martes, 19 de enero de 2010

El eterno debate continúa: agricultura

Independientemente de lo que diga la demanda, o el sistema de precios, los productos agrícolas estarán siempre en boca de todos, y nunca mejor dicho. Ayer se reunió el Consejo de Ministros de Agricultura, presidido por la española Espinosa. Si uno de los talones de Aquiles de todo sistema de mercado libre es la disponibilidad de información, es sencillo comprender por qué la política agrícola europea sigue sin resolverse, tras casi cincuenta años de existencia de la PAC. Si la Unión Europea constituye un mercado libre con todas las consecuencias, debería funcionar la disciplina de mercado, es decir aquella que los consumidores imponen al empresario cuando dejan de consumir por ser demasiado caro o demasiado malo para sus gustos. ¿Por qué es la agricultura la excepción?

Bien, todos sabemos que el sector agrícola está fuera de esos parámetros, y que existe una suerte de monopolio de los agricultores propiciado por los Estados, que vienen interviniendo en el sistema de precios y subsidiando al lobby agrícola. Huelga insistir en la importancia estratégica del sector clave para la subsistencia, pero no sobra recordar que los consumidores (y también los pequeños productores) vienen siendo muy perjudicados a pesar de las intervenciones durante décadas.

El incremento de precios espectacular sufrido por los productos lácteos el pasado verano desencadenó varias investigaciones promovidas desde la Comisión, cuyas conclusiones apuntaron a la necesidad de vigilar muy de cerca el impacto de la especulación en los precios, así como a establecer controles sobre la cadena de suministro alimentario. Se publicó este informe al respecto el pasado mes de octubre.

El ejecutivo comunitario considera que los grandes productores y las multinacionales practican abusos que perjudican a los pequeños agricultores, y por ello no se descarta financiar la creación de organizaciones de pequeños agricultores o ganaderos en el marco de la PAC para después de 2013, dentro del epígrafe del desarrollo rural.

La clave de la reunión ministerial de ayer fue el seguimiento efectivo de los precios en la cadena que va del productor al consumidor y resulta llamativo que, como bien señaló la ministra española, los países que efectúan dicho seguimiento no compartan la información con el resto de Estados miembros. Como dice Espinosa: "Debemos compartir la información sobre los precios, y también sobre los márgenes de beneficio, es decir deberíamos disponer de esa información para detectar dónde se producen las distorsiones en la cadena de producción alimentaria, tanto a nivel nacional como europeo".

En el día de ayer Francia propuso pactar un precio mínimo para la leche entre productores e industria (sólo a escala nacional). Parece ser que esa vía "contractual" entre sectores no es posible a escala comunitaria, a pesar de que se ha propuesto en varias ocasiones para solucionar la decadencia del sector lácteo. Asimismo Francia aprovechó para presentar su propio proyecto de ley nacional para la reforma del sector agrícola y pesquero. Tras el Consejo de ayer no se puso en marcha ninguna iniciativa legislativa, aunque previsiblemente se resolverán en el próximo comité especial sobre agricultura, donde podrán adoptarse sólo aquellas medidas que no impliquen reformas legislativas (pues éstas deberían ser aprobadas también por el Parlamento Europeo).

Los representantes de los agricultores se han manifestado satisfechos por el debate ministerial de ayer sobre la intervención en la cadena y aprovechan para insistir en reclamar la intervención comunitaria en los precios de los intermediarios. Por contra, los representantes del comercio denuncian el riesgo de que las instituciones traten de modificar algo tan complejo como es la red comercial, que va desde un productor a un consumidor, e insisten en que la libertad es siempre la garantía para mantener los precios más bajos. Además realizan una propuesta concreta: la eliminación de las restricciones territoriales que se imponen sobre el suministro, que obligan a los intermediarios a comprar sólo en redes de distribución nacionales, sin permitirles la ventaja de negociar al mejor postor entre fronteras. Cuanto menos, parece que esta última reclamación entraría en la lógica del mercado único. ¿Qué postura es la adecuada? ¿Podemos permitirnos el coste de unas decisiones tan discutidas y contrapuestas en un sector clave? ¿Se han conseguido los objetivos para el sector tras cinco décadas de subsidios? ¿Hasta cuándo la excepción agrícola? El eterno debate continuará y por mucho tiempo...