miércoles, 20 de octubre de 2010

Cuando el futuro es hoy

No es que haya asistido recientemente a un curso acelerado de emprendeduría y me haya dado por titular con un lugar común, pero creo que este título refleja perfectamente lo que está ocurriendo en la gobernanza europea en los últimos días. Estamos, desde hace tiempo, en tránsito hacia un nuevo paradigma global, que aún no ha culminado. Este viaje lo compartimos organismos públicos, empresas, grupos privados, grupos sociales y ciudadanos. Distintos actores que nos vemos implicados, y que dependemos en gran medida de las decisiones que tomen los actores institucionales. Andamos buscando nuevos valores y referencias, tratando de desplazar aquello que ha sido un fracaso evidente, como la desregulación de un mercado financiero, que ha mostrado su cara más salvaje, también se echan de menos nuevas medidas regulatorias que garanticen la igualdad de competencia en la economía global, entendiendo que el desafío es común y no corresponde sólo a los países más desarrollados. En este contexto Europa es referente y debe serlo en las buenas prácticas políticas y normativas, aunque la crisis económica que padecemos apremia con urgencia y pone a prueba a los políticos, su responsabilidad y su credibilidad. Las noticias se agolpan y lo que viene en llamarse la velocidad de gobierno está en plena aceleración. Todo ello no es casual, y se justifica en el efecto multiplicador de distintas crisis que se solapan. La noticia de hoy, para mí, es que, en el Informe presentado ayer por la Comisión Europea en relación con la revisión presupuestaria y el nuevo marco financiero, por fin se ha planteado seriamente la cuestión de los recursos propios europeos. Obran en mi poder distintos documentos presentados por la Comisión en el día de ayer y, sin abundar por ahora en los detalles, merece ser destacado que se proponen hasta cuatro distintos posibles impuestos a recaudar directamente por el organismo comunitario, numéricamente para corregir la actual tendencia de incremento de la recaudación del recurso PIB (nacional) que supone el 70 % del total del presupuesto comunitario (dado que los aranceles han caído en picado) y que lleva el debate en el Consejo al nada edificante terreno de los saldos natos y el justo retorno entre Estados miembros.

Cierto es que esta cuestión parece técnica, y que el debate de fondo es la insuficiencia de la herramienta presupuestaria (1,2% del PIB de la UE) para realizar alguna política anticíclica, que sería lo propio en un contexto de crisis global con efecto desbordamiento entre Estados miembros, pero no restaremos importancia a la insistencia del ejecutivo de la Unión en abordar de forma seria el debate del recurso propio europeo, a pesar de que vaticinamos toda suerte de recelos por parte de los que temen unas instituciones europeas independientes (básicamente los británicos, aunque no sólo). Hasta julio próximo no se presentará la propuesta definitiva para el marco financiero de 2013, así que me quedan unos meses para entrar al análisis profundo. Una vez más, se demuestra que la Comisión es un elemento claro de liderazgo político, cuando Van Rompuy anda metido en diversas polémicas de segundo nivel, que no entraré a valorar, porque ya lo hacen otros.

De momento, y dejando pendiente para dentro de unos días mi análisis sobre el debate que tiene lugar estos días para la aprobación presupuestaria, quiero mencionar otra remarcable noticia producida ayer, relativa a la solicitud del eje franco-alemán de una revisión del Tratado de Lisboa, a fin de poder privar de derecho a voto a aquellos Estados miembros incumplidores de los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento dentro de la Eurozona, es decir se recupera la vieja sanción (que nunca se aplicó en realidad) para aquellos cuyo déficit público supere el 3% del PIB y presenten una deuda pública superior al 60% de su PIB. Para que sean eficaces, las sanciones deben ser automáticas o, en su defecto, acarrear pérdidas de derechos políticos, de ahí el derecho a voto. El motivo de esta premura es que los instrumentos de inyección de fondos a los Estados miembros en riesgo vencen en 2013, por lo que debe existir un marco legal que contemple las alternativas en caso de incumplimiento de los criterios, de modo que se evite un pernicioso efecto cascada entre países, especialmente desde Grecia. Huelga decir que la medida es imprescindible, y tanto Merkel como Sarkozy han apuntado que sin una reforma del Tratado no se podrá presionar a los gobiernos tal como demanda la situación (y los antecedentes), por ello han solicitado a los distintos Estados miembros que presenten sus propuestas para empezar a trabajar en la revisión del texto de referencia a partir de marzo de 2011.

En otra tesitura, y siguiendo en su tradicional empeño por trabajar en el camino de la integración, hoy se reúne en Estrasburgo el Consejo de Europa, con los ministros de los Estados miembros, la Comisión y la OSCE, para tratar la cuestión que afecta a los aproximadamente 11 millones de gitanos rumanos que residen en la Unión Europea, con el objetivo de mejorar su integración socioeconómica, planteando nuevas iniciativas, el intercambio de buenas prácticas y la cooperación entre todas las instituciones afectadas, incluido el propio gobierno rumano. El debate de la integración se está planteando a escala nacional en muchos Estados miembros, a menudo en términos poco constructivos, sin que la Unión Europea pueda contrapesar con políticas globales que permitan gestionar una inmigración más equilibrada territorialmente. Creo que el impacto territorial de la inmigración y su corrección es un asunto netamente europeo, no sólo para gestionar y coordinar adecuadamente los movimientos migratorios, que recordemos son libres dentro de la zona Schengen, sino para plantear políticas de asimilación de la ciudadanía inmigrada en un continente amenazado por el envejecimiento de su población, y que ve cómo la inmigración puede afectar y descompensar el estado del bienestar en algunos territorios de la Unión Europea. Es decir, la inmigración y los movimientos migratorios derivados de la libre circulación tienen impactos claramente asimétricos en la UE, y por ello se precisan decisiones políticas supranacionales o bajo el paraguas legislativo comunitario.

En un entorno global, creo que la Unión Europea debe ser modelo de integración, y en este sentido el debate enlaza con la cuestión presupuestaria, porque la herramienta financiera es la que debe permitir promover un crecimiento sostenible e inclusivo. Debemos trabajar en coordinación regional y supranacional en el mayor número posible de ámbitos, y en especial como única vía para asegurar el abastecimiento energético, para promover una nueva agricultura adaptada al comercio mundial (solventar los problemas morales y financieros de los pagos directos de la PAC) y combatir los efectos del cambio climático que amenazan seriamente el futuro de los recursos. Estos debates son más globales que europeos, pero sólo la Unión Europea es capaz de ejercer ese liderazgo, y debe hacerlo, dotándose de las herramientas y liderazgos institucionales adecuados. Todo este valor añadido que se espera de la política, sólo puede llevarse a cabo con inversión, y en una época en que los recursos públicos son escasos es el deber de las instituciones identificar el mejor uso de los fondos comunes, en palabras de Lewandowski ayer "sólo aquel euro que dé más beneficio invertido desde Europa que desde el nivel nacional". Probablemente lo idóneo no sea tanto ejecutar la inversión pública desde el nivel de gobierno europeo, sino que los tiempos indican que se deben establecer decisiones políticas no contradictorias y eficientes, porque las decisiones que toma un territorio afectan a otros territorios, y ese efecto pernicioso sólo puede preverse y corregirse desde la institución comunitaria, aunque la implementeción política idónea se encuentre en el nivel subestatal.

Por ello y desde una perspectiva de los impactos globales, de las crisis solapadas, de la incertidumbre generalizada, de la desconfianza ciudadana hacia instituciones financieras o incluso políticas, decido recuperar el espíritu positivo de una Unión Europea que se ha puesto ya manos a la obra para controlar los abusos financieros (con el nuevo sistema de control y penalización de abusos y riesgos que ya comentamos aquí), que va en el buen camino superando viejos tabús, como los que estos días se rompen, el primero el de la creación de una herramienta presupuestaria potente y supranacional en Europa, el segundo la necesidad de reforma legal para dar más fuerza a una Europa política que dé el verdadero salto desde la coordinación hacia la integración, el tercero la armonización y supervisión global en las políticas de integración e inclusión. Es decir, una Europa modelo de crecimiento sostenible, una Europa que derriba fronteras interiores y está capacitada de tomar decisiones políticas valientes. Con todo, los retos que afrontamos son de tal magnitud y efecto que sólo se podrán resolver adecuadamente con una participación institucional fuerte que implique también a actores privados, organizaciones sociales, ciudadanos y distintos niveles de gobierno, desde el local hasta el supranacional, articulando una verdadera gobernanza global en la que la Unión Europea (que empieza por cambiar el paradigma en su interior) debe asumir un liderazgo distinto a lo que hemos conocido.

* Imagen del comisario de Presupuesto, Janusz Lewandowski (cortesía de 2space.net)