lunes, 15 de febrero de 2010

El don de eludir II (mercado energético)

No es Bruselas quien elude sino los Estados miembros. Lo usual. Hemos dicho aquí que el mercado único es una realidad a medias, y uno de los ejemplos más sangrantes y evidentes es el energético. Tanto es así que el recién estrenado comisario de Energía, el alemán Oettinger, está decidido a desenvainar el florete y enfrentarse uno a uno a los intereses nacionales, mientras los Estados siguen mirando a otro lado a la hora de aplicar las reglas del famoso Tercer Paquete aprobado por la Comisión, para liberalizar de una buena vez un mercado que presenta malfunciones, monopolios, ineficacia en el suministro y costes altísimos para el consumidor.

Como recordarán los lectores de este blog, los Estados recurren a diversas técnicas para incumplir las normas dentro de una federación o una confederación, por ejemplo la táctica de beggar-thy-neighbor , que consiste en buscar el beneficio de un propio país a costa de perjudicar a los países vecinos (por ejemplo mediante la devaluación competitiva), o la más discreta del foot-dragging, es decir escaquearse o ralentizar la implementación de regulaciones supraestatales cuando atentan contra intereses particulares.

Con ánimo de ser exhaustiva diría que, más que los gobiernos de los Estados miembros, son los distintos grupos directamente afectados por la norma europea (que por lo demás son los que han de implementarla) los que se movilizan para no aplicar las medidas que incluye el Tercer Paquete, particularmente la desagregación vertical del mercado eléctrico, aquella que pretende asegurar que no es la misma compañía la que realiza la producción, el transporte y la distribución de energía, cosa que ocurre por ejemplo con EDF o RWE. La directiva europea obligaría a estas compañías a desagregarse, es decir vender sus redes de transimisión.

Francia y Alemania siempre se han opuesto al plan comunitario, lo que se ha traducido en que los Estados siguen manteniendo el monopolio real del gas y la electricdad. En cuanto a los países extracomunitarios que se ven afectados por la ley europea, destacan Ucrania y Bielorrusia, cuya situación estratégica condiciona el suministro de gas en el continente. Precisamente el gas es el talón de Aquiles de una Unión Europea que no sólo dispone de escasos recursos gasísticos, sino que adolece de los conductos y las redes de transporte adecuadas y suficientes.

No hay razones para el optimismo, aunque lleguen noticias positivas con cuentagotas, como esta del viernes, que anuncia un gran acuerdo entre distintos Estados miembros para la línea del Báltico, lo que facilita el suministro en la zona nordeste de la Unión. En deplorable contraste, leemos hoy que el electo presidente de Ucrania, Yanukovych, además de mostrarse partidario de regresar a la órbita ruso, amenaza directamente a la Unión en cuestiones energéticas, y se ha mostrado dispuesto a crear un consorcio liderado por Rusia, para controlar la propiedad de la red de transporte de gas ucraniana, lo que se traduce en que la rusa Gazprom obtendría un tercio de las acciones, mientras que la alemana EON y la francesa Gaz se quedarían otro tercio, y el gobierno ucraniano el último tercio. Esta es apenas la última amenaza directa contra la Comisión de Bruselas, que insiste en que Ucrania adopte las normas comunitarias que permitan avanzar hacia la Comunidad Europea de la Energía.

Por si fuera poco, dentro de la Unión el gas no está liberalizado, ya que este mercado está regido por unas cláusulas especiales que se crearon para impedir los flujos de gas entre Estados, por miedo a poner en riesgo los suministros nacionales, lo que evita que los precios se ajusten a la demanda real.

Es decir, que al problema del transporte del gas se añade el -a mi juicio más grave- de las cláusulas nacionales, que impiden a las operadoras vender gas en algunas zonas, lo que propicia las situaciones monopolístcias en muchas regiones de la Unión Europea. Sin ir más lejos, en Francia y Alemania, el mercado gasístico está fragmentado en regiones y, en ausencia de un referente de precio nacional, no existe transparencia alguna para el consumidor, lo que en la práctica propicia que no haya flujo de gas entre mercados, y tampoco una correcta adecuación de los precios a la demanda.

El sector está lejos de constituir un mercado único, con una gran pérdida real en competencia y servicio. No está de más recordar las ventajas del derribo de las barreras arancelarias, mayor transparencia, posibilidades de exportar, precios más bajos, incremento de las oportunidades de inversión...

Admitiendo que es un sector de vital a los intereses nacionales (algo similar a lo que ocurre con el sector agrícola-ganadero, aunque en este caso dominado por grandes empresas y no por el lobby agricultor), lo cierto es que la Comisión actual se muestra dispuesta a dar la batalla para que se apliquen las medidas del Tercer Paquete, e incluso ir más allá de las medidas de liberalización.

En esta línea, Oettinger desea otorgar poder vinculante a la nueva agencia ACRE (Agencia para la Cooperación de Reguladores Energéticos), con sede en Eslovenia, y que iniciará su andadura en marzo de 2011, con el obejtivo de coordinar a las autoridades regulatorias en la gestión de las redes transnacionales de gas y electricidad.

No obstante, con su actual régimen esta agencia sólo podrá imponer sus decisiones si los gobiernos nacionales no logran ponerse de acuerdo entre ellos, lo que en la práctica va a suponer que los intereses nacionales seguirán dominando, ya que los Estados impondrán dónde y cómo invierten. El mandato de la agencia europea es lograr que en el corto o medio plazo se realice una redistribución efectiva de los beneficios derivados de la inversión en infraestructuras en territorio europeo.

Es decir, se trataría de un órgano al servicio de una macropolítica de cohesión europea.

El problema de fondo son los intereses -primero enfrentados y después reconciliados- entre empresas y gobiernos, dejando al margen los de los consumidores europeos, dispuestos a comprar energía más barata, aunque sea importada. Las empresas energéticas, en connivencia con los Estados, siguen desconfíando de una agencia europea con poder para implementar las líneas de transmisión y desconocen la magnitud del efecto redistributivo que además dicha agencia quiere dar a su actuación política.

Soy incapaz de dar con premisas objetivas para estar en contra de una mayor -sino plena- integración de la red energética europea que favorecería el desarrollo de las regiones periféricas. Se podrían crear redes empresariales transnacionales, para conseguir el capital suficiente, y construir líneas de distribución en sus zonas. La integración además permitiría la unificación de las reservas energéticas europeas, algo de vital importancia para asegurar el equilibrio y el suministro, en un continente donde el consumo energético crece año tras año. La gran idea de fondo es que para integrar el mercado energético debe lograrse crear una Red Transeuropea de Transporte y Energía (cuyo proyecto marco se pretende cerrar en Bruselas entre 2010 y 2011), pero el deseo de los actores políticos nacionales y las empresas energéticas de mantener el status quo se ha impuesto hasta ahora sobre le necesidad de crear un Mercado de la Energía en la Unión, todavía inexistente.