miércoles, 22 de junio de 2011

Presentació llibre sobre Política Energètica Europea

El proper dilluns dia 27 a l'Aula Europa, seu de l'oficina del Parlament europeu i Delegació de la Comissió a Barcelona, tindrà lloc l'acte de presentació del llibre: European Energy Policy: The Environmental Dimension. Llibre editat per Francesc Morata i Israel Solorio.

Acte obert a tothom, a partir de les 18 hores. Passeig de Gràcia, 90. BCN.

Cal confirmar assistència: projectes@iuee.eu

lunes, 20 de junio de 2011

Euro: no es lo mismo dentro que fuera


El título permite cierto desarrollo, pero, dado que la reunión del Eurogrupo ayer en una lluviosa Luxemburgo (más conocido como "el infierno" entre ciertos periodistas) ha sido ampliamente documentada en la prensa -con detalles sobre posición de FMI, Comisión o Estados miembros- no abundaré en lo ya conocido sobre la ausencia de acuerdo, sobre si ha de inyectarse más dinero a Grecia o ha de dejarse el país a su suerte. Creo que el debate no es si debe inyectarse un nuevo rescate a Grecia, sino algo de más calado. 

La hoja que definitivamente nos ponga en ruta. Lo que vivimos es un déjà vu constante, una inestabilidad que se prolonga más de lo previsto y una amenaza sobre mercados que nos retrotrae a año y medio atrás. Ya se cotiza el bono griego a intereses astronómicos. Ya se ha hablado de reestructuración. Ya se ha hablado de quiebra soberana, e incluso ¿cómo no? del fin del euro. La vieja cantinela de los euroescépticos, los liberales más extremos, y últimamente también de la extrema izquierda, que se ha vuelto antieuropeísta en las calles...

Entretanto, las calles se van llenando de masas. Ayer en Bruselas, un reducido grupo de manifestantes que acaba huyendo a golpe de gas lacrimógeno. En España son más, se autodenominan indignados. Las protestas se suman al carro contra un Pacto del euro, que es interpretativo políticamente, pero que es claro en objetivos, y cuyas aspiraciones son loables: crear empleo y aumentar la competitividad de Europa, ante la amenaza de economías emergentes.

Se plantea la crítica, además, en términos maniqueístas, cuando lo cierto es que los que redactan el Pacto intentan, asumimos, salvar a las clases medias europeas... Recordemos que la Unión Económica y Monetaria prometía un proyecto común, un traje de talla única adapatado a todos los Estados miembros. Algo de wishful thinking hubo, pero el mercado interior empezó dando lo que prometía, es decir menor coste y mayor volumen de transacciones en la UE. Tras la época de la cohesión, a finales del siglo XX, nos encontrábamos con una Unión donde las diferencias entre Estados se habían suavizado de forma muy grata.

La convergencia fue primero un desideratum y más tarde parecía consolidarse. Hoy no es así. En sangrante paralelismo, Holanda, por ejemplo, tiene una economía saneada y poco desempleo, en comparación con la debilidad de Grecia, Irlanda, Italia, España... que se han lastrado con problemas presupuestarios o de inflación, que vienen de incumplir el Pacto de Estabilidad o de aplicar políticas económicas poco previsoras.

Al entrar en el euro cada país expresaba una voluntad política, una voluntad de rigor. Se presumía que el rigor presupuestario mitigaría las diferencias en ritmo de crecimiento o productividad entre países. No sé muy bien si preveían las burbujas inmobiliarias que causaron los intereses bajos, pero si las predijeron, miraron a otro lado.

Paradójicamente, esa política de intereses bajos acabó exacerbando las diferencias entre naciones. Hoy sólo puede salvar el proyecto euro una suerte de solidaridad entre Estados, sostenida sobre la austeridad a largo plazo y la confianza mutua.

La opción de abandono del euro contempla y conlleva la inmediata devaluación, por no hablar de la quiebra soberana. Ambas alternativas ponen en riesgo a los demás países. De forma inmediata, amenazan de muerte a los bancos expuestos en Grecia, que son alemanes en gran parte, y también a los Estados que han invertido en el estado griego, como España. Es decir, Grecia nos arrastra a todos, lo que recuerda aquella crisis sistémica de 2008, el origen de todo esto, allá por Lehman Brothers.

Para seguir dentro del euro, Grecia ha de seguir recortando gasto público -mucho y durante mucho tiempo-, y no sabemos si la población griega podrá tolerar este ritmo de austeridad, con una deuda que supera el 140% de su PIB a finales de 2010. Necesitan generar superávit a marchas forzadas, por lo que a la reducción del gasto el gobierno debe sumarse un aumento de la recaudación vía impuestos.

Parece una ecuación suicida, pero es la única salvación posible. Entretanto, los rescates del FMI o de la UE en realidad son transfusiones para alargar el estado comatoso del enfermo, al que uno no puede imaginarse, no ya corriendo una marathon, sino manteniendo un nivel que le permita participar en la carrera.

El Pacto del euro está ya en marcha, ha seguido el proceso legislativo en la UE. Se aprobó en el Consejo por los 17 de la eurozona el 11 de marzo, y el Parlamento lo ratificará el 27 de este mes. Es un acuerdo que suaviza el Pacto de competitividad que propuso Alemania (o el Pacto Euro Plus, ¿recuerdan?), pero es riguroso en imponer austeridad y en crear las condiciones que permitan que, de entrada, los empresarios puedan ponerse a crear empresas. El Pacto propicia que los bancos puedan efectuar pruebas de resistencia e incentivar el crédito. La disciplina fiscal reduce el déficit por ley. Este hecho sumado a la reducción de impuestos o al incremento de la flexibilidad laboral, propiciará -sobre el papel- la creación de empresas.

Todo ello tiene dos consecuencias directas: por un lado, dar confianza y seguridad a las entidades financieras, para que nuestro dinero esté más seguro en los bancos; por otro lado, permite crear empleo, reducir el paro y regenerar la economía productiva, y con ello los ingresos del Estado, que a su vez puede revertir esos ingresos en ciertas políticas sociales que ahora se están empezando a echar de menos. Una fórmula conocida, que ahora debe reinventarse para reflotar una unión de Estados que han puesto en común su futuro a través del euro.

El Pacto culmina con la obligatoriedad de cumplimiento de los compromisos anuales por parte de los Estados miembros, que podrán legislar libremente a escala nacional, aunque deban asumirse las exigencias de gobernanza comunes. Ante esto, el escenario sin euro es la incertidumbre, la vuelta al pasado, la caída de los cimientos de ese valor añadido que hemos construido durante décadas, el propio valor añadido de la Unión Europea, incluso de la Europa social, con el potencial de 330 millones de ciudadanos.

El Pacto, por lo demás, viene a confirmar la tesis federalista de que ha de existir un gobierno común que facilite la sintonía de las políticas económicas del bloque, que consiga a medio plazo alinear la productividad y el nivel de vida de todos los ciudadanos del territorio de la Unión. Las oportunidades de crecimiento serán mayores si se hacen en conjunto, del mismo modo que el desmantelamiento de barreras permitió un desarrollo espectacular del mercado y del nivel de vida de los europeos desde la década de 1980.

Para superar el actual escollo, son válidas las tradicionales fórmulas de la armonización fiscal y una unión política para gestionar los ciclos asimétricos. Es una tesis antigua que ahora podríamos verificar empíricamente, porque las circunstancias para ponerla a prueba se nos han servido en bandeja, aunque no sea un plato de gusto para nadie.

viernes, 10 de junio de 2011

Para salvar la Europa social

La Comisión europea se perfila como algo más que coordinador de las orientaciones generales. Un ejemplo patente es la instauración del formato del Semestre Europeo. Este sistema semestral fuerza a la Comisión a presentar un plan de expectativas económicas país por país en el mes de enero, plan que debe ser aprobado por el Consejo, que es la voz de los Estados. Así, implícitamente los gobiernos someten sus presupuestos a los planes económicos globales de la Comisión europea. En junio del mismo ejercicio, la Comisión revisa y recomienda correcciones, que aprobará el Consejo y deberán aplicarse en los siguientes 18 meses a lo sumo. Para los miembros de la eurozona, se incluye la posibilidad de sanción hasta un 0,5% del PIB

En ese marco se produce la intervención en la sede parlamentaria de Estrasburgo del presidente Barroso ayer 9 de junio, apostando por un modelo totalmente centralizado de corrección de las políticas económicas. Se prescriben medidas fiscales “granulares” (argot comunitario) para ajustar las economías nacionales, yendo más allá de las habituales propuestas de austeridad.

Objetivamente, las propuestas pasan por una mayor liberalización, como la reforma de la negociación de los convenios para reducción salarial o la disminución de cotizaciones sociales, que se ven como herramientas políticas para incrementar la competitividad europea frente a Estados Unidos o China.

La pregunta pertinente es hasta qué punto las políticas económicas son ya competencia estatal. Existe cierta esquizofrenia cuando la Comisión confirma que esas políticas son nacionales, reconociendo que su impacto supera las fronteras estatales, afirmando Barroso que “la Comisión es la única institución de la UE con la autonomía política, la capacidad técnica y la perspectiva paneuropea para poder supervisar este proceso”. Además, el ejecutivo comunitario admite en el mismo informe que las debilidades estructurales europeas son muy grandes y deberían haberse afrontado años atrás. 

De algún modo se ha instalado entre las instituciones europeas (y así se refleja en sus publicaciones) el mantra de que no hay margen fiscal y que las restricciones serán duras. Un lenguaje destinado a desterrar la vaguedad de muchas de las propuestas que llegan desde los gobiernos estatales.

La Comisión, lejos de la tendencia a la vaguedad dominante durante muchos años, solicita ahora un incremento de la productividad, o medidas impopulares como el aumento de la edad de jubilación en función de la esperanza de vida o (de nuevo en argot comunitario) un “reequilibrio” de la protección por desempleo, la desburocratización de la creación de empresas, la reducción de impuestos, y toda una serie de medidas típicamente liberales. Lo es también la recomendación de aumentar presión fiscal sobre el consumo y no sobre los rendimientos del trabajo.

En el caso de España, se establece una carta específica con hasta once exigencias, adecuadas a la situación económica y estructural específica del país, como lo son:

* Recortes presupuestarios (incluso incrementales);
* Límite de deuda fijo para gobierno central y autonómicos;
* Alerta parlamentaria ante enmiendas al aumento de la edad de jubilación;
* Medidas concretas para incrementar esa edad de jubilación;
* Vigilancia de las autoridades locales en la gobernanza de las entidades de ahorro; 
* Rediseñar el sistema de negociación colectiva, para superar el actual sistema de reformas laborales;
* Pasar de la negociación sectorial a la negociación empresa a empresa;
* Finalizar con la prórroga automática de los convenios colectivos;
* Suprimir la indexación salarial;
* Incrementar la flexibilidad salarial;
* Reducir las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores y substituir la disminución de ingresos con una ampliación del IVA o nuevos impuestos energéticos, especialmente sobre los combustibles fósiles.

Tras las recomendaciones más estrictamente liberales en lo económico, las instituciones europeas no pretenden ni desean renunciar a sus dimensiones sociales y sostenibles, y siguen dando carta de naturaleza a un discurso exigente con el incremento de la presencia femenina en el mundo laboral, la reducción del fracaso escolar, la formación continuada y la eficiencia energética.

Apunto como corolario una última reflexión de carácter muy personal. Sin duda, las medidas que se prescriben para la economía española son tan exigentes como concretas. En general, apuntan a la eliminación de privilegios de algunos grupos sociales (por ejemplo los trabajadores de mayor antigüedad), pero brindan nuevas oportunidades para los jóvenes, apuntan a una mayor creación de nuevo empleo, fomentan el dinamismo y la capacidad de negociación individual de trabajador y empresario, mecanismo que abre la vía para una relación más satisfactoria de ambas partes, y podría garantizar una mayor vida a las empresas, en un país en el que padecemos un peligroso nivel de destrucción de empresas en los últimos años.

La recuperación económica está ya ineludiblemente en el núcleo de nuestro sistema. No es descartable que estas medidas sean las que, paradójicamente, permitan que el sistema de protección social europeo sea posible y sostenible en los años venideros.