martes, 6 de octubre de 2009

El gris del mercado único

Revelador este artículo de prensa que describe la incertidumbre que crea en gobiernos y empresas la existencia de zonas "grises". Es un buen ejemplo de las deficiencias e irregularidades que sugerían algunos profesores cuando estudiaba Mercado Interior en la universidad. Cierto es que aunque de un tiempo a esta parte el mercado poco a poco ha ido derribando barreras, persisten obstáculos, irregularidades, privilegios, favoritismos y hasta chanchullos.

El Mercado Interior, aunque se presenta como una realidad altamente beneficiosa para el conjunto de la Europa unida, no deja de enfrentarse a intereses particulares o estatales, que a menudo han dificultado -conscientemente o no- la creación de ese espacio único que permita un mayor desarrollo económico, una mayor eficacia en el aprovechamiento de recursos, y en definitiva una mejoría social y política en la globalidad de la región. Sin duda el gran logro ha sido la consolidación (aunque no plena) del mercado único, como un medio para esos objetivos tan pomposamente descritos en los tratados, i.e. el desarrollo equilibrado de las actividades económicas, un alto nivel de empleo y un buen nivel de competitividad y convergencia económica en todos los Estados miembros, según reza el TCE, art.2. [Acotación: el tratado que entrará en vigor en las próximas semanas, el de Lisboa, recibe la denominación de TFUE, es decir se refiere al Funcionamiento, y acoge tanto al TCE como al TUE. Fin acotación.]

No obstante, con el paso del tiempo se ha demostrado que el régimen jurídico del Mercado Interior es fruto de la interacción entre las normas y su interpretación, y de factores como la metodología de la jurisprudencia comunitaria y de las exigencias de los Estados miembros. De hecho, la disparidad jurídica sería legítima si no produjera distorsiones e incluso obstáculos, y es que se vio en la práctica que la mayoría de los obstáculos técnicos procedían de la disparidad de les legislaciones nacionales.

Visto a la luz del paso del tiempo, constatamos que la Comunidad en sus inicios se fundamentaba en una simple unión aduanera, compatible formalmente con el comercio multilateral, pero hoy en día urge implantar una eficacia en la normativa comunitaria que simplifique las normas, establezca un marco para la resolución de conflictos, elimine distorsiones del mercado y suprima los obstáculos sectoriales que persisten. Por ello es crucial que los Estados miembros renueven permanentemente su compromiso al respecto.

En todo caso, con la legislación en la mano tampoco habría suficiente, porque los Estados en la mayoría de las ocasiones, forzados por la necesidad de satisfacer a sus productores nacionales, articulan medidas y normas bajo el paraguas del artículo 36 del TCE, con la finalidad exclusiva en realidad de entorpecer la libre circulación de mercaderías, a pesar de que en los artículos 23 al 31 del mismo TCE se establece la necesidad de crear una armonización legislativa, que incluye prevención de obstáculos técnicos, prohibición de barreras, armonización técnica posterior y regla de reconocimiento mutuo. Sin embargo, ¿por qué los obstáculos siguen? ¿Y las discriminaciones?

Hay que ponerse manos a la obra, aunque permítanme discrepar del articulista citado cuando duda de la imparcialidad del Tribunal de Luxemburgo, y denuncia abiertamente una jurisprudencia que ha favorecido a los países fundadores. Tal vez si la legislación comunitaria no dejara resquicios se conseguiría superar el vicio del proteccionismo de las industrias domésticas, y en general de los intereses nacionales.