domingo, 31 de enero de 2010

Eurofilia y eurofobia

La Unión Europea no es discutible ni opinable, existe, y aunque algunos preferirían estar fuera de ella, sospecho que saben que dentro de ella se "existe" mejor. La UE es un espacio territorial sin fronteras internas, un mercado donde las autoridades velan por la competencia en igualdad de condiciones y por la seguridad del consumidor. Hasta ahí parece que todo son ventajas. Las regulaciones europeas penetran en nuestras economías nacionales, como lo hacen en el resto de los Estados miembros. Así, las molestas e irritantes directivas que regulan hasta el tamaño de los embalajes son en realidad facilitadoras de las relaciones comerciales, y nos permiten adquirir productos perfectamente reconocibles y adaptables a nuestras necesidades, independientemente del país de origen.

¿A qué responde la eurofobia? No es una enfermedad congénita ni un discurso propiamente ideológico, hay eurófobos de derechas y de izquierdas, liberales, conservadores, socialistas, los hay quienes detestan la variante "eurocrática" o los que reniegan de la Europa de los mercaderes, los hay escépticos sin más, también nihilistas o individualistas, aunque no habría incompatibilidad en profesar todas estas creencias y ser europeísta.

Yo me tengo por alguien notablemente individualista y soy completamente eurófila, apuesto por la unión de las naciones de Europa como una oportunidad para la prosperidad y la libertad de los ciudadanos europeos. A los que se quejan de la Europa de la burocracia y de los mercaderes, les preguntaría ¿en qué resulta más ventajosa la burocracia nacional? ¿Hay algún mérito especial que haga más atractivos a los mercaderes nacionales que a los de otros países?

Si el deseo de algunos es que haya una intereferencia mínima de intervencionismo en nuestra vida, tal vez sea el gobierno nacional el que se lleve la peor parte en cuanto a injerencias (empezando por la recaudación de impuestos y siguiendo por toda clase de leyes nacionales que afectan a nuestra vida diaria, además de la legislación autonómica y las ordenanzas municipales), aunque a juicio de gran parte de la opinión pública dominante el legislador que está de más es el europeo. Si algo no está de más, es recordar que la Unión Europea nos otorga derechos como ciudadanos y, con la vigencia el Tratado de Lisboa, las instituciones comunitarias nos están protegiendo de posibles tendencias al abuso de poder en los gobiernos nacionales.

Destaca el derecho a recurrir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, si se sufre algún atentado contra los derechos garantizados por la Carta, o cuando se comete un delito contra la igualdad de oportunidades. También se reconoce el derecho a voto, la libertad de expresión, y por supuesto la libertad de circulación de capitales, servicios, bienes y personas, etc. Las directivas y regulaciones responden a la necesidad de asegurar el mejor funcionamiento posible de la sociedad y, más que trabas, son herramientas para la buena convivencia.

La regulación supranacional es tan necesaria en un mundo interconectado tecnológicamente, que lo idóneo sería que trascendiera las fronteras europeas, y como ejemplo obvio las políticas energéticas o incluso las relacionadas con el clima. ¿De qué serviría que un Estado miembro regulara restringiendo los niveles de contaminación si el país vecino no lo hace? La no coordinación de ciertas directrices políticas en el territorio comunitario, conllevaría el riesgo de un auge de la política de dañar al vecino, voluntaria e incluso involuntariamente, con costes incalculables que en la situación actual de la Unión nadie se plantea seriamente. Con todo, hay algo indicativo de los recelos que ciertos Estados todavía preservan, y como muestra un botón: para que el Tratado de Lisboa llegara a aprobarse, se tuvo que incluir, por primera vez en un tratado, una cláusula en cuya virtud un Estado miembro puede abandonar la Unión sin que el resto de Estados miembros deban aprobar dicha decisión. Parece una cláusula democrática y exquisitamente razonable, aunque podría ser utilizada por líderes no democráticos para despojar de derechos a sus ciudadanos. Tal vez sea llevar al extremo el ejercicio de la especulación, aunque siendo exhaustivos justo es decir que también es antidemocrática la permanencia en una entidad política supranacional, como es la Unión, si lo es en contra de la voluntad propia.

La premisa para legislar en la Unión es buscar el bien general de todos y cada uno de los Estados miembros, partiendo de que lo que es beneficioso para un miembro es también para el resto, y teniendo en mente que un ciudadano europeo debe estar sometido a la misma legislación, y gozar de las mismas garantías tanto en su país como en el resto de países de la Unión. Es lo que consagra la libertad de movimiento. La cuestión técnica del mercado interior sumada a la cuestión legal de la ciudadanía europea.

Esa, y no otra, fue la primera razón por la que un día, siendo una joven estudiante, me sumé a la causa europea, la motivación de poder peregrinar por todo el continente, con la tranquilidad de ser una ciudadana con plenos derechos, teniendo la capacidad para poder instalarme y empezar de nuevo, una y cien veces, en cualquiera de esos maravillos rincones que jalonan el continente.

viernes, 29 de enero de 2010

El don de eludir I (mercado energético)

Decía Madison, uno de los padres de la Constitución norteamericana, que el principal objeto de las negociaciones constitucionales es "garantizar el bien público y los derechos privados" y reconciliar ambos ideales en el espíritu y la forma "de un gobierno popular".

Los federalistas estadounidenses comprendieron bien las tensiones que se pueden producir entre los intereses de un ciudadano y los intereses de la nación, y vieron cómo el federalismo permitía reducir diferencias y encajar lealtades. La Unión Europea se está construyendo, avanza a velocidad variable en un viaje sin retorno, que transcurre con cierto éxito gracias a la capacidad de innovación institucional, también a la fuerza de la necesidad que diagnosticaba Monnet hace sesenta años.

Si los estados en Europa han sido hasta ahora capaces de grandes concesiones al poder supranacional, en estos días vemos resurgir nuevas líneas rojas trazadas por los líderes europeos en una nueva carrera, la del don de eludir, que por cierto era el título de una vieja canción sobre el desamor romántico. La elusión viene como anillo al dedo a los que se baten en retirada, también a la ausencia de ciertos compromisos que se van amontonando en los cajones de asuntos pendientes en la política europea.

Si ayer nos referíamos a la política social, pongamos hoy el punto de mira en la política energética, con triple excusa: el cambio climático, la brecha tecnológica, y la dependencia energética. El último informe de la Comisión (plan SET) pedía incluir en el marco financiero 2013-2019 fondos para invertir en reducción de emisiones de CO2, aunque los Estados miembros se apresuraron anteayer a excluir compromisos vinculantes, emitiendo un borrador en el que textualmente dan primacía a los intereses nacionales sobre cualquier consideración global. Afirman asimismo los ministros que el formato preferido será en todo caso la cofinanciación a criterio de los Estados miembros afectados.

Con estos mimbres no sorprende tanto el fracaso de la pasada cumbre de Copenhague. Sin embargo, sí se ha estipulado que el gasto para investigación en el campo energético se triplicará durante la próxima década con inversión privada y pública, aunque la Comisión ha exigido una mayor implicación del gasto público que se recoja en el próximo marco financiero de la UE. Como se apuntaba, los Estados miembros son más partidarios de la cofinanciación, y manifiestan que desean preservar la soberanía nacional sobre los programas conjuntos, solicitando además a la Comisión que desarrolle un marco más predecible y concreto para atraer a los inversores privados. Asimismo reclaman que el BEI (Banco Europeo de Inversiones) ofrezca instrumentos financieros para proyectos de energía renovable, dentro del ámbito del mencionado plan SET, que por cierto se debatirá a instancias de la Presidencia española en el Consejo de marzo en Bruselas, previo a la cumbre anual sobre el Plan Estratégico Energético que se celebrará en junio en Madrid.

Sería insensato ser optimista, tras una reunión ministerial del Consejo en la que se ha hablado tan claramente de dar primacía a la escala nacional, ¿cómo va a desarrollarse una estrategia energética europea si no hay voluntad política? No hay ámbito donde más claramente se perciba que no se toman decisiones en clave de interés ciudadano. Acierta la Comisión en exigir más recursos, pero estos recursos no se justifican si no se acompañan de un plan de inversiones transnacional que contemple un mercado energético único, sin barreras, que mitigue la lacra de la dependencia energética exterior de países terceros, y atenúe o haga más soportables los costes que supone la inversión en renovables.

Como bien ha destacado la propia agenda de la Presidencia española, no hay área política donde la delegación de competencias se justifique más que en la Energía. Este caso nos sirve hoy de ejemplo para demostrar el tour de force del que hablábamos el lunes.

Continúa...

jueves, 28 de enero de 2010

La Europa "social" entre lo informal y lo formal

Hoy y mañana tenemos entre nosotros, en Barcelona, a los ministros de Trabajo de la Unión Europea, en un encuentro que, por criterio del Consejo, tiene carácter informal, y se sorprenderían al ver cuánto más eficaces son estos encuentros relajados para acercar posiciones y producir estrategias concretas. Mi experiencia (apenas como observadora) me dice que en la distensión se producen las complicidades decisivas que marcan los rumbos políticos del mundo. Aunque yo soy de las que no creo en las grandes teorías conspirativas planetarias, y sigo convencida de que los ciudadanos pintamos algo en la historia. En fin. La reunión se justifica en los preámbulos de la redacción de la Estrategia 2020, ya que los agentes sociales, y particularmente los lobbies del centro-izquierda, se lamentan del sesgo más bien liberal de las propuestas presentadas por la Comisión Barroso para afrontar la crisis.

Dichos lobbies ven precisamente en el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, que ostenta la presidencia de turno, una oportunidad para poner el acento social sobre la agenda europea, como ha manifestado hoy Conny Reuter, presidenta de la Social Platform (una red de ONGs sociales), admitiendo a su vez que, siendo la mayoría parlamentaria en la UE de centro-derecha, pocas opciones hay de que se materialicen sus ambiciones.

Es conocido que en el entorno comunitario funciona el lobbismo, distintos actores o grupos pretenden imponer sus prioridades de agenda, aunque es difícil valorar si lo hacen en favor de la ciudadanía europea, que por lo demás se manifiesta en las urnas por doble partida, eligiendo a los eurodiputados y a los respectivos jefes de Estado y de Gobierno.

No se cuestiona la Europa social, no se ha llegado al punto de tener que dar por fracasado al estado del bienestar, aunque da la sensación de que éste merece una segunda oportunidad y tal vez deba abrirse un debate sobre un nuevo modelo social en Europa. ¿No les parece que el actual ha demostrado su ineficacia para resolver las situaciones de precariedad económica de tantos europeos? ¿Cuáles son los fines de la política social? Alcanzamos a entender que las políticas sociales pretenden prevenir y evitar las situaciones de desamparo de las personas, aunque algo me hace sospechar que no se ha dado todavía con la receta.

El propio Barroso se comprometió a defender esos objetivos de carácter más social en la apertura del Año europeo contra la pobreza y la exclusión social (2010). Los presidentes del Trío (España, Bélgica y Hungría) ya han presentado una agenda de encuentros con los agentes sociales para el mandato de año y medio. Pero, ¿hay algo concreto detrás de los miles de páginas de retórica vacía a cuenta de la pobreza y la exclusión social? A mi juicio, mucha corrección política y escasos resultados.

En este contexto, el objetivo de la reunión informal de estos días es doble, por un lado incorporar a la acción política de la UE elementos para resolver el impacto de la crisis, y por otro corregir el eterno problema del desfase en la formación y cualificación profesional de los europeos. Y siguiendo la tradición comunitaria de fabricar una jerga propia, los ministros hablarán de los empleos “verdes”, vinculados al medio ambiente; los “azules”, referidos al desarrollo tecnológico; y los “blancos”, relacionados con los servicios a las personas dependientes.

El uso de la jerga puede ser más o menos cuestionable, pero atiende a un criterio de "branding" europeo que considero oportuno y hasta acertado, pero lo que hay detrás de las etiquetas a menudo no deja de ser una simple construcción modélica y alejada de la realidad. Esta sensación viene acentuada por la insistencia en recurrir hasta el agotamiento a tópicos del estilo del famoso cambio de modelo productivo, otro de los mantras que se reproduce reunión tras reunión, como lo es aquel del crecimiento sostenible o la sempiterna cuestión de la inclusión social, eso sí, imaginen esos lugares comunes pronunciados en un entorno distendido, copa en mano, como sugiere la informalidad que adorna al encuentro.

Con todo, permítanme ser algo escéptica ya que, incluso de la pompa y la formalidad, nació en el año 2000 aquel bienintencionado compromiso de la Agenda Lisboa, que afirmaba que en 2010 Europa sería la economía más dinámica del planeta, basada en el conocimiento. Tanto se erró el tiro que ya en 2005, a medio camino y con el pie cambiado, se rehizo la estrategia para concentrarse en la creación de empleo, incluso mediante la devolución de competencias a los Estados miembros con el fin de recuperar a la desesperada la senda del crecimiento económico. Los resultados a la vista están. La coordinación abierta se ha mostrado inútil y los Estados por sí mismos completamente incapaces, por ello las reuniones son ineludibles y los acuerdos casi una necesidad, por encima de la pluralidad de criterios y de los intereses nacionales que, a todas luces, no tienen efecto benéfico alguno sobre las economías europeas.

Las reuniones de mañana en Barcelona culminarán en el Consejo que tendrá lugar el 10 de marzo en Bruselas, la capital de la Unión, y hablando de capitalidad me cuentan que hay movimientos en el entorno institucional que sugieren que la cumbre de la UE con EE.UU. se realice en Bruselas en lugar de en Madrid, como símbolo de que la única voz exterior de la Unión se expresa también ejerciendo su capitalidad. Ni que decir tiene que me parecería un error, no sólo porque creo que esa cumbre debe realizarse en España, sino porque el espíritu de las presidencias semestrales es que cada Estado miembro tenga su oportunidad de influir en la agenda, y de dejar su huella política en la construcción europea. Nos gusten más o menos algunas de las peregrinas ideas del presidente español, cierto es que el alcance de los objetivos de la presidencia y el compromiso de España, así como su voluntad de incardinación plena en la política de la Unión, merecen un voto de confianza.

lunes, 25 de enero de 2010

El movimiento europeo en plena forma


Esta mañana, con un tiempo típicamente bruselense en Barcelona, me he dirigido al Parlament de Catalunya, paraguas en ristre, para asistir a una prometedora jornada europeísta, concretamente la XIX Jornada del Consell Català del Moviment Europeu. Ante una sala abarrotada de eurodiputados, periodistas, politólogos y también algunos profesores, empresarios y estudiantes, se han vivido intensos momentos de debate sobre los retos que afronta Europa para ser creíble, las trampas que esconde el Tratado de Lisboa, el papel que debería cumplir la Presidencia española y por fin la fórmula para ayudar a las empresas europeas a triunfar en el mundo globalizado.

En vista de la vastedad del programa esperaba encontrar una buena dosis de la típica retórica vacía, aderezada con algunas palabrejas de la jerga comunitaria. Nada más lejos de la realidad. Tras presentaciones, abre fuego el Embajador en misión especial para proyectos de la UE, Carlos Carnero, quien tiene por costumbre no defraudar como ponente, por su pasión y convencimiento característicos, que hoy ha vuelto a manifestar constatando que Lisboa da vida al movimiento europeo y dota de contenido federal a las instituciones.

Certeramente puntualiza que cuando emplea el término federal lo hace en su acepción más positiva, es decir no centralizado y no burocratizado, sino basado en la gestión compartida. Por ello admite Carnero que Lisboa jamás habría sido el resultado de una CIG (conferencia intergubernamental), y que sin la Convención Constitucional este Tratado jamás se habría pergeñado, de ahí que bautice a Lisboa como el hijo de la Constitución, con una similitud genética del 95% entre ambos, lo cual es mucho decir, y destaca el nuevo y poderosísimo Parlamento Europeo, al que textualmente cataloga como mucho más poderoso que el más poderoso de los parlamentos nacionales de la Unión. Lisboa justifica por tanto, a juicio del orador, el uso de ese instrumento por parte de la Presidencia española para innovar, de ahí que valore la agenda española tan amplia y ambiciosa aún a riesgo, no ya de que resulte anodina como dicen, sino que no se alcancen los objetivos. Por ello desgrana algunos de los retos ineludibles, a saber:

- Lograr que el Servicio Europeo de Acción Exterior esté funcionando en abril de 2010 (nutriéndose de funcionarios ya en plantilla del Consejo y la Comisión, y aprovechando las oficinas de las delegaciones de la Comisión en el mundo, que por primera vez representarán a la UE como entidad jurídica).
- Aprobar y desplegar la cláusula de solidaridad en el semestre.
- Trabajar por el mercado energético común.
- Desarrollar la digitalización del comercio electrónico.
- Concretar el espacio europeo de educación superior (más allá de Bolonia).

Destaca Carnero, no sin cierto ánimo provocador, que tras el fracaso de Copenhague sería inimaginable un mundo gobernado por un G2 sin Europa como actor internacional, de ahí el interés en que el SEAE sea una realidad, y se dote de un reglamento adecuado para empezar a rodar y con el tiempo propiciar una política de seguridad común y una única voz de la UE en el mundo. El optimismo de Carnero no se ve enturbiado por las preguntas más escépticas (o las que directamente atacan a la credibilidad dudosa de Zapatero para liderar "algo") en la ronda de debate, e insiste en que el trabajo en la Unión es un tour de force de visiones enfrentadas, pero que España es un país ahora mismo totalmente al servicio de la causa, y por ello la ambiciosa agenda europeísta presentada por el Gobierno de España se pretende tenga continuidad en las posteriores presidencias belga y húngara. Cosecha aplausos Carnero, a pesar de que no ha respondido a las alusiones a la poca autoridad de España para dar recetas económicas o cuestionar la eficacia de la estrategia Lisboa 2010, dado que ahora mismo incumplimos el propio Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Perdonado está porque representa al gobierno español, y esperar autocrítica de un político profesional sería pedir demasiado. Con todo, me llevo una imagen positiva del Embajador y ha demostrado saber qué teclas hay que tocar para seguir por la senda de la integración.

El segundo gran ponente de la mañana, tras una interesante pausa-café de presentaciones imprevistas, es el Director Gral. Asociado de ESADE, Xavier Mendoza, que realiza una brillante exposición aderezada con una no menos sobresaliente presentación en powerpoint sobre la internacionalización de las empresas y las dificultades que éstas afrontan para poder hacerlo de forma competitiva. Aún admitiendo que la UE es la economía más abierta del mundo, y que representa el 30 % del comercio mundial, la irrupción de empresas de países emergentes en la última década ha hecho que estos países sean los que más se han beneficiado de la globalización, algunos de ellos llegando a duplicar la irrupción de empresas, concretamente China y Brasil, que además invierten y están ya comprando empresas de los países desarrollados.

Mendoza alude a la trampa en la que están los países periféricos de la Eurozona por tres razones:
- El déficit fiscal actual.
- La incapacidad de generar superávit externo.
- La imposibilidad de financiar al sector privado mediante los bancos.

Lo curioso es que esto no es que sea coyuntural, es que al parecer es un fenómeno inherente a toda unión monetaria, hecho que propicia que los miembros más débiles siempre deben recurrir a imaginativas fórmulas para mejorar su rendimiento económico, a saber mejorar su tejido productivo, como es claramente el caso de España.

En el entorno de la UE las pymes suman el 99,8% del total de las empresas y generan el 67% del empleo total, y aún hay más, entre 2002 y 2007 el 84% de la creación de empleo en Europa corrió a cargo de las pymes. Justamente el tipo de empresa con menor propensión a exportar. Por ello, Mendoza invita al empresariado a abrir el modelo mental, a pensar a largo plazo, y a buscar mecanismos para soportar las discontinuidades, barreras y dificultades que supone exportar.

Es fácil comprender que los núcleos de innovación son pocos en el mundo y además inaccesibles a las pequeñas empresas. Por ello las políticas públicas deben de una buena vez reflejar las necesidades de las empresas, y facilitarles herramientas para su internacionalización, lo que incluye crear empresas europeas, redes transnacionales, contratar talento de otros Estados miembros y un largo etcétera por recorrer. Finalmente Mendoza rinde un homenaje a los emprendedores y a aquellos que corren el riesgo de innovar y salir a buscar nuevos mercados, y pide el reconocimiento no sólo del auditorio sino de la sociedad en general. Gran ronda de aplausos.

La jornada se acaba con el enérgico Carlos Bru, pdte. del Consejo Federal del Movimiento Europeo, quien reparte una cal y una de arena a cuenta del Tratado de Lisboa, mientras presenta al ilustre invitado que cerrará la jornada, el irlandés Pat Cox, presidente el Movimiento Europeo Internacional y ex presidente del Parlamento Europeo.

Para Bru, tras Lisboa se esconden graves errores, el primero de ellos la desaparición de los símbolos (coincidimos), también la eliminación de la primacía del Derecho comunitario de forma expresa (aunque cabe decir que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y su jurisdicción sobre todo el territorio garantizaría el cumplimiento de las directivas comunitarias). También denuncia el ponente, y con razón, que algunos Estados miembros se hayan descolgado de la Carta de Derechos, recalcando que atentan contra los derechos de sus propios ciudadanos (como por cierto bien dijimos aquí al excluirla Chequia), y por último rechaza el mecanismo de alerta previa concedido a los parlamentos nacionales sobre toda iniciativa legislativa de la Comisión.

Cierto es que esto último se ha vendido como un logro democrático, pero Bru diagnostica que el hecho de que más de cincuenta cámaras (ya que muchos de los 27 Estados tienen dos cámaras en sus países) puedan dictaminar sobre una ley europea, pone en riesgo el propio funcionamiento de la UE, además de las numerosas situaciones de bloqueo que podrían darse. El debate no es menor, porque pocos minutos más tarde Pat Cox se mostraba muy favorable a ese control de los parlamentos nacionales, afirmando que este mecanismo de early warning doméstico europeiza la política nacional y evita las situaciones abusivas en las que el coste político de las decisiones impopulares se imputa a Europa. Desde ahora el coste político recae también en las cámaras nacionales. ¿Qué opináis? Parece que ambos tienen algo de razón.

Bru no se olvida de lo bueno que nos trae Lisboa, destacando la presencia de la codecisión en el 90% de los casos, la introducción de la Energía como política europea, la legislación común en cuanto a Inmigración, la posibilidad de salida para el Estado miembro que lo desee, y la presencia de la iniciativa europea ciudadana.

Por cierto, no me suena bien lo que han comentado Carnero y Bru al respecto, en el sentido de la propuesta de efectuar un control ex ante de dichas iniciativas, o de imponer un número mínimo de firmas por Estado, así como incluir un tercio de los Estados como requisitos mínimos para aceptar la iniciativa. No parece que sean cláusulas a favor de la libertad ciudadana, sino trabas burocráticas para impedir la libertad de expresión. No sé encontrar justificación democrática a tales limitaciones, que espero no lleguen a implementarse.

Por fin, Pat Cox inicia su disertación resaltando los valores democráticos y las libertades civiles que ha defendido durante más de sesenta años el Movimiento Europeo. Cox alaba el Tratado de Lisboa porque consagra el cierre de un ciclo, los veinte años tras la caída del comunismo con el muro de Berlín.
Agradece a Helmut Kohl que europeizara Alemania, en lugar de germanizar Europa, y señala históricamente las frustraciones de los Tratados de Amsterdam y Niza. Alaba el Tratado actual porque en Lisboa sobrevive la súperestructura política e institucional diseñada en la Convención Constitucional, cuyas consecuencias se perpetuarán durante muchos años, lo que indica que ahora mismo Europa ya ha cubierto el cupo de la innovación política, aunque todavía precisa de un cambio de mentalidad ciudadana, a pesar de que Brecht dijera que es imposible cambiar a la gente. Apuesta Cox por la pasión, y elogia los mecanismos de "check & balance" de que actualmente disponemos, señal de la salud democrática de Europa.

Un tanto irónicamente Cox nos cuenta cómo el planeta Europa está algo alejado del planeta Tierra y caricaturiza lo que los Estados Unidos fueron capaces de hacer por Haití en unas horas, mientras Ashton no iba más allá de convocar una rueda de prensa en Bruselas. La credibilidad política necesita realismo, como la económica, y cierto es que a pesar de la unión monetaria, el polo económico de la UE no existe, ni siquiera harmonización alguna. Buscando eludir el derrotismo típico de algunos europeos, Cox aboga por actuar y y no esperar al diseño de agendas para 2020, y así suelta algunas perlas como remedios presupuestarios:

- Emitir Eurobonos para financiar inversión a largo plazo.
- Crear partenariados públicos-privados para proyectos de infrastructuras europeas.
- Movilizar el dinero público para adquirir tecnología europea.
- Utilizar el BEI para inyectar recursos a la economía productiva.

La exposición de Cox culmina con una invitación a los líderes políticos a no eludir la responsabilidad presente, practicando un realismo ambicioso, y visibilizando la independencia de la Comisión, para dotar de credibilidad el gobierno europeo.

Quedémonos finalmente con esta filosófica reflexión del irlandés: Europa ya es un hecho, ahora sólo falta conquistar a los europeos.

jueves, 21 de enero de 2010

Mercado único digital: derechos imprecisos y productos intangibles

Aunque las aduanas y barreras fronterizas sean cosa del pasado en la Unión, el mercado único está lejos de ser una realidad plena, y éste es el caso en la industria digital y tecnológica. Cierto es que las fronteras físicas no existen en Internet, tan cierto como las contradicciones que esta situación produce, y no me refiero a esa máquina recaudadora [y monopolística, atención] en nombre de los derechos de autor que tan mala fama tiene en nuestro país. Rodríguez Zapatero expresó su deseo de afrontar un problema que es innegable y en esta línea el ministro Miguel Sebastián ha anunciado que la presidencia española propone una nueva Agenda para un funcionamiento exitoso del mercado de los productos intangibles o TIC (industria tecnológica), que se debe negociar en Granada el próximo 19 de abril en una reunión informal del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la UE. Por lo pronto buena iniciativa. Más adelante ya veremos.

La predecesora presidencia sueca realizó un concurrido encuentro informal entre representantes del sector y autoridades, buscando una vía para legislar y regular atendiendo a las necesidades de productores y consumidores, ya que los primeros están actualmente en desventaja competitiva con respecto a los asiáticos, mientras que los segundos siguen pagando cara la no liberalización conjunta de los mercados europeos. Por si fuera poco, existe un cierto vacío legal en cuanto a los derechos del consumidor una vez adquirido un producto intangible, por ejemplo, un contenido descargado por internet; imaginemos que una vez pagado dicho producto, éste es incompatible con nuestro hardware, nos encontraríamos en situación de desamparo legal.

Un derecho impreciso se parece mucho a un derecho inexistente. Por ello el objetivo es crear una Directiva del Consumo que contemple con precisión todos los derechos del consumidor, también en la Red. No se trata de legislar para reprimir el mercado, sino para garantizar los derechos del consumidor y favorecer las ventajas competitivas del productor.

Los fabricantes deben beneficiarse de una regulación que asegure que se puede obtener una licencia para toda Europa con un solo trámite, evitando el actual proceso largo y costoso, además de suprimir los límites territoriales hoy existentes entre Estados miembros. Los consumidores deben tener un acceso claro, fácil y disponer de información veraz sobre los contenidos, así como no sufrir tarifas abusivas. Sin olvidar el tercero en discordia, los autores, cuyos derechos en todo caso deberían determinar ellos mismos, más que la administración. En este sentido va la Directiva, que pretende también harmonizar el mercado europeo, con vistas a que dicha harmonización se extienda a todo el planeta, lo que a su vez impulsaría la competencia en igualdad de condiciones.

Así como reclamamos que en la agricultura y otros sectores industriales se eviten las medidas proteccionistas y se abran negociaciones multilaterales para garantizar la competencia leal, en el caso de las empresas tecnológicas se reclama el acceso equitativo al mercado global, por lo que se pide a las autoridades de la UE que las TIC y los servicios electrónicos sean prioridad en las negociaciones en la OMC.

El objetivo del Mercado Único Digital no sólo es razonable sino deseable, porque las nuevas tecnologías nacen con vocación universal, porque en el mundo interconectado no se conocen las fronteras y porque algo tan intangible y tan esencial como la libertad sólo se garantiza mediante la homogeneidad de derechos y obligaciones, se materializa a través de la igualdad de oportunidades y se consagra cuando existe una base legal que protege contra el fraude, camino que todavía está por recorrer en Europa, sin perder de vista las oportunidades que brinda el territorio digital.

martes, 19 de enero de 2010

El eterno debate continúa: agricultura

Independientemente de lo que diga la demanda, o el sistema de precios, los productos agrícolas estarán siempre en boca de todos, y nunca mejor dicho. Ayer se reunió el Consejo de Ministros de Agricultura, presidido por la española Espinosa. Si uno de los talones de Aquiles de todo sistema de mercado libre es la disponibilidad de información, es sencillo comprender por qué la política agrícola europea sigue sin resolverse, tras casi cincuenta años de existencia de la PAC. Si la Unión Europea constituye un mercado libre con todas las consecuencias, debería funcionar la disciplina de mercado, es decir aquella que los consumidores imponen al empresario cuando dejan de consumir por ser demasiado caro o demasiado malo para sus gustos. ¿Por qué es la agricultura la excepción?

Bien, todos sabemos que el sector agrícola está fuera de esos parámetros, y que existe una suerte de monopolio de los agricultores propiciado por los Estados, que vienen interviniendo en el sistema de precios y subsidiando al lobby agrícola. Huelga insistir en la importancia estratégica del sector clave para la subsistencia, pero no sobra recordar que los consumidores (y también los pequeños productores) vienen siendo muy perjudicados a pesar de las intervenciones durante décadas.

El incremento de precios espectacular sufrido por los productos lácteos el pasado verano desencadenó varias investigaciones promovidas desde la Comisión, cuyas conclusiones apuntaron a la necesidad de vigilar muy de cerca el impacto de la especulación en los precios, así como a establecer controles sobre la cadena de suministro alimentario. Se publicó este informe al respecto el pasado mes de octubre.

El ejecutivo comunitario considera que los grandes productores y las multinacionales practican abusos que perjudican a los pequeños agricultores, y por ello no se descarta financiar la creación de organizaciones de pequeños agricultores o ganaderos en el marco de la PAC para después de 2013, dentro del epígrafe del desarrollo rural.

La clave de la reunión ministerial de ayer fue el seguimiento efectivo de los precios en la cadena que va del productor al consumidor y resulta llamativo que, como bien señaló la ministra española, los países que efectúan dicho seguimiento no compartan la información con el resto de Estados miembros. Como dice Espinosa: "Debemos compartir la información sobre los precios, y también sobre los márgenes de beneficio, es decir deberíamos disponer de esa información para detectar dónde se producen las distorsiones en la cadena de producción alimentaria, tanto a nivel nacional como europeo".

En el día de ayer Francia propuso pactar un precio mínimo para la leche entre productores e industria (sólo a escala nacional). Parece ser que esa vía "contractual" entre sectores no es posible a escala comunitaria, a pesar de que se ha propuesto en varias ocasiones para solucionar la decadencia del sector lácteo. Asimismo Francia aprovechó para presentar su propio proyecto de ley nacional para la reforma del sector agrícola y pesquero. Tras el Consejo de ayer no se puso en marcha ninguna iniciativa legislativa, aunque previsiblemente se resolverán en el próximo comité especial sobre agricultura, donde podrán adoptarse sólo aquellas medidas que no impliquen reformas legislativas (pues éstas deberían ser aprobadas también por el Parlamento Europeo).

Los representantes de los agricultores se han manifestado satisfechos por el debate ministerial de ayer sobre la intervención en la cadena y aprovechan para insistir en reclamar la intervención comunitaria en los precios de los intermediarios. Por contra, los representantes del comercio denuncian el riesgo de que las instituciones traten de modificar algo tan complejo como es la red comercial, que va desde un productor a un consumidor, e insisten en que la libertad es siempre la garantía para mantener los precios más bajos. Además realizan una propuesta concreta: la eliminación de las restricciones territoriales que se imponen sobre el suministro, que obligan a los intermediarios a comprar sólo en redes de distribución nacionales, sin permitirles la ventaja de negociar al mejor postor entre fronteras. Cuanto menos, parece que esta última reclamación entraría en la lógica del mercado único. ¿Qué postura es la adecuada? ¿Podemos permitirnos el coste de unas decisiones tan discutidas y contrapuestas en un sector clave? ¿Se han conseguido los objetivos para el sector tras cinco décadas de subsidios? ¿Hasta cuándo la excepción agrícola? El eterno debate continuará y por mucho tiempo...

martes, 12 de enero de 2010

Entre círculos concéntricos


Desde ayer se viven relevantes, si no apasionantes, sesiones en la Eurocámara bruselense, ya que los futuros comisarios realizan las audiciones en el plenario, previas a la votación de sus señorías sobre el conjunto del gobierno europeo, que se realizará el 26 de enero. La buena noticia es que por primera vez vemos al gobierno europeo sometido al escrutinio de los representantes directos de los ciudadanos, quienes ayer actuaron con contundencia sometiendo a los candidatos a un complicado examen de reválida.

Aquí tenemos un resumen emitido por el canal parlamentario sobre las audiciones de ayer, con la participación estelar de Catherine Ashton, entrevistada durante tres largas horas (con respuestas de un máximo de dos minutos, lo que evita las digresiones comprometedoras), quien inteligentemente se situó entre los círculos concéntricos de sus misiones como vicepresidenta de la Comisión y como ministra de Exteriores. Por cierto, si tal como se ha confirmado Van Rompuy es el hombre al otro lado del teléfono para el resto del planeta, ¿en qué lugar queda Ashton?

Esperemos que la británica no peque de ingenuidad cuando afirma en la entrevista que una vez el Consejo, el Parlamento y la Comisión se aclaren (sic) Europa se manifestará mediante una única voz.

Los otros comisarios sometidos a prueba ayer fueron el polaco Lewandowski (Presupuesto), quien de forma novedosa se descolgó con la posibilidad de gravar las transacciones financieras (algo parecido a la famosa tasa Tobin, que parece recuperar auge) para aumentar los recursos propios de la UE en el plan presupuestario 2014-2020, donde ha destacado los costes relacionados con el cambio climático. Se sigue especulando con la posibilidad de un impuesto europeo, aunque por el momento nadie se atreve a implicarse en la cuestión. El polaco tendrá que vérselas a menudo con los miembros del Parlamento en su mandato, ya que el Tratado de Lisboa otorga un gran protagonismo a la cámara en el mecanismo presupuestario. Otro de los examinados ayer fue el finlandés Rehn (Economía), guardián del cumplimiento del déficit público de los Estados miembros (el famoso límite del 3%), reto no menor en los tiempos que corren, y por último el letón Pielbags (Desarrollo) cuyas tareas tienen que ver con la cooperación con países en desarrollo.

A mis ojos de observadora lo más destacable de la sesión de ayer es que los comisarios parecen mostrar una excelente valía técnica pero no despiertan demasiado entusiasmo, aunque todo apunta a que el Colegio será aprobado sin dificultades. Me alegra comprobar que los diputados están a la altura y han sabido poner a los candidatos entre las cuerdas en muchos asuntos espinosos, aunque desearía un mayor compromiso con el presupuesto europeo y no tanta vaguedad en las directrices políticas. Hoy continúan las audiencias parlamentarias con seis comisarios más, aunque cabe recordar que las reglas del juego indican que la votación será sobre la totalidad del Colegio y no sobre los comisarios de forma individual. Informaremos de lo acaecido en la blanca Bruselas.

lunes, 11 de enero de 2010

La inútil arrogancia

La arrogancia es un defecto propio de los políticos de todos los partidos e ideologías, pero especialmente visible está siendo la mostrada por el presidente Rodríguez Zapatero, quien a pesar de haber dejado constancia en la gala del pasado viernes de que el hombre al mando de la Unión es Van Rompuy, no se reprime a la hora de proponer recetas económicas para superar la crisis. Tanto es así que se prodigan las críticas en la prensa europea a la actitud del presidente español, quien ha reclamado objetivos de crecimiento vinculantes (sin especificar cuáles), acompañados de sanciones por su incumplimiento.

Zapatero pretende realizar esta propuesta en la Cumbre del Consejo que se producirá el 11 de febrero a instancias de Van Rompuy, para establecer medidas resolutivas contra la crisis y definir una agenda económica y social para la próxima década. La indefinida y sancionadora teoría de Zapatero va en la línea ideológica mostrada por el gobierno español en los últimos tiempos, es decir el desarrollo sistemático de controles, la burocratización, y la creación de barreras a la iniciativa y el dinamismo económico, más necesarios que nunca.

Lo llamativo de todo esto es que España es uno de los países líderes en incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento establecido desde Maastricht, y por tanto nuestro país debería ser el primer sancionado, sin olvidar que 7 de cada 10 parados generados en la Unión son españoles. No sorprende así que algunos periódicos, como este alemán, le recomienden una dosis de humilidad a Zapatero, quien lejos de reducir la deuda del Estado español, la sigue incrementando, contraviniendo las más básicas directrices económicas del mercado único, y poniendo en riesgo la presencia de España en el euro. Sumemos esto a la falta de credibilidad de nuestro gobierno, y obtendremos una desalentadora imagen exterior de nuesto país, que en poco beneficio puede redundar para nuestra economía.

En un contexto europeo, cierto es que la falta de competitividad de la Unión reclama de políticas comunitarias integrales, superando el insuficiente método de coordinación que introdujo la Estrategia de Lisboa 2000, y que no nos ha llevado a nada concreto. Los Estados miembros no pueden resolver por sí mismos una crisis cuyos tentáculos se extienden más allá de las fronteras, y aún así parece dudoso que la vía de las sanciones sea eficaz, porque sigue sin ir a la raíz del problema, ¿cómo reactivar y dinamizar el tejido productivo en Europa? ¿Cómo recuperar la senda de la competitividad? Tal como permitía augurar su discurso preliminar a la presidencia semestral, cargado de tintes ideológicos, el presidente español se empeña en reforzar una línea política caduca y contraria a la tendencia general en la Unión Europea, donde la mayoría de países optan por la contención del gasto público y la reducción de impuestos, para superar la crisis con éxito y como solución única para sanar nuestra enferma economía y combatir la lacra del paro. Por eso creo que merece la pena recordar aquella obra del pensamiento político y filosófico de Hayek, porque Zapatero no sólo padece de una arrogancia fatal, sino que además se muestra totalmente inútil para sus fines y lamentablemente para los de todos los ciudadanos, disgustados e inquietos ante la ineficacia de los políticos faltos de escrúpulos y dispuestos a imponer sus creencias, sin admitir su error.

martes, 5 de enero de 2010

Llegó el momento de España


Justo antes de embarcar rumbo al sol canario para despedir el año, pude escribir entre prisas unas cuantas reflexiones [lean aquí] sobre los protagonistas y retos de la Presidencia de España, que cumple con hoy cinco días de andadura. Después vino el discurso altamente ideologizado de Rodríguez Zapatero, seguramente muy alejado de lo que la ciudadanía europea espera y demanda de sus políticos, pero sin entrar en valoraciones tempranas, volvamos al esquema de lo que esta Presidencia puede representar.

La Presidencia española que inicia su andadura estos días suscita una expectación inusual, ya que España debuta presidiendo la Unión bajo un formato de Presidencia del Consejo totalmente novedoso, en aplicación del recién estrenado Tratado de Lisboa. En un escenario inédito, con la instauración de la fórmula del Trío Presidencial, el gobierno de Rodríguez Zapatero afronta el reto de presidir una institución central en la toma de decisiones que representa la soberanía de los Estados miembros, no sólo en una complicada tesitura política y económica nacional, sino en un contexto institucional comunitario donde todavía está por ver el desarrollo y las funciones de los actores implicados, en particular del belga Van Rompuy y de la británica Ashton, vicepresidenta de la Comisión y jefa de la nueva diplomacia europea desde su puesto de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, sin olvidar la preeminencia adquirida por el presidente de la Comisión, el portugués Barroso, al frente del órgano que ejerce el poder legislativo en la Unión, que tras la implementación de Lisboa ve reforzada su legitimidad política.

Una de las claves será dilucidar cómo se resuelve la dualidad de mandatos, y así se espera que el Consejo se encargue de la preparación de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, de las reuniones del Consejo de Ministros, y de la coordinación general de las políticas europeas, mientras que la totalidad de la política exterior quedará en el ámbito decisorio de Ashton.

En términos de agenda europea, el Trío Presidencial, formado por España, Bélgica y Hungría, pactará sus contenidos hasta junio de 2011, abordando la definición de las directrices políticas de las nuevas etapas del Plan de Energía 2010-2012, la Estrategia 2020 de Empleo y Competitividad, y el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 2010-2014, que sustituye al programa de La Haya.

La agenda internacional se prevé intensa, y España será sede de las cumbres de la UE-Estados Unidos, UE-América Latina-Caribe, UE-Japón, UE-Rusia, UE-Canadá y la Cumbre bianual de la Unión por el Mediterráneo, ocasión de oro para impulsar el Proceso de Barcelona, paralizado por una Unión que ha dado prioridad a las relaciones con el Este, y clave para controlar las políticas de Vecindad, cruciales en términos de seguridad y de equilibrio regional, económico y social en una zona estratégica.

La relevancia del Consejo dependerá de la capacidad de perfilar liderazgos y asegurar la eficacia política de un entramado ciertamente complejo, con el reto añadido de dotar de mayor contenido político las decisiones tomadas en la Presidencia, rompiendo con la tónica dominante hasta la fecha, en cuyas reuniones se han tratado múltiples asuntos con un trasfondo de alta retórica y escasa concreción.

Desde su implantación en 1951, el impacto de las presidencias del Consejo ha sido desigual, ya que ha predominado el aspecto simbólico, formulado sobre los principios de igualdad y representatividad de los Estados, a fin de contrarrestar la naturaleza supranacional que imprimía una institución ejecutiva como la Comisión. Si bien es la cuarta vez que España preside el Consejo (ya lo hizo en 1989, 1995 y 2002), ahora existe un alto y justificado grado de especulación sobre las oportunidades que podría suponer para el Ejecutivo español dar forma a una institución con un organigrama inédito, que presenta la oportunidad de desplegar su carácter más supranacional a lo largo de este agitado semestre.