viernes, 10 de junio de 2011

Para salvar la Europa social

La Comisión europea se perfila como algo más que coordinador de las orientaciones generales. Un ejemplo patente es la instauración del formato del Semestre Europeo. Este sistema semestral fuerza a la Comisión a presentar un plan de expectativas económicas país por país en el mes de enero, plan que debe ser aprobado por el Consejo, que es la voz de los Estados. Así, implícitamente los gobiernos someten sus presupuestos a los planes económicos globales de la Comisión europea. En junio del mismo ejercicio, la Comisión revisa y recomienda correcciones, que aprobará el Consejo y deberán aplicarse en los siguientes 18 meses a lo sumo. Para los miembros de la eurozona, se incluye la posibilidad de sanción hasta un 0,5% del PIB

En ese marco se produce la intervención en la sede parlamentaria de Estrasburgo del presidente Barroso ayer 9 de junio, apostando por un modelo totalmente centralizado de corrección de las políticas económicas. Se prescriben medidas fiscales “granulares” (argot comunitario) para ajustar las economías nacionales, yendo más allá de las habituales propuestas de austeridad.

Objetivamente, las propuestas pasan por una mayor liberalización, como la reforma de la negociación de los convenios para reducción salarial o la disminución de cotizaciones sociales, que se ven como herramientas políticas para incrementar la competitividad europea frente a Estados Unidos o China.

La pregunta pertinente es hasta qué punto las políticas económicas son ya competencia estatal. Existe cierta esquizofrenia cuando la Comisión confirma que esas políticas son nacionales, reconociendo que su impacto supera las fronteras estatales, afirmando Barroso que “la Comisión es la única institución de la UE con la autonomía política, la capacidad técnica y la perspectiva paneuropea para poder supervisar este proceso”. Además, el ejecutivo comunitario admite en el mismo informe que las debilidades estructurales europeas son muy grandes y deberían haberse afrontado años atrás. 

De algún modo se ha instalado entre las instituciones europeas (y así se refleja en sus publicaciones) el mantra de que no hay margen fiscal y que las restricciones serán duras. Un lenguaje destinado a desterrar la vaguedad de muchas de las propuestas que llegan desde los gobiernos estatales.

La Comisión, lejos de la tendencia a la vaguedad dominante durante muchos años, solicita ahora un incremento de la productividad, o medidas impopulares como el aumento de la edad de jubilación en función de la esperanza de vida o (de nuevo en argot comunitario) un “reequilibrio” de la protección por desempleo, la desburocratización de la creación de empresas, la reducción de impuestos, y toda una serie de medidas típicamente liberales. Lo es también la recomendación de aumentar presión fiscal sobre el consumo y no sobre los rendimientos del trabajo.

En el caso de España, se establece una carta específica con hasta once exigencias, adecuadas a la situación económica y estructural específica del país, como lo son:

* Recortes presupuestarios (incluso incrementales);
* Límite de deuda fijo para gobierno central y autonómicos;
* Alerta parlamentaria ante enmiendas al aumento de la edad de jubilación;
* Medidas concretas para incrementar esa edad de jubilación;
* Vigilancia de las autoridades locales en la gobernanza de las entidades de ahorro; 
* Rediseñar el sistema de negociación colectiva, para superar el actual sistema de reformas laborales;
* Pasar de la negociación sectorial a la negociación empresa a empresa;
* Finalizar con la prórroga automática de los convenios colectivos;
* Suprimir la indexación salarial;
* Incrementar la flexibilidad salarial;
* Reducir las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores y substituir la disminución de ingresos con una ampliación del IVA o nuevos impuestos energéticos, especialmente sobre los combustibles fósiles.

Tras las recomendaciones más estrictamente liberales en lo económico, las instituciones europeas no pretenden ni desean renunciar a sus dimensiones sociales y sostenibles, y siguen dando carta de naturaleza a un discurso exigente con el incremento de la presencia femenina en el mundo laboral, la reducción del fracaso escolar, la formación continuada y la eficiencia energética.

Apunto como corolario una última reflexión de carácter muy personal. Sin duda, las medidas que se prescriben para la economía española son tan exigentes como concretas. En general, apuntan a la eliminación de privilegios de algunos grupos sociales (por ejemplo los trabajadores de mayor antigüedad), pero brindan nuevas oportunidades para los jóvenes, apuntan a una mayor creación de nuevo empleo, fomentan el dinamismo y la capacidad de negociación individual de trabajador y empresario, mecanismo que abre la vía para una relación más satisfactoria de ambas partes, y podría garantizar una mayor vida a las empresas, en un país en el que padecemos un peligroso nivel de destrucción de empresas en los últimos años.

La recuperación económica está ya ineludiblemente en el núcleo de nuestro sistema. No es descartable que estas medidas sean las que, paradójicamente, permitan que el sistema de protección social europeo sea posible y sostenible en los años venideros.