jueves, 29 de octubre de 2009

Europa y el déficit democrático

Ayer noche recibí un e-mail de un amigo invitándome a colaborar en la difusión de la Declaración abierta sobre los servicios públicos europeos. Como pueden uds. comprobar, en el blog creado a tal efecto se detallan algunos de los principios típicos y tópicos sobre la democratización de las instituciones y las políticas públicas. No quiero que se interprete en mi uso de esos dos adjetivos un matiz negativo, al contrario, todo lo que implique movilización ciudadana amplía la perspectiva de la ansiada unión política. Sin embargo, lo que se ha venido a llamar eGobernanza se ha traducido por ahora en una más de esas propuestas bonitas pero de vacía retórica, así que no abundaré demasiado en ello, y me limitaré a hacerme eco en su momento del encuentro ministerial del 19 de noviembre en Suecia si es que hay alguna iniciativa realmente novedosa y comprometida. Está por ver.

Lo que sí ha quedado patente es que Europa ha abanderado los valores democráticos desde los inicios del proceso de integración en los años cincuenta. El déficit democrático ha preocupado a los europeístas, y de forma especial a los federalistas, quienes consideran que las instituciones son fuente de legitimación. La ausencia de legitimidad democrática en Europa se ha prevenido y corregido a través de las medidas que aproximan el ejercicio del poder público al ciudadano, y esto entronca con la doctrina de la ciudadanía de la Unión, que convierte al individuo en objeto político de la integración y le atribuye un estatuto jurídico.

Con Lisboa, el nuevo TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), se dispone de dos nuevos instrumentos: la Carta de Derechos (que se convierte en conditio sine quan non para adherirse a la UE y contempla la sanción a los Estados que la incumplan) y la Iniciativa ciudadana (que permite plantear una iniciativa política con el respaldo de un millón de firmas en cualquier territorio de la Unión), pero existen derechos más antiguos, como el derecho de petición a todas las instituciones, vigente desde el Tratado de Ámsterdam, el derecho a acceder a todos los documentos emitidos por las instituciones, o el derecho de reclamar ante el defensor del pueblo por mala administración, todos ellos consagrados ya en el antiguo Tratado de la Comunidad Europea, que por supuesto recoge el actual Tratado.

No perdamos de vista dos de los rasgos más destacables del proceso de integración, a saber la transferencia de competencias o cesión de soberanía, y la eficacia directa de las disposiciones comunitarias, elemento este que convierte al ciudadano en sujeto directo del ordenamiento comunitario. La Unión crea órganos que institucionalizan poderes soberanos cuyo ejercicio no afecta sólo a los Estados miembros sino también a sus nacionales, de ahí que se invite a los ciudadanos a colaborar en el funcionamiento institucional. Lo que ha propiciado la participación del pueblo mediante las elecciones a la asamblea representativa desde 1979.

La existencia del Parlamento Europeo es apenas una señal más de la importancia que se atribuye al déficit democrático en el debate europeo, aunque el proceso decisorio es manifiestamente mejorable y sigue dependiendo en gran medida de la presión intergubernamental. De ese mismo déficit democrático emana la idea materializada en el Tratado de Lisboa de establecer el mecanismo de "tarjeta amarilla", a fin de que los parlamentos nacionales puedan protestar en caso de disconformidad con los borradores de las leyes, un nuevo cauce para influir en el poder público europeo desde los Estados miembros y además a priori. Falta ver si este mecanismo no tiene un efecto boomerang y acaba por convertirse en una herramienta más de chantaje de aquellos Estados miembros que velan más por sus propios privilegios que por el interés general de la Unión.

Establecida la codecisión con el nuevo TFUE parece que se confirma la resonancia federal en las instituciones comunitarias, ya que el Consejo (representación de los Estados miembros), la Comisión (Ejecutivo) y el PE (ciudadanos) participan en la toma de decisiones de forma codecisoria y sin el requisito de la unanimidad, lo que constituye de facto un sistema parlamentario bicameral sin veto, aunque un examen más atento nos revelará que la influencia decisiva en la toma de decisiones queda difuminada, y desde luego hasta la fecha no ha sido liderada por el Parlamento. Con todo, la coyuntura actual constituye una oportunidad histórica para el espacio político europeo, y lo digo en el sentido de que se facilita la visibilidad de las situaciones de flagrante déficit democrático, puesto que la arquitectura institucional actual delatará las circunstancias en que las distintas instituciones tengan un comportamiento incorrecto, bien errático, bien demasiado maniatado por los intereses nacionales. La desaparición de la unanimidad en la mayor parte de políticas augura la posibilidad de que haya cambios importantes, aunque no vitales (pues en esos la unanimidad prevalece), y habrá que ver cómo se forman las mayorías en el Consejo, si se rompe el equilibrio político funcional o si algunos Estados fuerzan situaciones de privilegio, por ejemplo los Estados pequeños formando mayorías, lo que paradójicamente supondría un nuevo déficit democrático si se utilizara para perjudicar a los Estados grandes.

En principio y técnicamente el TFUE evita las minorías de bloqueo con la ponderación de votos para formar mayoría, pero habrá que ver en la práctica cómo se plantea el equilibrio de fuerzas. En este contexto y a tenor de los instrumentos legales disponibles en ningún caso puede decirse que la toma de decisiones en la UE sea ilegítima, y en cuanto a la transparencia, no es menor que en la política nacional, incluso diría que la supera ampliamente si consideramos que como ciudadanos tenemos derecho a acceder a toda la documentación generada en las instituciones comunitarias. ¿No será el problema el exceso de información? Visto lo visto, ojalá la política nacional fuera tan accesible como lo es la comunitaria. La información ahí está, las reuniones del Consejo, con los jefes de Estado de la Unión, se harán con luz y taquígrafos, ¿puede decirse lo mismo de los Consejos de Ministros estatales? No hay institución política ni organización internacional que ofrezca los niveles de transparencia y accesibilidad que brinda la Unión Europea. Invito a seguir por ese camino, y si la eGobernanza y la política 2.0 contribuyen a animar al ciudadano a participar en la vida política y a implicarse en la europeización, que cuenten conmigo. Así que, a pesar de todo, firmaré la Declaración.