jueves, 30 de septiembre de 2010

Barroso en el papel de policía malo

Ayer miércoles 29 de septiembre, coincidiendo con una marcha de centenares de trabajadores en Bruselas contra las medidas de austeridad (y en varias ciudades españolas en el contexto de una huelga general), el presidente Barroso aprovechó para incidir sobre los problemas que ha generado el endeudamiento de algunos gobiernos, dificultando la llegada de dinero público a educación, sanidad o pensiones. Es duro admitir que no somos competitivos o que nuestros salarios son demasiado elevados, cuando tan complicado resulta cuadrar las cuentas personales. Otro tanto les ha ocurrido a algunos gobiernos que no han sido demasiado previsores. La Comisión, sutilmente, culpa de irresponsabilidad a los Estados miembros, y decide realizar ese anuncio precisamente en una jornada de movilización sindical en Europa.

Así, no parece casual que Barroso en su intervención de ayer asegurara que millones de ciudadanos en Grecia y otros países estaban pagando las consecuencias de políticas irresponsables o cortoplacistas. Por eso, en nombre de la Comisión, ayer mismo presentó un paquete legislativo diseñado para controlar el gasto, los niveles de deuda (no superar el 60% del PIB) y la pérdida de competitividad de los Estados miembros, acompañado de un sistema de multas para los países de la eurozona que incumplan las conocidas normas presupuestarias del viejo Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las multas se concretan en obligar a los gobiernos a aportar el 0,2% del PIB a un depósito, a modo de ejemplo, y según los datos de 2009 (del FMI) Irlanda debería pagar 330 millones de euros y España 2,1 billones de euros.

Como es conocido, hasta ahora jamás la Comisión ha multado a ningún Estado miembro, a pesar de que los incumplimientos del PEC fueron constantes, e incluso cuando en 2005 Francia y Alemania llegaron a superar los límites de deuda, finalmente se hizo un giro legal para eludir la sanción. Pésimo precedente que explica que en la actualidad no se concrete ninguna multa, a pesar de que hay varios Estados miembros que incumplen los criterios de deuda. Preguntado al respecto, Barroso justifica este hecho en el momento crítico que atraviesan todos los países, por la crisis.

Cabe decir que esta batería de propuestas son fruto de las deliberaciones producidas en el seno de la que se conoce como Task Force, presidida por Van Rompuy, y constituida por los 27 ministros de Economía y la presidencia del Consejo. Este tipo de propuestas no suenan demasiado novedosas, pero sí lo son en el sentido de que la pretensión es que sean aprobadas en el Consejo de Jefes de Gobierno, para que se adopten por el procedimiento de mayoría cualificada. Sin embargo, preocupa la oposición de Francia, que recela del intervencionismo y la pérdida de influencia política directa. Novedosas o no, lo cierto es que la Comisión pretende elaborar un plan de seguimiento de indicadores macroeconómicos, para vigilar las divergencias en la eurozona, cuya viabilidad correría peligro debido a las fuertes asimetrías competitivas. Hay países que fomentan salarios altos o sistemas de pensiones elevadas, mientras otros reducen salarios para ser competitivos y exportar, como es el caso alemán, algo que dificulta el equilibro que precisa una moneda única. Sin embargo, la Comisión ha ido más allá, y lejos de circunscribirse a la eurozona, propone introducir un sistema de multas (vía reducción de transferencias comunitarias) para los Estados miembros no pertenecientes al euro, que no sigan las directrices macroeconómicas de contención.

Este anuncio de ayer marca un nuevo punto de inflexión y culmina algunas de las propuestas que se han venido lanzando desde Bruselas, como lo fue la aprobación en el ECOFIN de la supervisión de los presupuestos nacionales desde las instituciones comunitarias, que en las últimas semanas ha sido muy cuestionada por los analistas, ya que dudan de su vinculación con un aumento de la competitividad o la mejora de la situación económica de la Unión. Recordemos que el mecanismo de supervisión presupuestaria tendría por fin detectar inconsistencias y desequilibrios, con la intervención del ECOFIN, aunque no deja de cuestionarse la eficacia de este mecanismo si no va acompañado de sanciones, quedando en apenas un ejercicio de presión moral sobre los gobiernos y la opinión pública.

A pesar de todo, el reconocimiento de que Bruselas realiza una supervisión explícita sobre las cuentas de los Estados miembros es visto por algunos como una interferencia en la soberanía fiscal de los países, sin la contrapartida de un gobierno económico que permita establecer una redistribución fiscal adecuada. La cuestión que se plantea ahora es hasta dónde pueden llegar las sanciones y si se contempla la posibilidad de expulsión de los Estados incumplidores, o si por el contrario se recurrirá a sanciones efectivas o reducción de los fondos estructurales, etc. En todo caso, se trata de un paso más en la pérdida de la soberanía nacional, al margen de las reformas del Tratado, ya que para aplicar esta supervisión previa no se necesitaría reformar la legislación comunitaria vigente, algo que sí ocurriría en caso de que se optara por suprimir el derecho de voto en el Consejo. Se trata de un paso hacia el gobierno económico, aunque si no se implementa adecuadamente y no tiene su reflejo en sanciones reales, amenaza con convertirse en un fracaso más en los sucesivos intentos por articular algo parecido a un gobierno económico en la Unión Europea. Por cierto, Barroso no tiene miedo a desempeñar el papel de "poli malo", lo cual es meritorio en los tiempos que corren.
 
* Imagen de Reuters/Yves Herman