lunes, 28 de marzo de 2011

Transparencia, mala conducta y fraude en el Parlamento europeo, ¿cómo afrontarlo?

Este fin de semana nos ha dejado una de las más sonadas polémicas en la burbuja bruselense, de los últimos tiempos. El diario británico The Sunday Times nos desvela (con las prescriptivas pruebas documentales) los nombres de un puñado de eurodiputados implicados en casos de corrupción y sobornos. Esta brillante labor de periodismo de investigación abunda en el tradicional debate sobre la falta de transparencia en las instituciones europeas, rifirrafe que ha derivado en acusaciones contra los privilegios de la que algunos denominan eurocracia. Acepto las acusaciones y alabo la encomiable tarea periodística. Ahora bien, la poca transparencia no es exclusiva de la Unión, sino que es la tónica habitual en la mayoría de instituciones donde se legisla o se toman decisiones que afectan a la industria, la banca u otros sectores económicos.

Como era previsible, la noticia ha degenerado hacia la crítica a la excesiva presencia de lobbies en las instituciones comunitarias. Desde mi punto de vista, merece la pena observarlo todo con cierta perspectiva. Las instituciones de la Unión Europea responden a la formulación jurídico-política que se refleja en los tratados, en su vertiente de síntesis institucional, así como de consolidación progresiva de los procesos de decisión y acción común.

Si se analiza el papel político de las instituciones de la UE podemos llegar a una aproximación sobre la gran capacidad de decisión, que se concentra y se dispersa, de estos organismos, enfatizando un sistema que, a nuestro entender, no se sustenta -hasta ahora- sobre liderazgos, sino sobre la capacidad y la confianza institucional.

La presencia de lobbies es un ingrediente más que incide sobre la toma de decisiones, y no tiene -necesariamente- una connotación negativa, siempre que su actuación se ajuste a unos parámetros de transparencia y a unos requisitos de carácter normativo. Ocurre en todas las democracias, aunque en las nuestras de un modo absolutamente opaco y pernicioso. Si bien es cierto que en la norteamericana se hace de una forma ostensible y evidente, donde grupos y sectores con intereses privados financian las campañas políticas, aportando todo tipo de datos sobre nombres, fondos, etc., algo que, sin embargo, no impide que la acción de gobierno esté contaminada en exceso por la lucha de intereses contrapuestos. Un efecto no deseable.

Esto no sucede en la Unión Europea. De un modo general, puede decirse que la interacción del agente central con grupos de interés, expertos o funcionarios nacionales o europeos, facilita la búsqueda de soluciones que sean preferibles al status quo, al menos para una mayoría cualificada, y esto afecta a la Comisión, y también al Consejo y al Parlamento, que tienden a legislar (o incluso a sobrelegislar en algunos casos).

El problema es que es difícilmente justificable esa opacidad decisoria, cuando se acompaña de un creciente traspaso de poder hacia Bruselas, lo que incrementa el gap mental entre ciudadanos e instituciones de la Unión.

Esta circunstancia va en paralelo con las crecientes medidas de control que se autoimponen estas instituciones para promover la transparencia. Es una sana tradición consultar a los grupos industriales sobre cuestiones de carácter específico, especialmente las técnicas, y parece razonable tener en cuenta su opinión en leyes que tendrán impacto sobre sus actividades.

Algo muy distinto es legislar a medida, y máxime a cambio de una regalía. Obviamente, estamos lidiando con un asunto moral que va más allá de la legitimidad del sistema político. Desde el punto de vista de la legitimidad, se ha criticado la excesiva influencia de los grupos de interés que actúan sobre los legisladores en Bruselas, con presiones más o menos indirectas. Si se analizan las leyes europeas y su proceso de tramitación, se observa que son habituales múltiples enmiendas. También hay presiones que acaban traduciéndose en una demora en la entrada en vigor de una ley.

Existen numerosos documentos fácilmente accesibles y analizables. Por ello han trascendido algunas incidencias. Por ejemplo, Reuters daba cuenta del caso de la tramitación de una ley sobre productos químicos que afectaba a la industria bávara. También se han observado algunas anomalías en las tramitaciones de leyes financieras que afectan a grandes bancos, e incluso se han producido denuncias que apuntan a favores económicos a los diputados a cambio de la introducción de enmiendas. De hecho, desde la explosión de la crisis de la deuda en 2007, sólo se han aprobado tres leyes europeas para regular las finanzas, una cifra notablemente baja. Otros han señalado la introducción de algunas enmiendas en la ley de fondos de cobertura que correspondían con la postura defendida por la Asociación Europea de Mercados Financieros (AFME).

De forma general, se justifica la influencia de algunos grupos con el argumento técnico, del mismo modo que los think-tanks redactan informes, y, por tanto, tienen influencia en la redacción de las leyes. Realmente el punto de conflicto se da cuando el legislador favorece a un sector o una empresa, y además lo hace a cambio de una retribución económica, como ha sido el caso de estos eurodiputados que han caído en la trampa tendida por los periodistas de investigación.

Más allá de exigir la dimisión de estos parlamentarios, ¿qué sugerir? Parece que las normas de control interno y los códigos éticos existen, pero tal vez en este punto es donde sea pertinente plantearse si no será necesario revisar la coherencia de la acción política global. Lo digo porque lo del liderazgo se da por supuesto. En este caso, Buzek ha sido muy contundente en sus afirmaciones acusadoras, aunque por ahora son declaraciones de intenciones. En principio, existe un registro de lobbies, ahora bien, de momento es un registro voluntario y, aunque está previsto que a finales de 2011 se aplique un nuevo sistema de registro conjunto, no será obligatorio revelar el presupuesto y las demandas del grupo de presión.

No obstante, y regresando al código moral o ético, cierto es que éste funciona en algunos casos, ya que según el mismo estudio de The Sunday Times, intentaron enredar a 60 diputados, lograron tentar a 14, y finalmente 4 han sido los que han llegado hasta el final. Pero parece no ser suficiente. Por ejemplo, a mí no me cabe duda de que debe empezarse por restringir o eliminar los regalos que reciben los cargos electos, por no hablar de alguna ley que instaure la incompatibilidad, ya que actualmente los diputados pueden tener otras fuentes de ingresos profesionales, sin menoscabo de posibles conflictos de intereses.

Resulta especialmente llamativo que algunos de los diputados implicados afirmen ahora no ser conscientes de haber incurrido en alguna ilegalidad. Incluso lamentan la intencionalidad perversa de los periodistas. Visto esto, difícilmente podremos esperar que un código ético tenga efecto.

Es más, un código de conducta –como el actual- que se limita a imponer el compromiso de no desvelar información confidencial dista mucho de ser el ideal de la transparencia. Más allá de la evidente vergüenza, las pruebas prescriben medidas tajantes. Es decir, un funcionario o un cargo público han de tener meridianamente claro dónde está la línea roja que no pueden cruzar.

Honestamente, el código de conducta dista mucho de ser suficiente, no tiene concreción, del mismo modo que los sistemas de supervisión interna fallan. Es decir, tampoco sé si sería adecuado aumentar las medidas de supervisión y contrasupervisión, centradas en una detección de irregularidades del tipo que describimos (sobornos o concesiones). De hecho, existe una teoría demostrada de que un exceso de control regulatorio en la función pública genera mayor opacidad, y por tanto multiplica las opciones para las conductas irregulares o la corrupción. Sin desmentir o corroborar dicha teoría, es evidente que la eliminación de los regalos y la introducción de las incompatibilidades profesionales serían un paso adecuado. Ahí tenemos ya dos frentes donde actuar.

En un enfoque meramente institucionalista hay opciones tal vez más interesantes. Es decir, si la UE legisla, pongamos por caso, para promover la igualdad de género en los consejos directivos de las empresas, o si impone ciertas restricciones a productos para consumo de dudosa toxicidad, no debería ser complicado detectar las injerencias de los lobbies para mitigar, o incluso anular, el efecto de esas leyes. Probablemente en este contexto sería adecuado un consejo de supervisión, con miembros del cuerpo de funcionarios de la UE, ajenos al control de los diputados. Difícilmente un consejo de este tipo permitirá el trámite de regulaciones que sean contrarias a los principios generales de la Unión, definidos en los tratados y en el Derecho derivado. Es más que probable que este consejo actúe con cierta hostilidad hacia este tipo de conductas, y para ello debería tener la potestad de sancionar –incluso ejemplarmente- a los diputados implicados en irregularidades, o contradicciones con los principios del acervo comunitario, e iniciar un proceso de retirada definitiva del acta de diputado. Esta capacidad punitiva sería especialmente eficaz en un contexto de listas abiertas, muy distinto al actual proceso de elaboración de las listas electorales. En todo caso, incluso con el actual sistema de elección, la posibilidad de expulsar a un parlamentario de su escaño de forma irreversible sería la más eficaz “presión competitiva” para evitar estos comportamientos irregulares.

viernes, 25 de marzo de 2011

Je t'aime ...Moi non plus

¿Se acuerdan de aquella canción de Serge Gainsbourg? Te amo, yo tampoco. O tal vez te amé. Algunos perciben el euro con el mismo desconcierto que un sentimiento pasional. Las contradicciones del amor. La palabra "plus" no suena igual en francés. En español tiene cierto regusto rancio. En inglés es contundente y positiva. Desde ayer todos los jefes de Gobierno de la UE están en Bruselas en la cumbre más esperada del siglo, o por lo menos la más divertida para los observadores, con los ingredientes de esa tensión, premeditadamente indisimulada, entre Sarko y Merkel, por su desencuentro en el conflicto libio. Aunque sospecho que al francés le complace ir de la mano con Cameron en la aventura belicista. Recordemos que existe una alianza militar a dos entre Reino Unido y Francia... Pero centrémonos.

Advirtiendo que la causa de las dificultades económicas de Europa no es el euro, sino la lentitud o imposibilidad de que las reformas tengan efecto, los incentivos para el pacto son más intensos que nunca. El pobre Sócrates recibe palmaditas en la espalda, mientras el cuerpo diplomático que le acompaña es la perfecta imagen de la desolación. Sarko se enfada en alto con la derecha portuguesa, y amenaza con imponer medidas restrictivas todavía más duras que las que propuso Sócrates el miércoles en la Asamblea lisboeta. Entretanto, el portugués Barroso lidia bien con el papelón de representar al guardián europeo que comparte bancada con los conservadores que sentencian a un impotente Sócrates que, desde la oposición, verá hasta qué punto Portugal tendrá que asumir los costes de las políticas restrictivas. Este Consejo, con sus cenas y almuerzos, es la recreación del arte de la política en estado puro.

Nada será fácil, pero el euro sigue siendo un "plus" por el que todo el mundo estuvo dispuesto a renunciar a su independencia macroeconómica nacional hace más de una década. No en vano, en la era del lenguaje político intencionado, hemos pasado en dos meses del pacto por la competitividad, al pacto del euro, para finalmente instalarnos en el Pacto Euro Plus (adoptado ayer) que recoge todos los capítulos del plan que pergeñaron hace un par de meses Van Rompuy y Barroso. Es una obra que ambiciona ir más allá de los debidos ajustes estructurales para atajar las perturbaciones financieras, y dejar atrás de una vez la parálisis de crecimiento de Europa. Ojo, que no sería fácil se advirtió, que las asimetrías se dejarían ver, también... Aquellos pesimistas que aseguraban que las asimetrías pondrían en peligro los acuerdos políticos en la eurozona -y que muchos acabarían abandonando el euro- están lejos de ver cumplidos sus augurios.

El euro -y la reacción centrípeta que está generando- desmiente a los que afirman que para consolidar una unión monetaria ha de haber una unión política previa, incluso desmiente a los que niegan la Europa política que, de alguna forma, ya es identificable, incluso para los no euroentusiastas. Algunos denuncian que la moneda única se ha utilizado como justificación para aplicar políticas o para incentivar políticas liberales, sin comprender que el euro ha permitido incentivar la capacidad competitiva de Europa. Entretanto, el BCE es blanco fácil de críticas. Desde luego, mucho más fácil que los sindicatos, las empresas monopolísticas o los que hacen un mal uso de los mercados financieros por pura especulación.

Me complace ver, no obstante, que los gobiernos de los Estados miembros no están cayendo en la retórica de culpar al BCE o a Bruselas de la crisis y de las consiguientes medidas de ajuste. Podrían hacerlo. Son más despiadados los ideólogos que siguen obsesionados con la demanda en la economía, soslayando que todo apunta a que en la UE el problema económico tiene que ver con la oferta. Hay algo de keynesianismo en la visión de la demanda, un enfoque cortoplacista. El euro ha sido beneficioso para eliminar los tipos de cambio, aumentar la transparencia de precios, para reducir los tipos de interés o para evitar la crisis financiera de países que vieron de la noche al día revalorizada su deuda pública (las deudas italiana o griega pasaron a ser consideradas como la deuda alemana), pero se ha convertido en un obstáculo cuando las economías no han podido mantener un adecuado nivel de crecimiento, se han endeudado excesivamente, las burbujas han estallado, algo que suele ir acompañado de síntomas claros, como la baja productividad, es decir economías rezagadas que no son productivas y generan altos índices de paro. En todo caso, más bien un obstáculo aparente, porque fuerza a los ajustes, que (por lo demás) serían inevitables, ¿o es que alguien cree que las devaluaciones competitivas pueden ser una estrategia idónea? El cruce del euro en nuestro destino nos ha librado de tener que comprobarlo.

El Pacto de nuevo cuño es obra de Barroso, aunque Berlín es el que lleva la voz cantante en esta milonga. Es el que paga la mayor parte de la factura de 40 billones de € a cuenta del fondo de estabilidad (FEEF), vigente hasta 2013. España e Italia han tenido que ceder y efectuarán cinco pagos anuales de 16 billones de € a partir de 2013 y hasta 2018. Esto se traduce en una disponibilidad de 500 billones de euros para toda la eurozona, cuando expire el famoso FEEF. El Pacto Euro Plus ha sido suscrito por Estados no miembros del euro, quedando fuera sólo Reino Unido, Suecia, Hungría y Chequia. Aunque la negociación no ha sido fácil.


El "plus" que trae este acuerdo es que afianza una mullida colchoneta destinada a resguardar del peligro de muerte a los torpes trapecistas, a los malos gestores, a los culpables de la crisis, a los gobiernos no previsores, que sí, son torpes trapecistas, pero, por fortuna, no suicidas porfiadores. Bruselas está, por fin, cambiando el panorama de las economías europeas, hasta ahora tan proclives a la sobreprotección de ciertos sectores y grupos. La reforma se encamina a una reducción global del gasto público, a una mayor permisividad y flexibilización económica. La suscriben veintitrés de los veintisiete, y hasta podría admitir que por razones más utilitaristas que europeístas. No sé si hay ya europeístas en el sentido tradicionalmente romántico. Este nuevo Pacto Euro Plus sella un amor interesado y, por ende, duradero, que sitúa a cada uno en el lugar que le corresponde.

viernes, 18 de marzo de 2011

Más cerca de la armonización fiscal europea

Las tensiones que ha sufrido el euro y los efectos de la crisis han reforzado la coordinación económica en la UE, y se han traducido en iniciativas como el Pacto de Competitividad impulsado por Alemania y Francia a principios de febrero, aunque fuera recibido con hostilidad por la eurocámara y algunos Estados miembros (sobre todo por la parte de las limitaciones constitucionales) y finalmente se quedara a medio camino, es decir restringiendo los límites de endeudamiento, en la línea de lo que establecía en su día Maastricht, con un umbral de exigencia algo "blando" para mi gusto.

Consciente de la oposición que presentarían los siempre perniciosos intereses nacionales o sindicales al pacto merkeliano, el hábil Barroso decidió aprovechar la mala marea para pergeñar otros pactos en bambalinas con Van Rompuy. Porque a Barroso lo del control del déficit y los recortes presupuestarios le sabe a poco y es muy consciente de que la competitividad europea pasa por mayor integración, y por la eliminación de las muchas barreras que encuentran las empresas dentro de la Unión para poder desarrollarse al máximo. Su objetivo es el gobierno económico, un entorno en que las empresas puedan funcionar sin la intervención de las administraciones nacionales y sus grupos de intereses respectivos. Cierto es que es pronto para poder confirmar todavía avances tangibles en el gobierno económico, aunque se materializan pequeños aciertos, algunos en el marco de la barrosiana Estrategia 2020, que destacaba ya en su diseño la necesidad de encaminarse hacia una armonización fiscal, típico caballo de batalla de la Comisión. Sea como fuere, esta batalla corona su primera victoria con la propuesta de Directiva presentada anteayer por la Comisión europea.

Independientemente de la cuestión de fondo sobre si es beneficioso instaurar una fiscalidad común en la eurozona, sí parece idóneo unificar trámites en las empresas con actividad en más de un Estado miembro. Aquí se nos presenta un avance y aplicable a toda la UE. Se trata de la anunciada y esperada Directiva que instaurará la base común para el impuesto de sociedades a todas las empresas que operan en territorio comunitario, articulando la base imponible consolidada (CCCTB), que implica armonizar la base tributaria en los 27, de modo que las empresas que operan en más de un Estado miembro no se vean sometidas a distintas normas de cálculo. Esta nueva Directiva implicará simplificación y descenso de litigios. No obstante, de momento las prerrogativas sobre el tipo, las deducciones y la recaudación permanecerán bajo soberanía nacional, ya que, como sabemos, la fiscalidad está blindada por los Estados.

La recaudación se realizará una sola vez, aunque el monto total de la base imponible se repartirá entre los Estados correspondientes, y se desglosará según los tres factores básicos de localización ya conocidos: activos, trabajadores y ventas.

Junto a este sistema de ventanilla única para el impuesto de sociedades, la propuesta legislativa prevé acompañarse de iniciativas para la pequeña empresa, como mejorar su financiación con un mejor acceso a los mercados de capital riesgo y propiciando que grandes o pequeños bancos puedan acceder fácilmente a los préstamos del Banco Europeo de Inversiones y a los instrumentos de la UE. Otro grupo de medidas se encamina a facilitar el cobro transfronterizo de deudas, así como la revisión del sistema europeo de normalización, para que los estándares favorezcan a las pymes. También se asesorá a las pymes en la aplicación de la normativa relativa al etiquetado de origen.

Con la nueva Directiva, en la práctica las empresas europeas dispondrán de una ventanilla única para presentar sus declaraciones fiscales en el conjunto de la UE, lo que evitará hasta 27 trámites tributarios distintos. Se ha estimado que las empresas se ahorrarán 2000 millones de euros anuales en gastos de consolidación y conformidad que tenían que asumir hasta ahora. Las empresas presentarán una sola declaración fiscal consolidada a una única administración. No es osado pensar que esta base única empuje a algunas empresas a expandirse fuera de sus fronteras nacionales.

Sin embargo, este sistema consolidado será optativo, por lo que no se obligará a todas las empresas a su aplicación, al menos inicialmente. Está por ver qué incidencia tiene sobre el empresariado europeo, aunque posiblemente esta base consolidada hará más atractivo el territorio de la Unión Europea para las inversiones exteriores. De momento, se espera que el Parlamento europeo dé luz verde a esta propuesta de la Comisión, y finalmente deberá aprobarse en el Consejo, donde se podría evitar el veto irlandés (recordemos que tiene una condicionalidad particular en el Tratado de Lisboa que le permite quedar fuera de los acuerdos fiscales), y que en todo caso no impedirá que esta norma sea vinculante para los 27, ya que recordemos que las Directivas son de aplicación obligada en todo el territorio de la Unión, aunque insisto en que esta norma será de uso opcional por parte de las empresas.

Como es sabido, las empresas siempre agradecen las facilidades, y esta nueva norma elimina un obstáculo y reduce costes, por lo que recibirá una buena acogida en el mundo empresarial. No dudo de que la medida será un éxito desde el punto de vista de la eficacia y la competitividad, y por supuesto de la creación de empleo, ya que la base armonizada en el impuesto de sociedades es una vieja reclamación de las empresas con actividad transnacional.

No obstante, debería abrirse el debate sobre la conveniencia de ir hacia la armonización fiscal, cuanto menos en la eurozona, donde se producen graves desajustes, como aquellos que penalizan al contribuyente en función de su nacionalidad y no de su renta, algo que carece de sentido en una Unión, precisamente porque la movilidad sigue siendo escasísima. Eso me lleva a pensar que ha llegado el momento de tomar decisiones políticas que incentiven la movilidad en las sociedades europeas, ya que no hay coraje para ceder prerrogativas estatales.

La eliminación de obstáculos y la flexibilización en paralelo con una armonización europea de las normas legales serían un adecuado punto de partida para fomentar una ciudadanía móvil, algo que a medio plazo se convertirá en pieza clave para dinamizar la economía del conjunto de la Unión Europea, si es que verdaderamente todos creemos en este proyecto común y no aceptamos que otras economías más abiertas, como las asiáticas, acaben por relegarnos.

Como se preguntaba Alesina en uno de sus libros, ¿está un parisino preparado para ver cómo los turistas asiáticos compran productos de lujo en les Champs Élysées que él no puede adquirir? Supongo que eso es ser pobre, e imagino que a nadie le atrae la idea. ¿Es una hipótesis exagerada? Probablemente, aunque parece que los europeos estamos perdiendo poder adquisitivo en los últimos tiempos, disponemos de más ocio pero de menos recursos. Las empresas no encuentran incentivos para crecer y contratar a nuevos empleados. La respuesta a la crisis es que nuestras empresas han de ser más competitivas y ofrecer algo distinto y valioso.

Muchos temen a la armonización fiscal porque interpretan que incrementará la presión fiscal en muchos Estados, cuando lo cierto es que podría hasta reducirse tanto en términos individuales como estatales, los primeros al aumentar la cifra de contribuyentes, y lo segundo al crear una caja común europea muchos Estados miembros dejarían de poder justificar sus fuertes presiones fiscales. Por lo pronto, la armonización fiscal elimina distorsiones en el mercado interior y favorece la transnacionalidad. No sé si acaba de tener sentido que se aplique desde ahora la base única, mientras se siga tributando según criterios distintos en cada Estado miembro, algo que distorsiona la propia actividad empresarial, claramente en el caso de empresas transnacionales. El mercado interior sería más eficaz si las normas y leyes fueran uniformes en todo el territorio, lo que eliminaría las actuales distorsiones. Creo honestamente que la Directiva en cuestión es un buen principio, pero insuficiente.

jueves, 17 de marzo de 2011

La condenada energía atómica

La catástrofe japonesa abre debates oportunistas, aunque puede conducir a la toma de decisiones sensatas en un mundo en que todo parece funcionar al revés. Más allá de la reflexión filosófica sobre la vulnerabilidad del ser humano, el elemento nuclear aporta algo de calado al debate político global. Es, una vez más, la pertinencia de la energía atómica, mítico asunto de confrontación ideológica. Sus defensores enfatizan el bajo coste y la durabilidad, incluso sus bajas emisiones; sus detractores no sólo destacan los riesgos para la salud, sino la escasa rentabilidad de la inversión en costosas centrales con una vida limitada, cuyos costes de desmantelamiento siempre son imprevisibles, además del sobreprecio que supone el transporte de la energía generada. Por si fuera poco, la energía está crudamente sometida a presiones financieras, políticas, técnicas y a limitaciones temporales, que exigen decisiones difíciles y acaban por superar los términos puramente economicistas del coste-beneficio inmediato.

A pesar de que el debate nuclear parezca transnochado y haya estado ideologizado al máximo, yo me declaro totalmente contraria a la generación de energía atómica en los términos en los que se está desarrollando actualmente, es decir sin posibilidades tecnológicas que garanticen el nulo riesgo para la salud humana. A pesar de que llevamos varias décadas generando energía atómica, ese riesgo dista mucho de estar controlado. El debate nuclear es antiguo, aunque hoy son muchos los países que consideran la opción de detener sus programas nucleares, constatando los riesgos incontrolables que se han visibilizado en Japón. Por lo demás, la Unión Europea ha convocado una cumbre extraordinaria.

No les negaré que estas precipitaciones parecen impostadas. Por lo pronto, Alemania (el país líder en “conciencia ecológica”) toma una decisión sin precedentes -con inusitada rapidez- y cierra temporalmente 7 centrales nucleares, dando por caduca la política de prolongación de la vida útil de las centrales. Esta decisión, que la mayoría de observadores interpretan únicamente en clave electoral nacional, ha tenido consecuencias en los mercados del gas y el petróleo, incrementando sus cotizaciones. Italia preveía la reintroducción de la energía atómica, pero hoy ese escenario se ha vuelto improbable. Austria exige una norma que someta a pruebas de resistencia a todas las centrales europeas. Incluso en España se ha hablado de reforzar la seguridad de las plantas existentes.

Todo ello suena a alarmismo y justificación para salir del paso cuanto antes, y a ser posible, indemnes políticamente. Los creeré si mantienen su discurso y ofrecen alternativa creíble. Soy ilusa, o no.

En el fondo puede subyacer la oportunidad para crear las condiciones óptimas para que Europa lidere la revolución energética. También en lugares más remotos, no sólo geográficamente, se paraliza cautelarmente el avance nuclear, véase la decisión de última hora tomada por China. Habrá que esperar para interpretar estos gestos.

Es obvio que se está produciendo un vuelco en la percepción sobre la energía atómica, lo que probablemente tendrá consecuencias políticas y económicas. Será así, incluso para los más cautelosos. Tendrán que tomar decisiones sobre apostar o abandonar la generación de energía nuclear, a sabiendas de que las catástrofes naturales o incluso un ataque terrorista podrían tener consecuencias graves e impredecibles.

Que las centrales no son seguras lo demuestran dos hechos simples, en primer lugar los perímetros de seguridad que se mantienen en su diseño y construcción, aun incrementando el coste de transporte; en segundo lugar, el problema de la gestión de los residuos, sin olvidar las pequeñas fugas intermitentes que se producen sin llegar a trascender a la opinión pública, a pesar de las radiaciones nocivas para el ser humano. Me resulta sospechosamente llamativa su ocultación, cuando se vigilan con precisión milimétrica los límites de CO2 en las urbes. ¿Para cuándo datos transparentes sobre los índices de radiaciones químicas en nuestro territorio?

Además, esta catástrofe japonesa, aderezada con contradictorias noticias, hurga en la herida de que la energía nuclear no es totalmente controlable, ni siquiera con los máximos estándares de seguridad (que se le suponen a Japón). Los técnicos o expertos aseguran que los sistemas de refrigeración previstos en los protocolos no garantizan evitar las fugas radiactivas.

No deja de sorprender que la gran oleada mediática se centre en la posibilidad de una catástrofe, infravalorando el gran riesgo de la nuclear, que es justamente la gestión de los residuos. Desechos nucleares que siguen acechando sin conocer su destino casi sesenta años después de que se pusiera en marcha el primer reactor. La vida media de los residuos nucleares, como los actínidos, es de miles de años. Lo increíble es que no disponemos de almacenamiento definitivo para esos residuos, sino que los tenemos en temporales (ATC), al parecer de forma indefinida.

Me ha chocado siempre que los defensores de la energía atómica recurran tan a menudo al concepto “energía limpia”, cuando todavía no se ha resuelto qué hacer con los residuos radiactivos. El hecho es que en Europa hay dependencia nuclear. Francia tiene 58 plantas y a día de hoy más del 80 % de su suministro eléctrico procede de las nucleares. En descargo de nuestro vecino del norte cabe señalar que, según los estudios internacionales, es el país que mejor resuelto y controlado tiene el problema de la seguridad nuclear. Pero, ¿hasta qué punto la política seguida por un país se ve afectada por su entorno? En Europa el debate es casi agresivo. En el mundo existen 442 reactores operativos, y hay proyectadas nuevas centrales en Rusia y la India. Incluso Estados Unidos tiene previsto abrir un reactor en 2017, aunque el coste de construcción de las centrales se ha multiplicado de forma espectacular en estos sesenta años de vida. Parece que los estadounidenses no son ajenos a las dificultades que plantea el desarrollo nuclear.

Y es que a los costes hasta aquí relatados, se suman consecuencias derivadas de la crisis financiera, la dependencia estatal, y ahora la falta de confianza, sin menospreciar el revuelo mediático. Hay espacio para las paradojas también. Leo que el monopolio de la forja de acero para construir los reactores lo ostenta una empresa japonesa. Seguidamente leo que Moody’s advierte a las eléctricas estadounidenses de que su implicación en la construcción de plantas nuclearas implicará una rebaja en su calificación. He ahí las pretensiones omnipotentes de las agencias de rating.

Precisamente este dato es sintomático en realidad de una ecuación, en cuya virtud los países donde más proliferan las nucleares son justamente aquellos donde éstas se financian con fondos públicos, de manera que el Estado es el que termina por subsidiar el enorme riesgo implícito en esta fuente energética. No nos engañemos. Se trata de la vieja obsesión estatalista por el monopolio energético, sea cual sea el formato.

Ahora bien, claro está que si queremos mantener nuestros estándares de alto consumo eléctrico, sin renunciar a todos esos aparatitos electrónicos que amenizan nuestra vida, no hay más opción que priorizar la revolución energética, pero que en caso alguno puede pasar por un renacimiento nuclear.

Sí, digo bien, revolución energética. Reinvención si lo prefieren. Los procesos de obtención de energía deben renovarse, aumentar su eficacia y, así, los gobiernos deberán optar por un cambio energético progresivo, que no limite a corto plazo el abastecimiento energético ni la competitividad. A medio plazo, la industria buscará su potencial en la investigación de tecnologías energéticas de futuro. No es admisible que las administraciones implicadas, desde la local a los organismos internacionales, pasando por los gobiernos regionales o nacionales, se pasen la patata caliente unos a otros, sin afrontar todos los riesgos. Ahí está la Estrategia 2020, que plantea un cambio de mentalidad absoluto en la apuesta inversora tecnológica.

Incluso en el terreno de los incentivos, la demanda de un cambio es elevada, pero con objetivos claros, ya que descendiendo al terreno de la gran retórica ecológica se corre el riesgo de que todo el esfuerzo vertido en las renovables acabe en un limbo. Este momento empieza a marcar un claro punto de inflexión en la política energética, que debe ir mucho más allá de estas falsas maniobras de imagen para calmar a la opinión pública, injustificadas incluso desde una heurística del miedo, que por cierto ya hace mucho que se descubrió como útil para las decisiones políticas.

Existe un enorme incentivo para el salto tecnológico en el ámbito energético, superando la influencia de los organismos reguladores o de los grupos de presión a uno y otro lado. Con las variables implicadas, que van desde la integridad del planeta al abastecimiento de energía, pasando por la dependencia del petróleo, la reducción de emisiones y la vulnerabilidad de los precios en el mercado energético, nadie puede escaparse de tomar decisiones, y lo evidente es que la energía nuclear no ofrece una respuesta energética idónea. Es posible que la sobrecogedora catástrofe japonesa imponga una aceleración de los tiempos. El cambio de prioridades políticas derivará de un cambio de mentalidad, donde el hombre -que creía poder controlarlo todo- recibe lecciones de humildad con creciente y doloroso escarmiento.

miércoles, 2 de marzo de 2011

No por ser mujer

Ayer, 1 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia sin precedentes contra la exención en las leyes de igualdad, de la que se han beneficiado las aseguradoras durante muchos años. Las políticas proactivas en el ámbito de la igualdad de género son propias del desarrollo de la Europa social, y se sustentan tanto en los tratados como en la Carta de Derechos Fundamentales, y en el acervo comunitario (Directiva 2004/113), que prohíben la discriminación por razones de sexo en el acceso y suministro de bienes y servicios en todo el territorio de la Unión. El principio de igualdad se ha asentado siempre en dos premisas: tratar del mismo modo situaciones comparables y no tratar de forma idéntica situaciones diferentes. No obstante, en el mercado se ha infringido la ley europea en algunos casos en que el género se consideraba un factor en el cálculo de precios, sobre criterios estadísticos. Ello ha permitido a las aseguradoras aplicar bonificaciones a las conductoras, en virtud de datos históricos que arrojaban una menor siniestralidad femenina.

Lo novedoso es que esta sentencia del Tribunal de Justicia Europeo deroga de forma definitiva esta práctica discriminatoria, que atenta contra la igualdad de trato para ambos sexos. La comisaria Reding, promotora de las políticas de igualdad en la UE -y favorable a la instauración de cuotas femeninas en los consejos directivos de empresas e instituciones- se muestra satisfecha con la decisión. Para Reding es simplemente una señal de modernidad.

La demandante era una asociación de consumidores con sede en Bélgica (Test-Achats), que acudió a un tribunal belga, que a su vez remitió el asunto al TJE, que ha sentenciado que no se podrán establecer precios en función de criterios de género. La sentencia que entrará en vigor el 21 de diciembre de 2012, para que las empresas puedan adaptarse gradualmente a la reforma.

La noticia no ha sido bien recibida entre las aseguradoras. En palabras de la directora de la Federación Europea de Aseguradoras (CEA) “la decisión judicial no reconoce que el género es un factor legítimo en la tarificación de las primas, que se basan en un proceso de valoración justo”. Aducen las compañías que es una mala noticia para los consumidores, en este caso las mujeres, que deberán pagar un sobreprecio en el futuro, además de asumir los costes de la modificación de las condiciones del producto.

No deja de ser llamativo que, además de incomodar a las aseguradoras (que teóricamente se beneficiarían de un incremento de precios en las primas), esta sentencia haya molestado especialmente en el Reino Unido, donde proliferan empresas que han basado su negocio en la discriminación por género, y donde un think-tank euroescéptico llamado Open Europe ha publicado un informe en que asegura que la decisión de la UE incrementará brutalmente los costes de las primas desde 2012.

En mi opinión, las aseguradoras deberían dejar de considerar el criterio estadístico para tarificar sus primas. De hecho, yo soy conductora y he tenido cuatro vehículos distintos en mi vida, todos ellos negros, motivo por el que siempre se me ha aplicado un leve sobreprecio en las primas, al margen de mi nula siniestralidad. Ese peregrino criterio de penalizar mi afición al negro nunca me ha parecido demasiado razonable.

A mi entender, no es equitativo utilizar argumentos estadísticos para calcular primas individuales, donde cada individuo, sea mujer u hombre, joven o anciano, puede poseer unos hábitos de conducción más o menos seguros independientemente de su condición o edad. Probablemente una mujer adicta al alcohol sea más peligrosa que un hombre abstemio. No obstante, los hábitos personales no tienen su reflejo en el coste de las pólizas.

Una vez desaparecido el prejuicio estadístico, la tarificación debería ser más ecuánime, ya que es prácticamente imposible para una empresa aseguradora determinar los estilos de vida de un individuo que contrata una prima. Lo mismo cabe decir de otros productos similares, como los seguros de vida, sustentados sobre las estadísticas de esperanza de vida, una variable afectada por tal cantidad de elementos incuantificables que resulta improbable garantizar que el cálculo estadístico resulte en una prima justa.

Parece evidente que no ha lugar a una distinción entre sexos, incluso cuando la irregularidad ha favorecido a las mujeres hasta la fecha. De facto, se ha estado distorsionando el mercado, manipulando la información por criterios que se nos escapan como consumidores.

Esta decisión europea tiene una clara derivada, y es que posiblemente el factor estadístico no sea el criterio más adecuado para el cálculo de primas. Espero que, tras esta sentencia, las aseguradoras tengan la visión de buscar otros incentivos para sus clientes, pero no por razones de género, sino incrementando las bonificaciones (que se inventaron para reajustar a posteriori los fallos estadísticos) o recompensas por no siniestralidad, o premiando la fidelidad a la empresa, independientemente del sexo del titular de la prima.

De alguna forma, esto también afectará a las primas de seguro de vida, donde la mujer viene siendo penalizada por tener mayor esperanza de vida estadísticamente. Es obvio que el mercado tendrá que reinventarse, y sería razonable aplicar un decremento o incremento de las bonificaciones sobre estadísticas individuales, nunca por criterios sujetos a un rigor dudoso, como los colores del vehículo, los grupos de edad o el género, como se ha hecho hasta ahora. Se trata de una oportunidad de negocio para aquellas aseguradoras que vean esta sentencia como una ocasión para ofrecer productos más personalizados y acordes al comportamiento individual del conductor, sea hombre o mujer. A partir de ahora, el historial personal de cada ciudadano determinará el precio de su prima (así debería ser) y en caso alguno su sexo. En el futuro, sé que me beneficiaré por ser una buena y responsable conductora, y no por ser mujer.

Por cierto, me adelanto a los lectores críticos. Que nadie interprete que defiendo un criterio redistributivo del riesgo, sino que básicamente desconfío del criterio estadístico como norma general. Mi propuesta va en la línea de una tarificación basada en primas calculadas a partir del comportamiento particular, y no por criterios colectivos. A fin de cuentas hasta ahora se ha estado tratando a las mujeres como colectivo, sin considerar el riesgo real en función de otros parámetros individuales. La no discriminación que impone esta sentencia sea probablemente más justa moralmente, y abre el camino para que este sector económico se adecúe a la realidad.