lunes, 5 de diciembre de 2011

¿Es suficiente la doctrina Merkel?



Parece que la eurozona se encamina a ser una unión económica, pero no perdamos el horizonte; en el fondo de lo que se trata es de calmar a los mercados y devolverles su confianza en el euro. Por mucho que los federalistas veamos al alcance de la mano el escenario de la unidad fiscal en la Unión Europea, en la escena política no se contempla ni remotamente esa opción. Se está hablando de federalismo fiscal (lo ha hecho Van Rompuy), pero este concepto es claramente engañoso y no se trata más que de un guiño del lenguaje político. Lo que se plantea en el Consejo del próximo día 9 no va más allá de ser un nuevo paso en el contexto de la limitadísima gobernanza económica en la eurozona, pero no es exactamente el tipo de integración fiscal que la Unión necesita. A juzgar por la opinión publicada, en esta cumbre se prevé que tome cuerpo definitivamente la oferta alemana para la unión fiscal. Pero no se trata de una unión fiscal en sentido amplio, con un Tesoro europeo, recursos propios, armonización fiscal… lo que sería deseable y mutualizaría por fin riesgos y compromisos en la eurozona. No. Lo que se propone es apenas un pasito más en el rosario de concesiones que viene haciendo Alemania, que simplemente se compromete a garantizar la provisión de fondos más allá del FEEF (que expira en 2013, además de no haber conseguido seducir lo suficiente en el mercado financiero internacional) asegurando liquidez a la endeudada periferia, pero a cambio de que esta periferia se ciña a los criterios de austeridad.
A pesar de que a grandes rasgos el criterio alemán es el prescriptivo y el que los tiempos piden, me asombra la falta de percepción de Merkel a lo que el mercado está pidiendo como agua de mayo, y es que la obsesión de Alemania es dejar fuera de la quema al BCE, sin admitir que justamente ese empeño es lo que está dañando la solvencia del euro, ya que está impidiendo la compra masiva de deuda por parte de el Banco Central. Según Draghi, la materialización del pacto fiscal en el próximo Consejo desbloqueará las reticencias alemanas.
Se da por hecha una reforma del Tratado, pero no para crear un mecanismo de transferencias entre Estados miembros, que en principio podría compensar su incapacidad para la devaluación, sino simplemente para imponer un coste político al incumplimiento de los viejos criterios de Maastricht. Curiosamente, los Tratados sí han incluido una serie de procedimientos elaborados para penalizar a los países incumplidores del PEC (déficit máximo del 3% y endeudamiento inferior al 60% PIB), aunque la necesaria unanimidad en el Consejo hizo que estas multas jamás llegaran a imponerse (a pesar de que el PEC se haya incumplido hasta en 60 ocasiones).
Lamentablemente, para Merkel la unión fiscal se limita a eso, a una imposición de los criterios restrictivos en las cuentas estatales. La apuesta alemana se basa en una eurozona en que los recursos de las economías más fuertes se realizan mediante el refuerzo de los mecanismos fiscales o mediante el balance del BCE. Incluso los eurobonos encajarían en esta versión de una unión fiscal “light”.
La UE a dos velocidades ya existe de facto, amparada en el art. 136 del Tratado, que permite a los Estados miembros de la eurozona adoptar sus propias medidas al margen de los 27, pero la solidaridad no se ha materializado, y de ahí el problema de confianza, o más bien de desconfianza, hacia el euro. Siempre he creído que los eurobonos acabarían implementándose. Lo harán en alguna de las tres versiones que ha propuesto la Comisión, aunque sea rebautizados eufemísticamente como bonos de estabilidad. El eurobono dará carta de naturaleza al compromiso mutuo en la emisión de deuda y es lo único que el mercado aceptará como creíble.
Para mí, no obstante, una unión fiscal tiene implicaciones de mucho mayor calado, y debería incluir una herramienta presupuestaria centralizada (al menos para toda la eurozona), dotada de capacidad recaudatoria mediante una institución federal. El presupuesto federal es el único instrumento para la transferencia fiscal efectiva entre los distintos territorios de la Unión, a imagen y semejanza de lo que sucede en los Estados Unidos.
Es un escenario que Alemania no se plantea. Descartada ya esta visión federal, lo que se va a debatir en el Consejo es qué mecanismos se podrán establecer para forzar a los Estados a reducir progresivamente sus ratios de deuda en un escenario a largo plazo, así como de qué sanciones económicas se impondrán a los gobiernos que incumplan el procedimiento restrictivo.
En el diseño institucional es donde se juega todo. Y yo insisto en preguntarme, por ejemplo, cómo podrán justificarse legítimamente las decisiones tomadas en Bruselas. Cómo podrá legitimarse la autoridad del Tribunal de Justicia.

La legitimidad indirecta se produce en el Consejo, allí los Estados acordarán someterse a incorporar prácticas comunes en los presupuestos nacionales, con lo que las decisiones del Eurogrupo van a incidir directamente sobre la política fiscal estatal. De hecho, España ya incorporó haces pocos meses la obligatoriedad constitucional de no incurrir en déficit excesivo. ¿Qué ocurrirá en escenarios de fuerte recesión en algunos Estados miembros? ¿Se aliviará o perdonará la penalización? ¿O se impondrá estrictamente el régimen fiscal de la eurozona, al margen de toda circunstancia?

Cabe preguntarse si este refuerzo de los criterios comunes en la eurozona implicará a la postre un nuevo diseño de estructuras políticas.  Por ello, concluyo preguntándome hasta qué punto los contribuyentes europeos estarán dispuestos a aceptar este tipo de restricciones y el coste que implican. Visualizo dos problemas, por un lado la propia casta política que debe acreditar una conducta ejemplarizante, transparente y austera; y por otro, la inminente amenaza nacionalista, cuando la opinión pública empiece a resentirse de las restricciones que impondrá Bruselas, aun a costa de las decisiones tomadas en los parlamentos nacionales. Recordemos que con la desaparición de la unanimidad desaparece la amenaza de los vetos estatales en el seno del Consejo.

Los jefes de Gobierno perderán poder, lo que en la práctica es una cesión de soberanía. Probablemente estas concesiones sólo podrán justificarse si Europa ofrece una valor añadido, si está mutualización política se traduce en una mayor prosperidad, en una recuperación de la relevancia global de Europa, cuya economía viene perdiendo peso en el escenario mundial. ¿Podremos revertir ese efecto?
Admitamos, por fin, que parte de la opinión pública culpa al euro, que está adquiriendo tintes de malévolo ingenio causante de la recesión generalizada en Europa. Existe cierto riesgo de que el mecanismo de penalizaciones que pergeña Merkel sea visto como una amenaza, como el causante de un empeoramiento de la crisis, o de la percepción de crisis, entre los europeos.
Creo que es un riesgo que no podemos permitirnos, y tenemos todo el derecho a exigir mayor compromiso a los políticos europeos. Las restricciones no son suficientes. Tenemos derecho a reclamar una hoja de ruta clara hacia unos Estados Unidos de Europa, una comunidad de Estados más que amigos, solidarios, porque para ello hemos aceptado mayoritariamente las parcelas de soberanía que se han ido delegando hacia las instituciones europeas. La doctrina Merkel, no nos engañemos, se limita a un régimen de supervisión presupuestaria. Puede ser una medicina necesaria, pero queda sin duda muy lejos de lo que la Unión Europea necesita para recuperar su dignidad y la de los europeos.