martes, 25 de enero de 2011

Hacia el equilibrio por la ley

Hay un ímpetu legislador, propio de épocas de crisis intensas, también morales. El proceso de ajuste del desorden será irreversible y será bueno si evita males mayores. No sólo la estabilidad financiera está en peligro. España. Europa. Ya dije en su momento que las medidas duras tomadas por el gobierno español en mayo de 2010 eran las necesarias, no sólo por prescripción facultativa de la eurozona, especialmente por razones de lógica política y económica. Si algo caracterizó al gobierno de Rodríguez Zapatero en sus inicios fue una cierta tendencia a favorecer a los afines. Si algo está marcando su recta final es el sentido común. Tal vez porque tenga los días contados, en la que es ya crónica de una muerte anunciada, el gobierno está más activo, profundo y armónico. No obstante, las dos leyes a las que me refiero hoy son de consenso, y merecen un análisis de mayor calado que la simple opinión que versaré en estas líneas. No es marca de la casa comentar la política nacional, aunque me agarro a que ambas noticias tienen perspectiva europea y encajan en el sistema de valores comunitarios (por cierto, mirad esto, ¡qué curioso!).

La primera noticia positiva es que en virtud del nuevo plan de rescate de las cajas, las entidades financieras españolas tendrán que lograr ciertos objetivos de recapitalización. El anuncio de ayer coincide con la publicación del Informe del FMI, donde precisamente se le recuerda a la Unión Europea la necesidad de supervisar más intensamente las entidades bancarias, que están presentando balances débiles, cuando ya han transcurrido casi cuatro años del estallido de la crisis financiera al otro lado del Atlántico. El debate paralelo es que el FEEF (el mecanismo europeo que se ha activado en Grecia, Irlanda y Portugal) debe incrementarse y flexibilizarse. España se ha salvado hasta la fecha, pero en el ámbito nacional estamos descubriendo que aquí ha escaseado el rigor, y se ha simulado la viabilidad de lo inviable. Es verdad que ya existían normas (Basilea y sus tres versiones), pero éstas se iban sorteando con mayor o menor traza. Ahora, las entidades que no cotizan (que son las que dependen más del sector público, por tanto) deben recapitalizarse antes de septiembre, obteniendo recursos del sector privado, con lo que las entidades que no lo consigan deberán transformarse en bancos para poder acceder a los fondos de rescate del FROB. No se trata de un ataque indiscriminado a las cajas, a pesar de que son entidades cuestionadas por muchas razones, especialmente por la presencia de políticos y sindicatos en sus consejos. Todo esto nos hace pensar que los stress tests han sido inútiles para obtener la confianza del capital, hasta el punto de que el gobierno está reconociendo, junto con el Banco de España, que sólo mediante la conversión de las cajas españolas en entidades puramente privadas (bancos) estará el mercado dispuesto a confiar en ellas. En definitiva, estas entidades tendrán que aproximarse por imposición de la ley a la lógica natural del mercado, y, de no poder resistir esa prueba de realismo, pasarán de ser intervenidas a ser directamente nacionalizadas, en un intento por dotar de certidumbre y predictibilidad su funcionamiento. Los beneficios serán compartidos por todos, tanto en la unión monetaria (sacrifica flexibilidad) como en la economía española (el crédito privado gana sostenibilidad).

La segunda y polémica noticia tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual, que regula la Ley de Economía Sostenible, en concreto la "Ley Sinde", que anoche recibió el beneplácito de la mayoría de partidos, incluidos PP y CIU, y que por tanto será tramitada. Eso sí, con las modificaciones propuestas por estos partidos, que tienen que ver con las garantías judiciales y con la adecuación del canon digital a la ley europea. Así, por un lado, se retira el canon a las empresas, siguiendo la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, y, por otro, se impide que cualquiera pueda lucrarse indebidamente traficando con contenidos sobre los que no ha adquirido derechos. Se podrán cerrar páginas web que incurran en ese delito concreto. La especificidad que ha permitido a los partidos de la oposición apoyar la ley a última hora es que no se penalizará al que comparta información de su propiedad, sino al que se lucre a costa de esa información o de ese material, que tiene un valor tangible en el mercado. Las páginas no se podrán cerrar arbitrariamente, sino que se espera la intervención de un órgano independiente (con representación de los partidos políticos, etc.), que velará por la legalidad en la Red, y la decisión final de un organismo judicial, que garantice la aplicación no indiscriminada de la ley. Por ello, en un plazo no superior a las 48 horas se invitará al infractor a que retire los contenidos ilegales. En este sentido, no se vulnera la libertad de expresión, piedra de toque del insomnio de los internautas empedernidos. La ventaja de este ley, en términos de mercado, es que reactivará un sector altamente perjudicado por la piratería indiscriminada, y forzará  a la industria a reinventar nuevas formas de negocio a un coste más competitivo (webs con grandes paquetes de descarga a precios accesibles, etc.), sin impedir que el creador reciba una justa compensación por su trabajo. Dos leyes de consenso, dos leyes que regulan el mercado, pero que pretenden garantizar su mejor funcionamiento. No es fácil regular el desequilibrio, pero estas dos legislaciones tienen la virtud de pretender un equilibrio hoy inexistente. Son inicios modestos, de largo recorrido, pero en la buena dirección.