lunes, 17 de enero de 2011

El europeísmo como respuesta: Capitalismo, estado del bienestar, autonomismo ¿valores en cuestión?

Los años pasan y pesan, pero la gente de mi generación no estamos acostumbrados a cuestionarnos demasiado el futuro. Hemos tenido tantas oportunidades que hasta nos hemos permitido el lujo de desperdiciar algunas de ellas. Los hubo con mejor y peor suerte. Mucho nos vino regalado, pero si una certeza tuvimos en los momentos difíciles (como la crisis de los noventa) es que casi nada es para siempre, excepto el estado y su manto protector, aunque seamos más o menos rebeldes a las imposiciones del poder, que tan a menudo se nos antojan arbitrarias. El estado del bienestar a la europea formaba parte de nuestros valores perfectamente asentados culturalmente. Una red de seguridad financiada por todos que nos facilitaba asumir ciertos riesgos personales. La asunción de riesgos venía propiciada por ese otro gran valor, el capitalismo. No en vano hemos sido una generación de emprendedores. Hay una objeción. Si hemos visto con buenos ojos una mejora evidente en la cohesión social y calidad de vida de nuestros conciudadanos; si hemos defendido y hemos apostado por la igualdad de oportunidades, también hemos visto cómo ese estado protector ha sido y es muy capaz de limitar -hasta asfixiar- el impulso emprendedor.

Hoy, los que nacimos en los setenta nos acercamos a la mediana edad con una grave incapacidad, con la mayor de las incertidumbres sobre el futuro, porque nada nos garantiza, no ya el éxito, sino una alternativa tangible. Mientras se presiente y padece la desorientación de los líderes políticos, de cuya honestidad moral -o incluso intelectual- podemos legítimamente dudar, percibimos la carencia de las oportunidades que otros tuvieron: nuestros padres, que crecieron desde la nada en un mundo donde todo estaba por levantar.

La crisis de hoy es achacable en gran medida a la falta de conciencia emprendedora entre los que toman decisiones. Nuestros padres encontraron la prosperidad en la respuesta liberal. Cuando España se liberalizó, los viejos problemas sociales, la miseria, el analfabetismo, etc., pudieron combatirse gracias al crecimiento económico, que proporcionó los recursos para poder emplear a más personas y para generar los bienes públicos que articula el estado del bienestar. Fue JK Galbraith quien estableció la tesis de que el crecimiento es lo que financia los servicios públicos. Sin embargo, y aun constatado el fracaso de los sistemas económicos planificados (el hundimiento del comunismo), son muchos los intelectuales y políticos que insisten en que el crecimiento económico debe restringirse, porque se le hace responsable de la expoliación del medio, de la descompensación demográfica, de los desequilibrios económicos. La noción de la sociedad de la opulencia ha sido criticada por muchos liberales, incluso el clásico Stuart Mill, quien pedía a los estados que buscaran y promocionaran el crecimiento económico cero, dando lugar al estado estacionario. Esos liberales, por tanto, interpretaban que la avaricia desmedida sería un objetivo no deseable, incluso pernicioso para la sociedad. ¿Viene la gran crisis financiera a dar razón a los que criticaban la sociedad de la opulencia? En mi opinión, sí.

La crisis actual representa una doble amenaza para nosotros, que se concreta en la vulnerabilidad de ese estado del bienestar y en la debilidad de la moneda única, el euro. Hay un hecho irrefutable, la crisis del endeudamiento (aquí y en todas partes) ha sido el factor fundamental en la falta de activos. Los países se han mantenido muchos años gracias al crédito barato, generando una estructura de deudas gigante, que los bancos no pudieron soportar. Nosotros, que sólo conocemos las guerras europeas por los libros, vemos cómo Europa sigue siendo especialmente vulnerable a la crisis financiera mundial, cuando ya han transcurrido más de dos largos años desde su inicio. La crisis financiera, por tanto, interfiere en nuestra economía, a pesar de que el nuestro sea un sistema capitalista inserido en la Unión Europea, cuya razón de ser ha sido el crecimiento sostenido y sostenible, con el fin de mantener el estado del bienestar. Es obvio que el hundimiento de la unión monetaria sería demoledor, porque la suma de intereses en la supervivencia del euro trasciende lo que podamos opinar. En cuanto al estado del bienestar, éste parece condenado, cuanto menos, a reinventarse, ya que más pronto que tarde tendrá graves problemas de financiación.

Europa se ha arriesgado, Europa estuvo dispuesta a arriesgarse concibiendo la unión monetaria previa a la unión política, con todas las desigualdades y asimetrías entre Estados miembros que conocemos. A mediados de siglo XX los europeos fueron capaces de fraguar un modelo de estado protector, consolidando la Europa de las clases medias. De modo análogo, los líderes de finales del siglo XX europeos apostaron por la sostenibilidad de una unión monetaria, con implicaciones políticas complejas y arriesgadas. Se consolidaba el experimento del gobierno de gobiernos.

La unión monetaria es el paradigma de renuncia al poder que otorgaba el control monetario a los Estados y el sometimiento a un Banco Central Europeo, vacío de poder político, pero vigilante obsesivo de la estabilidad de precios. El devenir de la moneda única ha generado legislación paralela, Directivas limitadoras de la capacidad de maniobra económica de los Estados miembros, que renuncian al poder directo, del mismo modo que en una federación la capacidad política se reparte entre centro y periferia.

Siempre he sido partidaria de un sistema de federalismo fiscal en la Unión Europea, dotado de instrumentos financieros regionales, como los fondos estructurales o de cohesión. Aunque este punto sea controvertido -y los alemanes no lo puedan reconocer públicamente- a mi entender en la UE la redistribución se realiza mediante los fondos de cohesión, en el sentido de que dejan de percibirse una vez las regiones perceptoras dejan de ser elegibles, porque mejoran su nivel de renta regional. Así que los fondos de cohesión no redistribuyen renta, pero sí hacen convergir las rentas regionales, independientemente de la renta personal de sus habitantes. Sin embargo, técnicamente la redistribución se refiere a la renta personal vía impuestos. Si el desiderátum es que la política económica sea supranacional, no hay duda de que debe existir cierto efecto redistributivo centralizado. Para ello, debería delegarse la política fiscal a Bruselas, hoy utopía, aunque cada día que pasa... menos.

Las llamadas imposiciones de Bruselas son en realidad decisiones políticas incentivadas por la supervivencia -no ya del euro- sino de un sistema económico terriblemente frágil en el contexto de economías que ya no son competitivas, como la nuestra. Los mercados siguen decidiendo la asignación de capital, pero los mercados siempre apostarán por las economías competitivas, las que les ofrezcan garantías. El funcionamiento de los mercados puede ser intuitivo sólo parcialmente, pero es demasiado complejo (y hasta caótico) como para que los gobiernos puedan interferir hasta el punto de evitar el caos. El mercado tenderá a premiar el buen resultado, las garantías de futuro, la competitividad, es decir, premiará al que esté mejor situado, pero también puede equivocarse en sus decisiones, puede tender al comportamiento abusivo.

Es un hecho que existe el riesgo de abuso del mercado sobre la economía débil. Ello exige intervención pública. No me cabe duda. Si apoyo la regulación sobre los mercados financieros globales, si defiendo la buena regulación que evite los efectos secundarios de esa opulencia excesiva, también considero necesario el replanteamiento del estado. Al margen de la eficacia económica y política de los estados, es una evidencia que el estado del bienestar tiene el riesgo de convertirse en una máquina insaciable, capaz de gastar dinero con mucha rapidez, absorbiendo gran parte del crecimiento económico de una nación. Además, en el caso español, la estructura de la deuda privada acabó afectando al Estado, que tuvo que rescatar a muchos bancos, para evitar el hundimiento y una posible larga recesión. Sepan que seguimos sin saber exactamente cuál es el índice de deuda incobrable en nuestro país.

Hoy, la discusión en muchas tertulias españolas gira en torno a la supervivencia del estado de las autonomías. El debate es muy pertinente. Está por ver si el sistema autonómico español se ha convertido en una limitación estructural al crecimiento económico. Probablemente habría que sacrificar parte de las administraciones autonómicas, aquellas que no están bien dimensionadas. El estado de las autonomías, de dudosa eficacia, ha aumentado espectacularmente los costes y está en duda que haya corregido las disparidades económicas y sociales. Es posible que los parlamentos autonómicos hayan tendido a sobrelegislar, cuando lo que se espera de una administración descentralizada es que gestione de acuerdo a las normas centrales/federales/supranacionales. En todo caso que limite la tentación a sobrelegislar del centro de poder, que constriña los abusos del centro, pero no que sobrelegisle.

Si la unidad de mercado la definen los límites territoriales europeos, no hay duda de que el estado central en España debería pintar más bien poco. La norma europea prima y a los Estados miembros hay que despojarlos de competencias que no tienen ya ningún sentido, cuando las grandes regulaciones que afectan al mercado y a la economía están delegadas a los organismos supranacionales. En España, por lo demás, hay una asimetría evidente entre autonomías con capacidad de autogestión y autofinanciación, y autonomías que claramente no tienen sentido, lo que nos sitúa en un escenario de geometría variable. Admito que no es un concepto demasiado afortunado, cuando lo que se pretende es justamente una integración política a escala europea, pero describe bien la realidad española.

A escala europea, la división de poderes horizontal ya existe. Hay un Tribunal en Luxemburgo que ejerce la potestad jurisdiccional sobre todo el territorio de la UE, garantizando la aplicación del Derecho comunitario. Esto afecta a todos los ámbitos donde se ha efectuado delegación política a Bruselas. El Parlamento europeo crece en poder de decisión cada vez que se actualiza un Tratado de la Unión, aunque sigue siendo el Consejo, que son los Estados miembros, el que marca las decisiones políticas de gran calado, sin olvidar la influencia decisiva el eje franco-alemán, que acaba concretándose en una asimetría de facto. En una suerte de calma tensa, todos saben que la moneda única tiene demasiadas implicaciones como para que ahora se libren nuevas batallas sobre quién ostenta el verdadero poder. La idea de la Europa federal tiene consecuencias prácticas, por un lado la decisión centralizada que evita el caos, y por otro la gestión localizada que optimiza la eficacia, sostenida sobre transferencias de fondos con una evidente función de catching-up entre regiones. En España hay que lidiar con este debate que, bien entendido, es la antítesis de la burocratización excesiva. Como el proyecto de integración europea, el proceso de reforma de la administración autonómica en España implicará renuncias y pragmatismo. Y conste que, a pesar de ser militante federalista europea, extiendo esta reflexión incluso a los que abominan del federalismo.