viernes, 22 de octubre de 2010

El potencial anticrisis del nuevo presupuesto europeo (a debate)

Esta semana la Comisión ha presentado su propuesta definitiva para la revisión presupuestaria que se empieza a negociar ahora en la UE, y que tendrá efecto para el marco financiero posterior a 2013. El miércoles se presentó la Comunicación dirigida a todas las instituciones implicadas, donde se desgranan novedades importantísimas e inéditas en la historia de la Unión, lo que trasluce las muchas preocupaciones que hay en Bruselas sobre nuestro futuro económico y político.

Las anteriores perspectivas financieras, que se pactaron en 2004, estuvieron muy marcadas por los costes de la ampliación y por la revisión de la PAC, pero ahora los tiempos han cambiado. No hace falta hacer mucha memoria para recordar los 60 billones de € del rescate griego, basado sobre el principio de los préstamos back-to-back avalados por la UE, con la misma fórmula con que se prestó dinero en 2008 y 2009 a Hungría, Letonia y Rumanía en colaboración con el FMI y el Banco Mundial. Bajo el mismo formato existe actualmente un techo de hasta 50 billones de € para prestar a los candidatos a adoptar el euro (vean aquí más detalles sobre el funcionamiento de este mecanismo).

Pero no nos desviemos de lo importante, y recordando que la negociación de las perspectivas financieras 2007-2013 causó muchas divisiones y estuvo muy marcada por el concepto de los saldos netos, se pretende evitar ahora que la financiación del presupuesto se utilice como variable de ajuste con correcciones ad hoc negociadas hasta el último momento. Y por fin se han puesto manos a la obra para trabajar en un presupuesto que aporte flexibilidad a la disciplina presupuestaria, entendiendo el presupuesto como una excelente herramienta anticrisis, sin olvidar los nuevos factores políticos, entre los que destaca el objetivo Europa 2020 (establece prioridades estratégicas, por lo que el presupuesto debería maximizar su impacto); la consolidación fiscal (limitar el gasto público en muchos Estados miembros, cumplir con el PEC, incluir mecanismos de cumplimiento, incentivo y sanción en el presupuesto comunitario); los mecanismos de estabilización (préstamos a Estados miembros garantizados por el presupuesto de la UE hasta 110 billones de €, buscar soluciones pos-2013, y decidir si el EFSM (Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera) pasará a ser un mecanismo permanente); negociaciones agrícolas (impacto Doha y Mercosur con reflejo en un mecanismo para el desarrollo rural, si bien reduciendo el peso agrícola en el presupuesto, eliminar las ayudas a la exportación); proyectos de gran calado como Galileo e ITER; plantearse la financiación futura para la infraestructura energética y el cambio climático, y por último valorar el impacto real del presupuesto sobre las políticas, sin olvidar los nuevos retos, como el Servicio Europeo de Acción Exterior.

El capítulo de la financiación es percibido como algo complejo e injusto, en parte por la presencia de los mecanismos de corrección, sobre todo porque éstos se basan en cálculos sobre balances netos y no tienen en cuenta la incidencia real del gasto comunitario, y porque además la resultante no es proporcional a la riqueza relativa de cada Estado miembro, además de que no son sistemáticos sino se negocian con cada país, lo que desvirtúa totalmente el sentido global y político de la herramienta financiera. La cruda realidad de todo esto es que las correcciones han sido elementos utilizados para presionar y forzar hasta lograr las unanimidades necesarias para votar y aprobar los presupuestos. Por ello, la actual Comisión se muestra firme en su intención de suprimir las correcciones y ajustes, especialmente la corrección británica, que se pactó con Thatcher (que se quejaba de beneficiar demasiado a los países agrícolas mediterráneos) en 1984 y que condujo a otras correcciones, como la sueca y la holandesa, y a descuentos para Alemania y Austria, elementos compensadores que la Comisión pretende suprimir más pronto que tarde.

Con todo, la verdadera novedad de la propuesta de la Comisión es la insistencia en crear un nuevo impuesto europeo. La propuesta de la Comisión es eliminar el recurso IVA, y establecer un nuevo impuesto, a pesar de la oposición explícita de muchos Estados miembros. En el Informe de la Comisión se mencionan los Estados miembros que se han mostrado dispuestos a estudiar alternativas: Bélgica, Luxemburgo, Austria, Portugal, Finlandia, Italia, Francia, Dinamarca, Polonia, Hungría y España. Se considera que la inclusión de un nuevo impuesto europeo aliviaría la carga presupuestaria nacional.

A continuación detallo algunas de las propuestas con las pertinentes consideraciones sobre sus implicaciones políticas y financieras:

• Cuota sobre derechos de emisión de CO2: que iría directamente al presupuesto comunitario (y no al estatal). Se implementaría en 2013 y se invertiría en nuevas políticas de la UE, si bien su monto sería escaso, aunque tendría un efecto redistributivo y políticamente relevante. Una cuota de 20,3 € por tonelada de carbono para el 65% de los derechos en la UE generaría una recaudación de 20 billones de € en 2020.

• Tasa aérea: una tasa en cada vuelo basada en la distancia y el tipo de avión. Una media de 1,756 € por avión generaría una recaudación de 19,6 billones de € en 2020, con un coste para el pasajero por vuelo de 9,2 € (en 2020). Su implementación sería sencilla a través de Eurocontrol, y se vincularía con el desarrollo del mercado interior, aunque tiene la desventaja de que grava un sector económico determinado.

• Tasa sobre transacciones financieras: una tasa mínima sobre transacciones con acciones y bonos, o con divisas. Puede generar una recaudación de 18 billones de € (con datos de 2008). Sería una medida popular, y se podría destinar a proyectos de naturaleza transnacional, que difícilmente obtienen inversión de los presupuestos nacionales. El inconveniente es que el coste de implementación inicial sería alto, con riesgo de concentración excesiva, e incluso problemas de encaje legal en algunos Estados miembros.

• Impuesto sobre sociedades europeo: se aplicaría una tasa relativamente pequeña sobre la base común del impuesto de sociedades que se pactara. Esto permitiría una distribución más justa de las bases contributivas, y permitiría invertir en proyectos transfronterizos con valor añadido europeo, aunque no se vislumbra un escenario próximo de acuerdo sobre la base impositiva común.

• Impuesto energético europeo: derechos sobre el fuel para el transporte terrestre, que tendrían su reflejo en la factura fiscal. Aseguran un ingreso estable de implementación rápida, si bien tiene impacto sólo sobre un sector económico concreto.

• IVA únicamente europeo: se podría aplicar mediante un IVA combinado (p. ej. 17% nacional + 1% UE). La ventaja es que asegura ingresos estables y tiene un efecto reequilibrio entre Estados miembros, aunque no hay armonización, ni vinculación directa con políticas comunitarias.

• Derecho de acuñación: todos los ingresos monetarios del BCE y los bancos centrales nacionales se transferirían al presupuesto de la UE, con bajos costes operativos. Sin embargo, se necesitaría un cambio de protocolo de los tratados, además de un trato diferente para los Estados miembros de fuera de la eurozona.

• Tasa bancaria: un sobreprecio bancario para financiar las medidas anticrisis. Tiene la ventaja de ser una medida popular, ya que las condiciones son igualitarias, si bien los ingresos serían limitados.

Además de decidir la conveniencia de trabajar en la consecución de una nueva fuente de financiación netamente europea, deben negociarse otros elementos, empezando por la duración del futuro marco financiero, y se proponen fórmulas 5+5, 5+2, 2+5, siempre evitando los cinco años, para que el ciclo financiero no pueda coincidir con los principios o finales de legislatura parlamentaria o mandatos de la Comisión, que podría poner en riesgo la independencia y objetividad con que se gestiona el presupuesto, sobre todo por su concepción de mecanismo a medio y largo plazo. Como podemos ver, el debate está abierto y es amplio, aunque a mi juicio tiene especial relevancia establecer las áreas políticas donde va a destinarse el grueso de la inversión, así como determinar las opciones viables para obtener nuevos recursos propios comunitarios.

* Imagen cortesía de Chester Chronicle.