lunes, 23 de agosto de 2010

Percepción ciudadana del presupuesto europeo

Ya han transcurrido varios días desde mi rentrée, constatando que aún escasean las novedades en la esfera comunitaria, a pesar de que hoy las calles de Bruselas ya empiezan a recuperar el pulso de la rutina, y nuestros servidores civiles "durmientes" regresan a puestos. El gran debate europeo del otoño será el presupuestario, donde se negociarán las nuevas perspectivas financieras para el período 2013-2020. La revisión presupuestaria y su resultado será fruto de un pacto político a gran escala que apenas se está fraguando. Europa se halla en un momento extremadamente complicado, lejos aún del crecimiento económico que registran otros puntos del planeta, como Estados Unidos, China o las economías emergentes.

Esta situación nos demuestra que aquella estabilidad, que fuera la esencia del proceso de construcción europea, se vislumbre ahora como un elemento claramente deficitario para dar respuesta a la dimensión de nuestras necesidades, ya sean económicas, energéticas, medioambientales o sociales. Lógicamente el nuevo presupuesto se va a ver condicionado por la herencia de la crisis macroeconómica, por no hablar de las reglas presupuestarias, que aún no están adaptadas al Tratado de Lisboa, si bien es cierto que hasta el verano de 2011 no tendremos las propuestas legislativas definitivas, tanto agrícolas como financieras. Este mes de noviembre será importante, ya que la Comisión presentará su comunicación sobre la PAC. Después, la consabida codecisión entre el Parlamento (los partidos políticos) y el Consejo (los Estados miembros) y en 2014 entraría en vigor el nuevo marco financiero, lo que quiere decir que ahora cada uno debe tomar posiciones a largo plazo, y es importante que se prioricen estrategias que fomenten las alianzas dentro de la Unión.

Los principios de actuación que manejan los grupos políticos son netamente comunitarios, aunque cada Estado miembro trabaja su propio posicionamiento interno. Así, las posiciones de los gobiernos nacionales son variopintas y responden a intereses territoriales propios, salvo aquellos gobiernos que pretenden atraer a sus socios hacia posiciones europeístas, en una coyuntura en que predomina el discurso en clave comunitaria, especialmente en la Eurozona. La negociación presupuestaria que se avecina va a tratar el asunto de la PAC, principal partida de gasto en la UE (se lleva el 45,9% del total del presupuesto, aunque en realidad no sea más que el 0,43% del PIB de la Unión). Nadie pone en duda a estas alturas que la política agrícola europea va a refundarse en el próximo marco financiero, sobre todo después de que la volatilidad de los precios agrícolas haya causado estragos en el sector, concretamente el descenso de los precios afectados por la crisis, fenómeno que vino a demostrar en los años 2008 y 2009 (de forma virulenta con la crisis lechera) la interdependencia entre mercado agrícola, energético y financiero.

Desde el punto de vista ciudadano, cuando hablamos de estos grandes debates a nivel comunitario, suelen plantearse problemas de lejanía, porque el ciudadano en principio circunscribe sus intereses y lealtades a los límites territoriales nacionales. Esa nueva territorialidad emergente que de facto se está produciendo en la Unión Europea no es percibida por la ciudadanía, algo que posiblemente no cambiará hasta que los ciudadanos no descubran a la UE como algo indispensable para atender a sus necesidades básicas. En este sentido urge plantearse una definición adecuada de los bienes públicos. Se trata básicamente de valorar si los bienes públicos son territoriales o generales.

Es decir, sabemos que en la UE existe una práctica política en el área del mercado interior, y que el ciudadano está predispuesto a incrementar su espacio territorial en ese ámbito, mientras que otros ámbitos como el de la fiscalidad o la justicia opta por un enfoque estatal. Por ello, el ciudadano tiene un claro problema de percepción en todo lo que atañe a las prácticas políticas multinivel, con los problemas incluso normativos que ello implica, cuando las elites políticas europeas y nacionales no han sabido, hasta la fecha, canalizar correctamente ese reparto de poder y adecuarse a la federalización silenciosa que se está produciendo en Europa, con los típicos problemas en cuanto a la distancia política que conllevan las distintas formas de autoridad disgregada.

Más allá del debate filosófico, Europa debe plantearse, en términos presupuestarios (pero también políticos) cómo lograr mejorar su competitividad sin renunciar a un modelo social europeo, e incluso sin renunciar a un espacio rural o, si se desea, a que la PAC siga apoyando las rentas agrarias (¿cómo se legitiman los pagos únicos?) o bien que evite la volatilidad de precios del mercado, o si por el contrario se debe priorizar la seguridad alimentaria, etc., es decir si pretende mantener la multifuncionalidad de la PAC, que, no olvidemos, es crucial en la cohesión territorial, por cierto, cohesión territorial que forma parte de los objetivos esenciales de la construcción europea, tal como reafirma el Tratado de Lisboa.

Existe un debate paralelo bastante interesante que abordaremos en otra ocasión, que se refiere al temor de que las políticas de cohesión en Europa renuncien al mundo rural y se conviertan en urbanas, pues es en las áreas urbanas donde se concentran los mayores índices de desempleo. Está por definir esa cohesión como política europea, además de cuál será el grado de cofinanciación (que cada vez resulta más inevitable) máxime en una situación de restricción presupuestaria debida a la crisis. Otro tanto ocurrirá en el caso de la política agrícola, donde lo crucial será definir si apostamos por un modelo de mercado (un sector primario competitivo) o por el mantenimiento del medio y el autoabastecimiento (desarrollo rural y no dependencia exterior).

Retomando la definición de bienes públicos, cuando éstos se consideran como bienes públicos territoriales, la PAC ha de tener presente la viabilidad de los sistemas productivos territoriales, o su equilibrio, porque a fecha de hoy no están definidos. La ventaja desde este punto de vista es que el Parlamento va a tener que pronunciarse (y su opinión será definitiva) y claramente éste hará que la PAC se sustente sobre el concepto de los bienes públicos, lo que implicará equilibrar sistemas productivos, ganadería y agricultura y definirlos territorialmente, especialmente en una Europa donde hay una enorme diversidad agrícola. En medio de todo esta indefinición, recordemos que las perspectivas financieras se aprueban por unanimidad, y no olvidemos que Gran Bretaña todavía recibe un cheque británico (desde 1984) y Suecia dispone de un trato especial en forma de compensaciones, lo que lleva la negociación al terreno de los saldos netos, mientras que Alemania consiguió que se aprobara una tasa plana (en 2003) que se traduce en un modelo regionalizado de ayudas (la tasa por hectárea).

Con todo, deberíamos recordar que el presupuesto no es sólo gasto, sino también ingreso, y eso parece no tenerse en cuenta ante un presupuesto europeo extremadamente reducido (con un techo del 1,24% del PIB europeo), ya que hablamos de 130.000 millones de euros anuales, unos 240 euros por habitante y año para financiar todas las políticas comunitarias, ¿no sería el momento de empezar a plantearse una fiscalidad europea? Si pretendemos que nuestra Unión Económica y Monetaria sobreviva apenas con un Banco Central Europeo que sólo se preocupa por la estabilidad precios, y menospreciamos la posibilidad de que el presupuesto tenga capacidad anticíclica o redistributiva en una Unión Europea sometida a choques asimétricos (Grecia, España, Irlanda, Portugal, etc.), es evidente que estamos perdiendo una oportunidad, por no hablar de la inversión en las redes transeuropeas de transporte, o la utilización del fondo social europeo para la reforma educativa y homologación de sistemas educativos europeos, etc. Es decir, todas aquellas decisiones políticas que contribuyan a vertebrar la Unión Europea.

Como respuesta a esta indefinición a las políticas pendientes que año tras año quedan en terreno de nadie, es el momento de optar por desnacionalizar las aportaciones al presupuesto, lo que permitiría una mayor magnitud presupuestaria, es decir mayor recaudación directa para dotar al presupuesto europeo de la capacidad de apuntalar la recuperación económica en el conjunto de la UE. Si la percepción actual del ciudadano es la ausencia de austeridad, es justamente porque no se percibe una financiación adecuada de las políticas públicas. El presupuesto europeo debería financiar bienes públicos europeos y debería nutrirse del ciudadano, de las empresas y del consumo energético del ciudadano y no tanto de las abstractas contribuciones nacionales, es decir, vincular al ciudadano europeo con su presupuesto como forma de imponer control y disciplina presupuestaria, además de para disponer de un instrumento anticrisis estable (y no tener que recurrir a instrumentos de rescate improvisados como ha sucedido con Grecia) porque de lo contrario la UE jamás será creíble como proyecto político, ni de puertas afuera, ni ante sus propios ciudadanos.