jueves, 8 de abril de 2010

Mercado, Estados y amigos de la opacidad

Comprender la historia es importante para recrear esa conjunción de intereses que empujó a la creación de la primera unión aduanera en Europa, pero no suficiente para abordar el futuro. Hoy el mercado interior todavía está en vías de traducir la reconciliación de los deseos de ciudadanos, consumidores y productores, en un proyecto que es sin duda colectivo. La Comisión se propone en este mandato consolidar un mercado más saludable y mejor regulado, un mercado en que las actividades financieras estén lo suficientemente controladas como para no poner en riesgo a la economía europea.

Como vemos, se trata de una supervisión, aunque orientada a la eficacia. Para ello, deben eliminarse cuanto antes las barreras todavía existentes en el mercado interior, ya que el desarrollo del mercado no se ha consolidado, hay barreras que se traducen en pérdidas para el consumidor, situaciones abusivas que no parece resistir el examen de la autodisciplina que se le supone al mercado ideal. Las instituciones comunitarias nunca han sido amigas de la autorregulación, y la práctica nos dice que razón no les falta.

El espacio único conlleva riesgos, pero sobre todo algunos son reticentes a la vigilancia y gustan de la falta de transparencia, y para muestra un botón. La Comisión ha impulsado la puesta en marcha de un sistema que facilitaría las transacciones transnacionales: el SEPA (Espacio Único de Pago en Euros), que incluye a los veintisiete más cuatro países extracomunitarios, cuya entrada en vigor se está retrasando por las reticencias de los bancos, pues el uso de medios de pago no electrónicos supone una facturación de casi el 3% del PIB europea. En esa batalla, el nuevo comisario de Mercado interior, Barnier, se decanta por la creación de una tarjeta bancaria europea, capaz de desbancar a Visa o Mastercard, tarjetas de ámbito internacional que dominan el mercado. Justamente el ámbito de los medios de pago es un claro ejemplo de falta de desarrollo del mercado único, donde la uniformidad a nivel europeo brilla por su ausencia, ya que los Estados penalizan de forma distinta ciertos medios de pago mediante comisiones. Al parecer las entidades bancarias no están muy interesadas en que esta situación cambie, con lo que deciden arbitrariamente, se embolsan buenas cantidades en concepto de servicios bancarios intangibles y el consumidor, indefenso, es el pagano perjudicado.

Decíamos que la intención es consolidar un mercado al servicio de una sociedad definida en cooperación con las instituciones europeas. Para ello, una de esas grandes pretensiones estilo europeo es mejorar la gobernanza de las empresas, incluso en términos de ética, recuperando aquella vieja idea de Adam Smith, que creía que sin ética no hay mercado.

¿Cómo se concreta toda esta retórica? El compromiso es trabajar a partir de la Estrategia UE2020 de la Comisión, junto con herramientas legales como la Social Business Act, para favorecer a las empresas que promuevan la inclusión social. Existe una entente en Bruselas sobre la necesidad de dirigirnos hacia un derecho positivo de servicios de interés general europeos y de servicios de interés económico general. Desde el punto de vista del Tratado de Lisboa, en su artículo 14, las funciones de los servicios públicos en la Unión están garantizadas. Ese no parece un problema inquietante. Lo complicado es incidir sobre la gobernanza de las empresas, cuando hay 27 realidades nacionales distintas, por ello es crucial establecer una reglamentación común que garantice el desarrollo de empresas responsables en todo el territorio de la Unión.

En este sentido, Barnier teme que la búsqueda de consenso conduzca a acuerdos de mínimos, y por ello enfatiza la necesidad de distinguir bien entre empresas financieras y empresas de la economía real. En cuanto a las primeras, la prioridad de la Comisión es la seguridad y la trazabilidad de los productos financieros. Por ejemplo, ha habido intentos (no muy exitosos por ahora) para regular los hedge funds, y así se puso en trámite recientemente una directiva, en la que se endurecían mucho las exigencias para la concesión del pasaporte europeo a los hedge funds extracomunitarios que desean operar en el mercado único. Esto implicaba que los gestores de fondos debían obtener un pasaporte europeo librado por la autoridad nacional a cambio de recibir información sobre los fondos; el pasaporte se obtendría siempre que la Comisión estimara adecuada o equivalente la reglamentación existente en el país donde los fondos estén domiciliados. Sin embargo, la presidencia española ha retirado esta directiva del orden del día del Consejo que debía tratar su aprobación. No cabe más que lamentarse por ello. El Consejo sigue representando intereses de los Estados miembros y a menudo perpetuando decisiones poco transparentes.

Insisto, la falta de transparencia aquí no procede de las instituciones europeas, sino de los Estados miembros.

Seguimos. En la Comisión preocupa la opacidad de los mercados financieros hasta el punto de que el 80% de los intercambios en el mercado de productos derivados es opaco, cuando debería invertirse esa tendencia. En esta línea, la Comisión va a proponer en junio de 2010 un paquete de regulación estructural de los mercados de derivados, para que las condiciones de trazabilidad de los productos financieros se decidan en coordinación con el regulador estadounidense y los otros socios de la UE. Si se consigue aprobar esta propuesta, habrá que afrontar el siguiente problema, encontrar o constituir una autoridad europea de supervisión de los mercados financieros. No existe.

Hasta ahora, la hoja de ruta del desarrollo del mercado interior ha sido la estabilidad, más que el crecimiento, lo que ha impedido que un mercado tan grande favorezca las inversiones consolidadas y a largo plazo, al menos no hasta el grado que sería deseable. En su intento por optimizar las condiciones del mercado, la Comisión desea ser el motor los partenariados públicos-privados, y en este sentido el gobierno de la UE pretende actuar más como impulsor que como órgano legislativo.

Esto no es más que el reconocimiento de la propia debilidad del gobierno europeo, es decir que la Comisión impulsa, el Parlamento aprueba, pero sus decisiones no son definitivas, ya que la implementación siempre acaba dependiendo de los gobiernos nacionales. ¿Cómo reconciliar así Europa con los europeos?

Todo indica que para consolidar el vínculo entre los ciudadanos y las instituciones, la transparencia no es suficiente. Hoy por hoy, disponemos de un nuevo punto de partida, el Tratado de Lisboa, que deja resueltas por unos cuantos años las cuestiones institucionales. No puede decirse lo mismo sobre el futuro económico (o el bienestar) de los europeos, lejos de ser una realidad prometedora. Sólo disponemos de la premisa es el buen funcionamiento del mercado único, y su adecuada regulación, de un mercado que parece abrir oportunidades, pero que implica cambios de mentalidad que no se han producido, y me refiero a situaciones cotidianas, como que un trabajador europeo debería empezar a aceptar que la pérdida de su empleo en una empresa de Sevilla, puede significar un nuevo empleo en Milán o Ámsterdam. Es decir los europeos deben aprender a vivir con la deslocalización, deben asimilar el concepto de movilidad, y no vivirlo como una renuncia, sino como una oportunidad derivada de la necesidad de competir en el mundo globalizado.

Es un largo camino, y por ello se han ido fraguando armas políticas para mitigar estos efectos derivados de un mercado de grandes dimensiones, que tiene efectos secundarios más allá de las deslocalizaciones, sin duda los problemas de cohesión, la falta de competitividad o los problemas regionales derivados en parte de la falta de armonización fiscal dentro del territorio de la Unión, relacionado este último con la necesidad de dar la batalla contra el fraude. En esta línea, el nuevo comisario Barnier ha prometido ser muy beligerante para exigir transparencia en los datos sobre intercambios bancarios proporcionados por los Estados miembros. Volvemos a los objetivos nacionales, a las entidades bancarias y a ese círculo de intereses creados a los que tan poco agrada la transparencia informativa.

Esto me recuerda el debate que tuvimos hace unas semanas sobre la posibilidad de crear un Fondo Monetario Europeo, cuando dudábamos de la utilidad de una nueva institución si hasta ahora hemos sido incapaces de hacer valer los instrumentos disponibles, como el propio Pacto de Estabilidad, y la exigencia de que los Estados miembros se autodisciplinen. Los Estados siguen sin cumplir con sus obligaciones, obstaculizando avances que desde mi punto de vista no van en beneficio del ciudadano, sino de algo que a mí me resulta misteriosamente intangible y desconocido.