viernes, 17 de diciembre de 2010

Cerramos el año 2010 con un nuevo instrumento para la ciudadanía

Esta semana se rompe (aunque sólo un poco) el techo de cristal del déficit democrático en la UE. El Parlamento europeo ha dado luz verde a la ECI (Iniciativa Ciudadana Europea), la gran esperanza blanca del Tratado de Lisboa, que consagra la participación de los ciudadanos en la acción política institucional. La Comisión deberá atender las demandas populares que cumplan los requisitos, en cuya virtud la Unión Europea se hace más responsable y legítima ante las peticiones ciudadanas, a pesar de que se ha mantenido un exceso de rigidez normativa en la regulación sobre recogida de firmas y los sistemas de verificación.

De hecho, el Consejo de los 27 Ministros la aprobó el martes, mientras que el miércoles el Parlamento europeo hizo lo propio, logrando suprimir parte de la burocracia que emanaba de la propuesta de la Comisión, aunque no será fácil su implementación, dado que las firmas han de recogerse en un máximo de 12 meses y en un cuarto del total de los Estados miembros (el Parlamento pedía que fuera un quinto).

Otra de las debilidades de esta ECI es que los Estados miembros definen los requisitos en cuanto a datos personales (lo que puede implicar la presencia de barreras superfluas), y de hecho el Supervisor de Protección de Datos Europeos insiste en que el DNI no debería ser obligatorio, pero muchos Estados miembros no ceden ante ese requisito, y lo incluirán en sus legislaciones sobre la ECI (que debe ser regulada a nivel nacional en un máximo de un año desde ahora).

Los intereses nacionales prevalecen hasta el punto de que la iniciativa se someterá a las normas nacionales en cuanto a identificación, transparencia y justificación de la financiación de los promotores de la ECI, además de que deberá presentarse en todas las lenguas oficiales de los Estados miembros afectados. Siendo evidente que esta decisión permite que un millón de ciudadanos europeos accedan a modificar la ley europea, cierto es que las normas de presentación (y el coste financiero implícito) podrían tornarse obstáculos insalvables para los ciudadanos poco organizados, lo que tiene el peligro de que el instrumento acabe siendo campo abonado para la actuación de lobbies o grupos empresariales que deseen inicidir sobre la agenda política europea.

También hay que decir, en descargo de la Comisión, que los requisitos de transparencia financiera van encaminados precisamente a evitar el abuso de grandes grupos empresariales o corporaciones, que pudieran caer en la tentación de modificar leyes comunitarias que perjudiquen sus intereses (por ejemplo las farmacéuticas o empresas contaminantes).

Cruel paradoja, cuando este instrumento se concibió en gran parte para compensar el exceso de lobbismo en la política europea. Admitiendo que es pronto para valorar su impacto, pues la ECI tiene que demostrar su vitalidad y utilidad con el tiempo, hoy la gran noticia es que se ha fraguado un punto de contacto entre ciudadano y legislador, y que se ha logrado el compromiso institucional de que las iniciativas que lleguen a aprobarse tengan prioridad en su tramitación política (a pesar de que se ha especificado de que en caso alguna la admisión de una ECI conllevará un referéndum o consulta, a diferencia de lo que ocurre en los EE.UU. con este tipo de iniciativas).

A pesar de que sea objetivamente criticable el monopolio de la Comisión sobre este instrumento, gracias a la ECI se potenciará la atención pública sobre la política europea, además de brindar una vía clara de presión sobre las instituciones europeas para que se posicionen en relación con las demandas ciudadanas, lo que corrige la falta de rendición de cuentas (accountability) que domina actualmente. Analizando pros y contras, es innegable que 2010 ha sido un año de gran momentum integrador, que culmina este mes de diciembre con el nacimiento de la democracia participativa transnacional en Europa.