miércoles, 1 de septiembre de 2010

Por una política de inmigración europea

La libertad de circulación de personas dentro de la Unión es una de las grandes conquistas ciudadanas en el proceso de construcción europea. Siendo obvio que ningún Estado miembro de la UE sería capaz de acoger hipotéticamente a todos los ciudadanos con derecho a residir en el mismo, hasta la fecha no se ha desarrollado una legislación propia y común en este ámbito, dificultando mucho el trato de las grandes masas migratorias, especialmente las que proceden de países no comunitarios, en ocasiones sujetas a una suerte de limbo legal.

Esta ausencia de norma comunitaria concreta, acaba redundando en el predominio de las normativas nacionales, lo que supone un riesgo. Concretamente el de que un Estado miembro decida endurecer su política de migraciones, y que esas medidas desencadenen un efecto desbordamiento hacia otros gobiernos, que obtendrían así justificación para el endurecimiento. Cierto es que la libertad de circulación desencadena muchos temores, como muestra el hecho de que en aquellos Estados miembros con una política más permisiva se hayan producido situaciones de abuso en la utilización de las prestaciones sociales (propias del atractivo estado del bienestar europeo) por parte de muchos que no han contribuido a su sostenimiento.

Entiéndase que la Unión no debe cerrar sus fronteras, sino que debe ser territorio de acogida, también por el riesgo que supone el envejecimiento de nuestra población, pero no es menos cierto que los ciudadanos que vengan a Europa deben estar dispuestos a integrarse y contribuir a la prosperidad de su territorio de acogida. Con todo, el debate sigue siendo incómodo y suele llevarse al terreno de las simplificaciones. A mi juicio, la libertad de circulación no está siendo, ni debe ser, cuestionada, porque ésta no tiene alternativa en una democracia libre y abierta como es la Unión Europea, pero precisamente las normas comunitarias se sostienen sobre necesidades y demandas reales, y los movimientos propiciados por la globalización, más en una zona sensible como la nuestra donde se producen diferencias de renta estratosféricas, el riesgo de no tener una norma común europea es evidente.