miércoles, 29 de abril de 2009

De cómo con la UE puede mejorar la marcha económica

Ya hemos debatido aquí en alguna ocasión sobre la fragilidad de los tres elementos que componen eso que ha venido en llamarse gobernanza económica, cuya estructura ya se remonta a Maastricht (1992). Se critica en todo caso la ineficacia de alguno de sus tres componentes: a) la política monetaria formulada por el BCE; b) la política fiscal formulada por los Estados miembros, aunque coordinada por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC); c) las medidas apuntadas en las Orientaciones generales de política económica (OGPE) en el marco de la Estrategia de Lisboa (2000).

Parece haber consenso en el éxito de la política monetaria, aunque algunos critican demasiada obsesión en la estabilidad de precios, lo que en ocasiones puede limitar el crecimiento de algunas economías. Estos serían los partidarios de convertir al BCE en una especie de Reserva Federal a la americana, con más capacidad de influir sobre políticas de empleo, posición totalmente contraria a la que yo particularmente defiendo. Si bien ahora estamos en pleno debate sobre la necesidad de imponer mayores controles y supervisión en los sistemas financieros, la disparidad de criterios que podría surgir en ese punto haría peligrar la estabilidad del BCE, fundamentada en estos momentos sobre su independencia.

En cuanto a la segunda, la fiscal, es donde hay claramente división de opiniones. Desde un punto de vista teórico para mí parece obvio que una unión monetaria funcionará mucho mejor en una unión fiscal, pero las culturas fiscales en la UE todavía son muy dispares, y este debate viene de tan antiguo que ya constaba en el Informe Werner (1970), en el famoso Informe MacDougall (1977) y en el Informe Delors de 1989, aunque éste al final cayó en el realismo y se centró en un consenso Bruselas-Frankfurt (aumentar la flexibilidad ante choques asimétricos), lo cual haría innecesario disponer de una política fiscal europea que estabilizara los ciclos económicos, puesto que el PEC dejaría un margen razonable para el registro de déficit cíclicos y la política monetaria del BCE podría fácilmente hacerles frente mediante un uso activo de los tipos de interés. la teoría monetarista, que aboga por un Banco Central de competencias limitadas para estabilizar la economía y centrado en controlar la inflación; y la teoría de los ciclos de negocios reales (real business cycles), según la cual los ciclos tienen su origen en los choques tecnológicos basados en el lado de la oferta y en los cambios de preferencias de los actores económicos (el desempleo se consideraría resultado de una mayor preferencia por el ocio que por el trabajo). En los mundos concebidos por estas dos teorías, la mejor forma de reaccionar a los ciclos sería mantener una política monetaria centrada en la estabilidad de precios y una política fiscal equilibrada a lo largo de todo el ciclo.

Al final se adoptaron en Maastricht dos mínimos: la coordinación y la disciplina fiscal (el famoso 3 % de déficit que impone el PEC que España se está saltando en estos momentos, y por el que seremos sancionados próximamente). Si lo de las sanciones no nos gusta demasiado, ya hay voces que proponen los incentivos positivos (fondos europeos a cambio de disciplina presupuestaria en casa).

En cuanto a la toma de decisiones, todo indica que el Ecofin (consejo de los ministros de Economía de toda la UE) debería reforzarse, obtener una categoría de Consejo especial con mayor autoridad que el Consejo de Asuntos Generales en todos los asuntos económicos. De esta forma, el Ecofin supervisaría todas las formaciones sectoriales del Consejo encargadas de tratar aspectos económicos, asegurando que el Consejo cumpla con las medidas del Ecofin (cosa que ahora no ocurre casi nunca). Sumemos a esto la asimetría que se produce por el Euro, lo que genera una nueva asimetría entre Estados. ¿Debería existir alguien que representara la posición común del Eurogrupo? Probablemente sí. Sobre todo desde que el pasado noviembre de 2008 en reunión del Eurogrupo por fin se tomaran posiciones comunes para la resolución de la crisis financiera. Ha sido el punto de inflexión para su legitimación política, aunque en el fondo supone la reinstauración de una Europa de distintas velocidades, lo cual me lleva una vez más a sugerir la necesidad de un presupuesto federal, no con los recursos actuales (que son de apenas el 1 % PIB) sino de algo más bien alrededor del 5 % (como ya sugería MacDougall en 1977), cifra razonable para afrontar programas transnacionales, sobre todo de I+D, educación e infrastructuras, con mecanismos que podrían vincular las reformas apuntadas en Lisboa con las perspectivas financieras. Sería el primer paso para lograr la plena integración económica, a mi juicio irreversible a medio plazo.