domingo, 31 de enero de 2010

Eurofilia y eurofobia

La Unión Europea no es discutible ni opinable, existe, y aunque algunos preferirían estar fuera de ella, sospecho que saben que dentro de ella se "existe" mejor. La UE es un espacio territorial sin fronteras internas, un mercado donde las autoridades velan por la competencia en igualdad de condiciones y por la seguridad del consumidor. Hasta ahí parece que todo son ventajas. Las regulaciones europeas penetran en nuestras economías nacionales, como lo hacen en el resto de los Estados miembros. Así, las molestas e irritantes directivas que regulan hasta el tamaño de los embalajes son en realidad facilitadoras de las relaciones comerciales, y nos permiten adquirir productos perfectamente reconocibles y adaptables a nuestras necesidades, independientemente del país de origen.

¿A qué responde la eurofobia? No es una enfermedad congénita ni un discurso propiamente ideológico, hay eurófobos de derechas y de izquierdas, liberales, conservadores, socialistas, los hay quienes detestan la variante "eurocrática" o los que reniegan de la Europa de los mercaderes, los hay escépticos sin más, también nihilistas o individualistas, aunque no habría incompatibilidad en profesar todas estas creencias y ser europeísta.

Yo me tengo por alguien notablemente individualista y soy completamente eurófila, apuesto por la unión de las naciones de Europa como una oportunidad para la prosperidad y la libertad de los ciudadanos europeos. A los que se quejan de la Europa de la burocracia y de los mercaderes, les preguntaría ¿en qué resulta más ventajosa la burocracia nacional? ¿Hay algún mérito especial que haga más atractivos a los mercaderes nacionales que a los de otros países?

Si el deseo de algunos es que haya una intereferencia mínima de intervencionismo en nuestra vida, tal vez sea el gobierno nacional el que se lleve la peor parte en cuanto a injerencias (empezando por la recaudación de impuestos y siguiendo por toda clase de leyes nacionales que afectan a nuestra vida diaria, además de la legislación autonómica y las ordenanzas municipales), aunque a juicio de gran parte de la opinión pública dominante el legislador que está de más es el europeo. Si algo no está de más, es recordar que la Unión Europea nos otorga derechos como ciudadanos y, con la vigencia el Tratado de Lisboa, las instituciones comunitarias nos están protegiendo de posibles tendencias al abuso de poder en los gobiernos nacionales.

Destaca el derecho a recurrir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, si se sufre algún atentado contra los derechos garantizados por la Carta, o cuando se comete un delito contra la igualdad de oportunidades. También se reconoce el derecho a voto, la libertad de expresión, y por supuesto la libertad de circulación de capitales, servicios, bienes y personas, etc. Las directivas y regulaciones responden a la necesidad de asegurar el mejor funcionamiento posible de la sociedad y, más que trabas, son herramientas para la buena convivencia.

La regulación supranacional es tan necesaria en un mundo interconectado tecnológicamente, que lo idóneo sería que trascendiera las fronteras europeas, y como ejemplo obvio las políticas energéticas o incluso las relacionadas con el clima. ¿De qué serviría que un Estado miembro regulara restringiendo los niveles de contaminación si el país vecino no lo hace? La no coordinación de ciertas directrices políticas en el territorio comunitario, conllevaría el riesgo de un auge de la política de dañar al vecino, voluntaria e incluso involuntariamente, con costes incalculables que en la situación actual de la Unión nadie se plantea seriamente. Con todo, hay algo indicativo de los recelos que ciertos Estados todavía preservan, y como muestra un botón: para que el Tratado de Lisboa llegara a aprobarse, se tuvo que incluir, por primera vez en un tratado, una cláusula en cuya virtud un Estado miembro puede abandonar la Unión sin que el resto de Estados miembros deban aprobar dicha decisión. Parece una cláusula democrática y exquisitamente razonable, aunque podría ser utilizada por líderes no democráticos para despojar de derechos a sus ciudadanos. Tal vez sea llevar al extremo el ejercicio de la especulación, aunque siendo exhaustivos justo es decir que también es antidemocrática la permanencia en una entidad política supranacional, como es la Unión, si lo es en contra de la voluntad propia.

La premisa para legislar en la Unión es buscar el bien general de todos y cada uno de los Estados miembros, partiendo de que lo que es beneficioso para un miembro es también para el resto, y teniendo en mente que un ciudadano europeo debe estar sometido a la misma legislación, y gozar de las mismas garantías tanto en su país como en el resto de países de la Unión. Es lo que consagra la libertad de movimiento. La cuestión técnica del mercado interior sumada a la cuestión legal de la ciudadanía europea.

Esa, y no otra, fue la primera razón por la que un día, siendo una joven estudiante, me sumé a la causa europea, la motivación de poder peregrinar por todo el continente, con la tranquilidad de ser una ciudadana con plenos derechos, teniendo la capacidad para poder instalarme y empezar de nuevo, una y cien veces, en cualquiera de esos maravillos rincones que jalonan el continente.