lunes, 10 de marzo de 2008

Algunas de mis ideas para dinamizar Europa.

Como sabrán los que estén un poco al día, el crecimiento económico en la UE deja bastante que desear, es inferior al de otras economías y además padecemos un índice de paro superior al 10 %. Existen ciertas alertas activadas, y por ello se han intentado implementar varias estrategias, siendo la más conocida la Estrategia de Lisboa, diseñada en el año 2000, a instancias sobre todo de Blair y Aznar. No obstante, se carecen de herramientas políticas para aplicar las medidas sugeridas en esa Agenda Lisboa.
El problema crucial es que no se dispone de fondos para aplicar las medidas económicas que imponen las estrategias de crecimiento, es decir jamás podrá implementarse una política económica europea si no hay dotación ni capacidad de decisión.
En cuanto a la dotación, a esta le incumbe directamente la política fiscal. En cuanto a fiscalidad, actualmente se ha optado por la vía de la armonización fiscal, con elementos de coordinación fiscal. Dado que los Estados miembros son completamente autónomos en la fiscalidad directa, la realidad es que estamos en una situación de competencia fiscal, cuya exacerbación implicaría riesgos importantes para ciertos sectores económicos de la UE.
Merece especial atención en nuestro caso la UEM (Unión Económica y Monetaria), área en la que además de darse la libre circulación de los cuatro elementos (capital, bienes, personas y servicios – por cierto, imperfecta en este último), desaparece la herramienta monetaria para contrarrestar los ciclos económicos negativos, lo que potencia la práctica de la fiscalidad competitiva entre estados, donde no existe ni armonización ni coordinación en cuanto al ámbito de la fiscalidad directa.
Merece especial atención el hecho de que los sistemas fiscales de los Estados miembros son muy heterogéneos, desde el punto de vista de la presión fiscal hay estados nórdicos acostumbrados a presiones fiscales fuertes y servicios públicos de calidad, como Finlandia, y estados, como el Reino Unido, con una preferencia por la fiscalidad reducida, dejando más libertad de actuación a la iniciativa privada. Son por otra parte conocidos los excelentes resultados obtenidos por Irlanda gracias a su radical política de reducción de impuestos, lo que le ha otorgado un crecimiento sin parangon dentro de la UE. Por tanto, la existencia de una fiscalidad europea requeriría de un especial esfuerzo negociador por parte de los países, como vemos con enfoques tan distintos sobre este asunto.
¿Por qué es peligrosa la competencia fiscal? En primer lugar porque pone en riesgo las propias finanzas públicas, sobre todo en aquellos Estados que son más dependientes de las políticas públicas, en segundo lugar porque se produciría una localización subóptima de recursos (podría actuar como una subvención en el sentido de fomentar el traslado de una empresa a un territorio por motivos fiscales, y no por potencial de crecimiento, etc.), otra razón es que los Estados verían condicionadas sus decisiones por las acciones de los otros Estados, lo que probablemente modificaría sus estructuras presupuestarias nacionales, y por último existe el problema de la equidad tanto vertical como horizontal (contribuyentes con ingresos similares podrían soportar cargas fiscales más fuertes según el origen de sus ingresos, lo que podría promover que pagaran más los que menos ingresan, en función de una ubicación).
En resumen, se hace necesario un cambio de enfoque, para lo que se precisa un cambio institucional. El gran obstáculo para este cambio es que las decisiones sobre fiscalidad se toman por unanimidad en el Consejo de Jefes de Estado, y como hemos dicho las tradiciones fiscales tan dispares de las naciones imposibilitarían un acuerdo, ya que seguramente algunos Estados deberían someterse a renuncias.
Este nuevo enfoque es necesario porque la política fiscal es prácticamente la única herramienta que tenemos para dinamizar la economía de tres formas: a) garantizar la fluidez del mercado único (eliminar los obstáculos que aún persisten, ganar competitividad mediante un producto diferenciado), b) atraer empresas a suelo europeo (reduciendo la presión fiscal global en la UE), y c) reducir el desempleo (implementando las medidas de la Estrategia de Lisboa).
El gran obstáculo es todavía el problema de las soberanías, ya que los Estados miembros son muy reacios a ceder una parte, y no digamos ya la totalidad, de sus prerrogativas fiscales, siendo este un craso error, ya que la mayoría de las políticas esenciales superan ya el marco nacional, y me refiero no sólo a cuestiones como la energía, sino a elementos básicos para nuestra competitividad, como infraestructuras, I+D y políticas de empresa. Estos elementos requieren de una política única europea, gestionada desde la UE y con fondos de la UE a tal fin, suficientes, que conviertan el gobierno de la UE, no en una instancia burocrática allí en Bruselas, sino en un verdadero gobierno realizador.