miércoles, 24 de noviembre de 2010

Ciudadanos y democracia participativa: de lo local a lo global

                                                                                                                                                               


Hoy toca una reflexión algo densa (espero me sepan disculpar) que intenta recoger alguna de mis inquietudes sobre el distanciamiento entre ciudadanía y política, ante unas elecciones catalanas, las del próximo 28 de noviembre que parecen no estar movilizando lo suficiente al electorado, a pesar de la enorme trascendencia del resultado para el futuro inmediato, como comentaré más adelante. En una democracia parlamentaria no presidencialista, como la nuestra, la cámara baja tiene un papel determinante en el desarrollo político, así sucede en Catalunya, pero no en otros lugares, sin ir más lejos en el Parlamento europeo, aunque desde aquí sea firme defensora de su labor, que en este mandato viene siendo especialmente beligerante. Sin ir más lejos, hoy Estrasburgo se reafirma en su determinación por mantener su proyecto presupuestario para 2011, frente a la objeción de Reino Unido y Holanda, vía presión al Consejo.


También hoy la crónica parlamentaria nos trae un ejemplo de imbecilidad política. Llega en forma de anécdota, ya que en el plenario matinal ese partido de los tics no democráticos que insulta la soberanía popular (el UKIP británico) ha vuelto a hacer de las suyas. La historia va unas líneas más abajo, y me ha llevado a unos segundos de reflexión sobre qué sentido tiene la presencia de elementos desestabilizadores en las cámaras de representantes, y su riesgo implícito para el desarrollo político y pacífico de nuestras sociedades.

Regresando a la anécdota, la de hoy no la protagoniza Farage, ya famoso por estas salidas de tono, sino su compañero de partido, Godfrey Bloom, que ha ido a la cámara de la soberanía compartida europea con el fin de boicotear toda iniciativa en pro de los ciudadanos europeos, muy en la línea de actuación del UKIP. Hoy, este diputado interrumpió la intervención del presidente de los socialdemócratas europeos, el alemán Martin Schulz, gritando un lema nazi "Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer". Se le invitó a rectificar y pedir disculpas, momento en que el miembro de UKIP siguió llamando "fascista antidemócrata" a Schulz. El británico fue finalmente expulsado de la cámara. Se trata de una actitud totalmente destructiva que, no obstante, ha conseguido abrirse un hueco en la institución que representa la soberanía popular. ¿Hasta qué punto es admisible este comportamiento? No lo es, pero ¿es suficiente castigo la expulsión del diputado de la sesión de hoy? Puede que no. Si bien es perfectamente legítimo ser crítico con el proyecto de integración europea, no lo es insultar hasta faltar al respeto y recurrir a la grave ofensa, con unas palabras que traen recuerdos terroríficos y tienen una intencionalidad dolorosa. Cabe preguntarse qué lleva a un ciudadano de a pie a apoyar este tipo de formaciones políticas que no aportan valor añadido ni apuestan por proyectos colectivos que mejoren las perspectivas de futuro.

En las elecciones catalanas, que se celebrarán este domingo, también existe cierta amenaza de que partidos antidemocráticos enmascarados pudieran tener su hueco (aunque no daré nombres por no hacerles publicidad gratuita e inmerecida). Los movimientos fascistas que atentan contra los propios cimientos de la democracia no son nuevos y toman virulencia en tiempos de crisis, aunque nunca debemos perder la fe en la sabiduría ciudadana. Sin embargo, un fenómeno atraviesa el continente europeo, cada vez más ciudadanos dan la espalda a sus políticos, como la dan a las instituciones y a la participación, en una señal inequívoca tanto de cansancio como de desconfianza.

Si la desconfianza hacia la institución democrática arraiga, los escenarios alternativos no invitan al optimismo. Aquí en casa, las elecciones catalanas tienen una gran trascendencia porque el gobierno electo definirá la hoja de ruta para siete millones y medio de catalanes, una hoja de ruta que va más allá de los cuatro años de legislatura, donde los retos planteados van desde hacer frente a la crisis, recuperar el tejido productivo, sanear las cuentas públicas depauperadas, equilibrar el territorio, mejorar el nivel educativo, recuperar la confianza en la tradicionalmente respetada Catalunya, y definir las relaciones con el estado español, en un tira y afloja que empezará por la solicitud de un concierto económico (equiparable al ya existente en Euskadi) con el fin de establecer un federalismo fiscal en España. El concierto fiscal por tanto es el primer paso para solucionar un encaje insatisfactorio entre la nación catalana y la española.

El arco parlamentario catalán es multipartidista, y hasta la fecha seis partidos tienen representación parlamentaria, lo que denota el pluralismo de la dinámica sociedad catalana. Sin embargo, el momento pide consensos. Soy consciente de que la política de consensos es criticada por muchos analistas porque puede adormecer el espíritu crítico y desmovilizar la participación ciudadana, pero precisamente la integración europea nos ilustra de la gran potencia del consenso como motor político, económico y social. Hay quien defiende la presencia de partidos radicales y elementos desestabilizadores en las cámaras de representantes, ya que transmite el parlamento como una institución viva y no estancada, imponiéndose sobre el anquilosado y aburrido consenso (tan poco noticiable); también los hay partidarios de extender la democracia participativa a todos los ámbitos (un modelo similar al suizo), pero sea como fuere, en Europa se ha avanzado a golpe de consenso, y lo mismo puede decirse de España, y en particular de Catalunya.

La democracia es imperfecta y además la inadecuación entre el endogámico sistema de partidos y la apertura que reclama la sociedad conlleva un notable peligro. El riesgo es que el ciudadano se repliegue en sí mismo, se queje sin hacer demasiado ruido y acabe por minar el espíritu de superación individual, que redundaría en un empobrecimiento colectivo. Ante la crisis absoluta de valores y referentes que nos asola, los ciudadanos en conjunto ni protestan, ni presionan ni buscan responsables concretos a los que exigir y castigar. Cierto es que difícilmente podemos penalizar a los que ostentan el poder en el mundo, que (no nos engañemos) son las entidades financieras y las grandes corporaciones, mientras los gobiernos apenas ocupan una porción del poder que domina las grandes decisiones globales. Pero sí debemos exigir una nueva política, que se comprometa a poner cotos. Hoy sabemos que la ambición desmedida, la codicia no regulada que se ha consentido en el gran casino global, es la que ha causado la ruina de los estados, que ahora son como piezas de un dominó en riesgo de bancarrota, mientras los ciudadanos (que no tienen culpa alguna del desaguisado) acaban pagando las pérdidas. Es decir, la pérdida se ha socializado, pero los beneficios obtenidos en épocas boyantes quedaron en manos de las elites que, para mayor desgracia, a menudo sitúan sus capitales en lugares remotos donde la transparencia no existe. Salta a la vista que tal sistema es insostenible, y la dura crisis, que se traduce en desempleo y mayor pobreza para todos, es el primer síntoma de la perniciosa desregulación y la permisividad hacia la codicia sin límite.

Por ello el cambio de modelo es tan prescriptivo como urgente, algo que parecen saber algunos (a juzgar por las señales de buena voluntad política), pero que no va más allá de la declaración de intenciones, probablemente por la ausencia de determinación de otros actores. El resultado es que los unos y los otros optan por mirar a otro lado porque no se vislumbra modelo alternativo. Nadie dice que la banca no tenga que tener su margen de beneficio, pero la supervisión debe funcionar como un reloj, por ello es esencial que se pongan en marcha cuanto antes (el próximo enero) los organismos de supervisión financiera que ha creado la Unión Europea bajo los auspicios del Banco Central Europeo. Precisamente la estricta regulación de la banca española es la que nos ha permitido sortear el riesgo de quiebra hasta la fecha en España, cuya solidez financiera se debe a esa previsión y celo. Buen modelo, aunque mejorable, pero sobre todo exportable a todos los mercados del planeta, donde las transacciones financieras tienen carácter global. Si urge globalizar el modelo de supervisión financiera, no menos urgentes son medidas como la consolidación presupuestaria y, en el caso irlandés, la fuerte e ineludible reducción de prestaciones públicas o el incremento de impuestos (donde el impuesto de sociedades está situado en un bajísimo 12,5%) para equipararlo al nivel de otros estados europeos. El caso irlandés es sintomático y acabará por ser paradigma de la interconexión entre economías, hasta el punto de que la armonización fiscal acabará por evidenciarse como inevitable, cuanto menos en la eurozona.

Volviendo a la arena política, la confianza en los gobernantes sólo se recuperará cuando éstos logren pactar un nuevo modelo de prioridades globales. Primero superando el cortoplacismo que propicia la partitocracia, los intereses particulares frente a los generales, y en segundo lugar comprometiéndose con una visión global de la política. Para ello, desde arriba han de imponerse dos tendencias (aunque parezcan contradictorias): levantar trabas al emprendedor, es decir dejar más libertad al ciudadano, y por otro lado regular más para evitar el salvajismo, la codicia desmedida que nos ha llevado a que el menos culpable tenga que pagar las consecuencias del casino financiero incontrolado.

Ante este gran reto de la reforma global nos preguntamos qué papel jugará la ciudadanía, cuando no nos convence el compromiso expuesto por los mandatarios que tienen la capacidad de definir normas para garantizar la protección del planeta, además de otros parámetros como la seguridad alimentaria, la garantía de derechos sociales en todos los países, así como favorecer los movimientos migratorios para solucionar desequilibrios demográficos, y un largo etcétera, es decir globalizar en su sentido más amplio, comprendiendo que en este planeta nos necesitamos todos mutuamente y que la receta para los desequilibrios es fomentar la interacción de todos los ciudadanos, trasladando al ámbito normativo una visión transnacional.

Estando en período electoral, a un par de días de cerrar la larguísima campaña de las catalanas, es pertinente valorar la relevancia de las elecciones, como un elemento más para catalizar la ciudadanía activa, la ciudadanía inteligente y la ciudadanía comprometida. Cada ciudadano es soberano y libre, todas las opciones tienen su validez, e incluso todos los partidos del arco parlamentario tienen ideas beneficiosas y aprovechables, pero el problema de fondo permanecerá si los partidos son incapaces de desbloquear la rigidez de los sistemas políticos y persisten en caer en su red particular de intereses. Yo soy partidaria de los gobiernos decididos, pero no enquistados, de los gobiernos audaces, pero con los pies en el suelo, de los gobiernos pragmáticos, pero que no renuncien a nuevos modelos.

Los gobiernos que la sociedad requiere en épocas de cambio y crisis, como la actual, deben ejercer el consenso y arrastrar hacia la moderación las grandes decisiones políticas, buscando la sostenibilidad, es decir, por un lado protegiendo a las grandes empresas para que puedan invertir en innovación energética (combatiendo así el cambio climático), y por otro dando apoyo a la pequeña empresa, mediante la supresión de trabas burocráticas, pero evitando el proteccionismo, y garantizando la igualdad de competencia en el entorno global (hoy inexistente). El consenso por tanto se inicia a escala local, y requiere extenderse a la escala global, sin prisa pero sin pausa. Retomando el concepto inicial de que los gobiernos son (en medio de ese gran puzzle complejo y global) sólo una porción de los actores relevantes, hemos de seguir buscando un espacio para que el ciudadano incida más sobre la hoja de ruta compartida. Los gobiernos no deben ahogar el impulso ciudadano, sino que deben canalizar esas sinergias, y trabajar en pro de un mundo transnacional en el que el ciudadano tenga más oportunidades, en un entorno regulado que garantice su protección y capacidad de desarrollo. Más lejos de ideologías, que tanto daño han infligido históricamente, y más abiertos a nuevas ideas, para hacer entre todos un mundo mejor y donde la democracia sea de por sí un fuerte valor añadido.