lunes, 10 de marzo de 2008

La unión política: cuestión de equilibrio.

Es una tarea complicada revisar y analizar los Tratados de la UE, pero a poco que nos informemos sobre sus parámetros básicos observaremos que éstos contemplan un equilibrio legal que a la postre supone una suma de costes y beneficios para los Estados miembros.
La marcha de la Unión Europea ha vivido momentos muy difíciles, no tanto en sus inicios pero sí a partir de los años 70, siendo decisiva la década de 1990, que propició un desarrollo espectacular del mercado común, y que desembocó en la unión monetaria. Tal vez ahora afrontemos una era de especial trascendencia, por el espectacular desarrollo de la globalización y sobre todo de los países emergentes, China, India y más, que suponen retos y amenazas para nuestra supervivencia.
No obstante la integración europea no está ni mucho menos finalizada, diríamos que está apenas iniciada, y en estos momentos cruciales, en que falta desarrollar al máximo el mercado interior, especialmente en el sector servicios, tal vez sería necesario dotarnos de la fuerza institucional necesaria para guiarnos, no en el sentido de homogeneizar el territorio, pero sí de compatibilizarlo e integrarlo. Aquí juega un papel básico la redistribución, asunto no exento de controversia. Hasta ahora ha habido política redistributiva en la UE a través de las transferencias y los fondos de cohesión, pero ¿qué hay de su eficacia económica o de su efectividad?
Existen numerosos estudios que demuestran que las estructuras federales mejoran la eficiencia económica, de modo que ciertas decisiones políticas se transfieren al nivel superior de gobierno, mientras que otras quedan delimitadas al nivel inferior, creándose un nuevo equilibrio político.
Ya nadie duda de que al nivel comunitario le atañen las funciones regulatorias, pero hay más dudas en cuanto a las funciones redistributivas. No obstante a mi juicio este avance es ya imprescindible, pues de estas funciones depende el equilibrio económico y social en la UE. Los Tratados actuales son totalmente limitadores en este sentido, pues predomina el concepto de "juste retour", lo que coloquialmente se denomina un mercadeo fundamentado en un presupuesto europeo que los Estados miembros usan como práctica contable para intentar recuperar el máximo dinero posible, independientemente del destino que vayan a darle a dichos fondos. Salta a la vista que esto es aberrante y contrario a un proyecto europeo con cara y ojos.
Las negociaciones se fundamentan ahora mismo en parámetros incoherentes. La UE no dispone en realidad de recursos propios, por lo que no puede recaer en ella la provisión de bienes públicos (más allá de defensa, justicia o seguridad social, yo me refiero incluso a educación, infrastructuras, I+D), no hay posibilidad alguna de que se produzca un adecuado equilibrio entre los territorios.
Probablemente una unión política basada en un sistema federal, con toma de decisiones centralizadas y descentralizadas permitiría materializar ese equilibrio entre costes y beneficios para cada uno de los territorios, y por tanto facilitaría la cohesión y la integración.
No olvidemos que los desequilibrios territoriales son una amenaza. No se puede aspirar a obtener una UE de 27 económicamente eficiente y competitiva, si únicamente se dispone del mandato o de la herramienta de la estabilidad de precios (único objetivo actual del BCE). Se precisa dar mayor consistencia institucional a la UE, con capacidad recaudatoria y capacidad ejecutoria.