viernes, 7 de enero de 2011

Cómo relanzar la Unión por el Mediterráneo

La UpM es uno de los asuntos tabú en entornos europeos, sometida como está a una parálisis indefinida, o a una hibernación perenne, por ser más metáforica. Tema recurrente donde los haya, desalentador incluso, pero que no debemos olvidar. Italia se mueve en el ámbito financiero y bancario. Francia insiste en la vía diplomática. De cierta forma, el conflicto de Oriente Medio es una excusa convenientemente utilizada para bloquear el avance de una institución que padece ciertos defectos de forma, liderada por personas que posiblemente no tengan el perfil profesional y político más idóneo, empezando por su propio presidente. La UpM no debe seguir en un estado de declaración de intenciones de forma eterna, aplazando sus importantes objetivos políticos sine die. Institucionalmente se puede interpretar desde dos vertientes fundamentales, defensa y desarrollo, aunque jamás se concibió, ni lo es, un organismo para la resolución de los conflictos regionales (palestino-israelí, argelino-marroquí o turco-chipriota), a pesar de que este aspecto tampoco quede meridianamente definido en los estatutos de París (julio 2008). Es otro asunto pendiente.

No obstante, la experiencia de los últimos años señala los problemas que esos conflictos acarrean para la buena marcha de la UpM, lo que nos plantea la cuestión de si la vertiente económica debe imponerse o si por el contrario que tal vez un golpe de autoridad sobre estos conflictos podría ser conveniente. No obstante, la Unión por el Mediterráneo debe ser un organismo despolitizado, en el sentido de neutral, con el objetivo de canalizar y optimizar las interdependencias económicas en toda la región, entendiendo que el desarrollo de los distintos mercados regionales será un factor crucial en el apaciguamiento de la tensión política. 

Cierto es que la copresidencia francesa pretendió incluir el proceso de paz en Oriente Medio como prioridad de la UpM, algo que había sido rechazado unánimemente en 2008, insistiendo en el carácter económico del partenariado. Sin embargo se culpa a ese conflicto del estancamiento pertinaz, y directamente de la cancelación por partida doble de las cumbres (la primera de ellas coincidiendo con la Presidencia Española del Consejo, para mayor escarnio) previstas para el pasado 2010 en la ciudad de Barcelona que es además sede central de la UpM. Cabe preguntarse por ello si se puede definir un marco de acción diplomática en el seno de la organización o si debe actuarse al margen. Otra evidencia es que deben potenciarse los acuerdos institucionales multilaterales, como por ejemplo con la Liga Árabe, en lugar de buscar acuerdos bilaterales como se ha hecho hasta la fecha, concretamente entre la UE y Marruecos o Jordania.

Es obvio que, transcurridos dos años desde la cumbre de París, hay un desfase absoluto entre la voluntad y la realidad. Es más, si nos remontamos al famoso Proceso de Barcelona de 1995, espíritu que recuperó la UpM buscando la cooperación paritaria entre las dos riberas, constataremos las carencias en el desarrollo de los 6 ejes de cooperación prioritarios, hagamos memoria: (1) descontaminación del Mediterráneo y recursos hídricos, (2) las autopistas del mar, (3) la protección civil articulada para combatir catástrofes naturales, (4) el plan solar mediterráneo, (5) plan de ayuda a las pymes, (6) desarrollo de proyectos universitarios comunes.

En este último punto debe loarse la actividad de la EMUNI, con sede en Eslovenia, que está trabajando ya para crear un Erasmus euromediterráneo, pero más allá de esto vayamos a las materias de gran calado. Hay dos cuestiones que se me plantean aquí, por un lado las inversiones, y por otro las decisiones políticas. Las necesidades de inversión para fomentar el crecimiento son enormes, empezando por el campo infraestructural. En este sentido los estados del sur piden más inversión europea, mientras Europa se resiste a transferir capital hacia el sur sin un marco jurídico unificado y un tribunal regional de arbitrio. Esto se ve claramente en el campo de los recursos, por ejemplo la energía, donde la UE tiene mucho empeño, a pesar de la paradoja de que no exista una política energética europea.

A pesar de que la UE entiende que en el sur hay recursos y que la tecnología europea puede maridar bien con esos recursos no explotados de la cuenca sureña, no hay gran cosa, no hay cooperación alguna (incluso hay países del Magreb que no tienen resuelto el acceso a la red eléctrica para todos los ciudadanos en sus territorios).

Por lo demás, la UpM debería ser ya un organismo muy orientado a la cooperación jurídica para garantizar la seguridad de las empresas y ciudadanos y favorecer la competitividad económica de las cuencas mediterráneas. Claramente hay un desfase institucional, porque no están bien definidos los papeles de la copresidencia, de la Comisión europea y del SEAE. De hecho, Ashton ha manifestado su deseo de que el copresidente de la cuenca sureña sea elegido por el Consejo de Ministros, mientras que los representantes de la propia ribera sur recelan de ese gesto, que interpretan como eurocéntrico. Me pregunto entonces, ¿para qué sirve la nueva Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (que ahora se llama AP-UpM)? Por no hablar de la poca actividad de la ARLEM (Asamblea regional y local). Este hecho revela una parálisis profunda que podemos vincular también con el desentendimiento de la opinión pública ante proyectos lejanos y a largo plazo (entre 10 y 15 años) que se ven superados por la inmediatez de los debates cotidianos. En este sentido, yo misma he escrito algunos artículos académicos sobre la capacidad de la geometría variable en las instituciones vinculadas a la UpM, fomentando así la posibilidad de los compromisos sólidos, asociaciones puntuales entre algunos estados que den contenido real o visibilidad a la potencia de los partenariados regionales. Hablo de pactos entre 4 ó 5 estados en una UpM que, no olvidemos, reúne a 43 estados-nación.

Por ejemplo, en materia agrícola, y en vista de los problemas derivados de la PAC en Europa, y los problemas de la agricultura en la globalización, sería más que adecuado pensar en el potencial de una política agrícola común que englobara a estos países del sur del Mediterráneo, no sólo para asegurar el abastecimiento en toda la región, sino para optimizar la producción agrícola, promover el desarrollo local de forma estratégica, y es que además a largo plazo para Europa va a ser más rentable desarrollar un mercado agrícola en el sur que vender sus excedentes. Además se puede crear un stock de forma bastante fácil por la proximidad geográfica, sin olvidar que en el desarrollo agrícola está muy presente la dimensión humana. Tal vez por ello, la respuesta institucional no sea suficiente por sí sola, aunque sí debería ser capaz de crear redes de conexión de los actores sociales, colectivos y privados para fomentar un intercambio civil euromediterráneo, que ahora mismo atraviesa horas bajas, con lo que estamos renunciando, a un enorme potencial todavía no explotado. Sería una lástima que, por dejadez, perdiéramos una gran posibilidad para esta gran región al abrigo de este maltratado Mediterráneo, con una larga historia en busca de la paz, el bienestar y el comercio. Si los europeos hemos sido capaces de encontrar muchos puntos para trabajar en común, es preciso que ahora los países de la ribera sur encuentren esos objetivos políticos comunes y los traduzcan institucionalmente para facilitar el camino de la regulación, la solidaridad y la prosperidad comercial común.