martes, 6 de mayo de 2008

El Impacto de Lisboa sobre el Presupuesto de la UE

Este Tratado de Lisboa no es alentador para los que aspiramos a una UE federal, de hecho es decepcionante, pues no aporta nuevas competencias a la Unión, y únicamente contempla algunas nuevas competencias compartidas (espacio y energía), y recomienda aumentar las acciones de apoyo o coordinación (protección civil, propiedad intelectual, cooperación administrativa o turismo).

En todas estas áreas se aplicará el procedimiento actual de codecisión entre el Parlamento y la mayoría cualificada del Consejo.

Hay tal indefinición política que se hace complicado predecir las implicaciones presupuestarias, y de hecho en el más reciente Informe del Comité Presupuestario del PE, presentado en Bruselas el pasado 24 de abril no se concreta demasiado sobre el presupuesto, quedando la mayoría de provisiones pendientes de los actos legales correspondientes.

No obstante en general la codecisión se extiende para las asignaciones presupuestarias de manera que no superen los techos establecidos en los marcos plurianuales.

Se pueden hacer las siguientes puntualizaciones:

1. Agricultura: la política agrícola pasa a estar dominada por el proceso de codecisión en: organizaciones del mercado interior, regulación de los pagos directos, desarrollo rural y financiación de la PAC.

2. Instituciones: desde junio de 2009 la Eurocámara pasará a tener 751 parlamentarios.

El Consejo Europeo pasará a ser una institución independiente con su propio presupuesto, dentro de la misma sección que el presupuesto del Consejo, algunas de las acciones de aquél pueden ser financiadas por éste, se mantendría un pacto de caballeros entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria, o sea el Parlamento y el Consejo.

En cuanto al Alto Representante, éste dependerá de la Comisión y por tanto irá con cargo al presupuesto de la Comisión.

En cuanto al Servicio de Acción Exterior Europea (SAEE), es únicamente un problema de nomenclatura presupuestaria, pues la acción externa ya la financian el Consejo y la Comisión. Se trata de un problema político más que técnico. Se contempla que el presupuesto cubra la captación de personal diplomático de Estados miembros.

La Comisión por tanto se ve afectada únicamente por el AR y el SAEE.

En el Tribunal de Justicia el número de abogados generales puede incrementarse de ocho a once, lo que implicaría un incremento presupuestario.

En cuanto al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social se establece que cada uno de ellos no debe tener más de 350 miembros (actualmente tienen 344).

La OLAF (Oficina Antifraude) es substituida por la EPPO (European Public Prosecutor Office), cuyas implicaciones quedan pendientes de los actos legislativos que se acuerden.

3. Políticas europeas:

Se establecen nuevas funciones, en concreto:

* Eurojust (TFEU, art. 85).
* Cooperación de justicia en asuntos criminales (TFEU, art. 82.1.c.)
* Juventud y deporte (TFEU, art. 165)
* Salud pública (TFEU, art. 168)
* Área de investigación europea (TFEU, art. 179)
* Política espacial (TFEU, art. 189)
* Medio ambiente / cambio climático (TFEU, art. 191)
* Enegía (TFEU, art. 194)
* Turismo (TFEU, art. 195)
* Protección civil (TFEU, art. 196)
* Cooperación administrativa (TFEU, art. 197)
* Ayuda humanitaria (TFEU, art. 214)
* Cláusula de solidaridad (TFEU, art. 222)

Muchas de estas partidas quedan pendientes de la toma de decisiones a medio y largo plazo, y por tanto quedan políticamente poco definidas, aunque son una base para empezar a trabajar en profundizar mecanismos políticos coordinados desde Bruselas.