Hungría y el liberticidio se topan con la Unión Europea

La semana pasada asistimos a uno de esos momentos en los que las instituciones europeas dan carta de naturaleza a la defensa de la libertad de los ciudadanos. Libertad que siempre debe estar por encima de la voluntad de los gobiernos. Fue en la sede de Estrasburgo, el Primer Ministro húngaro, Viktor Orbán, quien (en un acto sin precedentes) se autoinvitó a intervenir en la Eurocámara, en un intento desesperado de legitimación nacional e internacional, al esperar recibir el apoyo institucional europeo. Erró el tiro, pues recibió un fuerte correctivo, ante unos diputados alarmados por el grado de autoritarismo que emana del nuevo texto constitucional adoptado por el Ejecutivo de Hungría. El correctivo de los europarlamentarios no impide que la Comisión haya sido más dura, si cabe, en un informe en el que exige al gobierno húngaro que modifique las disposiciones constitucionales que atentan contra el Derecho de la Unión Europea.

Es paradójico que una democracia reciente, sucesora del socialismo totalitario, apruebe una Constitución liberticida. Así ha ocurrido en Hungría este 2012, para mayor escarnio país perteneciente a la Unión Europea y con antigua tradición revolucionaria (por ejemplo, contra la URSS en 1956, lo que llevó a un “ablandamiento” del régimen soviético). Con buena intención, el primer texto constitucional de la joven democracia fue concebido para superar las deficiencias de la primera constitución postcomunista, un proceso que se ha producido en todos los Estados miembros ex soviéticos. Por ello, no sorprende que los textos fundacionales de las nuevas democracias se encaminen en la buena dirección, ergo la protección de los derechos de propiedad, la libertad económica, la separación de poderes o la transparencia en el ejercicio del gobierno. Hasta aquí lo que sería un texto constitucional de garantías mínimas. 

El problema es que la constitución propuesta por el gobierno húngaro pretende también incorporar al gobierno en más ámbitos, redefiniendo la naturaleza de algunos derechos, que deberían ser más privados que públicos. Por ejemplo, se da de forma expresa al gobierno la capacidad de regular el acceso a la vivienda, el trabajo, la educación. Y para ello, se justifica la intervención del gobierno en la actividad económica privada, siempre que sea conforme al ambiguo concepto de los “objetivos de la comunidad”. Una frase de este estilo daría manga ancha a posibles futuros gobiernos que desearan intervenir sobre actores privados o el mercado.

La Comisión ha destacado que el texto atenta contra el Tratado de Lisboa (art. 258) en relación con la jurisdicción del TJUE, y que en virtud de ello, podría imponer una multa a Hungría por amenazar a la libertad y la democracia en sentido amplio, tal como recogen los tratados fundacionales. Ese acto implicaría el recurso al artículo 7 del Tratado, al que hasta ahora jamás se ha recurrido para castigar a un Estado miembro, que se considera un último recurso, y que se lanzaría mediante un proceso iniciado en el Consejo de Ministros con el apoyo de un tercio de los Estados.

El afán intervencionista de la Constitución húngara se corona con la mención expresa de poderes de control al Parlamento y al Ejecutivo, mientras que el Tribunal Constitucional quedaría relegado a aspectos relacionados con el derecho a la vida, la dignidad humana, la protección de datos y la libertad de pensamiento. De este modo, el derecho de propiedad -y al uso libre de la propiedad- quedaría amenazado, al no estar expresamente garantizado.

El Primer Ministro, Orbán, además, ha hecho gala de ciertas tendencias autoritarias. Hace más de un año que hubo una encendida polémica en la Red contra Orbán, promovida por periodistas y defensores de la libertad de prensa. En aquel momento no participé con entusiasmo en el debate, porque ese de interpretar una ley ajena es espinoso asunto, máxime no siendo jurista. Pero hay datos reveladores. Freedom House pone en alerta a Hungría en cuanto a credenciales democráticas. Por citar algunos, se ha dotado al gobierno de la capacidad de imponer grandes multas sobre los medios, se ha ampliado el ámbito de expresiones ilegales, se ha creado un órgano gubernamental para controlar a la prensa y cerrar medios, a discreción del gobierno. Además, un informe de la Organización Europea para la Seguridad y la Cooperación lleva alertando de la amenaza contra la prensa libre y asegura que el texto constitucional atenta contra la libertad de expresión

Entre la sociedad civil húngara se están produciendo encomiables movilizaciones, mientras no deja de ser revelador que una de las cuestiones que más ha llamado la atención de la Comisión es la amenaza a la independencia del banco central húngaro, motivo que llevó al FMI a cortar de cuajo la ayuda financiera a Hungría durante el pasado mes de diciembre. Tal vez este elemento haya sido el detonante de la reacción comunitaria, algo que nos hace sospechar la declaración del “súpercomisario” económico, Rehn, quien anunció que la Comisión tomará medidas urgentes contra Hungría por su déficit excesivo, además de retirarle la ayuda financiera que actualmente recibe de la UE. A día de hoy, el gobierno húngaro sigue resistiendo.

Hungría se enfrenta a la amenaza de multas o a la acción del Tribunal Europeo, si no rectifica en el plazo de un mes. Se esperan de la Unión Europea y sus instituciones mucho más que gestos en sede parlamentaria o en informes de la Comisión. Esperamos contundencia en la exigencia de que los Estados miembros garanticen la no intromisión en la vida privada de los ciudadanos europeos y aseguren el respeto a la totalidad de los derechos individuales, baluarte de la prosperidad y de la Europa de ciudadanos libres en la que creemos. Gracias a la Unión Europea, la libertad siempre debe prevalecer sobre la soberanía nacional.

De la "desglobalización" a la "federalización"

Hace poco más de un mes del Consejo de diciembre donde se acordó la revisión del tratado (el bautizado como "fiscal compact") y ya vamos por el cuarto borrador. Es decir, el pacto inicial a 26 (todos menos Reino Unido) se ha traducido en una infernal negociación con algunos Estados en perenne indefinición (como Chequia), mientras los británicos se muestran favorables a dar mayor capacidad a la Comisión. Ya advertí sobre la batalla interinstitucional que se avecinaba, pero todo ello se nos antoja ya claramente superfluo.

El pacto fiscal que, con más o menos restricciones (en el tercer borrador se aceptaba una desviación de hasta el 1% del PIB sobre las limitaciones de déficit del 3% en caso de grave necesidad de actuación anticiclíca), entrará en vigor en el primer trimestre de 2012 y si algo es seguro es que introducirá reglas constitucionales para contener la deuda. Veremos hasta qué punto esta reforma está alejada del necesario federalismo fiscal.

Este tratado no mejora el desarrollo del mercado interior, pues apenas se centra en la disciplina fiscal y la coordinación económica, conceptos bastante vagos. La austeridad no es una herramienta adecuada. Sin duda, contener la deuda por ley es un freno más, pero no se puede evitar por ley la quiebra, ni siquiera la de un Estado soberano. No se trata de convencer a los mercados, sino de ser realista. Si miramos el caso estadounidense, veremos por ejemplo que, paradójicamente, dentro de los Estados Unidos, los estados son soberanos en cuanto a su deuda y voluntariamente, no por imposición federal, aunque desde el siglo XIX estos estados optaron mayoritariamente (seguramente por una presión electoral más reacia a los impuestos) por un presupuesto equilibrado.

En la eurozona, la contención de deuda viene dada por imposición supranacional, y ante los temores que esto pudiera generar (resistencias de los gobiernos nacionales, también desde el punto de vista del desgaste electoral y de los costes en prestaciones o económicos sobre la población), se contempla que los Estados preserven cierta capacidad contracíclica para la estabilización macroeconómica. Es decir, se impone austeridad, pero con excepciones. No hace falta si quiera promulgar ley para hacer la trampa. Directamente y sin disimulo.

La clave es entender que la regla del presupuesto equilibrado en los Estados Unidos ha funcionado porque el gobierno federal tenía muchos poderes fiscales y capacidad anticíclica. La contención no es tan dura, por tanto, y la Reserva Federal actúa sobre los distintos territorios. El BCE carece de dicho poder, y no sólo eso, en la eurozona se ha producido un fenómeno incontrolado e incoherente en cuanto a las entidades financieras.

Es decir, se vienen produciendo numerosos rescates bancarios por parte de los gobiernos (incluida Alemania), que se vienen realizando a nivel nacional, a pesar de que los bancos tengan actividad transnacional. Es decir, el gobierno alemán rescata con impuestos del ciudadano alemán a un banco que sí tiene sede en Alemania, pero que tiene actividades en otros Estados miembros. Esto no lo puede asumir el contribuyente ni parece el funcionamiento más adecuado a una unión monetaria. Creo que esta situación tan extendida de rescates cruzados en la eurozona requiere una regulación bancaria única, así como un tesoro único que permita esa intervención pública sobre ciertas entidades bancarias o la reestructuracion del sistema bancario en la eurozona.

Nunca lograremos pasar página de ese recurrente mantra de que el euro desaparecerá y la Unión Europea se fragmentará, convocando nuevas reuniones del Consejo. Debe existir un gobierno federal como único acreedor de la moneda única, a medio plazo, una fiscalidad supranacional, y a corto plazo los, ya tantas veces evocados, eurobonos.

Ante un contexto cambiante e inestable, cuando algunas voces alertan de los peligros de la "desglobalización" (que precisamente empieza por las propias entidades bancarias), y de la tendencia a la "renacionalización" económica (la fuerte crisis de confianza se ha traducido en que los bancos desconfían de los datos y de las solvencias más allá de sus fronteras y tienden a concentrarse en clientes nacionales), es urgente que la eurozona no navegue en aguas turbulentas, siguiendo en ese terreno de nadie de la indefinición.

Aunque parezca estar amenazado, el proceso de globalización no tiene freno, la división internacional del trabajo jamás retrocederá, sino más bien se reinventará espontáneamente, pero nadie va a levantar nuevas fronteras (al menos no duraderas), a pesar de que esa es una de las grandes amenazas que lleva inherente la crisis. El temor a la inseguridad empuja a los gobiernos a sentir tentaciones como construir fronteras de todo tipo, físicas, mentales, económicas... Todas ellas arbitrarias e injustas, altamente perjudiciales para los intereses del ciudadano.

Uno de los rasgos identitarios de la moneda es precisamente su valor confianza, su valor como depósito a futuro. La moneda única no tiene vida propia, ni siquiera voz, pero los que con sus acciones la dotan de valor (los inversores) piden a gritos que se refuerce su capacidad política, dotándose de instituciones federales plenamente responsables que respalden al euro, que es lo único que hará recuperar la confianza a los inversores y permitirá oferecer seguridad a los ciudadanos europeos. Un tratado de carácter intergubernamental limitando el endeudamiento no deja de ser más de lo mismo.

Happy 2012! A challenging year for all the EUropeans

Christmas is here. Time for joy. Although these are difficult times for many Europeans, a new year is about to begin while we wonder whether the end of the crisis is getting closer. In the last four years Europe has been able to cope with one of the worst threat of its history: the collapse of the euro and the risk of a long-term paralysis. Particularly in 2011 we have witnessed two contradictory trends. On the one hand, a growth in national egotism, and on the other, the political and social will to get involved in a stronger EU paving the way for a political federation. It was about time to acknowledge what the master builders of the euro knew too well, that a common currency would only make sense if accompanied by political union.

Finally it seems the EU has found the way towards a deeper integration. The sovereign debt crisis in fact was just a symptom of a much larger crisis affecting all Western democracies. It also has stressed the link between economy and politics. The euro has been at the core of the debate. During these years political leaders have designed a number of plans for saving the euro. Many of them have been pressing for the introduction of Eurobonds. It seems we will still have to wait, though probably we cannot go much further away without common debt issuance by the ECB. Shall we see the Eurobonds in 2012? My bet is that we will.

As we know, any form of communitization of debt (Eurobonds are) will only be possible at the end of the restructuring process which is underway now, after the Treaty revision, which will be probably signed next March. As for the mechanism for automatic sanctions over deficit, once approved, the implementation into national legislation would be supervised by the European Court. In the meantime the ECB and the IMF are expected to work together in ensuring healthy public budgets in Member States.

In the last years in the Eurozone, the foundations of our political union have been under threat due to the lack of trust in the euro, which has not been just a peripheral one. Certainly in 2011 we have witnessed the fall of governments from Greece, Italy, Slovenia, Slovakia, Denmark and Spain, but the most relevant fact of the year is that political leaders have finally decided to strengthen economic governance like never before.

To a certain extent, in the last Council, 26 out of 27 Member states laid the foundations of a closer union, for the proposed Treaty revision is a step forward in a context of economic uncertainty. Sadly, national egotism remains the biggest threat. David Cameron went to Brussels with the only intention  "to defend British interests" and there have also been national debates in Sweden, Hungary, the Czech Republic, revealing the anti-EU fears or prejudices remaining in some nations, unable to admit the main lesson to draw from this crisis, which is that governments can no longer act independently.

It’s undeniable that States need the money from the banking system and the markets to finance public policies, but governments have also realized that markets need tighter discipline and warranties. A deeper Eurozone integration acts as a safeguard for investors, and this is why the EU needs to step up its economic governance if it is to guarantee fiscal discipline in each Member State.

From 2012 on, the agreed reform package together with the legislative six-pack, will be implemented, ensuring a better coordination of economic and national budget policies. These political actions are a reflection of the idea of More Europe, which means Europe acting as a single voice, for national governments are no longer able to cope with the pressures of their creditors and private rating agencies. What remains to be seen is how we can manage to ensure accountability for the institutional framework so that to overcome current lack of confidence felt by its citizens, not just the markets.

Only a united Europe can be a dynamic economical and prosperous power in a globalized world. We bet for a long-term EU project, with requires not just budget balancing or fiscal discipline, but also policies for growth and competitiveness. We need institutions that give financial and political support to SMEs and entrepreneurs across Europe.
The challenge we face is not only about the transfer of economic or currency decisions, not even about a tax union. We are currently in a stage where national identities are losing their significance. Up to now the risk of euro-breakup has led to institutional reform which has de facto deepened integration.

These changes should be the basis for a wider civil involvement, in which citizens would lay claim to a higher level of freedom and shared values. We must ensure the free movement and achieve the full internal market development in order to increase opportunities for all the European people.

More Europe means more chances for the European citizens in a context of extreme global competition. This is why Federal Europe project is more compelling than ever. We will keep it alive. Merry Christmas to all the Europeans and a very happy 2012!

El Reino Unido en su viaje a la irrelevancia europea y global

Mi artículo de esta semana en el digital europeo Los Euros.

En las quinielas previas al Consejo del pasado viernes se venía asegurando que de éste surgiría una nueva Europa a dos velocidades. Lo que nadie predijo es que el Reino Unido saldría del mismo navegando en dirección contraria al resto de la Unión, a pesar de que Gran Bretaña es uno de los más antiguos socios del club, formando parte de la Unión Europea desde hace 38 años. Históricamente -pese a denodados esfuerzos diplomáticos- nunca han sido fluidas las relaciones entre la Europa continental y el Reino Unido, que se ha mantenido “convenientemente” alejado de la política europea, con algunos éxitos de acomodo, en particular en la fructífera era de Kohl y Delors.

 

En la línea estratégica creada por Heath, y consolidada más tarde por Thatcher y Major, el Reino Unido

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Federalismo fiscal en la UE: valor añadido y revolución cultural

Tras la cumbre del Consejo de pasado viernes toda la opinión pública ha destacado que la eurozona es, o está llamada a ser, una unión fiscal. Esta afirmación, además de ser falsa, responde a una burda manipulación del lenguaje. Veamos por qué.

Es bastante frecuente en la literatura sobre uniones económicas o monetarias hacer referencia a los paralelismos con el nacimiento de la federación estadounidense en el siglo XVIII. La Unión Europea ofrece similitudes que merece la pena analizar más a fondo. Ante distintos grados de dificultad económica en los 17 Estados de la eurozona, una federación fiscal permitiría definir el grado de autonomía de cada uno de ellos, del mismo modo que ocurrió en Estados Unidos cuando se redactaron los Articles of Confederation. E texto consagraba, por un lado, la autonomía fiscal de los estados, al tiempo que al Congreso federal se le concedía el privilegio de la emisión de papel moneda.

Inicialmente, los estados no cedieron al Congreso el poder fiscal, y ni siquiera mediante transferencias, por lo que pronto se vio que la única vía de ingresos del Congreso era precisamente la emisión de moneda, lo que explicaría en parte el proceso de hiperinflación que se acabó generando.

Justamente esa situación inflacionaria incontrolable empujó a Hamilton a concebir un sistema estable, proponiendo para ello un gobierno central más fuerte, con capacidad para crear impuestos y emitir deuda, abriendo así la vía hacia una federación republicana, que culminó con la Constitución de 1789.

El primer paralelismo es, por tanto, que los 17 Estados de la eurozona no tienen capacidad para emitir moneda, pero sí la tienen para crear y cobrar impuestos, mientras que la autoridad central, que en este caso sería el Banco Central Europeo, sí emite moneda pero no aplica impuestos. Tras una década con la moneda única en circulación, encontramos a varios países con problemas de insolvencia, problema que no han podido superar a través de su capacidad fiscal.

No es difícil suponer que disponer de una autoridad fiscal centralizada permitiría recaudar impuestos de toda la eurozona y por tanto realizar una redistribución de carácter territorial que asegurara el equilibrio en el seno de la unión monetaria. En caso de que esto no fuera viable, siempre existiría la opción alternativa de que los Estados pudieran emitir moneda individualmente, una opción que supondría el fin del euro, y que por tanto se descarta actualmente por las autoridades europeas, básicamente con Merkel y Sarkozy al frente.

El ejemplo norteamericano nos muestra que las uniones monetarias pueden sobrevivir durante mucho tiempo, siempre que exista una unión fiscal, aunque es preciso admitir que existen algunas notables diferencias que dificultan técnicamente el paralelismo.

Aquí no hay una delegación de competencias importantes a Bruselas y por tanto no existe una herramienta presupuestaria que articule el gasto público, sino que cada Estado miembro financia sus actividades. Por tanto, no hay necesidad de dinero para financiar políticas públicas a escala europea, sino una herramienta presupuestaria muy pequeña (alrededor del 1% del PIB) destinada a financiar algunas políticas de cohesión, la PAC y ciertos partenariados para desarrollo regional. En el caso estadounidense, existía un Tesoro y un poder fiscal centralizado, que en algunas etapas se ha traducido en un aumento de los impuestos federales o de la inflación, para superar situaciones de endeudamiento público o déficit excesivo.
La pregunta -debido a los fuertes problemas de solvencia que padece la eurozona y la dificultad para financiarse de los países- es si una agencia fiscal centralizada sería capaz de evitar la situación de insolvencia ofreciendo financiación directa a los Estados de la eurozona.

Asimismo es pertinente y esencial preguntarse si fiscalidades tan diversas pueden en la práctica ponerse bajo un sistema común. Tengamos en cuenta que una unión fiscal implica los mismos niveles impositivos y análogos niveles de servicio público, cuando hasta la fecha no se han podido homogeneizar ni siquiera los sistemas de Sanidad o las prestaciones sociales.

¿Es imaginable que un europeo del sur o un escandinavo, acostumbrado a ciertos estándares de prestación social o una Sanidad de alto nivel, pueda acoplarse a los menos exigentes niveles anglosajones de servicios públicos? Aunque no sea una obviedad, no parece muy osado afirmar que gradualmente nos dirigimos hacia la convergencia en ese campo. Baste dar cuenta del proceso de privatización progresiva que se está empezando a intuir en la Sanidad en España, o la introducción del copago (o repago, dado que la Sanidad pública queda cubierta por las cotizaciones sociales que financian los ciudadanos vía impuestos). Probablemente al viaje hacia esa unión fiscal con presión fiscal y servicios públicos homogéneos le falte maduración, un trayecto que conlleva además, una revolución en los estilos de vida y cosmovisiones de los europeos.

Se trata de un doble cambio cultural. Una primera fase que implica esperar menos de la administración y los poderes públicos, recuperando el espíritu de innovación y la confianza en uno mismo como individuo que tiene un potencial que aportar a la sociedad. Y una segunda fase que supone el compromiso de los líderes europeos, la puesta en valor de la cooperación en forma de cesión de soberanía y de una nueva forma de compartir el poder en la Unión.

Aunque hoy el debate no está centrado en ese aspecto del federalismo fiscal, sino que prima la urgencia de salvar al euro. La Unión Europea está hoy sumida en la batalla contra el déficit estructural y el acceso al crédito. Justamente el contexto y la presión de las mercados está debilitando las estructuras políticas nacionales y tensando las cuerdas de las cuentas estatales, el tiempo que desde los órganos de gobierno de la UE no se va más allá de la amenaza de la sanción para imponer la contención presupuestaria, que es la premisa sobre la que se diseñó la creación del euro en Maastricht. De hecho, es la misma estrategia que ha aplicado siempre el FMI en sus ayudas a los países en desarrollo, con la amenaza de retirar sus fondos en caso de superación de los límites de gasto.

A lo largo de estos tres años, es el propio mercado financiero el que presiona a los Estados de la eurozona para disciplinar sus cuentas. Si bien es cierto que esa disciplina es necesaria y constituye un paso hacia una unión más intensa entre los Estados, se trata de una unión en la austeridad, pero en caso alguno de una unión fiscal. Además, no es posible garantizar que la revisión del Tratado que penaliza el incumplimiento de la deuda sea suficiente; es probable que los mercados pidan más compromiso y una mutualización visible de riesgos (por ejemplo vía Eurobonos emitidos por el BCE, superando las salvedades al respecto que indica la Constitución de Alemania).

Ahora bien, entroncando con la teoría sobre el federalismo fiscal –suponiendo que algún día se alcanzara el grado de armonización económica y social suficiente para ser viable- cabe preguntarse si ese sistema permitiría que las economías europeas fueran más competitivas y ofrecieran un horizonte de alto empleo, o pleno empleo idealmente.
Aun existiendo una fiscalidad supranacional con su herramienta presupuestaria, no es raro suponer que se seguirá estableciendo un techo de deuda. Por tanto la clave del éxito no será tanto una política expansiva del gasto, sino más bien dotar al gobierno federal de un sistema de utilización idónea de los recursos públicos.

Ese es el quid de la cuestión (a qué se destina el dinero invertido) cuando la ciudadanía reclama que se reconcilie la contención en el gasto con el fomento de políticas que faciliten el crecimiento, es decir inversiones con retorno, como lo son las infraestructuras, la eliminación de trabas existentes en el mercado interior, o una verdadera política de estrategia compartida que permita la puesta en común de recursos para investigadores, con el consiguiente ahorro económico y con el incremento del intercambio de conocimiento y, una política educativa común, como instrumento para promover la igualdad de oportunidades para los europeos y fomente la movilidad laboral. Estas condiciones, que deben impulsar los líderes europeos a través de las instituciones supranacionales, junto con una mentalidad de mutualización de esfuerzos, cooperación y optimización de recursos compartidos, son imprescindibles para crear una unión federal en Europa, hoy todavía un horizonte lejano.

De la cumbre del siglo o del tiempo al tiempo

Esta tarde afrontamos una cumbre en Bruselas a vida o muerte para los Diecisiete. La calificada como cumbre del siglo prometía a principios de semana, y a mí se me antojaba como la del posible sorpasso definitivo del Consejo a la Comisión, sobre todo tras leer la carta de Van Rompuy a Merkozy, dando cuenta de algunos interesantes vericuetos legales para soslayar la reforma del Tratado y su consiguiente proceso de ratificación.

Reformas legales al margen, parece que hoy sí, los 17 se la juegan, mientras los otros 10, encabezados por un histriónico Cameron, temen lo peor y rehúsan, acrobáticamente, tanto formar parte de un nuevo Tratado más vinculante como quedar descolgados del mismo, lo cual no deja de ser paradójico para el presidente del grupo euroescéptico The Conservatives en la Eurocámara.

Cameron, cual émulo de Thatcher, no duda en ser explícito: “Cuanto más nos pida la eurozona, más pediremos nosotros a cambio”. El británico apuesta por una unión comercial y se va a oponer hasta el final al impuesto sobre transacciones financieras, al menos hasta que éste no se imponga a nivel global. Algo de razón le asiste en este punto, aunque por algo hay que empezar, y la Unión se siente en el deber moral de introducir esa tasa sobre ese mundo financiero que tanto se ha cebado con el euro.

Esta semana, el protagonismo de Merkel y Sarkozy ha sido compartido por Van Rompuy, y el intercambio de misivas entre estos tres. Por decirlo brevemente, Merkozy quieren aplicar sanciones automáticas a los Estados miembros de la eurozona, e introducir impuestos comunes para la eurozona y para todos aquellos Estados miembros que quieran subirse al carro.

¿No falta alguien en la sala? A pesar de su hiperactividad y de los grandilocuentes discursos sobre el Estado de la Unión, no corren buenos tiempos para nuestro presidente de la Comisión. Barroso insistía esta misma mañana desde Marsella (reunión anual del PPE) en que la UE va a ofrecer soluciones europeas, y que las soluciones nacionales son cosa ya del pasado. Conocemos las dotes oratorias del portugués, pero estos días no está siendo capaz ni de darnos un buen titular.

A todo esto. No sé si repararon en la rueda de prensa del eje franco-alemán el pasado lunes cómo, renunciando a todo pudor, sus respectivas banderas nacionales eclipsaron a la estrellada europea. No es una imagen casual, y no ha dejado indiferente, por ejemplo, al Comisario Laszlo Andor, quien asegura que para los Estados miembros de la Unión no es plato de buen gusto ver cómo todo se decide entre dos. Cada vez tengo más claro que Andor es el Comisario díscolo de esta legislatura.

Regresando a las misivas, Van Rompuy se ha descolgado con una propuesta de enmienda de los Tratados que no requiera unanimidad en el Consejo. Merkel y Sarkozy quieren incluir nuevas provisiones. A saber: a) la Comisión podrá multar a las naciones que incurran en déficit excesivo (pero, ojo, previa votación del Eurogrupo); b) los países de la eurozona tendrán que modificar sus leyes estatales para garantizar el equilibrio presupuestario (es decir, introducir la Regla de Oro  en sus Constituciones, como hizo España este verano); c) se introducirá una base común para el impuesto de sociedades y el impuesto de transacciones financieras en la eurozona, y, d) los rescates futuros no precisarán de inversores privados (a diferencia de lo ocurrido con Grecia).

No sé a ustedes, pero a mí la música me suena mucho, es el Pacto de Estabilidad reeditado con una pizca de pimienta añadida al gusto de Francia y Alemania, que, eso sí, quieren que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sea el último garante del cumplimiento de estos compromisos de deuda y contención presupuestaria de los Estados.

Entretanto, la Comisión es fiel a su papel de Ejecutivo, representando a los 27 sin representar a ninguno. Naturalmente distintas voces, orquestadas o no, se apresuraron a arremeter contra las propuestas de reforma del Tratado basadas sobre todo en las sanciones. Mucha amenaza y poca puesta en común de objetivos políticos. Esta reforma sabe a poco, cierto es, y queda muy lejos de la unión fiscal y presupuestaria, por no decir que el sistema de sanciones chirría si de lo que se trata es de una toma de decisiones democrática.

En cambio, el presidente del Consejo se muestra muy predispuesto a acelerar la implementación de las reformas y a eliminar todo obstáculo (¿cómo?). Van Rompuy ha presentado su propio informe esta semana, asegurando que muchas de las propuestas franco-alemanas son innecesarias. Quiere ser el adalid de los 27 Estados miembros. Pero también quiere cosechar un éxito propio. Si bien es cierto que cree en la disciplina presupuestaria, apuesta por la preponderancia del Tribunal Europeo para vigilar la implementación a nivel nacional (enmendar el art. 48 del TFUE), aunque recuerda que ya existe un protocolo (el protocolo 12) para el proceso de déficit excesivo, que requiere la unanimidad del Consejo. Lo que está claro es que el Tratado actual no permite las sanciones automáticas por parte de las instituciones, a pesar de que se mencione ex profeso a la Comisión, como organismo más neutral del sistema. La cuestión es que hasta ahora se exigía unanimidad a 27, y ahora los 17 entrarán en cooperación reforzada para imponer la contención presupuestaria. Van Rompuy se ve beneficiado porque Merkozy le ofrecen presidir las reuniones del Eurogrupo.

Ahora bien, lo más interesante de la propuesta de Van Rompuy es su petición de que a medio o largo plazo haya una emisión de deuda común (entiendo que son los Eurobonos), que se impongan las prácticas establecidas por el FMI para futuros posibles rescates, y que se tomen las decisiones en el ESM por mayoría cualificada, y no por unanimidad. Recordemos que el ESM es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, es decir una especie de programa de rescate permanente, que entrará en vigor a mediados de 2013 cuando venza el actual fondo de rescate, el FEEF. La cosa no queda ahí, se asegura que el ESM podría recapitalizar bancos directamente, convirtiéndose en una entidad de crédito a todos los efectos, por lo que podría a su vez obtener crédito del BCE. Y es que, aunque se eliminaran los obstáculos políticos en el seno del Consejo, lo cierto es que pululan otras dudas, primeramente si el FMI intervendrá en algunos Estados o si el BCE podrá por fin emitir los Eurobonos. Esto es algo que sigue sacando de sus cabales a Merkel.

Pero no nos olvidemos del quinto en discordia, Goldman Sachs (lean con atención y constaten su omnipresente capacidad de influencia sobre los europeos). Y qué me dicen de Standard & Poor’s, que nada más estrenar la semana lanzó sus dudas sobre la solvencia de la eurozona sin un temblor de pulso. La agencia de calificación aseguró que la presión sistémica sobre la eurozona ha crecido en las últimas semanas. O sea, aténganse a las consecuencias, venían a decir.

Mientras ya hay un clamor pidiendo más Europa, más democracia, una unión federal, legitimidad política, una no puede evitar tener la sensación de que, al final, los grandes bancos de inversión y las agencias de rating tensarán la cuerda al máximo hasta que Merkel ceda y permita al BCE emitir deuda en forma de Eurobonos. Seamos conscientes de que los mercados financieros necesitan también instituciones fuertes, y la decisión concluyente es totalmente política. En este contexto, no sé si por fin podemos esperar grandes milagros de esta cumbre, sobre todo porque las propuestas suenan a déjà vu, con algunos matices. El escenario resultante siempre será el de la austeridad y la sensación de que hay que darle tiempo al tiempo.

¿Es suficiente la doctrina Merkel?

Parece que la eurozona se encamina a ser una unión económica, pero no perdamos el horizonte; en el fondo de lo que se trata es de calmar a los mercados y devolverles su confianza en el euro. Por mucho que los federalistas veamos al alcance de la mano el escenario de la unidad fiscal en la Unión Europea, en la escena política no se contempla ni remotamente esa opción. Se está hablando de federalismo fiscal (lo ha hecho Van Rompuy), pero este concepto es claramente engañoso y no se trata más que de un guiño del lenguaje político. Lo que se plantea en el Consejo del próximo día 9 no va más allá de ser un nuevo paso en el contexto de la limitadísima gobernanza económica en la eurozona, pero no es exactamente el tipo de integración fiscal que la Unión necesita. A juzgar por la opinión publicada, en esta cumbre se prevé que tome cuerpo definitivamente la oferta alemana para la unión fiscal. Pero no se trata de una unión fiscal en sentido amplio, con un Tesoro europeo, recursos propios, armonización fiscal… lo que sería deseable y mutualizaría por fin riesgos y compromisos en la eurozona. No. Lo que se propone es apenas un pasito más en el rosario de concesiones que viene haciendo Alemania, que simplemente se compromete a garantizar la provisión de fondos más allá del FEEF (que expira en 2013, además de no haber conseguido seducir lo suficiente en el mercado financiero internacional) asegurando liquidez a la endeudada periferia, pero a cambio de que esta periferia se ciña a los criterios de austeridad.

A pesar de que a grandes rasgos el criterio alemán es el prescriptivo y el que los tiempos piden, me asombra la falta de percepción de Merkel a lo que el mercado está pidiendo como agua de mayo, y es que la obsesión de Alemania es dejar fuera de la quema al BCE, sin admitir que justamente ese empeño es lo que está dañando la solvencia del euro, ya que está impidiendo la compra masiva de deuda por parte de el Banco Central. Según Draghi, la materialización del pacto fiscal en el próximo Consejo desbloqueará las reticencias alemanas.

Se da por hecha una reforma del Tratado, pero no para crear un mecanismo de transferencias entre Estados miembros, que en principio podría compensar su incapacidad para la devaluación, sino simplemente para imponer un coste político al incumplimiento de los viejos criterios de Maastricht. Curiosamente, los Tratados sí han incluido una serie de procedimientos elaborados para penalizar a los países incumplidores del PEC (déficit máximo del 3% y endeudamiento inferior al 60% PIB), aunque la necesaria unanimidad en el Consejo hizo que estas multas jamás llegaran a imponerse (a pesar de que el PEC se haya incumplido hasta en 60 ocasiones).

Lamentablemente, para Merkel la unión fiscal se limita a eso, a una imposición de los criterios restrictivos en las cuentas estatales. La apuesta alemana se basa en una eurozona en que los recursos de las economías más fuertes se realizan mediante el refuerzo de los mecanismos fiscales o mediante el balance del BCE. Incluso los eurobonos encajarían en esta versión de una unión fiscal “light”.

La UE a dos velocidades ya existe de facto, amparada en el art. 136 del Tratado, que permite a los Estados miembros de la eurozona adoptar sus propias medidas al margen de los 27, pero la solidaridad no se ha materializado, y de ahí el problema de confianza, o más bien de desconfianza, hacia el euro. Siempre he creído que los eurobonos acabarían implementándose. Lo harán en alguna de las tres versiones que ha propuesto la Comisión, aunque sea rebautizados eufemísticamente como bonos de estabilidad. El eurobono dará carta de naturaleza al compromiso mutuo en la emisión de deuda y es lo único que el mercado aceptará como creíble.

Para mí, no obstante, una unión fiscal tiene implicaciones de mucho mayor calado, y debería incluir una herramienta presupuestaria centralizada (al menos para toda la eurozona), dotada de capacidad recaudatoria mediante una institución federal. El presupuesto federal es el único instrumento para la transferencia fiscal efectiva entre los distintos territorios de la Unión, a imagen y semejanza de lo que sucede en los Estados Unidos.

Es un escenario que Alemania no se plantea. Descartada ya esta visión federal, lo que se va a debatir en el Consejo es qué mecanismos se podrán establecer para forzar a los Estados a reducir progresivamente sus ratios de deuda en un escenario a largo plazo, así como de qué sanciones económicas se impondrán a los gobiernos que incumplan el procedimiento restrictivo.

En el diseño institucional es donde se juega todo. Y yo insisto en preguntarme, por ejemplo, cómo podrán justificarse legítimamente las decisiones tomadas en Bruselas. Cómo podrá legitimarse la autoridad del Tribunal de Justicia.

La legitimidad indirecta se produce en el Consejo, allí los Estados acordarán someterse a incorporar prácticas comunes en los presupuestos nacionales, con lo que las decisiones del Eurogrupo van a incidir directamente sobre la política fiscal estatal. De hecho, España ya incorporó haces pocos meses la obligatoriedad constitucional de no incurrir en déficit excesivo. ¿Qué ocurrirá en escenarios de fuerte recesión en algunos Estados miembros? ¿Se aliviará o perdonará la penalización? ¿O se impondrá estrictamente el régimen fiscal de la eurozona, al margen de toda circunstancia?

Cabe preguntarse si este refuerzo de los criterios comunes en la eurozona implicará a la postre un nuevo diseño de estructuras políticas.  Por ello, concluyo preguntándome hasta qué punto los contribuyentes europeos estarán dispuestos a aceptar este tipo de restricciones y el coste que implican. Visualizo dos problemas, por un lado la propia casta política que debe acreditar una conducta ejemplarizante, transparente y austera; y por otro, la inminente amenaza nacionalista, cuando la opinión pública empiece a resentirse de las restricciones que impondrá Bruselas, aun a costa de las decisiones tomadas en los parlamentos nacionales. Recordemos que con la desaparición de la unanimidad desaparece la amenaza de los vetos estatales en el seno del Consejo.

Los jefes de Gobierno perderán poder, lo que en la práctica es una cesión de soberanía. Probablemente estas concesiones sólo podrán justificarse si Europa ofrece una valor añadido, si está mutualización política se traduce en una mayor prosperidad, en una recuperación de la relevancia global de Europa, cuya economía viene perdiendo peso en el escenario mundial. ¿Podremos revertir ese efecto?

Admitamos, por fin, que parte de la opinión pública culpa al euro, que está adquiriendo tintes de malévolo ingenio causante de la recesión generalizada en Europa. Existe cierto riesgo de que el mecanismo de penalizaciones que pergeña Merkel sea visto como una amenaza, como el causante de un empeoramiento de la crisis, o de la percepción de crisis, entre los europeos.

Creo que es un riesgo que no podemos permitirnos, y tenemos todo el derecho a exigir mayor compromiso a los políticos europeos. Las restricciones no son suficientes. Tenemos derecho a reclamar una hoja de ruta clara hacia unos Estados Unidos de Europa, una comunidad de Estados más que amigos, solidarios, porque para ello hemos aceptado mayoritariamente las parcelas de soberanía que se han ido delegando hacia las instituciones europeas. La doctrina Merkel, no nos engañemos, se limita a un régimen de supervisión presupuestaria. Puede ser una medicina necesaria, pero queda sin duda muy lejos de lo que la Unión Europea necesita para recuperar su dignidad y la de los europeos. 

Discurso contra el tedio

Circulan conocidas y complejas teorías sobre las posibles causas de la caída del Imperio Romano. Una vez leí que la caída del Imperio Maya se debió al tedio. No estoy segura de que la civilización occidental esté en una etapa propensa al tedio, aunque tal vez cuando nos demos cuenta ya sea demasiado tarde para aplicar un remedio eficaz. Un síntoma de tedio es la inacción, o la resignación, más visible y dolorosa en una era en la que la gente no tiene acceso a un trabajo ni muchas opciones para prosperar en la vida. En Europa cada día que pasa todos somos más pobres. Todo es más incierto. Naturalmente esto contrasta con situaciones claramente injustas, ante las que nos sentimos impotentes. Siempre he reivindicado la idea de Europa como un referente de esperanza, como un marco de sostén a las aspiraciones ciudadanas. Para ello, las instituciones europeas deben representarnos y defender el interés del ciudadano de a pie. El riesgo de que esto no se perciba correctamente no es tan grande como la dejadez de algunos líderes políticos o su incapacidad. Existe un hartazgo hacia la clase política muy general y, en ocasiones, justificado. Falta responsabilidad y compromiso. Si los europeístas convencidos no somos autocríticos, jamás conseguiremos que nuestro mensaje prospere y genere afección hacia el proyecto integrador. Aunque el peso de la culpa debe caer en los políticos. Sin duda.

Tiendo a creer más en el político que rehúye del exhibicionismo, el que pasa de la foto y prefiere trabajar y dar el callo sin luces ni taquígrafos. No es mucho pedir, es la mínima vocación que se espera de un servidor público. Un honor que corresponde a unos cuantos elegidos, y de los que debemos exigir ejemplaridad.

El lunes pasado, un importante político europeo estuvo a la altura, no sólo en oratoria, sino también en compromiso personal. Un discurso aleccionador del que llevo toda la semana queriendo hacerme eco. Sin duda se trata de uno de los más grandes discursos europeístas pronunciado por un político en activo. [Aquí íntegramente en inglés.] De esos discursos que ganan fuerza con el paso del tiempo y que esta semana ha circulado por la Red y las portadas de la prensa internacional a toda velocidad. El pasado lunes, el Ministro de Exteriores polaco, Radek Sikorski, justamente en Berlín, apeló directamente a Alemania y a su crucial responsabilidad en el futuro de una Europa unida.

Muy hábil narrativamente, el polaco inicia su discurso vinculando la moneda con la unidad política, y para ello nada mejor que recurrir a un ejemplo vergonzante y reciente de la historia europea: la desmembración de Yugoslavia iniciada en 1991, entre otras cosas, por la decisión de Serbia de imprimir su propia moneda, dinamitando así la república federal. No es casual la mención a Kant para destacar el valor moral del dinero y la honestidad como imperativo categórico en el orden moral basado en la responsabilidad y la solidaridad. Dando estos valores carta de naturaleza y fundamento a la Unión Europea.

Nos recuerda en el mismo texto que los criterios de Maastricht fueron incumplidos hasta sesenta veces por todos los países de la Eurozona en momentos de dificultad, y lo hace para refrescar la memoria a los alemanes, pero también para enfatizar la fragilidad de las instituciones europeas. La lectura de esa denuncia es que los intereses nacionales y sus errores acaban resultando indemnes, a pesar de atentar contra las disposiciones de los Tratados.

Dicho en Román paladino, a la hora de la verdad, los Estados acaban haciendo de su capa un sayo, raíz de la desconfianza mutua y de la incapacidad por seguir un procedimiento político coherente y sin excepciones que asegure la viabilidad de la moneda única.

Resulta curioso que desde Polonia se exija que el BCE actúe como garante de la unión monetaria y que se refiera a cambios importantes institucionales, como las listas paneuropeas para el Parlamento, la reducción del Colegio de Comisarios e incluso la posibilidad de un presidente de la UE electo. También sorprende el ataque directo al Reino Unido, de quien denuncia el doble lenguaje y del fomento de la confusión ante una opinión pública que tiende a culpar de todos los males a la siempre “burocratizada Bruselas”, cuando las regulaciones siempre responden a decisiones tomadas democráticamente en el seno de instituciones en las que el Reino Unido participa libremente y con todas las consecuencias.

No es casual que se defienda en su discurso la última gran ampliación de la UE hacia el Este, destacando hábilmente el crecimiento económico y social producido en su país, agradeciendo la implicación de Alemania en la prosperidad de Polonia, y recordando, no obstante, que el país germano tiene una especial responsabilidad hacia el proyecto europeo, por ser el principal beneficiario del actual sistema europeo (gran mercado para exportaciones, acceso a crédito más barato, el sistema bancario alemán, etc.).

En clara alusión a la reticencia alemana a imprimir más moneda, Sikorski incide en que Alemania debería comprender que el peligro del colapso del euro es mucho mayor que el posible daño causado por la intervención de un BCE demasiado maniatado, para a continuación quejarse de la sensación de dejarse llevar que está dando Alemania en los últimos tiempos, que (a su juicio) es preocupante, hasta el punto de afirmar “temo menos al poder alemán que a la inactividad de Alemania”, reconociendo así al país vecino como verdadero motor de Europa, y confirmando el apoyo explícito de Polonia cuando Alemania decida emprender una reforma de calado en la toma de decisiones.

Se podrá discrepar en cuanto al papel institucional del BCE, incluso cuando la reflexión viende de un dirigente de fuera de la Eurozona, pero Polonia es un país estratégicamente clave dentro de la UE, muy vinculado económica e históricamente a Alemania y con una relación muy desigual que se va resolviendo con generosidad por ambas partes. Está por ver el papel de Francia en la futura reforma "constitucional" que se avecina, con una filosofía monetaria algo distinta a la alemana. Sikorski elude todo compromiso y alusión en ese sentido y pone el foco en el compromiso alemán. Recordemos que el discurso se pronunció en Berlín.

No obstante, el discurso europeísta de Sikorski adquiere un marcado carácter federal, cuando pone como ejemplo de éxito un antiguo estado federal (siglo XIV) formado por Polonia y Lituania, que logró en su tiempo un sistema participativo que ofreció seguridad regional y un mejor nivel de vida para la población; un proyecto que acabaría pereciendo debido a la parálisis política. En este sentido y a partir de ese referente propio, incide el Ministro en recordar que la Unión Europea es un proyecto común que se encuentra en una peligrosa encrucijada de la historia, lo que lo sitúa también ante la sublime posibilidad de definir los cimientos para las próximas décadas. La irresponsabilidad política tiene un coste, en cuyo caso las futuras generaciones podrán castigar la inacción de los políticos europeos. He aquí un discurso con referencia a futuro de apuesta por una Europa federal.

Hombres así lograrán que esquivemos el tedio.

Quiénes son la amenaza real para Europa

Son muchos los enemigos de Europa, aunque no siempre son los que pensamos. Anoche estaba tranquilamente en casa dispuesta a cumplir con el rito de ver a Jaume Barberà en el siempre interesante Singulars, del Canal 33, hasta darme cuenta a los pocos minutos de que mi tranquilidad se esfumaba vertiginosamente ante las vociferantes reflexiones de un supuesto filósofo contemporáneo italiano. Desconozco qué autoridad intelectual o moral tiene este Franco Berardi, a quien etiquetan como enemigo del conformismo, pero que más bien parece enemigo del sentido común.

No merecería que le dedicara mi tiempo, porque él mismo se descalifica a medida que avanza en sus reflexiones, pero el discurso que profirió contra la estabilidad monetaria o los criterios de disciplina fiscal está calando entre muchos ciudadanos, algo que sí supone un grave atentado de desinformación. A mi entender, es irresponsable que acuse a Europa de seguir un dogma neoliberal, para acto seguido proclamarse partidario de la inflación y de la fabricación de moneda, así tan alegremente. Creo que este tipo de personajes públicos son un peligro, y no voy a perder la oportunidad de denunciarlo, limitándome sólo al terreno que me concierne.

Cuando creíamos que el resentimiento de derechas contra izquierdas era cosa del pasado, siempre tropezamos con alguien que no sólo ha sido incapaz de superar sus prejuicios, sino que sigue dando pábulo a ideas preconcebidas. Así, a juicio de Berardi, los mandatarios europeos están "locos" (sic) y aspiran a arruinar la vida de millones de europeos. Para Berardi, y para otros de sus acólitos del dogma antiliberal (que haberlos haylos) los criterios de Maastricht son un dogma fruto de la obsesión antiinflacionaria de Alemania. Asegura que "la crisis de Alemania en los años 30 del siglo XX se debía a la humillación aplicada por Francia tras Versalles y a un resurgimiento del ultranacionalismo alemán". Salta a la vista que esto no resiste el mínimo análisis. Alemania era un país en ruinas, tras la primera guerra, y mucho más tras la derrota en la segunda, desprovisto de viviendas, sin industria y con una población sin la capacidad adquisitiva suficiente, sumada a una total ausencia de prosperidad en la mayoría de estratos sociales de los alemanes. No obstante, en 1948 se aplicó una reforma monetaria que acabó por reactivar la economía y asegurar el aprovisionamiento de la población con alimentos y todo tipo de artículos, constatando el hecho de que las fuerzas del mercado operaban y que daban salida a bienes que la gente necesitaba. A partir de ahí, Alemania se integró en la economía mundial, y acabó siendo miembro fundador de la CECA en 1951, y de la CEE en 1957.

El régimen competitivo fue un éxito, pero no olvidemos la segunda clave del éxito: la estabilidad monetaria.

Justamente en un sistema de libre competencia se asegura que la asignación de los recursos se realiza mediante el mecanismo de los precios relativos. Es decir, el consumidor europeo adquiere un producto y al pagarlo está corriendo con el coste social que su demanda ocasiona (que se traduce en el precio), mientras que el empresario sabe si debe aumentar o reducir la producción de dicho producto en función de la demanda, así la estructura de la oferta tiende a reflejar la estructura de la demanda. En el transcurso del tiempo, las preferencias de la gente cambian y se producen reajustes estructurales (a veces incómodos, cierto es). Si la economía es dinámica, surgirán nuevas empresas, se exportará y, los ciudadanos, en nuestro mundo global, se integrarán irremediablemente en la división internacional del trabajo.

El mecanismo de precio es crucial para el desarrollo de la economía y por ello es tan importante evitar los escenarios de inflación. Muchos tienden a ignorar los problemas sociales y políticos que esta acarrera, y por ello esta es una gran pata en la política económica europea. Veamos por qué. Como hemos dicho, el orden económico libre que tenemos en Europa se sostiene sobre el cálculo nominativo (sabemos que un euro es un euro), que quedaría desvirtuado en caso de depreciación. El primer problema de la inflación es que es un impuesto oculto, ya que la gente pagará más dinero por los mismos bienes. El segundo es su efecto social, ya que las personas con sueldos fijos, los jubilados, los ahorradores y acreedores verán mermados sus ingresos, que valdrán menos. Existirán solamente unos ganadores en esa situación inflacionaria, que serían los poseedores de bienes inmuebles o de reservas de oro, por ejemplo.

Vemos por tanto, que es impuesto oculto que es la inflación perjudica sobre todo a las rentas más bajas. Es esencial comprender que en una situación de inflación los precios pierden su eficacia para transmitir la información que el empresario y el consumidor necesitan para producir y consumir, lo que distorsiona la asignación de recursos. Además, la inflación dificulta la evolución de las empresas productivas, ya que la incapacidad de valorar los inventarios lleva a las empresas a contraerse. De forma predecible, cuanto mayor sea la inflación, mayor será el empeño ciudadano en descontarla, lo que llevará a una nueva espiral de subida de precios, hasta que una vez alcanzada la hiperinflación (de 3 dígitos o más) las empresas quedan descapitalizadas y podría llegarse al escenario de que la moneda valiera tan poco que sólo se aceptara la moneda extranjera (como en los casos de la dolarización de Argentina). Es decir, buena parte del capital que exista finalmente se destinará a protegerse de esa inflación, es decir, a construir inmuebles o comprar reservas de oro (beneficiando a los países exportadores de ese metal), con lo cual aumentaría la inversión especulativa, que precisamente es lo que queremos evitar.

En todo caso, la experiencia empírica disponible en concreto en Alemania, en este caso en la década de 1920, y también entre 1945 y 1948, acabó por demostrar que la inflación no estimulaba la actividad económica y que la "ilusión monetaria" que creaba la presencia de más dinero físico acababa en una recesión económica, ya que las autoridades monetarias acabarían optando por frenar la expansión fiduciaria para romper esa infinita espiral de las expectativas inflacionarias.

En la actual crisis financiera encontramos un origen claro en el endeudamiento excesivo, es decir en las hipotecas basura y la liquidez en exceso que ocasionó la quiebra de Lehman Brothers, desencadenando toda la crisis de desconfianza en las finanzas mundiales.

Creo que cuestionar los beneficios de la estabilidad monetaria es una total irresponsabilidad, y manda un mensaje equivocado a la población. Si los políticos europeos se empeñan en mantener la estabilidad y asegurar la continuidad del euro bajo los criterios de deuda y déficit definidos en Maastricht no es por un capricho de "locos", sino bajo un criterio de responsabilidad y eficacia para crear un marco económico próspero capaz de crear empleo y también de atraer capital exterior.

La obligación de los líderes políticos europeos es definir un marco duradero que garantice la formación de capital económico y humano (e insisto) que asegure el empleo al mayor número de personas posible. Se requiere contener el gasto público, fomentar la competencia interior y exterior, propiciar la igualdad de oportunidades y desburocratizar para que los individuos puedan progresar y se vean motivados a realizar sus deseos, asegurar la movilidad total y sin barreras de las personas, sin discriminación de ninguna clase y, por último, controlar la inflación.

En 1948 hubo en Alemania una huelga contra la economía de mercado libre, el Ministro Erhard declararía: "La evolución de las circunstancias me dará la razón, que si ahora el péndulo de los precios, bajo la presión unilateral de factores propicios al incremento de los gastos y bajo la presión psicológica de este delirio dinerario, ha sobrepasado los límites de lo lícito y lo moral por doquiera, muy pronto estaremos en la fase en que, a través de la competencia, retrocedan nuevamente los precios a su justa proporción, a la proporción que asegura y garantiza una relación óptima entre salarios y precios, entre los ingresos nominales y el nivel de los precios". Cierto es que esta declaración se consideró desacorde con las circunstancias y fue muy cirticada, pero meses después esta tesis fue confirmada, hasta el punto de que con la contención de precios, los salarios reales de los obreros industriales alemanes aumentaron hasta un 20 %. Se dio una curva contrapuesta de salarios y precios que cumplía con los postulados de la economía social de mercado, bajo el lema "ingresos crecientes con precios decrecientes", creando una época dorada de la economía alemana. Es cierto que después se vería alterada por la presión de la competencia internacional en los sesenta y setenta, aunque ese tránsito se superaría, aceptando el incremento de las importaciones, pero aumentando las exportaciones, lo que permitió asegurar el crecimiento de la economía alemana.

Por ello, no me cansaré de reprochar a los que acusan infundadamente a las directrices económicas definidas por el Tratado de la Unión Europea, que sintetizan solamente la voluntad de no atomizar las economías europeas, de evitar la disolución del mercado único y de propiciar un orden de estabilidad económica que permita generar confianza y sobre todo crear empleo. Se estableció como árbitro supremo en materia monetaria al BCE, libre de presiones de ningún grupo ni financiero ni político, cierto es que maniatada por el gran objetivo de la estabilidad de precios. Una responsabilidad limitada y decisiva que le priva de tomar decisiones políticas, pero que compromete a los Estados a compartir responsabilidad con los otros Estados de la Unión y en las mismas condiciones.

El objetivo de mantener la capacidad adquisitiva real de nuestros euros (y por tanto la seguridad) es la principal razón para oponerse a la deriva inflacionista. Ese es el marco político de la democracia europea. Admitiendo que se puede mejorar la legitimidad del sistema institucional. Y desde luego, mostrándome favorable a una unión fiscal plena en la UE y a la creación de los Eurobonos como garantes de estabilidad y de acceso a liquidez para los Estados miembros, sigo considerando que la estabilidad de precios es un fundamento que posibilita con mayor garantía de pervivencia la economía social de mercado que está en el ADN de la Unión Europea.

Por una tercera Convención europea

La narrativa europea y el fin de la identidad nacional

Europa es la región del mundo que ha sido capaz de reconciliar con más éxito el triunfo del capitalismo con el triunfo de la democracia, en un mundo en que básicamente la división del trabajo no es la que era. El paraguas de la UE nos ha impedido hasta la fecha soslayar los riesgos de la interconexión global, a la que debemos interpretar hoy más como oportunidad que como amenaza. Desde 1945, existe la percepción generalizada de que los Estados europeos han superado, en distinto grado, el concepto de identidad nacional resultante del Tratado de Westphalia. La complejidad que conlleva una crisis económica como la que atravesamos queda patente en la incongruencia que se produce entre acción política y decisiones económicas. Cuando las decisiones políticas tienen costes económicos para ciudadanos (y también para sus territorios o Estados) surge un problema de legitimidad en cuanto al causante de las consecuencias de esas decisiones.

Dentro de la Unión Europea rigen todavía distintos sistemas legales, el derecho europeo tiene primacía, pero el derecho nacional es el marco de actuación dominante en el contrato social entre ciudadanía y gobierno. Podemos decir que existe un contrato delegado con las instituciones europeas, a través de los propios gobiernos estatales representados en el Consejo, y a través del Parlamento europeo, llamado a ser la verdadera cuna de la legitimidad y voz de la nueva identidad europea.

Para ello, el eje debe recaer en la legitimidad política, es decir en el sistema político, entendido como una estructura de toma de decisiones que se perciba como justa en favor del interés general. La transparencia es una de las claves, y en este sentido las reuniones del Consejo son cada vez más abiertas y accesibles, también la visibilidad que establecen los códigos de conducta de los europarlamentarios, sometidos al escrutinio público, y por tanto maniatados a la hora de presionar en favor de legislar para ciertos grupos de interés. Hemos de ir hacia una narrativa europea, y esto no se logrará sin transparencia, y sin una mayor implicación directa de la ciudadanía.

Somos muchos los que creemos todavía en la capacidad de la esfera pública, pero sin entrar en la profundidad del debate normativo que plantea Habermas, hay un debate ciudadano que surge de la inquietud y el temor a un futuro tan inmanejable como impredecible. Y es preciso mediar distancia para ver qué está ocurriendo y por qué.

Todas las opciones que se vienen planteando en los últimos meses para asegurar la continuidad de la Eurozona implican, en mayor o menor grado, una reforma de carácter constitucional que pasa por un refuerzo de la integración e implican un incremento de la legitimidad.

Institucionalmente, el protagonismo adquirido por la Comisión, mediante su propuesta de supervisión de los presupuestos estatales, junto con la creación de los Eurobonos, ponen también de relieve cuestiones de legitimidad democrática. Paradójicamente, el Tratado de Lisboa buscaba consolidar esa legitimidad dando más protagonismo a los Parlamentos nacionales, como órganos supervisores de la legislación europea, el movimiento inverso al que se propone ahora en aras de la gobernanza económica (la Comisión pretende supervisar los presupuestos nacionales antes de su aprobación), pero tal vez ni un movimiento ni otro logren contribuir a la clarificación de responsabilidades que requiere la cesión de soberanía hacia el centro que implica la reforma para una gestión más adecuada de los bienes comunes europeos.

Una Convención por el futuro de Europa. En búsqueda de legitimidad y mayor calidad democrática

La legitimidad es un principio no asegurado en la Unión Europea, a pesar de que es un ingrediente útil para la gobernanza y que podría promoverse mediante la identificación del sentimiento común europeo. En este sentido, la experiencia de la Convención es muy válida, ya que permite abrir un gran debate reuniendo legitimidades complementarias, es decir, representantes de Parlamentos nacionales o regionales, ciudadanos, gobiernos y organismos supranacionales.

En Europa ya se han producido dos convenciones de este tipo: la primera, en 1999, previa a la redacción de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y la segunda,  en 2002, para la elaboración de una Constitución europea. A pesar de que dicho Tratado Constitucional resultara fallido por el voto negativo de holandeses y franceses, tuvo el mérito de fraguar un compromiso permanente entre actores e instituciones en cuestiones sujetas a un alto grado de dificultad en su gestión, poniendo de relieve el interés general europeo. Por fortuna, todo el trabajo desarrollado en esa Convención no cayó en saco roto, pues gran parte de ese acervo se incluyó en la redacción del Tratado de Lisboa.

No obstante, es innegable que desde esa último Convención ha habido un cambio de contexto trascendental, y es que el euro se ha situado en el núcleo de la construcción europea, hasta el punto de venir condicionando en los últimos dos años el vertiginoso desarrollo de las políticas comunitarias en materia económica, encaminadas a consolidar la convergencia económica, asegurar la disciplina presupuestaria, pero, sobre todo, dotar al gobierno de la UE de capacidad de supervisión y ejecución.

Admitiendo que el Tratado limita las prerrogativas de las instituciones que nos interesan más a efectos de legitimidad (es decir el Parlamento y la Comisión, en tanto ejecutivo), los avances en esta línea apenas se ha concretado en el refuerzo de Van Rompuy como presidente del Consejo y de las reuniones del Eurogrupo y en la creación de la figura de un súper Comisario, responsable de la supervisión de todas las políticas económicas de la Eurozona, una figura, por cierto, más que interesante porque apela, en principio, al imperativo de la eficacia económica, dejando pendiente la cuestión de la legitimidad democrática. Es decir, instrumenta la capacidad de supervisar una unión presupuestaria, aunque carecería de la capacidad para asegurar un mecanismo de solidaridad que impida el hundimiento de uno o más Estados (en este sentido, sería preciso incluir la figura de los Eurobonos, emitidos por el BCE, como garantía del riesgo compartido).

Ahora que se plantea claramente una reforma de los Tratados, anunciada ya ayer por Francia y Alemania (apuntaladas por Italia, a través de Monti) a fin de facilitar los mecanismos de rescate en el seno de la Eurozona y asegurar la supervisión mutua, la cuestión de la legitimidad puede adquirir una posición de mucha relevancia en el debate, teniendo presente que -como ya dije- se plantean nuevas opciones que nos encaminan hacia dos velocidades de integración, ya que existe claramente una dicotomía entre la Europa a 27 y la Eurozona a 17.

El distinto grado de integración de la Eurozona -si bien refuerza la gobernanza económica-, deja en la práctica en desventaja a este grupo de 17 Estados, ya que carecen de un Parlamento o de un Consejo con capacidad de iniciativa a nivel de los 17, más allá de las reuniones del Eurogrupo.

En este contexto altamente cambiante, y ante una fuerte presión de un mercado muy globalizado, no tiene por qué atemorizar plantearse establecer vías de integración diferenciada, contemplando incluso la posibilidad de desbloquear los avances constitucionales mediante la introducción de la mayoría cualificada en el Consejo para la reforma de los Tratados, soslayando así la capacidad de veto de algunos Estados miembros, algunos claramente reacios a una mayor integración, entendida ya sin eufemismos como una federalización (en este caso, Reino Unido y Rep. Checa).

Por todo ello, y cuando la integración todavía no se percibe del mismo modo en todo el territorio europeo, debido a las narrativas nacionales, creo que el debate se despista si se centra en el problema de las velocidades de integración o en las soberanías difusas, dejándose de priorizar la necesidad de establecer cómo profundizar la integración. Los Estados deben dar un paso más para crear un sistema político común, fraguado más en objetivos compartidos que en supervisiones y recelos. Para ello es muy pertinente proponer una tercera Convención, con la participación de todos y centrada en definir, de una vez por todas, el futuro político de la Unión Europea.