miércoles, 28 de abril de 2010

¿Es posible una Iniciativa Ciudadana Europea sin restricciones?

Como anunciamos en su momento con gran satisfacción, el Tratado de Lisboa fomenta la democracia participativa, como demuestra la inclusión en su articulado (art. 11.4) del mecanismo conocido como Iniciativa Ciudadana Europea, consistente en que, si se reúnen un millón de firmas, se podrá invitar a la Comisión a elaborar un proyecto de ley sobre el asunto propuesto.

El fin de la adopción de este mecanismo es permitir que los ciudadanos influyan en la agenda política europea. Sin embargo, el texto del Tratado sólo establecía las líneas generales, sin definir cómo han de presentarse las firmas, ni tampoco cómo debía actuar la Comisión ante la propuesta ciudadana. También se esperaba más precisión sobre cómo se garantiza, en la práctica, que se trata de firmas originales, o qué significa invitar a la Comisión a elaborar una propuesta legislativa, es decir si Bruselas tiene obligación de concretarla, o si por el contrario se limita a eso, a una simple invitación sin mayores consecuencias políticas.

Estos flecos de la ICE quedaron aparentemente resueltos en la propuesta definitiva presentada por la Comisión el pasado 31 de marzo, pero digo aparentemente porque desde entonces se han prodigado las voces críticas ante las elevadas exigencias y restricciones impuestas que, en mi opinión, además, amenazan con desvirtuar totalmente el potencial democratizador de este mecanismo.

Si en la redacción del Tratado, los Estados miembros fueron capaces de plasmar una herramienta para que los ciudadanos de la UE participen directamente en el policy-making comunitario, podría ser un error limitar dicho potencial, imponiendo normas inflexibles y en ocasiones de complicado cumplimiento. Veamos los condicionantes definitivos, presentados por la actual Comisión:

1. Las firmas deben pertenecer a ciudadanos de al menos un tercio de los Estados miembros.
2. En cada Estado miembro, el número mínimo de firmas requerido se calcularía multiplicando el número de eurodiputados de ese país por un factor de 750.
3. La Comisión examinará si la iniciativa es admisible, tras haber reunido 300.000 firmas en tres Estados.
4. La Comisión tendrá cuatro meses para examinar la iniciativa.
5. Se establece un año de plazo para la recogida del total, es decir 1.000.000 de firmas.
6. Las autoridades nacionales tendrán que comprobar si los sistemas de recogida en Internet cumplen con los criterios de seguridad; esta verificación debe llevarse a cabo en el plazo de tres meses.
7. Las iniciativas deben figurar en un registro en línea creado por la Comisión: el registro puede rechazarse si la iniciativa atenta claramente contra los valores fundamentales de la UE.
8. La Comisión debe determinar en su examen previo si la ICE se ajusta a los tratados comunitarios y respeta los derechos humanos, además de si pertenece a su ámbito competencial.

Muchos de estos criterios son perfectamente lógicos y ajustados a parámetros democráticos, pero es más complicado justificar algunos condicionantes. Los tres últimos puntos parecen perfectamente razonables, pero en cuanto a las exigencias previas, más parecen obstáculos, aunque la Comisión alega que tratan de evitar una carga demasiado grande para las autoridades nacionales o un uso indiscriminado y abusivo de esta potencialidad. Asimismo, y no sin razón a mi entender, argumentan que desean que el uso de este mecanismo no atente contra la protección de los datos y no pueda ser objeto de abuso o fraude.

No obstante, merece la pena analizar las restricciones impuestas, porque nos llevarán a la conclusión de que muchos van a ver frustradas sus esperanzas, dada la dificultad organizativa que supone reunir 300.000 firmas (sólo para empezar) y además de ciudadanos pertenecientes a 3 Estados (posteriormente, para la ICE definitiva tendrían que ser de 9 Estados en una UE-27), con la presencia de ciertas barreras idiomáticas, por no hablar de que un año es un tiempo limitadísimo para reunir el millón de firmas prescritas. Estas dificultades iniciales son claramente disuasorias, ya que implican una gran movilización de personas entre territorios, tan sólo para presentar una propuesta de la que ni siquiera hay certeza sea admitida a trámite.

El hecho de que la ICE deba hacer referencia a políticas únicamente contempladas en los Tratados podría justificarse pragmáticamente, a pesar de que tiene el coste de limitar el criterio de participación, ya que habrá asuntos que no podrán siquiera plantearse, lo que también limita el alcance político de la iniciativa de antemano. En esta línea, podría ser interesante prever la posibilidad de que se admitieran propuestas de enmienda sobre los Tratados, a ser consideradas por la Eurocámara. La asociación de Federalistas Europeos propone que la Comisión valore antes de empezar la recogida de firmas, la adecuación de la propuesta ciudadana, e indica que dicha recogida previa debería establecerse en 50.000 firmas, de ciudadanos pertenecientes a un cuarto de Estados (es decir en la UE-27, serían 7 en lugar de 9); además para facilitar las cosas y reducir costes, sugieren implementar la firma electrónica estableciendo un sistema en red seguro, para evitar el uso abusivo de datos personales por terceros. Indican que 12 meses es un tiempo muy ajustado, teniendo en cuenta que por ejemplo la propia Comisión europea no está sujeta a restricciones temporales para presentar sus propias iniciativas políticas. Sugieren asimismo que la Comisión traduzca las ICEs admitidas a los idiomas oficiales en la UE, para que los signatarios tengan plenas garantías sobre el contenido del texto que han firmado.Además, proponen que una vez aceptada la ICE, la Comisión la transfiera al Parlamento Europeo, para la consideración y el seguimiento adecuado de la Eurocámara, tal como se hace, por cierto, con las iniciativas populares en algunos parlamentos nacionales y regionales en Europa.

Comprendo perfectamente que la Comisión quiera salvaguardar este mecanismo con cierta rigidez normativa, para que sea una herramienta creíble, además de para evitar un mal e indiscriminado uso, pero debo sumarme a estas voces críticas, esencialmente la que atañe a la reivindicación de la presencia del Parlamento Europeo en la valoración de la iniciativa ciudadana, ya que como cámara legislativa estaría plenamente legitimida, y también en la necesidad de que la ICE sea una herramienta útil y accesible, y no un mecanismo tan complejo que los ciudadanos acaben por darle la espalda. 

Y por último, queda en terreno de nadie el asunto de la implentación, una vez una ICE ha conseguido superar todos los obstáculos con éxito. No existe un soporte normativo que determine qué debería hacer la Comisión en ese caso y cuál sería el procedimiento para implementar la resolución correspondiente, así como para informar con transparencia sobre la misma. En este sentido, tal vez sería interesante imponer un plazo de tiempo para que la Comisión configure la ICE en una iniciativa política legislativa a presentar ante el Parlamento Europeo.

Espero que este mecanismo anime a los ciudadanos a implicarse en acciones transnacionales, y deseo que las instituciones europeas encuentren un sistema idóneo para agilizar su tramitación (tal vez la creación de un carnet de identificación europeo, donde cada ciudadano comunitario se identificaría mediante un número exclusivo, liberando así a las autoridades nacionales de la tarea de verificación de los datos de los signatarios). Todo por facilitar la participación ciudadana, donde Internet debe ser un gran aliado, tanto en la fase informativa, como en el proceso de tramitación y comunicación. Confío en no tener que esperar demasiado para informar aquí de la primera Inciativa Ciudadana Europea admitida a trámite en Bruselas.