martes, 29 de septiembre de 2009

El momento de la verdad para el Tratado de Lisboa


Tratar de sintetizar lo que es Lisboa en cuatro líneas es innecesario, ya se ha hecho. Si el problema es el desempleo, me dirán que este objetivo ya se ha intentado afrontar sin éxito, primero con la Carta Social Europea de 1989, luego con la Agenda Lisboa promovida en el año 2000 (casualidad que lleve el nombre de esa bella ciudad que bautiza también al Tratado). Cierto es que la política social jamás fue una prioridad de los seis miembros fundadores, aunque al poco tiempo la libre circulación de los trabajadores europeos planteara problemas a escala comunitaria, a pesar de que los gobiernos han optado siempre por recurrir al principio de subsidiariedad, es decir que los esfuerzos de creación de empleo han recaído en los Estados miembros.

La mencionada Agenda Lisboa que se impulsó en 2000 sí supuso un gran cambio, y además uno de los impulsores fue Tony Blair, paradójicamente representando al Reino Unido, país que en 1989 se había opuesto a firmar la Carta Social Europea, signo de que dicha Carta era algo más que buenas palabras.

El Tratado de Lisboa, por lo demás, consagra como vinculante la Carta Fundamental de Derechos, lo que implica no sólo una uniformidad de criterio en cuanto a los derechos del ciudadano en toda la Unión, sino la obligatoriedad del reconocimiento de los derechos del individuo, incluidos los sociales. Aunque admitamos que no parece que la consagración de esos derechos sirva para combatir el paro estructural en plena crisis. Y digo estructural premeditadamente, porque el desempleo de largo recorrido deja de ser coyuntural, y más cuando es el modelo productivo el que está en crisis en varios países de la UE. No basta con ayudar económicamente al desempleado, sino que debe aspirarse al pleno empleo.

Al margen del ciclo recesivo, hace demasiado tiempo que los trabajadores europeos deben competir con trabajadores del tercer mundo con salarios bajos y sin prestaciones sociales, y de ahí se deriva la amenaza permanente de la deslocalización. La Unión viene advirtiendo desde los ochenta sobre la inadecuada cualificación de los trabajadores europeos y la desigualdad de oportunidades, y ya desde entonces se empezó a hablar de reformas a medio y largo plazo. Se considera que el crecimiento económico no es suficiente, y por ello desde la Comisión se viene insistiendo en el aumento de la capacidad de inversión de las empresas, en ofrecer al ciudadano una adaptabilidad a la evolución tecnológica, y en la creación de un entorno macroeconómico estable.

El Tratado de Lisboa es un marco legal, y como tal es un instrumento. Aunque no obrará milagros, es la base para la aplicación de políticas concretas y para alertar a los Estados que no estén haciendo sus deberes. Los gobiernos dejan de tener carta blanca. Es una buena noticia que nos brinda un colchón de seguridad para los que en ocasiones desconfiamos de nuestros propios gobiernos.

Paradójicamente en Irlanda ahora casi todos los partidos políticos reconocen la necesidad de evitar el aislamiento en un momento de profunda recesión, aunque los sindicatos irlandeses siguen diciendo que el Tratado prioriza los intereses empresariales sobre los de los trabajadores, afirmación que no parece suscribir nadie más. El descontento ciudadano ha pasado a enfocarse en las críticas al primer ministro, Brian Cowen, al que se acusa de haber gestionado de manera deficitaria los superávit de los que la Hacienda irlandesa gozó en los últimos doce años, a lo que se suman los escándalos de corrupción que han protagonizado ministros y altos funcionarios, y los consejos de administración de organizaciones estatales, hechos que van parejos a la suspensión de ayudas directas de las que se beneficiaban discapacitados, la infancia o las familias con pocos recursos.

¿Con qué ánimo irán a votar este viernes los irlandeses? Poco o ninguno. En una situación tan delicada, parece que el marco legal de Lisboa no podrá obrar milagros, pero tampoco parece que Irlanda pueda permitirse quedar al margen de una UE que alcanzará la velocidad de crucero una vez Lisboa entre por fin en vigor. E insisto en el por fin, porque Niza está agotado y se ha demostrado que no podemos seguir con las tibiezas y dudas que dicho Tratado impone en cuanto a la toma de decisiones.

Si conseguimos el Sí, antes de Navidad tendremos posiblemente a un nuevo presidente del Consejo, tal vez el propio Tony Blair o hay quien dice que podría ser la actual comisaria Margot Walström, cuyo nombre también suena para el nuevo gran cargo, el Alto Representante de Exteriores. Tal vez a los que duden de todo, incluso de la propia idea de una Europa unida, estos nombramientos no les inspirarán nada especial, pero simbolizan la unidad, el principio del fin de los recelos mutuos y de la desconfianza entre naciones.

Si en su momento nos invadió la bravura norteña de Maastricht, después nos tomamos un falso elixir de juventud en Ámsterdam para luego caer en la complacencia mediterránea de Niza, llega el momento de que nos aventuremos a nuevos mares desde la atlántica Lisboa. Por cierto, ya que hay articulistas que se muestran inquietos ante los posibles rechazos de Chequia y Polonia, apuesto a que estos países no soportarán la presión de una Unión reforzada, y mucho menos en el caso de que los irlandeses se adhieran. Tal vez se pondrían gallitos durante un tiempo si el viernes llegaran noticias negativas desde Dublín, pero esperemos que la sangre no llegue al río. Quedarnos sin Lisboa sería desaprovechar el ímpetu político que ahora mismo vive la UE.