miércoles, 16 de septiembre de 2009

La deprimente realidad: Italia y España lideran índices de corrupción

Si considero que la europeización es esencialmente benéfica y que la unión de las naciones europeas posibilita la consolidación de valores tan preciados como la igualdad de derechos y de oportunidades, o el estado del bienestar, comprenderán que deseo que esos valores se defiendan y se practiquen en primer lugar por los políticos, en quienes está depositada la confianza ciudadana para el desarrollo institucional de la toma de decisiones y la gestión de la res pública.

No sé si para que haya una europeización real es necesaria primeramente la creación de un espacio público europeo, pero uno de los puntos fuertes a favor de la causa común europea es precisamente esa capacidad de influir en un mundo globalizado para que las cosas se hagan de manera más coherente y equitativa. De ahí el trabajo que Europa realiza en los organismos internacionales por imponer los mismos criterios de protección social o medioambiental a todas las empresas y multinacionales, independientemente de donde estén implantadas. Como bien se ha diagnosticado, a raíz de esa falta de acuerdo mundial en las regulaciones las empresas europeas pierden competitividad, ya que están sometidas a unas altas exigencias normativas, a una presión fiscal más elevada y a unos costes en definitiva más altos.

Cierto es que defiendo la irreversibilidad de ciertos costes y la presencia de una fiscalidad que garantice el sistema de protección europeo y la capacidad redistributiva entre los territorios. Del mismo modo defiendo una legitimidad europea en el escenario internacional de la que otros actores carecen. Cuando muchos hablan de la ausencia de legitimidad de las instituciones europeas, me pregunto qué piensan de sus instituciones nacionales, de los políticos profesionales que conforman ese inmenso puzzle de administraciones superpuestas desde los ayuntamientos hasta el gobierno central. ¿Está legitimada por ejemplo la existencia de un organismo como las diputaciones?

Bien, el debate de la legitimación es uno de los más espinosos que puede plantearse en el análisis político, y el debate se plantea en términos de cierta falacia cuando se apunta a la supuesta necesidad de consultar todas las decisiones al pueblo (riesgo de populismo), porque las fuentes de legitimación son otras, de hecho en la democracia se delegan a través de las distintas instituciones. El problema surge cuando los controles democráticos fallan, cuando el interés personal del político se superpone a los objetivos de la institución a la que sirve.

Los países del centro y norte de Europa siempre han mantenido un estilo político mucho más austero y escrupuloso en este sentido. Muchos gobiernos europeos han creado instrumentos legislativos y de evaluación para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones, estableciendo duras normas anticorrupción para todos los que ostentan cargos públicos.

Existe una legislación comunitaria muy directa y clara al respecto que pueden consultar con detalle aquí, donde se habla de la institución que practica el seguimiento continuo de la corrupción en los Estados miembros, el GRECO (Consejo de Grupo de Estados Europeos Contra la Corrupción). En la misma línea, reconocía el Parlamento Europeo en una propuesta aprobada en 2003 que “el objetivo prioritario en la lucha contra la corrupción es que el vínculo entre autoridad pública y negocios resulte transparente”. En dicha propuesta de la Eurocámara se apuntaba que “los fondos destinados a la corrupción quedan fuera de todo control jurídico y fiscal, por lo que la prevención de la corrupción debe contemplar medidas contra la falsedad contable, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales”.

Y seguidamente apunto yo, en un contexto de persecución del fraude y de los comportamientos insolidarios ¿cómo es posible que en territorio comunitario existan paraísos fiscales como la Isla de Jersey? ¿No hay manera de penalizar al Reino Unido por consentir ese fraude? La pasividad del Reino Unido ante la existencia de la evasión fiscal debería ser suficiente para alertar a este país. Me cuesta creer que no haya mecanismos de presión para hacerlo, y más cuando la Francia de Sarkozy y la Alemania de Merkel han mostrado claramente su voluntad política de acabar y perseguir a los paraísos fiscales de todo el planeta.

Entretanto, Italia y España (busquen documentos del Parlamento Europeo donde se deja constancia de las irregularidades y corrupciones que se producen en España, y como muestra un botón) lideran los índices de corrupción política en la Unión Europea. La reacción ciudadana en el primero ha sido la peor de los posibles, es decir la pasividad, la desafección política y la extensión del “hecha la ley hecha la trampa” también entre la sociedad civil. En España hay riesgo de caer en esa misma situación, a caballo entre la dejadez y la picaresca, por no hablar del riesgo de la aparición de políticos populistas y demagogos, como el propio Berlusconi, perfiles personalistas, capaces de destruir todo el prestigio de una nación.

La Comisión europea alerta sobre las irregularidades en la contratación pública en España, amenazando con recurrir al Tribunal de Luxemburgo. ¿Por qué no nos miramos de una vez en el espejo de países como Alemania? Sé que me alejo del debate pero es posible que nuestro sistema educativo también esté en la base de una sociedad materialista, enferma y corrupta como la nuestra, donde los individuos son capaces de poner en riesgo el sistema institucional dejándose seducir por el dinero. Si se trata de un mal endémico de la sangre latina, entonces no queda más remedio que aplicar controles y penas rigurosas para evitar tentaciones.