miércoles, 21 de octubre de 2009

Una oportunidad para la regionalización de la UE

Los cambios que implica Lisboa son a mi juicio no sólo de funcionamiento sino también institucionales, aunque no lo suficiente como para implicar la creación de un nuevo régimen europeo, o ¿es que acaso la Unión ya es un régimen? Tal vez sí, no habría unanimidad académica al respecto. Para mí va más allá de un régimen internacional y se aproxima bastante a un protoestado, aunque para alcanzar verdadera carta de naturaleza, no es necesario sólo incrementar la participación regional en la toma de decisiones, es precisa una transformación política plena que consolide la etapa supranacional.

La Europa de los estados obstaculiza el proceso, pero incluso la Europa de las regiones presenta inmensas dificultades para su viabilidad, a no ser que se institucionalice la diferencia entre las propias regiones, cuya heterogeneidad puede ser un arma de doble filo. No obstante, las propias regiones han otorgado legitimidad política a la Unión Europea canalizando la implementación de las grandes políticas de cohesión, instrumentos útiles por el momento para suavizar las disparidades entre muchas regiones de Europa.

El resultado ha sido un auge de la gobernanza multinivel en la UE, legitimado pero escasamente institucionalizado en la toma de decisiones; sin capacidad de materializar la cooperación política deseable, más allá de los espacios a menudo más informales que formales. Incluso las regiones con altas competencias legislativas, como es el caso de las españolas o alemanas, ven obstaculizado su acceso a las reuniones comunitarias de alto nivel. El pasado mes de junio el Comité de las Regiones (institución consagrada en el Tratado de Maastricht en 1992, que se ha visto inútil para influir en las decisiones políticas) publicó un Libro Blanco sobre la gobernanza multinivel, para fomentar la incidencia regional y local en la política europea, en que se dota de medios al propio CdR para liderar el proceso de regionalización, en un intento por desafiar el sistema establecido, por lo menos en cuanto a la praxis habitual. Simplemente se trata de aprovechar las reformas de Lisboa para introducir una nueva visión institucional, que fomente la descentralización política en el sentido de que aquellos que transponen la legislación comunitaria (que son precisamente las regiones) también tengan voz y voto en la formulación de las políticas.

Dada la heterogeneidad, y la tradición fuertemente centralista de algunos países, especialmente los antiguos países comunistas, el grado de descentralización que se puede alcanzar administrativamente es muy variable. Tal vez debería hallarse justificación para la regionalización en dichos territorios. La experiencia nos dice que los entes regionales tienden a garantizar la mejora de las condiciones y el fomento de los intereses territoriales, y que adecuadamente coordinados se reducen las desigualdades socioeconómicas interregionales, es decir se logra reducir la brecha entre regiones ganadoras y perdedoras, como ocurrió en su momento en los países de la cohesión, entre ellos España. Se trata de utilizar el instrumento redistributivo gestionado supranacionalmente con la gestión de los recursos a escala regional, regulando bien la transferencia de recursos con objetivos. Por lo demás es deseable que las regiones se doten de cierto poder político propio para consolidar su posición en la gestión de los recursos, algo a lo que los estados tradicionalmente centralistas oponen resistencia. Hoy por hoy la gobernanza multinivel y el Comité de las Regiones apenas pueden ir más allá de establecer un punto de partida, para que empiecen a fraguarse territorios funcionales en el ámbito de la política de cohesión, e incluso de la regionalización de la economía, mediante redes transnacionales o transfronterizas que fomenten la cooperación y aumenten los beneficios que ciertas regiones por sí solas no podrían alcanzar.

Sería deseable que está incipiente gobernanza regional se traduzca en políticas estables y previsibles, y que contemplen incluso partidas presupuestarias a largo plazo. Se ha comprobado que aquellas regiones prósperas de la UE se benefician más de su situación cuanto menor dependencia tienen de sus gobiernos centrales, o cuando la limitación normativa del gobierno estatal es pequeña, ello indica que será preciso empezar a introducir reformas administrativas para reducir el peso de la presencia estatal en las regiones, especialmente en los antiguos países del eje comunista, ya que este proceso contribuirá a armonizar y coordinar con más eficacia las políticas regionales. Allá donde no ella identidades subnacionales, el Comité de las Regiones puede tener la oportunidad política de reforzar las normas de representación de los intereses subnacionales, ofreciendo voz a los entes regionales, empezando por los que gocen de un determinado peso político limitado a las entidades con autonomía legislativa. Sería un primer paso para fomentar la descentralización política en aquellos estados que todavía no están inmersos en el proceso de regionalización, a mi juicio irreversible a medio y largo plazo.