de poderes, que contemple la toma de decisiones económicas independientes, tanto de ingreso como de gasto. La contención presupuestaria no es suficiente. Sólo con una separación de poderes real podremos esperar del Parlamento europeo, elegido democráticamente por todos los europeos, un control sobre las decisiones del ejecutivo económico, en cuyo caso los gobiernos nacionales dejarán de tener capacidad para hacer un uso partidista de sus circunstancias políticas, teniendo el descaro de imputar a "Europa" las consecuencias de sus propias irresponsabilidades. Ya es hora de delegar las decisiones económicas a Bruselas. Ya es hora de legitimar esas decisiones a escala supranacional y superar el sistema de cumbre sí, cumbre también. No sé qué más ha de suceder.