miércoles, 28 de abril de 2010

¿Es posible una Iniciativa Ciudadana Europea sin restricciones?

Como anunciamos en su momento con gran satisfacción, el Tratado de Lisboa fomenta la democracia participativa, como demuestra la inclusión en su articulado (art. 11.4) del mecanismo conocido como Iniciativa Ciudadana Europea, consistente en que, si se reúnen un millón de firmas, se podrá invitar a la Comisión a elaborar un proyecto de ley sobre el asunto propuesto.

El fin de la adopción de este mecanismo es permitir que los ciudadanos influyan en la agenda política europea. Sin embargo, el texto del Tratado sólo establecía las líneas generales, sin definir cómo han de presentarse las firmas, ni tampoco cómo debía actuar la Comisión ante la propuesta ciudadana. También se esperaba más precisión sobre cómo se garantiza, en la práctica, que se trata de firmas originales, o qué significa invitar a la Comisión a elaborar una propuesta legislativa, es decir si Bruselas tiene obligación de concretarla, o si por el contrario se limita a eso, a una simple invitación sin mayores consecuencias políticas.

Estos flecos de la ICE quedaron aparentemente resueltos en la propuesta definitiva presentada por la Comisión el pasado 31 de marzo, pero digo aparentemente porque desde entonces se han prodigado las voces críticas ante las elevadas exigencias y restricciones impuestas que, en mi opinión, además, amenazan con desvirtuar totalmente el potencial democratizador de este mecanismo.

Si en la redacción del Tratado, los Estados miembros fueron capaces de plasmar una herramienta para que los ciudadanos de la UE participen directamente en el policy-making comunitario, podría ser un error limitar dicho potencial, imponiendo normas inflexibles y en ocasiones de complicado cumplimiento. Veamos los condicionantes definitivos, presentados por la actual Comisión:

1. Las firmas deben pertenecer a ciudadanos de al menos un tercio de los Estados miembros.
2. En cada Estado miembro, el número mínimo de firmas requerido se calcularía multiplicando el número de eurodiputados de ese país por un factor de 750.
3. La Comisión examinará si la iniciativa es admisible, tras haber reunido 300.000 firmas en tres Estados.
4. La Comisión tendrá cuatro meses para examinar la iniciativa.
5. Se establece un año de plazo para la recogida del total, es decir 1.000.000 de firmas.
6. Las autoridades nacionales tendrán que comprobar si los sistemas de recogida en Internet cumplen con los criterios de seguridad; esta verificación debe llevarse a cabo en el plazo de tres meses.
7. Las iniciativas deben figurar en un registro en línea creado por la Comisión: el registro puede rechazarse si la iniciativa atenta claramente contra los valores fundamentales de la UE.
8. La Comisión debe determinar en su examen previo si la ICE se ajusta a los tratados comunitarios y respeta los derechos humanos, además de si pertenece a su ámbito competencial.

Muchos de estos criterios son perfectamente lógicos y ajustados a parámetros democráticos, pero es más complicado justificar algunos condicionantes. Los tres últimos puntos parecen perfectamente razonables, pero en cuanto a las exigencias previas, más parecen obstáculos, aunque la Comisión alega que tratan de evitar una carga demasiado grande para las autoridades nacionales o un uso indiscriminado y abusivo de esta potencialidad. Asimismo, y no sin razón a mi entender, argumentan que desean que el uso de este mecanismo no atente contra la protección de los datos y no pueda ser objeto de abuso o fraude.

No obstante, merece la pena analizar las restricciones impuestas, porque nos llevarán a la conclusión de que muchos van a ver frustradas sus esperanzas, dada la dificultad organizativa que supone reunir 300.000 firmas (sólo para empezar) y además de ciudadanos pertenecientes a 3 Estados (posteriormente, para la ICE definitiva tendrían que ser de 9 Estados en una UE-27), con la presencia de ciertas barreras idiomáticas, por no hablar de que un año es un tiempo limitadísimo para reunir el millón de firmas prescritas. Estas dificultades iniciales son claramente disuasorias, ya que implican una gran movilización de personas entre territorios, tan sólo para presentar una propuesta de la que ni siquiera hay certeza sea admitida a trámite.

El hecho de que la ICE deba hacer referencia a políticas únicamente contempladas en los Tratados podría justificarse pragmáticamente, a pesar de que tiene el coste de limitar el criterio de participación, ya que habrá asuntos que no podrán siquiera plantearse, lo que también limita el alcance político de la iniciativa de antemano. En esta línea, podría ser interesante prever la posibilidad de que se admitieran propuestas de enmienda sobre los Tratados, a ser consideradas por la Eurocámara. La asociación de Federalistas Europeos propone que la Comisión valore antes de empezar la recogida de firmas, la adecuación de la propuesta ciudadana, e indica que dicha recogida previa debería establecerse en 50.000 firmas, de ciudadanos pertenecientes a un cuarto de Estados (es decir en la UE-27, serían 7 en lugar de 9); además para facilitar las cosas y reducir costes, sugieren implementar la firma electrónica estableciendo un sistema en red seguro, para evitar el uso abusivo de datos personales por terceros. Indican que 12 meses es un tiempo muy ajustado, teniendo en cuenta que por ejemplo la propia Comisión europea no está sujeta a restricciones temporales para presentar sus propias iniciativas políticas. Sugieren asimismo que la Comisión traduzca las ICEs admitidas a los idiomas oficiales en la UE, para que los signatarios tengan plenas garantías sobre el contenido del texto que han firmado.Además, proponen que una vez aceptada la ICE, la Comisión la transfiera al Parlamento Europeo, para la consideración y el seguimiento adecuado de la Eurocámara, tal como se hace, por cierto, con las iniciativas populares en algunos parlamentos nacionales y regionales en Europa.

Comprendo perfectamente que la Comisión quiera salvaguardar este mecanismo con cierta rigidez normativa, para que sea una herramienta creíble, además de para evitar un mal e indiscriminado uso, pero debo sumarme a estas voces críticas, esencialmente la que atañe a la reivindicación de la presencia del Parlamento Europeo en la valoración de la iniciativa ciudadana, ya que como cámara legislativa estaría plenamente legitimida, y también en la necesidad de que la ICE sea una herramienta útil y accesible, y no un mecanismo tan complejo que los ciudadanos acaben por darle la espalda. 

Y por último, queda en terreno de nadie el asunto de la implentación, una vez una ICE ha conseguido superar todos los obstáculos con éxito. No existe un soporte normativo que determine qué debería hacer la Comisión en ese caso y cuál sería el procedimiento para implementar la resolución correspondiente, así como para informar con transparencia sobre la misma. En este sentido, tal vez sería interesante imponer un plazo de tiempo para que la Comisión configure la ICE en una iniciativa política legislativa a presentar ante el Parlamento Europeo.

Espero que este mecanismo anime a los ciudadanos a implicarse en acciones transnacionales, y deseo que las instituciones europeas encuentren un sistema idóneo para agilizar su tramitación (tal vez la creación de un carnet de identificación europeo, donde cada ciudadano comunitario se identificaría mediante un número exclusivo, liberando así a las autoridades nacionales de la tarea de verificación de los datos de los signatarios). Todo por facilitar la participación ciudadana, donde Internet debe ser un gran aliado, tanto en la fase informativa, como en el proceso de tramitación y comunicación. Confío en no tener que esperar demasiado para informar aquí de la primera Inciativa Ciudadana Europea admitida a trámite en Bruselas.

martes, 27 de abril de 2010

Primer paso de la nueva diplomacia europea

A estas horas ya hay acuerdo político, tras reunión ayer lunes de los ministros de Exteriores de los 27 en Luxemburgo, presidida por el ministro Moratinos, para la configuración del nuevo cuerpo diplomático que representará a la Unión Europea en forma de una única voz, tal como reza el Tratado de Lisboa, que prevé la fusión de las dos vertientes diplomáticas que la UE tenía hasta ahora. Recordemos, antes del Tratado de Lisboa la política exterior se sostenía sobre dos patas, por un lado la Comisión, a través de la Política de Vecindad, y sus 136 delegaciones en todo el mundo; y por otro, el Consejo, representado por Javier Solana, más conocido como Mr. PESC, quien a pesar de contar apenas con 400 funcionarios y un presupuesto muy limitado, dependiente de los Estados miembros, acabó dejando el pabellón razonablemente alto.

La inclusión en el Tratado de Lisboa de un nuevo cuerpo diplomático exclusivamente comunitario era y es una gran novedad, aunque el texto legal dejaba completamente sin definir la composición de ese Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). El pacto alcanzado ayer simplemente garantiza que los diplomáticos de los Estados miembros estarán bien representados en el SEAE, estableciéndose una regla para que el servicio esté compuesto por un número igual de funcionarios de la Comisión, del Consejo y de los Estados miembros. Tras las objeciones del Reino Unido, el SEAE sólo podrá ofrecer algunos servicios consulares, permaneciendo en manos de los Estados miembros los asuntos que afectan a la soberanía nacional, una vez más sin especificar cuáles.

La de ayer es una buena noticia, pero el viacrucis no ha hecho más que empezar, ya que desconocemos a día de hoy cuánto tiempo más vamos a necesitar para cumplir con estas respectivas cuotas acordadas ayer. A partir de ahora hay dos escollos por superar, el primero, y lógicamente, el del Parlamento Europeo, que ha prometido dar la batalla y manifestará una opinión, asunto que despierta algunas suspicacias, pues si bien de forma general el veredicto parlamentario no sería vinculante al valorar la estructura del servicio diplomático, el PE sí tiene de facto poder codecisorio en la financiación del SEAE. Recordemos que la financiación es la clave ya que a fin de cuentas es la que permite implementar y poner en funcionamiento el servicio, así que (no nos engañemos) la Eurocámara tiene un auténtico poder de veto en sus manos. Consciente de ello, Ashton ha centrado todos sus esfuerzos negociadores en los eurodiputados, quienes han peleado para que el SEAE sea un organismo dependiente de la Comisión, algo que a ciertos Estados miembros no gusta por considerar que da demasiadas posibilidades de influencia a la Eurocámara en Defensa y Asuntos Exteriores.

Claro está que el Parlamento está dando una batalla que no es casual y tiene muchas consecuencias desde el punto de vista de la legitimidad. Veamos, si el SEAE forma parte de la Comisión, en primer lugar habrá, como hemos dicho, un control claro de su financiación, ya que el Parlamento tendrá plena supervisión sobre los gastos, pero debemos tener presente que esto no ocurriría si este servicio no dependiera de la Comisión. Es decir, el paraguas de la Comisión es un garante de transparencia y control parlamentario.

De todos modos, precisamente la Comisión tendrá la última palabra sobre los candidatos a dirigir cada una de las delegaciones, aunque después vendrá el segundo escollo, ya que de nuevo cada uno de los Estados miembros deberá firmar el acuerdo definitivo. Visto el panorama, ni siquiera hoy podemos valorar si el SEAE va a estar a la altura de lo esperado, aunque nos congratulamos de que nuestros eurodiputados sí estén dando la cara por legitimar y fomentar la europeización de la política exterior. Porque el SEAE está llamado a ser una herramienta fundamental para conseguir que los otros nos vean como lo que realmente somos y queremos ser. Hablamos de imagen, pero también de prestigio y de seguridad, toda una piedra angular en el liderazgo y la credibilidad de la Unión Europea.

miércoles, 21 de abril de 2010

La nube delatora

Aunque parezca inverosímil, una nube de cenizas y cristales ocasionada por un volcán en erupción en Islandia, ha sido capaz de producir el cierre del espacio aéreo europeo durante seis días seguidos, con distintas afectaciones. Tan sólo hoy empiezan a estar operativos todos los aeropuertos, todavía con restricciones, especialmente en el Reino Unido, uno de los países más perjudicados.

Esta grave situación geológica tiene consecuencias políticas, por cierto no menos graves, además de las evidentes pérdidas económicas para las aerolíneas, los pasajeros y las empresas afectadas, directa o indirectamente. En primer lugar, desde un punto de vista de la Unión, parece totalmente injustificable que los ministros de Transporte de los Estados miembros tarden cuatro días en reunirse desde el surgimiento del problema el pasado jueves.

Sencillamente no se puede aducir ningún tipo de obstáculo institucional para que la reunión se produjera y se pudiera tomar una decisión conjunta de forma inmediata. Cierto es que el caos vino producido por las autoridades de seguridad aérea, cuya consecuencia es que el temor ha podido sobre cualquier otra consideración, y no se ha planteado ningún plan alternativo a la situación real de caos. Tan grave ha sido la falta de previsión, y tanta la descoordinación real, que durante esta crisis todas las autoridades afectadas han tenido que remitirse a una única fuente de información, un ordenador que realiza simulaciones desde la Met Office británica. A partir de los datos que Londres emite, cada país decide por sí mismo si cierra sus aeropuertos.

No hace falta ser un avezado experto en materia comunitaria para deducir que este funcionamiento va en contra de la lógica de un espacio interior sin fronteras. Es pertinente que nos preguntemos si la eliminación de las fronteras terrestres no tiene su paralelo en el aire. Más allá de especulaciones filosóficas, es innegable que ante una catástrofe natural imprevista, a menudo no queda más que la resginación, pero no es aceptable políticamente la indefensión que han sentido centenares de miles de europeos dejados a su suerte en territorio comunitario.

Además de la evidente parálisis política y la incapacidad de respuesta rápida, esta crisis ha evidenciado dos cosas: la primera es la necesidad de eliminar la fragmentación del control del espacio aéreo, que además de provocar costes adicionales al transporte por avión, ralentiza su funcionamiento y merma la eficacia; y es por ello que Eurocontrol (Organización Europea para la Seguridad Aérea) debe dotarse de plenas competencias; y la segunda es hasta qué punto se paga cara la ausencia de una red transeuropea de transporte terrestre, verdadera alternativa al transporte aéreo. Concretamente, es incomprensible que España, que lleva 24 años formando parte de la Unión Europea, todavía tenga un ancho de vía distinto al resto del continente, además de una red de transporte exigua, además de totalmente anticuada.

Entretanto, las compañías aéreas piden responsabilidades a los gobiernos por la decisión de cancelar todas las operaciones unilateralmente, y en este sentido exigen compensaciones a los gobiernos por sus pérdidas económicas. Los representantes de los Estados han afirmado, cada uno a título individual, que esas ayudas podrían llegar, siempre que se justifiquen correctamente, aunque también debemos preguntarnos hasta qué punto los Estados (o los contribuyentes) hemos de asumir la carga de cualquier imprevisto de esta naturaleza. Una vez más, la Unión no dispone ni de instrumentos normativos ni de dotación presupuestaria para afrontar una crisis. Cada Estado miembro decidirá por su cuenta, mientras Bruselas se ve totalmente maniatada, más allá de las buenas intenciones que ha expresado Barroso, quien ha aprovechado para denunciar la precariedad de medios económicos de que dispone la Unión Europea.

El otro día, reflexionaba en soledad sobre cómo la naturaleza y el universo nos imponen de vez en cuando unas buenas dosis de humildad. La nube del Eyjafjallajökull, además de dejar totalmente paralizado a un continente durante cinco días, ha certificado las limitaciones y la vulnerabilidad de la Unión Europea.

sábado, 17 de abril de 2010

Los entresijos de la Asamblea Euromediterránea y el escenario internacional

Amaneció ayer viernes lluvioso en Barcelona, coincidiendo con un acto en la sede catalana del Parlamento Europeo organizado por el profesor de la Cátedra Jean Monnet, Garzón Clariana. El objetivo del acto es desmenuzar los entresijos del funcionamiento de la Unión para el Mediterráneo (organismo supranacional con recién estrenada sede en Barcelona) y más concretamente la Asamblea Euromediterránea (conocida como APEM). Por motivos de trabajo me he perdido la primera sesión matinal, donde se han abordado los aspectos más institucionales de la Asamblea y el funcionamiento de las interparlamentarias de la Unión, este último asunto tratado por el Sr. Nickel, DG de Políticas externas del Parlamento Europeo. Por cierto, debido a la nube volcánica que desde ayer invade el espacio aéreo del continente europeo procedente de Islandia, dos ponentes se quedan atrapados en Bruselas sin poder asistir, en concreto los eurodiputados Obiols y Romeva. Con todo, la parte que he podido presenciar ha sido formidablemente ilustrativa, y hasta provocadora en algunos momentos. Acostumbrada a presumir de puntualidad, no sé si la presencia de la lluvia en la ciudad es suficiente excusa, pero cuando logro llegar al Aula Europa ya está interviniendo el último ponente de la primera mesa redodna, el Sr. Biad, profesor de la Université de Rouen, centrado en los valores añadidos que aporta la Asamblea en las relaciones entre las dos cuencas mediterráneas. En su conclusión, contradice a aquellos que afirman que los Derechos Humanos dividen a las dos riberas mediterráneas, y destaca la universalidad de estos derechos, animando a la Unión Europea a desempeñar su papel económico y político, también en el diálogo interparlamentario, y planteando la necesidad de insistir en la vía del acuerdo entre las naciones implicadas.


Breve pausa, y la Dra. Esther Barbé abre la segunda mesa redonda, en la que debían tratarse los tras grandes ámbitos de acción del partenariado Euromediterráneo, si bien una de las patas quedará coja por la ausencia del diputado Romeva, quien debía tratar la vertiente social y cultural. Barbé señala muy bien y de forma muy concisa los desafíos que afronta el Parlamento Europeo en el contexto de la Unión del Mediterráneo, donde deben establecerse dinámicas para que los miembros de la cuenca sur se impliquen en la participación intergubernamental, para ello la dra. ha usado un anglicismo, el ownership, en el sentido de identificación con las instituciones por la parte de los países que no son miembros de la UE, aunque siempre bajo el liderazgo de la Eurocámara, que puede además aprovechar el momentum que aporta la reforma del Tratado de Lisboa. Asimismo cuenta Barbé que se observa una deriva funcionalista en la UMed, en el sentido de que en lugar de poner el foco en la legitimación vía democracia, o representatividad, se busca por medio de la eficacia, es decir mediante resultados del tipo económico, cosa que desvirtuaría el aspecto político más prometedor de la UMed, que es precisamente la posibilidad de asentar el parlamentarismo en la institución, y en cada uno de los Estados que forman parte de ella.

Salvador Garriga, eurodiputado del Partido Popular Europeo, y miembro de la Comisión de Economía de la Asamblea Euromediterránea, expresa una posición institucional, y también personal, al señalar la relevancia de la vertiente presupuestaria de la Asamblea para elevar la prosperidad y el nivel de vida de unos países, cuyo futuro está ya ligado por la propia globalización de los intercambios, donde sorprende que entre los dos territorios que une el estrecho de Gibraltar existe la diferencia de renta más grande en el mundo civilizado. Con todo, entre las dos riberas del Mediterráneo se realizan todavía limitados intercambios de carácter regional, a excepción del gran volumen que representan los hidrocarburos (especialmente con Argelia y Egipto). Desde 1995, gracias al impulso que representó el Proceso de Barcelona, la asociación Euromed ha permitido que la sociedad civil de los países implicados entre en el juego, ha logrado la creación de centros de investigación, y ha impulsado la presencia de los tratados de libre comercio, con las consiguientes rebajas arancelarias, todo ello traducido en un incremento anual del 10% de las exportaciones de la ribera sur en el período 2000-2006. Con todo, la inversión privada directa de la UE en la cuenca sur sigue rondando el 3%, cifra claramente superable, en países que presentan una pirámide poblacional sana, con gran potencial de futuro, si bien no exenta de riesgos de conflictividad social si no se canaliza adecuadamente la política de creación de empleo.

En cuanto a la financiación de la Euromed, se destaca el instrumento europeo de vecindad (ENPI), que en las actuales Perspectivas Financieras de la UE, o sea las que llegan hasta 2013, incluye un total de 11.181 millones de euros, que en su 95% irán destinados a programas plurinacionales de cofinanciación de los procesos de fortalecimiento de los sistemas de gobierno, mientras que el restante 5% se destinará puramente a la cooperación transfronteriza. Los programas ENPI sustituyen a los antiguos MEDA, en los que Garriga se explaya largo rato desgranando algunos de sus logros más importantes, llegando a ponerlos como modelo del estilo de financiación y de proyectos que es capaz de desarrollar la Unión Europea.

Operativamente, el BEI es el que dota la financiación para el Partenariado, y lo hace por mandato expreso del Ecofin (Consejo de Ministros de Economía de los Estados miembros). Actualmente los tres proyectos en marcha son: 1) la descontaminación del Mediterráneo, 2) el plan Solar Mediterráneo, para la producción de energía solar, y 3) las autopistas del mar, relacionadas con los aportes de agua. En este punto, cabe indicar la presencia del plan del Banco Mundial con su Clean Technology Fund, que parece prometedor para las aspiraciones de la Euromed. En este contexto, es pertinente responder a la pregunta que plantea Garriga, en relación con el reto que supone traspasar la energía producida en la cuenca sur al territorio de la Unión Europea. Este gran desafío entronca con los estudios que se están desarrollando sobre la viabilidad de un cableado que permita transportar energía eléctrica a través del estrecho de Gibraltar. Por ahora, los costes de la infrastructura superan en mucho a la energía generada o recibida.

El ponente aprovecha esta etapa de su intervención para alabar profusamente la labor del BEI y reivindicar su función como seña de identidad de la Unión Europea, y como verdadero instrumento financiero de Europa en el mundo. A través del BEI, Europa es el mayor donante de ayuda humanitaria en todo el planeta, en programas de cooperación, y aportaciones financieras, vinculados siempre a la exigencia de respeto a los derechos humanos y a la democratización de los países receptores de fondos europeos. Todo ello refuerza el carácter genuinamente comuntario del BEI. En esta línea, Garriga rebate a aquellos que se muestran partidarios de crear un Banco Euromediterráneo de Desarrollo, que según se ha propuesto estaría constituido en un 51% con capital del BEI y en un 49% con contribuciones de los estados de la cuenca sur. Para el ponente esto supondría crear una institución financiera que ya no sería estrictamente europea, además de ser innecesaria. En buena lógica, lo razonable sería dotar al BEI de mayor capacidad financiera para seguir impulsando proyectos de financiación en infrastructuras, empresas, e incluso canalizarlo mediante préstamos y capital privado.

Al margen de estas prospecciones futuras, lo cierto es que actualmente el BEI promociona el libre comercio en los países del sur del Mediterráneo, en acciones concretadas mediante la financiación de 25 proyectos, que pretenden que realmente estos países (con democracias poco o nada desarrolladas) consigan crear una plataforma segura para el desarrollo económico y social, a través de la liberalización del comercio. Uno de los problemas que no debe pasar desapercibido es el escaso grado de integración que (paradójicamente) existe entre estos países de la ribera sur, hasta el extremo de que constituyen la zona del planeta con menor integración regional, siendo los intercambios comerciales entre ellos mínimos. Una de las explicaciones que apunta Garriga es la ausencia de un marco libre de funcionamiento para las pymes, ahogadas por un intervencionsimo y un marco regulatorio que distorsiona su funcionamiento. Por lo demás, el gran objetivo común entre la UE y estos Estados debería ser fijar la población activa en estos países del sur y no forzar una inmigración de baja calidad, con dos efectos perniciosos: despoblar al sur de su mejor arma (el capital humano formado) y producir tensiones migratorias en la UE. Destaca por tanto problemas que tienen que ver con la lógica regional y, para concluir la intervención, Garriga insiste en recordar que la Unión Europea debe seguir desarrollando un modelo de cooperación en el mundo, como una seña de identidad propia, y como oportunidad de recuperar el liderazgo de Europa, actualmente algo desdibujado, en el escenario internacional.

La tercera intervención corre a cargo de Stelios Stavridis, Investigador Senuor de ARAID, y experto en gobernanza mundial. Su discurso se centra en el ámbito de la diplomacia parlamentaria y la resolución de conflictos internacionales, aunque sin duda, dará mucho más de sí, y llegará a provocar ciertas encontradas reacciones y reflexiones. La primera gran pregunta que lanza al aire es por qué todavía somos incapaces de definir el sistema internacional actual, y seguimos hablando de pos Guerra Fría, cuando ya hace más de veinte años que cayó el Muro de Berlín. En este sentido, el ponente destaca el duopolio que ha surgido, formado por Estados Unidos y China, esta última generando graves trastornos en el Sistema Internacional, básicamente por dos factores, porque China ofrece dinero pero no democracia, es decir inyecta fondos a países sin exigencias en cuanto a derechos humanos, y por otro porque China paga la mayor parte de la deuda estadounidense.

Es decir, estamos en un momento de inflexión en que el arquetipo de la Unión Europea como potencia civil, aquella suma de democracia y derechos humanos, está perdiendo capacidad de influencia en el escenario internacional. Para el orador una de las cuestiones a plantear es hasta qué punto los decisores en el ámbito internacional deben formar parte de un sistema de democracia indirecta. Pone como ejemplo de la primacía de la democracia directa, en el propio Parlamento Europeo. En cuanto a la APEM, ésta forma parte de las setenta asambleas parlamentarias que existen aproximadamente por todo el mundo, lo que en principio parecería una señal de la extensión del parlamentarismo al ámbito de las RR.II., en el sentido de fomentar la gobernanza multinivel y dotar de fundamento moral al foro político, si entendemos los parlamentos como tribunas morales con efecto de socialización. Aún así, en el mundo de la diplomacia, lejos de ser electos, los cargos son longevos y no sometidos a control electoral alguno, lo que hace que el ponente no sea optimista y constate que el realismo sigue dominando, a pesar de que reconoce que en la resolución de conflictos la diplomacia parlamentaria juega en papel brillante.


En el caso que nos ocupa, el Euromediterráneo, Stavridis no puede evitar dejar patente su frustración, y denuncia que en las reuniones los parlamentarios de los países árabes defienden en bloque, y sin argumentación alguna, las posiciones de sus gobiernos. Comenta que siempre se posicionan en favor del elemento palestino y en caso alguno hay valoración moral o ética, algo totalmente incomparable a lo que ocurre con los parlamentarios que representan a la Unión Europea. Cierto es que la UE tampoco ha sido capaz de cuajar una posición común en política exterior, como también lo es que las reacciones en clave nacional se siguen expresando a nivel interparlamentario, pero lamenta que los países árabes consigan demasiado a menudo que las reuniones de la APEM acaben totalmente dominadas por el conflicto de Oriente Medio, y que a fin de cuentas se diluciden en posiciones totalmente maximalistas por parte de los representantes de unos países altamente jerarquizados, que además no viven en sociedades abiertas, y que simplemente deberán rendir cuentas ante su jefe al regreso.


Si bien sabemos que el conflicto israelí-palestino no debía formar parte de los objetivos a tratar en la UMed, tras escuchar la intervención de Stavridis una se queda con la sensación de que ese conflicto parece impregnarlo todo. En todo caso, en la APEM sí procede tratar estos asuntos, así la diplomacia parlamentaria entre los Estados de la Asociación trabaja teóricamente sobre tres conflictos: el de Oriente Medio ya mencionado, el de Chipre y el de Sáhara Occidental. Por ello se pregunta el orador por qué jamás se ha tratado el conflicto saharaui en un comunicado oficial, y sugiere que tal vez este sea el ejemplo más claro de que no hay interés común entre todos los estados de la Asociación. A esto se suma un mal de raíz y es la carencia de consenso sobre las reglas de juego, algo que impide avanzar. Para Stavridis el estancamiento es de tal magnitud que se pregunta si no sería adecuado que la UE empezara a aplicar algún mecanismo de sanciones económicas para obtener resultados políticos. Se pregunta por qué el Parlamento Europeo se muestrar tan reacio a utilizar esos recursos. Entretanto, y como se ha dicho, la ONU reconoce que la Unión Europea pierde influencia en sus órganos de decisión al ver que muchos países que en la década de 1990 se alineaban con Europa, en estos momentos optan por la posición china. Y se lamenta, para concluir, de la relevancia de los países soberanos en detrimento del potencial que representa la Unión Europea, cuyo Parlamento debe establecer un modelo a seguir.

Una vez concluida esta intervención, la Dra. Barbé recuerda que cabe establecer una distinción y es que en la Declaración de Barcelona de 1995 se establecía en sus artículos iniciales que el Proceso de Barcelona no se abría como foro para resolución de conflictos. Parte de la audiencia entra en debate, algunos ponen en cuarentena la visibilidad de las acciones internacionales de la Unión Europea, la pérdida de relevancia en los organismos internacionales, la incidencia del estilo de practicar la cooperación de China, y en el turno de preguntas algunas de las cuestiones que se lanzan al aire son por qué las interparlamentarias en el Magreb y en las zonas del sur están dominadas por los Estados que forman parte de la cuenca sur, o por ejemplo cómo se resuelven los cambios de postura en política exterior debidos a los cambios de gobierno nacionales en aquellos casos en que el PE debe adoptar una posición común (dice Garriga jocosamente que "para eso Dios creó a los funcionarios"), y justamente ahora que hablamos de cuestiones que encantarían a los expertos en institucionalismo, los ponentes nos invitan a plantearnos hasta qué punto disponemos de mecanismos e instituciones capaces de democratizar la política internacional, y llegar a institucionalizarlas en el mundo.


Garriga es partidario de insistir en la vía de la cooperación con instauración de valores democráticos y de respeto a los derechos humanos como único modelo posible, y recalca la necesidad de lograr una visibilidad de la Unión Europea y potenciar su relevancia y señas de identidad, destacando que es tan importante ganar prestigio como saber de qué manera nos ven los demás. Por eso las dinámicas de condicionalidad positiva (condicionar ayudas a derechos humanos) son más sugerentes que las dinámicas negativas (sanciones). Finalmente, Stavridis lanza una reflexión al aire que tomo y subrayo, dice que debemos prestar atención a las regiones que se están integrando a una velocidad enorme y sin instituciones, por ejemplo en Asia. Esta idea me recuerda a las tesis de Ohmae sobre el final de la era de las naciones y la emergencia de la regionalización en el mundo, una de mis tesis preferidas, aunque está por ver si éstas podrán prolongarse en el tiempo sin algún grado de institucionalización. Prometo investigarlo...

Satisfechos, ponentes y audiencia, por el dinamismo de la conferencia, salimos al Passeig de Gràcia a saludar al espléndido sol en un cielo que, a lo largo de la sesión, ha borrado el gris. Pensando que acaso la nube volcánica también se haya desvanecido y esos centenares de miles de europeos que están inmovilizados en tantos aeropuertos, puedan por fin llegar a sus destinos.

jueves, 8 de abril de 2010

Mercado, Estados y amigos de la opacidad

Comprender la historia es importante para recrear esa conjunción de intereses que empujó a la creación de la primera unión aduanera en Europa, pero no suficiente para abordar el futuro. Hoy el mercado interior todavía está en vías de traducir la reconciliación de los deseos de ciudadanos, consumidores y productores, en un proyecto que es sin duda colectivo. La Comisión se propone en este mandato consolidar un mercado más saludable y mejor regulado, un mercado en que las actividades financieras estén lo suficientemente controladas como para no poner en riesgo a la economía europea.

Como vemos, se trata de una supervisión, aunque orientada a la eficacia. Para ello, deben eliminarse cuanto antes las barreras todavía existentes en el mercado interior, ya que el desarrollo del mercado no se ha consolidado, hay barreras que se traducen en pérdidas para el consumidor, situaciones abusivas que no parece resistir el examen de la autodisciplina que se le supone al mercado ideal. Las instituciones comunitarias nunca han sido amigas de la autorregulación, y la práctica nos dice que razón no les falta.

El espacio único conlleva riesgos, pero sobre todo algunos son reticentes a la vigilancia y gustan de la falta de transparencia, y para muestra un botón. La Comisión ha impulsado la puesta en marcha de un sistema que facilitaría las transacciones transnacionales: el SEPA (Espacio Único de Pago en Euros), que incluye a los veintisiete más cuatro países extracomunitarios, cuya entrada en vigor se está retrasando por las reticencias de los bancos, pues el uso de medios de pago no electrónicos supone una facturación de casi el 3% del PIB europea. En esa batalla, el nuevo comisario de Mercado interior, Barnier, se decanta por la creación de una tarjeta bancaria europea, capaz de desbancar a Visa o Mastercard, tarjetas de ámbito internacional que dominan el mercado. Justamente el ámbito de los medios de pago es un claro ejemplo de falta de desarrollo del mercado único, donde la uniformidad a nivel europeo brilla por su ausencia, ya que los Estados penalizan de forma distinta ciertos medios de pago mediante comisiones. Al parecer las entidades bancarias no están muy interesadas en que esta situación cambie, con lo que deciden arbitrariamente, se embolsan buenas cantidades en concepto de servicios bancarios intangibles y el consumidor, indefenso, es el pagano perjudicado.

Decíamos que la intención es consolidar un mercado al servicio de una sociedad definida en cooperación con las instituciones europeas. Para ello, una de esas grandes pretensiones estilo europeo es mejorar la gobernanza de las empresas, incluso en términos de ética, recuperando aquella vieja idea de Adam Smith, que creía que sin ética no hay mercado.

¿Cómo se concreta toda esta retórica? El compromiso es trabajar a partir de la Estrategia UE2020 de la Comisión, junto con herramientas legales como la Social Business Act, para favorecer a las empresas que promuevan la inclusión social. Existe una entente en Bruselas sobre la necesidad de dirigirnos hacia un derecho positivo de servicios de interés general europeos y de servicios de interés económico general. Desde el punto de vista del Tratado de Lisboa, en su artículo 14, las funciones de los servicios públicos en la Unión están garantizadas. Ese no parece un problema inquietante. Lo complicado es incidir sobre la gobernanza de las empresas, cuando hay 27 realidades nacionales distintas, por ello es crucial establecer una reglamentación común que garantice el desarrollo de empresas responsables en todo el territorio de la Unión.

En este sentido, Barnier teme que la búsqueda de consenso conduzca a acuerdos de mínimos, y por ello enfatiza la necesidad de distinguir bien entre empresas financieras y empresas de la economía real. En cuanto a las primeras, la prioridad de la Comisión es la seguridad y la trazabilidad de los productos financieros. Por ejemplo, ha habido intentos (no muy exitosos por ahora) para regular los hedge funds, y así se puso en trámite recientemente una directiva, en la que se endurecían mucho las exigencias para la concesión del pasaporte europeo a los hedge funds extracomunitarios que desean operar en el mercado único. Esto implicaba que los gestores de fondos debían obtener un pasaporte europeo librado por la autoridad nacional a cambio de recibir información sobre los fondos; el pasaporte se obtendría siempre que la Comisión estimara adecuada o equivalente la reglamentación existente en el país donde los fondos estén domiciliados. Sin embargo, la presidencia española ha retirado esta directiva del orden del día del Consejo que debía tratar su aprobación. No cabe más que lamentarse por ello. El Consejo sigue representando intereses de los Estados miembros y a menudo perpetuando decisiones poco transparentes.

Insisto, la falta de transparencia aquí no procede de las instituciones europeas, sino de los Estados miembros.

Seguimos. En la Comisión preocupa la opacidad de los mercados financieros hasta el punto de que el 80% de los intercambios en el mercado de productos derivados es opaco, cuando debería invertirse esa tendencia. En esta línea, la Comisión va a proponer en junio de 2010 un paquete de regulación estructural de los mercados de derivados, para que las condiciones de trazabilidad de los productos financieros se decidan en coordinación con el regulador estadounidense y los otros socios de la UE. Si se consigue aprobar esta propuesta, habrá que afrontar el siguiente problema, encontrar o constituir una autoridad europea de supervisión de los mercados financieros. No existe.

Hasta ahora, la hoja de ruta del desarrollo del mercado interior ha sido la estabilidad, más que el crecimiento, lo que ha impedido que un mercado tan grande favorezca las inversiones consolidadas y a largo plazo, al menos no hasta el grado que sería deseable. En su intento por optimizar las condiciones del mercado, la Comisión desea ser el motor los partenariados públicos-privados, y en este sentido el gobierno de la UE pretende actuar más como impulsor que como órgano legislativo.

Esto no es más que el reconocimiento de la propia debilidad del gobierno europeo, es decir que la Comisión impulsa, el Parlamento aprueba, pero sus decisiones no son definitivas, ya que la implementación siempre acaba dependiendo de los gobiernos nacionales. ¿Cómo reconciliar así Europa con los europeos?

Todo indica que para consolidar el vínculo entre los ciudadanos y las instituciones, la transparencia no es suficiente. Hoy por hoy, disponemos de un nuevo punto de partida, el Tratado de Lisboa, que deja resueltas por unos cuantos años las cuestiones institucionales. No puede decirse lo mismo sobre el futuro económico (o el bienestar) de los europeos, lejos de ser una realidad prometedora. Sólo disponemos de la premisa es el buen funcionamiento del mercado único, y su adecuada regulación, de un mercado que parece abrir oportunidades, pero que implica cambios de mentalidad que no se han producido, y me refiero a situaciones cotidianas, como que un trabajador europeo debería empezar a aceptar que la pérdida de su empleo en una empresa de Sevilla, puede significar un nuevo empleo en Milán o Ámsterdam. Es decir los europeos deben aprender a vivir con la deslocalización, deben asimilar el concepto de movilidad, y no vivirlo como una renuncia, sino como una oportunidad derivada de la necesidad de competir en el mundo globalizado.

Es un largo camino, y por ello se han ido fraguando armas políticas para mitigar estos efectos derivados de un mercado de grandes dimensiones, que tiene efectos secundarios más allá de las deslocalizaciones, sin duda los problemas de cohesión, la falta de competitividad o los problemas regionales derivados en parte de la falta de armonización fiscal dentro del territorio de la Unión, relacionado este último con la necesidad de dar la batalla contra el fraude. En esta línea, el nuevo comisario Barnier ha prometido ser muy beligerante para exigir transparencia en los datos sobre intercambios bancarios proporcionados por los Estados miembros. Volvemos a los objetivos nacionales, a las entidades bancarias y a ese círculo de intereses creados a los que tan poco agrada la transparencia informativa.

Esto me recuerda el debate que tuvimos hace unas semanas sobre la posibilidad de crear un Fondo Monetario Europeo, cuando dudábamos de la utilidad de una nueva institución si hasta ahora hemos sido incapaces de hacer valer los instrumentos disponibles, como el propio Pacto de Estabilidad, y la exigencia de que los Estados miembros se autodisciplinen. Los Estados siguen sin cumplir con sus obligaciones, obstaculizando avances que desde mi punto de vista no van en beneficio del ciudadano, sino de algo que a mí me resulta misteriosamente intangible y desconocido.