sábado, 26 de abril de 2008

Una nueva oportunidad para la cooperación entre territorios

Esta semana pasé una tarde en un seminario sobre gobernanza europea en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Como siempre, fue interesante reencontrarse con la sensación de acudir a las aulas a aprender y a participar. Se trataba de estudiar a fondo el funcionamiento de las relativamente nuevas AECT (Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial).

Ha sido enriquecedor, pero me ha llamado la atención en especial comprobar cómo en un Decreto Ley del mes de enero de este año el gobierno corta las alas a las aspiraciones de desarrollo de políticas de cohesión a las Comunidades Autónomas. Al leer con detalle el Real Decreto que regula la normativa sobre las AECT una se da cuenta de la cantidad de trabas administrativas y burocráticas que el Estado español impone a las regiones y entidades locales. Lo sorprendente es que esta legislación podría llegar a atentar contra la Carta Europea de la Autonomía Local, que precisamente protege a las regiones y entidades con competencias para que puedan asociarse internacionalmente, fuera o dentro de la UE, aunque de momento nadie ha dicho esta boca es mía ¿Cuál es el sentido de esta batería de obstáculos que perpetran ciertos gobiernos?

Puede ser una forma bastante expresa para tene bajo control las pretensiones de expansión de los poderes territoriales, en especial porque el Reglamento comunitario sobre las AECT permite que estas asociaciones se formen entre regiones, municipios e incluso Estados miembros, es decir existiría un temor a que alguna Comunidad Autónoma pudiera entrar en cooperación directa con un Estado miembro. La ponente de la conferencia de hoy denunciaba este hecho como una clara injerencia en las competencias regionales, existiría un cierto conflicto legal entre reglamentos.

Es cierto que todo esto puede resultar muy abstracto, pero los que hemos estudiado un poco el fenómeno de la integración europea conocemos bien que ciertos Estados son muy poco proclives al desarrollo de las alianzas interterritoriales, adimitiendo hasta ahora solamente las alianzas transfonterizas y recelando de cualquier programa de cooperación que implique territorios con competencias, el problema es el intergubernamentalismo imperante. No digo que España sea la única nación que obstaculice el proceso, Francia también lo hace, por contra Alemania con sus potentes estados federados es favorable al desarrollo territorial de una nueva Europa de las regiones.

Yo no defiendo exactamente una UE de las regiones, pero sí una UE federal con un concepto de toma de decisiones y de reparto del poder claramente distinto al actual, creo firmemente que la Europa de los Estados es un error porque limita enormemente el potencial de desarrollo económico y sobre todo de cohesión económica y social, de hecho me preocupa muchísimo, y más me preocupa que los fondos europeos se están tirando por la borda por un mal uso, muy regulado pero poco eficaz.

Por parte de los gobiernos en general ha habido un absoluto menosprecio en este campo. La AECT es una gran ocasión para conseguir atraer fondos de la UE en el caso español.

Es más, ahora que España deja de ser beneficiaria de los fondos de la UE en favor de los nuevos países del Este, es importante que utilicemos este tipo de recursos para conseguir capturar ayudas de la UE y fomentar el desarrollo junto con otras regiones europeas, que no tienen por qué ser fronterizas, pueden ser lejanas pero podemos compartir con ellas experiencias que nos ayuden a crecer económicamente ¿no os parece sumamente interesante? La AECT se trata de una alianza a largo plazo, con objetivos concretos y funcionales, y creo que es un primer paso para una UE basada en proyectos políticos concretos más que en negociaciones entre Estados miembros.

Entretanto, debemos asumir un Real Decreto que complica en la práctica la constitución de estos proyectos interterritoriales. De este modo se coartan las opciones, mientras dejamos pasar el tren de la financiación, de los grandes proyectos, de la cooperación con amplitud de miras, codo a codo con otras regiones de Europa con las que podríamos crecer en sintonía. ¿Por qué nos dejamos engañar? ¿Por qué siempre perdemos el tiempo en naderías y no normalizamos de una vez una nueva Europa política?

martes, 15 de abril de 2008

Financing the European Budget (Income)

The EU Own Resources System:

Total EU revenue has to be equal to total expenditure and is required to stay within agreed legal limits, currently 1.31% of the EU gross national income (GNI) for appropriations for commitments and 1.24% of EU GNI for appropriations for payments.

The main source to finance the EU budget is now a resource based on the Member States' gross national income. This has grown to surpass the other sources, customs duties and agricultural levies ("traditional own resources"), and a resource based on a value added tax base. The own resources system has evolved significantly since the beginning of the first financial framework. In 1988, the GNI resource made up less than 11 % of EU financing, compared to 28 % provided by custom duties and agricultural levies and 57 % by the VAT-based own resource.

In 2013, the GNI resource will provide about 74 % of the EU financing, against 13 % for customs and agricultural levies and 12 % for the VAT-based resource.

The sources and mechanisms of funding the EU budget should ensure an adequate funding of EU policies. They should be judged against commonly agreed principles such as economic efficiency, equity, stability, visibility and simplicity, administrative cost-effectiveness, financial autonomy and sufficiency. None of the funding sources of the EU budget satisfies all of these principles to the same extent, and it is difficult to conceive an "ideal" funding system.

However, the resources structure should seek to comply with the most important funding principles to the greatest possible extent, while minimising negative effects from the perspective of other relevant principles. To achieve that objective, choices have to be made on the principles and their relative importance.

Although the current system has succeeded in providing sufficient resources to finance the EU budget, there is nevertheless a continuous debate about whether the source of funding could be improved in order to better comply with the relevant financing principles. The two largest sources of revenue – the VAT and GNI based own resources – display many of the characteristics of national contributions and are often perceived as such. They are provided by national Treasuries and are sometimes presented as an expenditure item in national budgets. As a consequence, Member States often tend to judge EU policies and initiatives in terms of returns compared to their national contributions, rather than looking first at the overall value of pursuing certain policies at the European level.

The overall composition of the Union's own resources system will thus be an important element to be examined in the context of the review.

Corrections:
In the years since the 1984 Fontainebleau agreement, according to which "any Member State sustaining a budgetary burden which is excessive in relation to its relative prosperity may benefit from a correction at the appropriate time", several permanent or temporary correction mechanisms have been introduced on the income side. These corrections, which include the UK correction – essentially consisting of the reimbursement of 66% of the difference between UK GNI- and VAT-contributions to the budget and its receipts – lump-sum payments to the Netherlands and Sweden, reduced VAT call-rates for the Netherlands, Sweden, Germany and Austria, as well as a flat rate retention of 25% of traditional own resources for Member States collecting them, have considerably reduced the simplicity and transparency of the system.

More importantly, this logic, alongside the increasing focus placed on a narrow 'accounting' approach with the main objective of maximising returns, has led to tensions between Member States and has coloured the public debate about the value of EU spending and the benefits of EU membership itself.

Against this backdrop, the review will take a close look on whether and to what extent the various correction mechanisms which have emerged and their underlying principles are still justified. A consensus on spending priorities could already facilitate a reform of the EU own resources system It is also in this context that possible alternative own resources should be examined very carefully, taking into account the national sovereignty on fiscal policy and, for instance, the cross-border mobility of some tax bases and the impact of such resources on related EU policies.

What principles should underpin the revenue side of the budget and how should these be translated in the own resources system?
Is there any justification for maintaining correction or compensatory mechanisms?
What should be the relationship between citizens, policy priorities, and the financing of the EU budget?

¿Cómo se desarrolla el presupuesto de la UE?

A continuación un breve resumen de lo que es la actividad presupuestario (ver otras entradas específicas para mayor desarrollo de esta cuestión).

Finalidad:
En primer lugar cabe decir que el presupuesto europeo debe basarse siempre en un gran consenso, y tiene su justificación en financiar actividades que el conjunto de los Estados miembros y parlamentos han definido de común acuerdo en los Tratados.

Un reducidísimo porcentaje, apenas el 1 % del PIB de la UE, lo que equivale aproximadamente a 235 euros per cápita, se destina al presupuesto anual de la UE.

Su sentido inicial es la mejora de la cohesión interna, el desarrollo de las zonas perjudicadas, etc. y en este sentido se financian sobre todo actividades de ámbito rural (la famosa PAC), regional, estructural, medioambiental, etc. aunque se invierte también en desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores. Una parte del presupuesto comunitario se destina a la ayuda humanitaria y el desarrollo económico en el mundo.

Democracia:
Las programaciones de gastos anuales se negocian entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros sobre la base de una propuesta de la Comisión. El presupuesto cubre la financiación de todas las instituciones de la Unión. Fija los ingresos y los gastos previstos para el año, enumera todas las actividades que deben financiarse y establece el total de los recursos disponibles en términos de dinero y personal para cada una ellas, y además especifica los actos que autorizan las distintas acciones.
A veces la ejecución de las actividades requiere un acto legislativo comunitario propuesto por la Comisión y aprobado por la autoridad legislativa, o sea el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros conjuntamente.

Dimensión:
Los ingresos y gastos presupuestarios se limitan en virtud de un acuerdo, quedando los gastos limitados por el Tratado, de modo que el presupuesto de la UE no puede presentar jamás déficit alguno. Los ingresos proceden de tres fuentes principales: los derechos de importación, una parte de la base IVA de cada Estado miembro y una ulterior contribución de los Estados miembros calculada en función de su producto interior bruto (PIB).
El importe que puede ponerse a disposición de la Unión está sujeto a unos límites en virtud de un acuerdo de los Estados miembros y de los parlamentos. Este límite máximo equivale actualmente al 1,24% del producto interior bruto de la Unión para los pagos efectuados con cargo al presupuesto comunitario.

Frente a esto, cerca del 45% del producto interior bruto de la Unión se destina a los gastos públicos nacionales, regionales y locales de los Estados miembros.

Los gastos de la UE están asimismo limitados por un acuerdo plurianual celebrado entre los miembros del Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión Europea. Este acuerdo contiene un Marco financiero plurianual. Actualmente existe un Marco que cubre el período 2007 a 2013.

Gestión:
La Comisión es responsable de la ejecución del presupuesto pero comparte muchas de las tareas de gestión con los Estados miembros. Un acto jurídico comunitario - el Reglamento financiero – acordado por los Estados miembros define las normas aplicables a la hora de solicitar, presupuestar y utilizar los recursos de la UE. Todos los ingresos y gastos deben contabilizarse. Se elaboran estados financieros que reflejan el activo y el pasivo de la Unión y se lleva una contabilidad general y presupuestaria.

El personal de la Comisión está en gran medida organizado en lo que se conoce como Direcciones Generales (DG), cada una las cuales trabaja a las órdenes de un Director General. Los miembros del personal de las DG gestionan los programas y actividades de la UE en sus respectivos sectores, con la eventual colaboración de sus homólogos en los Estados miembros.

Las auditorías corren a cargo de auditores internos y externos (como el Tribunal de Cuentas Europeo). Anualmente, los Directores Generales deben redactar un informe en el que dan cuenta del trabajo de sus Servicios y de la utilización que se ha hecho de los recursos puestos a su disposición. Estos informes de actividad anuales se presentan a los miembros de la Comisión y se transmiten en forma de resumen a la autoridad presupuestaria, es decir, al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros, antes del 15 de junio siguiente a cada ejercicio presupuestario.

La Comisión es responsable ante el Parlamento de la utilización del presupuesto de la UE
Los informes anuales de los auditores internos y externos sobre la gestión de los fondos de la Unión se transmiten al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros. Anualmente, en el marco del procedimiento conocido como de aprobación de la gestión presupuestaria, la Comisión Europea y las restantes instituciones de la Unión deben responder ante el Parlamento Europeo por la utilización hecha de los recursos puestos a su disposición. La Comisión tiene a su cargo realizar un seguimiento de las conclusiones extraídas y de las recomendaciones formuladas en el marco del citado procedimiento por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros. El Parlamento, el Consejo y el Tribunal comprueban la efectiva realización de dicho seguimiento.

jueves, 10 de abril de 2008

El reparto de poder en la UE tras el Tratado de Lisboa

En el Tratado de Lisboa se clarifica en parte el reparto competencial, para entender quién es responsable de qué políticas. Este aspecto es clave para la democratización europea, ya que refuerza la responsabilidad en distintos niveles.

1) Principios del reparto competencial:
* La UE ejerce con plenitud las competencias que los EM le ceden en el Tratado de Lisboa.
* Las no especificadas permanecen bajo el mando de los EM.

El principio de poderes conferidos garantiza que la UE no puede aumentar sus competencias a expensas de los Estados sin el previo consentimiento de éstos. Lamentablemente hay que destacar que este Tratado reconoce la posibilidad de que los EM recuperen competencias ya delegadas a la UE, retroceso notorio en el camino federal.

2) Tipos de competencias:
a) Exclusivas de la UE:
- Fronteras de la UE.
- Establecimiento de las reglas de competencia para el funcionamiento del mercado interior.
- Política monetaria de los EM donde está vigente el euro.
- Conservación de los recursos naturales del mar.
- Política comercial común.
- La conclsuión de cualquier acuerdo interno en el marco de un acto legislativo de la UE, o cuando es necesario para el ejercicio de una competencia interna, o bien sea posible que las reglas comunes se vean afectadas o su rango modificado.

b) Compartidas, cuando los EM las ejercen si la UE no lo hace:
- Mercado interior.
- Política social según lo definido en el Tratado.
- Cohesión económica, social y territorial.
- Pesca y agricultura, excepto la conservación de los recursos del mar.
- Medio ambiente, protección del consumidor, transporte, redes transeuropeas, energía.
- Área de libertad, seguridad y justicia.
- Asuntos de seguridad relacionados con la salud pública, según define el Tratado.
- Investigación, desarrollo espacial.
- Cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria.

c) Exclusivas de los Estados miembros:
- Industria.
- Cultura.
- Turismo.
- Educación, formación profesional, deporte, juventud.
- Protección civil.
- Protección y mejora de la sanidad.

Los EM coordinan sus políticas económicas y de empleo mediante los mecanismos de coordinación, y que existe un régimen especial para la política exterior y de seguridad.

3. Nuevas competencias que adquiere la UE:

* El Tratado de Lisboa no otorga nuevas competencias exclusivas a la UE.
* Otorga nuevas competencias compartidas:
- Espacio y energía.
- Acción de soporte y complementaria en protección civil, propiedad intelectual, turismo, deporte y cooperación administrativa.

En estos casos se aplica el procedimiento legislativo ordinario (CODECISIÓN, entre el Parlamento y la mayoría cualificada del Consejo de Ministros)

* Además potencia el papel de la UE en ciertas áreas, sobre todo en libertad, seguridad y justicia, y en términos de defensa y acción exterior.

* Abre la puerta a una futura política energética europea, porque permite a la UE: legislar para armonizar el mercado energético; mejorar la seguridad de las fuentes de energía de los EM; promover el ahorro energético y el desarrollo de nuevas formas de energías renovables.

4. Papel de los Parlamentos nacionales:
* Define el papel de los Parlamentos, que comprobarán que las competencias se comparten realmente, gracias al mecanismo de "alerta precoz" (early warning) que:

- Los Parlamentos podrán alertar cuando el principio de subisdiariedad esté en riesgo de ser violado por las instituciones europeas.
- La Comisión deberá revisar toda propuesta que supere 1/3 (o bien 1/4 en el área de Interior y Justicia) de opiniones negativas por parte de los Parlamentos nacionales.

* Admite la posibilidad de que los Parlamentos nacionales recurran al Tribunal de Justicia en relación con cualquier incumplimiento o violación del principio de subisdiariedad.

Cambios inminentes en el organigrama europeo

Están a punto de producirse nombramientos cruciales en la marcha de la UE. Entre este año y el próximo se nombrará el presidente de la Comisión de la UE, el presidente del Consejo Europeo y el Alto Representante para exteriores.

Desde mi punto de vista deben evitarse estos nombramientos antes de las elecciones de 2009.
El problema de base es que el Tratado de Lisboa es ciertamente ambiguo y deja margen a la improvisación. De hecho todavía no está clara la dimensión del Consejo Europeo, ni tampoco queda bien definido su papel. Desconocemos si la sede del Alto Representante estará en la Comisión o en el Consejo .

Veremos como esta implementación será en realidad un proceso oculto a la opinión pública, sin embargo el resultado será vital para ver si nos encaminamos hacia una Europa federal, o seguimos con el intergubernamentalismo. Lo positivo desde el punto de vista federalista, sería que la representación exterior estuviera lo más próxima posible a la Comisión y minimizar el efecto de un presidente fuerte sobre una Comisión debilitada por un exceso de comisarios y unos recursos escasos.

Nunca dejaré de insistir en la importancia de que la Comisión sea un verdadero Ejecutivo. En este sentido me parece un error que se perciba que el presidente de Europa es en realidad el presidente del Consejo Europeo, porque este no tiene control democrático directo, éste simplemente debería presidir las reuniones, sin intervenir en el trabajo de la Comisión. Por tanto, la máxima representación debe caer en el presidente de la Comisión como líder visible. En cuanto a política exterior, es obvio que el actual y desvirtuado Mr. PESC debe convertirse en un ministro de Exteriores comme il faut y trabajando codo con codo con la Comisión.

Volviendo a las elecciones del año que viene, lo deseable desde el punto de vista democrático, es que cada partido político nos dijera quién es su candidato a presidir la Comisión, así como detallar en sus programas su compromiso con el constitucionalismo europeo. No es descartable también un cierto riesgo de que el nombramiento del presidente de la Comisión antes de las elecciones europeas de 2009 desmotive la participación en dichas elecciones, ya de por sí poco estimulantes para la ciudadanía europea.

Tras las elecciones, lo lógico es que el Parlamento Europeo diera su visto bueno al presidente de la Comisión y al ministro de Exteriores elegidos, por ello su nombramiento debería ser posterior a las elecciones, de lo contrario estos cargos estarán sometidos al juego de negociación entre los Jefes de Estado, algo que nunca me cansaré de denunciar, pues erosiona la credibilidad de la Unión Europea como unidad política, y de hecho va contra el mandato del propio Tratado de Lisboa en favor de esa unión.

lunes, 7 de abril de 2008

Un caso práctico de la utilidad de la Comisión Europea para los consumidores catalanes

Hace un par de días ha saltado la noticia de que Bruselas ha llevado los tribunales la ley catalana de Comercio, la conocida como Ley Catalana de Equipamientos Comerciales, aprobada por el Parlament catalán en noviembre de 2005. Esta ley viola el art. 43 del Tratado que regula la libertad de establecimiento de las empresas

De hecho, desde el punto de vista del libremercado, o de la igualdad de competencia por decirlo claro, se podía detectar que esta ley no se ajustaba a los criterios de libertad de establecimiento. Bajo la bandera de un modelo de comercio urbano y sostenible, no nos engañemos, se ocultaba una perenne voluntad de proteccionismo de los comerciantes, y es que lo cierto es que existe desde hace tiempo una especie de "lobbyismo" de los botiguers en Catalunya, que sin duda atenta contra la libertad y perjudica al consumidor en el fondo. El argumento de que los comercios tienen una función social en la planificación urbanística que ha defendido el gobierno catalán no ha convencido a Bruselas. Incluso Bruselas se queja de que es totalmente irregular que en el proceso de decisión, directa o indirectamente, aparezcan partes con intereses económicos en el mercado afectado por la ley en cuestión.

En cuanto a mi punto de vista, que es el del consumidor, creo que estas leyes intervencionistas son altamente perniciosas, pues en realidad lo que el consumidor necesita es producto, servicio y precio competitivo, en este sentido las grandes superficies son un beneficio claro. Si el pequeño comerciante no puede competir debería buscar otras alternativas de negocio, tal como hacen los pequeños empresarios a quienes nadie defiende de la amenaza de las grandes multinacionales. Por ello tal vez el pequeño comerciante deba optar por otras soluciones: incrementar sus horarios (contratando a personal por turnos), encarecer su producto (el consumidor que valora la proximidad estará dispuesto a pagar un sobreprecio), o recurrir a una oferta de mayor calidad (mismo argumento que el anterior).

No obstante, hay que esperar, pues el Tribunal de Justicia de la UE puede tardar más de dos años en fallar sobre el caso. Acertadamente, el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie Mc-Creevy, no acepta que dicha ley imponga obstáculos a las empresas para establecerse. McCreevy critica que las compañías tengan que superar un proceso de autorización "particularmente complejo y restrictivo" basado en criterios que no son lo suficientemente objetivos, como son las necesidades del mercado o el impacto que tendría la apertura de una gran superficie en los comercios ya existentes.

domingo, 6 de abril de 2008

Cómo construir una Europa Federal


Conocemos bien la estrategia de Jean Monnet y todo lo que estaba implícito en la Declaración de Schuman, encaminada a crear solidaridades de hecho para hacer avanzar la integración. Sabemos de la idea de Monnet de ir construyendo Europa gradualmente, de acuerdo con la fuerza de las necesidades, que irían forzando la integración como una necesidad. Ésta teoría encuentra su reflejo en el ámbito académico en el pensamiento funcionalista, y en este ámbito teórico el funcionalista Ernst Haas sentará las bases de cómo se construyen entidades supranacionales a partir de solidaridades de hecho. No obstante la Declaración de Schuman tiene elementos claramente federales, algo que explico en mis posts sobre la historia de la UE, y que vieron un reflejo luego en las estrategias de los federalistas europeos, como Spinelli o incluso Delors.

Además de los muchos argumentos expuestos en mi visión histórica de la construcción europea, me parece interesante aportar al debate la visión española, y en este sentido puede aportar luz la reflexión que hizo hace casi un siglo José Ortega y Gasset, quien advertía de un hecho que debía conducir a la creación de una nación europea: por un lado que los pueblos europeos han convivido siempre juntos con un grado elevado de interdependencia, y por otro que esta interdependencia produce la existencia de un poder público europeo, o la necesidad de concertar las decisiones.

Siguiendo la tesis de Ortega hablar de soberanías nacionales carece de sentido, y por ello él preconizaba la creación de un ente que encarnara ese poder público europeo: los Estados Unidos de Europa. La lógica de la interdependencia ha sido en realidad el motor del pensamiento europeísta desde hace casi un siglo. Los grandes europeístas han observado sistemáticamente la mutua dependencia entre los estados europeos y han creído que potenciando esta fuerza se puede avanzar hacia un mayor grado de cooperación.

La Unión Económica y Monetaria es la gran culminación de la cesión de soberanía en forma cooperativa entre los Estados miembros. No obstante, desde hace años vienen registrándose críticas hacia la legitimidad de las decisiones a nivel europeo, hay un cierto déficit democrático, un problema de representatividad del poder público representado por las instituciones de Bruselas. Sinceramente yo, como ciudadana europea, no siento un control directo sobre la toma de decisiones en Bruselas y Estrasburgo.

Existe una asimetría en la percepción de la legitimidad de las instituciones nacionales y las europeas, y así sería complicado identificar una opinión pública europea, existiendo más bien una pluralidad de opiniones nacionales, o sea intergubernamentalismo puro y duro.

Reconozcámoslo, aunque ha habido avances hacia un federalismo, sobre todo en la política económica, el sistema por el que el poder público europeo toma decisiones no es a través de un debate único entre europeos que transmite sus resultados a un gobierno europeo, sino un conjunto de 27 debates que transmiten sus preferencias a los distintos gobiernos y representantes, quienes a su vez intentan conciliarlas a nivel europeo mediante la negociación intergubernamental. Pero, a diferencia de las negociaciones que se pueden llevar a nivel nacional en un parlamento entre grupos políticos, las negociaciones europeas no son vigiladas por la opinión pública.

A diferencia del nacional, donde la clave es la búsqueda del interés general, el contexto intergubernamental es percibido como un juego de suma cero donde los gobiernos luchan por sus propias preferencias. Este sería por ejemplo el famoso mercadeo al que aludo cuando hablo de las negociaciones presupuestarias en el Consejo.

Contrariamente a lo que profetizaba Ortega no existe un genuino poder público europeo, ni un interés público europeo. La cuestión es que por ahora Europa no es un Estado-nación. Lo cierto es que históricamente la nación ha sido el corazón del Estado, ha sido el soporte sobre el que se asienta cualquier Estado y se percibe como un ente orgánico unido por las fuerzas de la historia en un destino común. Los siglos de historia, la lengua o la tradición parecen tener un peso excesivo, esas señas comunes de la nación dan a las personas un sentido de pertenencia, de este modo mucha gente considera que Europa no es una nación y por lo tanto cualquier producto político será un producto ilegítimo. Europa ha sufrido guerras comunes y se caracteriza por una diversidad cultural y lingüística, no existe una auténtica demos. Ortega criticaba esta visión nacionalista e historicista.

A mi entender el pasado no debe jugar un papel determinista y debemos proyectar hacia futuro. El problema de la tesis nacionalista es, como apuntaba Ortega, que tiene a la historia en su contra. Normalmente los Estados preceden a la existencia de las naciones en sentido nacionalista. La historia, lengua y cultura común vienen a posteriori de la creación de una entidad estatal y no la preceden. Ortega observaba que de haberse apoyado en el pasado, Francia, Alemania e Inglaterra no habrían surgido como Estados.

La historia sin embargo muestra que las naciones nacen y mueren en situaciones concretas que en general son más o menos sistematizables. Ortega defendía que lo fundamental para una nación era la voluntad de hacer algo juntos. No lo que fuimos en el pasado, sino lo que vamos a hacer mañana juntos nos reúne en Estado. Es el proyecto sugestivo de vida en común, el programa nacional el que debe tener sentido. Ésta es también la perspectiva de la ciencia política moderna para la que los Estados no son entidades espirituales de carácter psicohistórico, sino mecanismos centralizados de provisión de bienes públicos y de organización de la vida en común.

El mundo contemporáneo presenta una paradoja. Mientras que la conciencia nacional desparece en todos los lugares del mundo y a menudo se fragmenta, los Estados modernos continúan ejerciendo el poder. Esto sugiere que existen fuerzas distintas de la conciencia nacional que mantienen unidos a los Estados. Por otro lado, desde el punto de vista del individualismo metodológico, la nación no es una entidad espiritual con vida propia, sino sólo un conjunto de individuos con intereses personales y privados. La democracia no es una forma trascendente de vida en común, sino una forma de agregar preferencias potencialmente en conflicto. Las naciones son actores colectivos, se forman por accidentes históricos y una vez formadas tienden a consolidarse en un equilibrio de intereses. Pero, estos accidentes históricos no son naturales, sino el producto de acciones de individuos que como todos los demás maximizadores de utilidad, responden a incentivos.

El institucionalismo histórico, y Douglass North en concreto, explicaba las instituciones como mecanismo de cooperación que una vez creados podían perpetuarse a lo largo de la historia a pesar de ser subóptimos en su forma, pero cuando el coste de progresar hacia un nuevo equilibrio es menor que el de mantenerse en el actual, se produce un cambio institucional.

Mi idea es que las instituciones son importantes, y que el cambio hacia una Europa Federal debe realizarse institucionalmente. Si somos capaces de entender qué incentivos deben coincidir o estar alineados para que surja este equilibrio podemos crear y hacer desaparecer naciones. Es cierto que los costes de moverse de un equilibrio nacional (el status quo) a otro pueden ser costosos, pero no es imposible y debe tenerse en cuenta los beneficios a largo plazo.

La UE carece de legitimidad, y esto es debido en parte a que los ciudadanos no participan -no sólo en términos de voto, sino también de vigilancia a través de los medios de comunicación, de debate público, etc.- en el proceso político y por esa razón lo perciben de forma ilegítima. La baja participación puede explicarse por la lógica de la satisfacción de preferencias. Desde el punto de vista nivel individual, dadas unas preferencias y unos recursos, es racional no participar por:

a) la falta de intereses comunes a nivel europeo. La UE trata de asuntos como regulación, política comercial donde el consenso es más o menos amplio. El presupuesto europeo es relativamente pequeño y por lo tanto la UE tiene una capacidad redistributiva muy débil. Esto hace que participar a nivel europeo tenga unos réditos muy débiles;

b) los costes de participación son altos. En la medida en que la cultura política (entendida como la existencia de una lengua común, unos ejes de confrontación, etc…) es algo que reduce los costes de la participación, y que la cultura política europea es distinta de la que los ciudadanos conocen, participar es complicado. El ciudadano europeo está acostumbrado a sus temas de debate nacionales en sus instituciones nacionales. Esta cultura política se forma a través de los medios de comunicación y el sistema educativo. En la medida en que el esquema institucional europeo es muy distinto del nacional, que los temas de debate difieren, que no existe una lengua común ni unos medios de comunicación comunes, participar es individualmente costoso para el ciudadano europeo;

c) los recursos de legitimación de la unión son débiles en los espacios públicos nacionales. Los políticos nacionales vienen usando la UE como chivo expiatorio desde hace treinta años para justificar sus propios fracasos políticos. Sin embargo, dado que las instituciones no pueden justificarse (haciendo declaraciones, esgrimiendo una legitimidad democrática) esto reduce la capacidad de legitimación de la Unión. Este es el famoso comportamiento parasitario en que un nivel de gobierno culpa al otro de los fracasos.

Si los réditos son débiles y los costes son altos, el resultado es previsible: la participación será baja y la legitimidad también. Sin embargo, bajo la óptica institucionalista, ninguno de estos factores (los costes y los beneficios de la participación) son una fatalidad.

Ya que somos capaces de explicar su origen, podemos pensar las condiciones bajo las cuáles serían distintos: reduciendo los costes de participación, aumentando lo réditos e incrementando los recursos de legitimación de la UE.

1. Aumentar los beneficios de la participación: la primera forma de progresar hacia la construcción de los Estados Unidos de Europa es aumentar las competencias de la UE. Cuando los ciudadanos empiecen a entender que sus empleos, su nivel de renta y su bienestar dependen en buena medida de las instituciones europeas, comenzarán a interesarse por el debate a nivel europeo. Esto aumentará la participación que a su vez aumentará la legitimidad.

2. Reducir los costes de la participación: aumentar los réditos de la participación para el ciudadano no sirve de nada si no se le dota de capacidades para entender el proceso político europeo. Un aumento de competencias debe ir acompañado de un aumento de la legitimidad. Una primera medida sería simplificar el funcionamiento de las instituciones europeas. Una segunda medida sería el fomento de una cultura política europea, es fundamental que en la educación se enseñe el funcionamiento de las instituciones, asimismo en los espacios de debate nacionales deberían tratarse temas europeos (en los parlamentos nacionales debatir las comunicaciones europeas, por ejemplo). Una tercera medida que se me ocurre (aunque sea políticamente incorrecto decirlo) es fomentar una lengua común, que en el caso de Europa, debería tratarse indudablemente del inglés.

Todo esto propiciaría que los europeos llevaran a cabo un proceso de decisión político único a nivel europeo, con unos medios de comunicación comunes y un Parlamento común.

3. Aumentar los recursos de legitimación de las instituciones europeas: las instituciones europeas deben ser capaces de legitimar su acción. Permitir a los miembros de las instituciones, por ejemplo, comparecer ante los parlamentos nacionales para justificarse a nivel nacional. Obligar a debatir las decisiones europeas en el entorno nacional reduciría la indefensión de la Unión ante las oligarquías políticas nacionales ya que les otorgaría una capacidad de defensa. En este sentido, sería deseable incrementar los vínculos entre los parlamentarios nacionales y los parlamentarios europeos. Volviendo al anterior hilo argumental, lo que caracteriza a un equilibrio de Nash, como lo es un equilibrio institucional, es el hecho de que está sostenido por las expectativas de la acción de los individuos.

Las instituciones se adaptan las unas a las otras y se autorrefuerzan. Una de las razones por las que la UE ha fracasado en su intento de aumentar su legitimidad es que sólo ha intentado hacerlo mediante la reducción de los costes de la participación.

Se ha aumentado la transparencia y simplificado el proceso de decisión a nivel europeo y sin embargo la UE sigue siendo impopular (fracaso en los referenda constitucionales en Francia y Holanda). El problema es que se han obviado las dos medidas: aumentar los recursos de legitimación de las instituciones e incrementar el beneficio de participar. Sólo combinando las sinergias de estos aspectos es posible continuar construyendo Europa como genuino proyecto nacional.

El institucionalismo histórico nos da también algunas pistas para la forma y el ritmo en que debe hacerse este proceso. Mientras que aumentar las competencias de la UE o reforzar los recursos de legitimación de las autoridades europeas es sólo una cuestión legislativa, empezar a adaptar nuestro sistema educativo a la forja de una cultura política europea, enseñar una lengua común, una historia y un conjunto de tópicos políticos comunes hasta que esto se transforme en una único cultura europea, es un proceso lento y relativamente largo. Antes de todo ello, se hacen necesarias medidas políticas, combinar un aumento de competencias, y crear los incentivos para esa cesión de poderes.

Los mecanismos de ingeniería institucional pueden y deben modificar la situación. Los federalistas debemos esforzarnos por militar a favor de los Estados Unidos de Europa, como ya hicieran los federalistas americanos, recurriendo a mecanismos institucionales, constitucionales, y empujando a la reforma en todas las direcciones, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.

sábado, 5 de abril de 2008

La Eurozona no se libra de la recesión

Los que me leéis, ya sabéis que el mandato del BCE es la estabilidad de precios, pero amigos, la crisis ha llegado. Alguna voces solicitan que el BCE sea una herramienta económica, idea de la que yo discrepo radicalmente.

La Comisión Europea es nuestra guardiana, y ha reconocido que nuestra crisis está empezando, sumada a la escalada de los precios del petróleo. Es cierto que los mercados emergentes crecen, lo cual puede compensar o amortiguar la recesión, de modo que al final la Eurozona pueda resistir el golpe crítico.

Bruselas reconoce que su previsión de crecimiento del 1,8% para 2008 tal vez sea demasiado optimista, y puede que al final acabe rebajándola incluso al 1,5%, está por ver. No obstante, hay una solidez estructural en la economía europea.

Es lastimoso ver cómo la Comisión ha de ir recortando la cifra de previsión de crecimiento a marchas forzadas y mes a mes, las estimaciones parece que últimamente han pecado de tender a ir por encima de la realidad.

¿Qué retos afrontamos? Pienso que es clave la incertidumbre, es decir las dudas financieras, la inestabilidad del mercado financiero mundial, las sobrevaloraciones en ciertas bolsas, la desconfianza de los inversores, esa especie de puzzle que se ve aderezado por el debilitamiento de la economía estadounidense. Sumad a esto el incremento del coste de las materias primas en el mercado mundial.

Obviamente hay una crisis de consumo, los ciudadanos europeos están endeudados, los españoes endeudadísimos, yo una vez dije que prácticamente todos los españoles somos "subprime",
Este dato se puede relacionar con la subida del IPC en la zona euro, que tocó techo en febrero con la cifra de 3,3% interanual, destrozando los récords desde 1997, cuando se empezó a controlar la inflación comunitaria. Otra dato que no deja de influir es la fortaleza del euro, que objetivamente dificulta la capacidad exportadora de nuestras empresas.

Ahora mismo, Bruselas se limita a reconocer la moderación de la actividad en la Eurozona, aunque no hay datos que cuantifiquen realmente esa desaceleración.

Schengen e Identidad Europea

El pasado 21-XII-07 fue un día importante para todos, nuestras fronteras se han extendido, y no poco, hacia el Este.

El desmantelamiento de las fronteras es uno de los signos más evidentes y llamativos de lo que significa la UE. Es en realidad todo un desafío a las lealtades compartidas, y el reconocimiento mutuo que implica es de la máxima relevancia. Y esta relevancia tiene que ver con el efecto directo sobre el ciudadano de los países de la nueva área Schengen, y así los recién incorporados sentirán que podrán interactuar mano a mano con los otros Estados miembros, los cuales seguirán siendo referentes, pero es más que probable que la interconexión tienda a la armonía en vez de al conflicto.

Con certeza veremos en futuros Eurobarómetros una mayor simpatía e identificación con la UE de los nuevos países Schengen.

No se puede afirmar que el espacio aduanero consiga construir una demos europea, y de hecho hay miembros de la UE que no son Schengen, como Irlanda, Reino Unido, aunque éste ya está más dentro que fuera…, y por el contrario hay dos países que están en Schengen y no en la UE, Noruega e Islandia, y esta vez por razones comerciales. A pesar de ello Schengen es un mecanismo esencial para la Unión, representa claramente la comunitarización, y de hecho es fundamental en un mundo que desmantela fronteras comerciales definir bien las fronteras de la UE, en el sentido de la cohesión interna como bloque, lo que nos permitirá afrontar las amenazas que se ciernen sobre nosotros procedentes de bloques o naciones competidoras, por no hablar de otros peligros para la seguridad, como el terrorismo.

Recordemos las dos claves de la integración: la delimitación de fronteras externas y la consolidación de la identidad interna. En este sentido, es crucial definir el espacio fronterizo de la UE, y tomar decisiones al respecto por ejemplo de la posible incorporación de Turquía (que lo ha solicitado) al club. Por fortuna, los líderes actuales son contrarios a la adhesión por Turquía, que claramente se vislumbra como una amenaza para la integración política. Es esencial por tanto que se establezca cuanto antes una limitación legal y consensuada a posibles ampliaciones territoriales, pues es prioritario cohesionar los actuales Estados miembros, siendo esta la única manera de reforzar la acción política supranacional, que es ya absolutamente necesaria.

Reflexiones sobre el presupuesto europeo 2008

Cuando en noviembre de 2007 se aprobó el presupuesto de la UE para 2008, se visibilizaron unas negociaciones maratonianas entre los 27 para un gasto que apenas se ha incrementado con respecto al ejercicio anterior (unos 5000 euros más).

Los titulares generales sobre este presupuesto resaltan que la mayor dotación va destinada a crecimiento y empleo, pero tras ese titular se esconde prácticamente la nada. Es decir, se reasignan las partidas, se cambian ciertos nombres y la opinión pública simplemente recibe el mensaje de que casi la mitad del presupuesto europeo se destina a crecimiento y empleo, sin saber que en realidad estamos hablando de la mitad aproximadamente del 0,95 % de la RNB de la UE. Huelgan comentarios.

No se han cumplido los deseos de la comisaria Grybauskaité, que aspiraba a un presupuesto ambicioso, vinculado a una amplia reforma institucional. Elementos claves como la energía por ejemplo han quedado fuera de objetivos presupuestarios de nuevo.

De hecho no ha habido cambio de prioridades, y no se ha hecho la necesaria redefinición de las partidas de gasto. Creemos que es un debate imprescindible y que debe proponerse y resolverse desde Bruselas, sin esperar y por puro sentido político para: aumentar la inversión estratégica (energía, desarrollo tecnológico) y facilitar el desarrollo empresarial.

Una política europea de competitividad para las empresas justificaría por ejemplo la transferencia del impuesto de sociedades a las arcas comunitarias, lo que dotaría de recursos suficientes al gobierno europeo para una planificación de crecimiento global y más homogénea.
Deberíamos dirigirnos probablemente a la coordinación centralizada, combinada con los incentivos nacionales para gestionar de manera óptima los recursos.

Para evitar la dispersión jurídica en un sistema federal como el que apunto aquí, se activarían mecanismos de responsabilidad para la gestión eficiente, desterrando para siempre el sistema actual de transferencia de fondos, que se ha mostrado opaco y poco eficaz.

Concibiendo la UE como un modelo federal, estaremos preparándola para poder asumir objetivos mucho más ambiciosos y beneficiosos para todos los Estados miembros. Las decisiones sobre gasto no deberían fundamentarse en negociaciones anuales en la que los Estados miembros se representan a sí mismo y a sus propios intereses, sino que deben sistematizarse institucionalmente de forma centralizada, para evitar la perversión de los intereses nacionales.

De todos modos, la madre del cordero es la dimensión presupuestaria. Se escriben miles y miles de folios sobre las partidas de gasto del presupuesto, cuando en realidad el problema es su escasa dimensión, una dotación tan reducida que apenas puede ofrecer acción política que perciba como tal el ciudadano. Buscamos acción pública eficiente, calidad en políticas europeas que redunden en beneficio común, es necesaria la aportación de todos y la presencia de instituciones europeas transparentes como garantes de estabilidad.

En este contexto, elementos contemplados en el nuevo Tratado de Lisboa, como la posibilidad abierta de que cualquier miembro pueda retirarse de la UE voluntariamente, o la explicitación de la posibilidad de recuperación de algunas competencias comunitarias, son ejemplos claros de que vamos en la peor dirección y de que existe retroceso en la construcción europea.

I+D: debe ser prioridad para Europa, pero ¿Y para España?

El I+D con todas sus variantes se ha convertido desde hace más de una década en una especie de mito o panacea, donde parece hallarse la única esperanza para sobrevivir a la globalización. Me temo que esto no es así, al contrario, puede convertirse en un agujero negro para las finanzas públicas y no conseguir los efectos deseados, me explico. Si bien es obvia la necesidad de investigar y descubrir nuevos productos que hagan el mundo más eficiente, rápido y productivo, también lo es que los talentos necesitan de tiempo y medios, esfuerzos muy a menudo infructuosos. Por mucho que queramos y que nuestros gobiernos inviertan, posiblemente ni Catalunya ni ninguna zona específica del territorio español conseguirá jamás convertirse en una Silicon Valley o en un vivero de cerebritos para la ciencia y la tecnología. Es altamente improbable y el riesgo de inversión tan elevado y tan a largo plazo, que me temo sería un desperdicio.

Una apuesta segura es en cambio invertir en educación, sé que este argumento también está trilladísimo, pero lograr un sistema educativo que produzca jóvenes capaces de adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos es una respuesta casi mágica. Me remito a Corea del Sur, por ejemplo, donde sin crear ni inventar prácticamente nada, han sido capaces de desarrollar una industria tecnológica simplemente copiando la tecnología que los norteamericanos o japoneses inventaron. Resumen, se pagan los derechos de propiedad, y a partir de ahí uno aprovecha esos conocimientos para crear y sobre todo para aumentar la productividad y reducir costes, aumentando beneficios. Esto nos aporta una gran lección, crear una red de personas preparadas y con capacidad de aprendizaje y adaptabilidad nos dará una mano de obra muy eficiente, productiva y capaz de aprovechar las tecnologías inventadas por otros. Este enfoque me parece más realista y asequible para España, y por lo pronto frena posibles ímpetus derrochadores y poco planificados en centros de investigación, de utilidad bastante dudosa.

El estado deplorable de nuestra educación y la miseria en la que están sumidas nuestras universidades y profesores es algo a corregir cuanto antes. Corrijamos esto, no equivoquemos el enfoque, puede ser más saludable tener a un profesorado bien remunerado y bien formado. Por cierto, leí que Finlandia tiene el modelo educativo de más éxito en Europa, leí también que allí los profesores son elegidos entre los 10 mejores alumnos de cada carrera. Es decir, el profesorado ha de ser excelente, cuando uno va a clase y topa con un profesor motivado y preparado, va a encontrar no sólo ganas de volver a otra clase, además descubrirá herramientas nuevas, ese es el gran arte de la ensañanza, mostrarle al alumno capacidades que desconocía y potenciarlas. Esto solamente se consigue teniendo a los mejores entre el profesorado de todas las universidades, hay que encaminarse a ello. Una vez dispongamos de personas preparadas, todo irá sobre ruedas, las empresas funcionarán con mayor eficacia y productividad y dispondrán de mayor capacidad de inversión en importar tecnología, que nosotros después desarrollaremos aquí a un coste muy reducido. Es decir, que otros investiguen por nosotros.

Otra cosa bien distinta es cómo la UE debe afrontar el reto tecnológico. El potencial humano y económico de la UE es de primera magnitud, por tanto en conjunto no puede renunciar a estar a expensas de Japón o Estados Unidos, sencillamente sería ridículo, a pesar de que es lo que sucede ahora. La carencia de medios y de políticas netamente europeas ha impedido que en la UE exista un desarrollo tecnológico. Dado que cada Estado miembro tiene cierto margen de actuación y no existe una política común centralizada, esto no podrá articularse jamás, sobre todo por el alto coste que representa.

Obviamente no podemos aspirar a llenar Europa de infrastructuras científicas carísimas, sino que deberíamos decidir estratégicamente dónde y cómo se va a invertir y quién va a investigar.

Claramente ha de existir un punto en el mapa de la UE donde se centralice la investigación tecnológica, reduciendo así costes y aunando el conocimiento para facilitar la permeabilización entre investigadores. No se trata de que cada uno de los Estados miembros entre en una agotadora competición para atraer para sí el centro tecnológico, sino que debe existir un gobierno supranacional europeo que decida por criterios mensurables y objetivos dónde debe estar situado ese centro. Ello implica que la financiación del mismo debe ser netamente europea, y que los resultados del mismo en cuanto a patentes, derechos etc., corresponderán a todos los Estados miembros por igual, es decir se gestionarán desde el organismo central europeo.

Resumiendo, se justifica la necesidad de aumentar la autonomía financiera de la UE, se justifica la existencia de un gobierno supranacional europeo, y se fomenta por fin el desarrollo tecnológico en Europa.