lunes, 7 de abril de 2008

Un caso práctico de la utilidad de la Comisión Europea para los consumidores catalanes

Hace un par de días ha saltado la noticia de que Bruselas ha llevado los tribunales la ley catalana de Comercio, la conocida como Ley Catalana de Equipamientos Comerciales, aprobada por el Parlament catalán en noviembre de 2005. Esta ley viola el art. 43 del Tratado que regula la libertad de establecimiento de las empresas

De hecho, desde el punto de vista del libremercado, o de la igualdad de competencia por decirlo claro, se podía detectar que esta ley no se ajustaba a los criterios de libertad de establecimiento. Bajo la bandera de un modelo de comercio urbano y sostenible, no nos engañemos, se ocultaba una perenne voluntad de proteccionismo de los comerciantes, y es que lo cierto es que existe desde hace tiempo una especie de "lobbyismo" de los botiguers en Catalunya, que sin duda atenta contra la libertad y perjudica al consumidor en el fondo. El argumento de que los comercios tienen una función social en la planificación urbanística que ha defendido el gobierno catalán no ha convencido a Bruselas. Incluso Bruselas se queja de que es totalmente irregular que en el proceso de decisión, directa o indirectamente, aparezcan partes con intereses económicos en el mercado afectado por la ley en cuestión.

En cuanto a mi punto de vista, que es el del consumidor, creo que estas leyes intervencionistas son altamente perniciosas, pues en realidad lo que el consumidor necesita es producto, servicio y precio competitivo, en este sentido las grandes superficies son un beneficio claro. Si el pequeño comerciante no puede competir debería buscar otras alternativas de negocio, tal como hacen los pequeños empresarios a quienes nadie defiende de la amenaza de las grandes multinacionales. Por ello tal vez el pequeño comerciante deba optar por otras soluciones: incrementar sus horarios (contratando a personal por turnos), encarecer su producto (el consumidor que valora la proximidad estará dispuesto a pagar un sobreprecio), o recurrir a una oferta de mayor calidad (mismo argumento que el anterior).

No obstante, hay que esperar, pues el Tribunal de Justicia de la UE puede tardar más de dos años en fallar sobre el caso. Acertadamente, el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie Mc-Creevy, no acepta que dicha ley imponga obstáculos a las empresas para establecerse. McCreevy critica que las compañías tengan que superar un proceso de autorización "particularmente complejo y restrictivo" basado en criterios que no son lo suficientemente objetivos, como son las necesidades del mercado o el impacto que tendría la apertura de una gran superficie en los comercios ya existentes.