lunes, 2 de mayo de 2011

La excepción en Schengen pone en riesgo el orden de libertades común

En la esencia del proyecto de construcción europea se sitúa, por encima de muchas otras cuestiones, la zona de libre circulación. En el derribo de fronteras, más que en ninguna otra cuestión, la puesta en común de un espacio fronterizo es el pilar de la armonía entre Estados. Dicha armonía se verá seriamente amenazada si cada país es libre de emplear medidas útiles a sus propios intereses (incluso más inmediatos), aun siendo dañinas para los otros Estados.

Las restricciones a los movimientos de personas subrayan los derechos de una colectividad nacional en detrimento de los de otros individuos, lo que sin duda es fuente de fricciones. Este conflicto queda superado con la existencia de una institución supranacional, en este caso el Ejecutivo comunitario. Pero la Comisión europea nos sorprende y nos lanza una señal clara de las dificultades y conflictos entre esa libertad (de movimiento) y el deseo de restricción por parte de los gobiernos nacionales. Máxime si la presión procede de una coalición de dos de los Estados miembros más grandes de la Unión, como son Italia y Francia.

Ni la legalidad que impone Schengen, ni la persuasión del presidente Barroso, o la presión mediática, han sido capaces de doblegar el “utilitarismo” de esos países, que desde el pasado mes de enero reciben una presión migratoria sin precedentes. El Tratado de Schengen se remonta a 1985, fecha en que se estableció una zona fronteriza común entre Francia, Luxemburgo y Alemania, extendiéndose de forma progresiva hasta los 25 Estados que hoy la componen: 22 Estados miembros de la UE (sin Reino Unido e Irlanda) más 3 Estados no miembros (Suiza, Islandia y Noruega). En la actualidad, Rumanía y Bulgaria han solicitado su anexión al acuerdo Schengen, pero siguen en situación de vigilancia.

Vayamos a los hechos que hoy llaman nuestra atención. Desde el pasado mes de enero -y tras la revuelta acaecida en Túnez- Italia sufre un elevado flujo migratorio de origen tunecino, habiendo recibido casi 30.000 inmigrantes en lo que va de año. La isla de Lampedusa ha sido literalmente “invadida”, lo que empujó al gobierno italiano a solicitar la reintroducción de controles fronterizos, en ausencia de políticas de expatriación. Paralelamente, Francia ha ido estableciendo restricciones a los movimientos, cerrando sus fronteras ferroviarias a trenes procedentes de Italia (con inmigrantes africanos) este mes de abril. Esta situación fue degenerando en un cruce de acusaciones mutuas entre ambos países. Finalmente, el Ejecutivo de Sarkozy ha llegado a acusar al Gobierno de Berlusconi de no afrontar el problema de la gestión migratoria, permitiendo a esas masas de inmigrantes viajar libremente hacia otros puntos de la Unión.

Ahora bien, no nos llevamos a engaño, es cierto es que el Tratado de Schengen nos brinda un amparo legal para las reinstauración de los controles fronterizos, aunque “sólo cuando exista una clara amenaza al orden público”. Por extraño que pueda parecer, sí podríamos hallar un precedente. Lo tenemos en la imposición de restricciones temporales que realiza Alemania, para evitar la entrada masiva de hinchas futbolísticos en partidos de alto riesgo.

La diferencia que se produce ahora es que la Comisión (mediante la carta publicada ayer por el presidente Barroso) permitiría reinstaurar los controles en las fronteras solamente (o acaso también) bajo el pretexto del control de la inmigración masiva. De ahí a la amenaza al orden público va un gran trecho, y notablemente sujeto a interpretaciones subjetivas.

Ante lo llamativamente contradictorio que resulta este pretexto con la médula de los principios de la construcción europea, se aduce que este control fronterizo podría ser un elemento útil “para reforzar la gobernanza en el marco del acuerdo Schengen”.

Es decir, esta medida temporal, en realidad, aspira a convertirse en un pacto no escrito en cuya virtud se podrán establecer controles fronterizos, más allá, e incluso en ausencia, de una evidente amenaza contra el orden público.

En este contexto, se han dejado sentir ciertas críticas a la postura de Barroso, que a su vez insiste en reforzar el partenariado mediterráneo, como solución sostenible a medio plazo. Esa inquietud, hábilmente, tiene su reflejo también en la carta escrita ayer, donde se apunta a la mejora del actual Sistema de Asilo Común, y se insta a Francia e Italia a reformar su régimen de asilo antes de 2012.

De hecho, en la cumbre del Consejo del próximo 24 de junio, los jefes de Estado y de Gobierno deberán acordar nuevas propuestas legales para concretar el régimen legal de la zona sin fronteras europea, que permita manejar de forma más adecuada la inmigración ilegal. Ha de tenerse presente que cualquier cambio legal deberá ser aprobado por los 27, proceso que podría demorarse, y más teniendo en cuenta por ejemplo la situación de Rumanía y Bulgaria, que presionan por acceder a la zona Schengen, ante la reticencia creciente de otros Estados miembros.

Tampoco debemos soslayar el mar de fondo, con una Italia que ha venido solicitando el reparto de “la carga de inmigrantes” con otros Estados comunitarios, los cuales siguen haciendo oídos sordos a tales insinuaciones. En el comunicado de Barroso es destacable el uso del lenguaje políticamente intencionado, donde quiero resaltar dos conceptos. Primeramente, el uso de la idea del rechazo a la laxitud, y en segundo lugar el hincapié del documento de Barroso en el refuerzo de Frontex, la agencia fronteriza europea, que debería ser la responsable exclusiva del control migratorio. Nada más lejos de la realidad actual, en la que los controles nacionales se están endureciendo, ante la presión también de ciertas tendencias xenófobas en algunos Estados miembros, vinculada a su vez con un refuerzo del sentimiento de una comunidad de intereses netamente nacional.

Cabe, por último, insistir en la noción de que una unificación de las fronteras, así como la puesta en marcha de Frontex, con una dotación adecuada y una capacidad de mando -actualmente inexistente- sería la forma idónea de atajar los conflictos de intereses entre Estados miembros. Y regresando a la región del sur del Mediterráneo, no debe olvidar Europa las consideraciones humanitarias. Mejor dicho, no se debe renunciar a la mejora de las condiciones económicas de la cuenca sur, también por el interés de una mejor convivencia en el seno de Europa. Ello exige una estructura política que dinamice la vida económica y fomente el desarrollo en esas zonas.

No disponemos de todos los elementos ni de toda la información para establecer qué es lo preferente, pero el objetivo ha de ser la mejora de las opciones de prosperidad de la vecindad mediterránea, algo que va aparejado a la necesidad de establecer un control fronterizo común europeo, al servicio de la libertad, y preservando ante todo -y siempre- las cuatro libertades de movimiento. En caso alguno, dando carta blanca al levantamiento de fronteras nacionales, que podría derivar en injusticias o actuaciones discriminatorias, bajo el paraguas del propio interés nacional. Precisamente ese "nacionalismo" es el origen de lo que yo vengo en llamar “falta de empatía comunitaria”, y que es claramente una de las razones que ha llevado a Italia a emitir permisos de residencia temporales, a fin de que los inmigrantes tunecinos puedan desplazarse libremente a otros puntos de Europa. En estas situaciones, el gobierno de Europa (la Comisión europea) ha de asumir una especial responsabilidad para velar por el mantenimiento de un orden de libertades común en el territorio de la Unión.